Los legisladores de Florida votaron el viernes 13 de mayo a favor de poner un tope a los pagos a Medicaid, los proveedores del sistema de salud, reemplazando el actual sistema de reembolsos de pagos por servicio. La legislación va a modificar profundamente la calidad y disponibilidad de la atención médica de 2,9 millones de beneficiarios estatales de Medicaid.
La medida es el plan más radical propuesto por cualquier Estado hasta ahora y articulado por la élite dirigente para liquidar a Medicaid, el programa de seguros de salud para los pobres financiado por la articulación estatal y federal. Los defensores del proyecto de ley afirman absurdamente que el nuevo sistema ahorrará al Estado $ 1.100 millones de dólares sin afectar la calidad o la disponibilidad de la atención.
Florida gasta actualmente alrededor de $ 22 mil millones anuales en pagos de Medicaid, de un presupuesto total de 69,7 mil millones de dólares. Mientras el gobierno federal paga actualmente casi el 60% de todos los reembolsos, es casi seguro que esta cifra se contraerá en el futuro próximo. El programa abarca a casi un tercio, 27%, de los niños del Estado.
El proyecto fue inspirado en un programa piloto iniciado en 2006 en el que cinco condados forzaron a la mayoría de los beneficiarios de Medicaid a ingresar en las HMO (Organizaciones de Mantenimiento de Salud) con fines de lucro y en las redes de proveedores. Los pacientes ya no estaban habilitados a buscar el proveedor médico de su elección que sería reembolsado por el programa. En vez de eso, tuvieron que elegir entre una u otra red o HMO y sólo tenían acceso a los proveedores de servicios, incluidos los especialistas, que estuvieran dentro de la red. Esto implicaba un acceso muy limitado a la atención médica en general y en particular a los médicos especializados en determinadas enfermedades y trastornos.
En abril un estudio de la Universidad de Georgetown sobre este programa piloto reveló que el programa restringía el acceso a la atención médica y de hecho de ahorraba dinero. Por ejemplo, una madre soltera le dijo al New York Times que el programa piloto la calificó inhabilitada para cuidar a su hijo de 16 años de edad, quien sufría de distrofia muscular, lesiones de la médula y dolor crónico. El programa piloto la forzó a elegir entre distintos planes privados con fines de lucro que no incluían a ninguno de los terapeutas y doctores originales de su hijo y excluían la cobertura de los tratamientos necesarios.
El estudio de Georgetown encontró que muchos médicos y proveedores de servicios de los HMOs, simplemente se fueron del Estado por completo debido a las bajas tasas de reembolso. Cuando uno de los principales HMOs dejó el condado de Duval, cerca de Jacksonville, Florida, un 55% del condado de los beneficiarios de Medicaid se quedaron temporalmente sin ningún tipo de plan médico, antes de ser trasladados a otros sistemas de baja calidad. El programa piloto vence el próximo 30 de junio.
Según los proyectos de ley recientemente aprobados por la legislatura de la Florida se divide al Estado en 11 regiones en las que las HMO y los proveedores de atención médica compiten entre sí por la captación de afiliados.
La mayor parte de los ahorros previstos, y las estimaciones varían ampliamente, provendrían de la limitación de los pagos a los proveedores, en sustitución del sistema de pago por servicio. Las restricciones contables están moviendo la toma de decisiones médicas desde el consultorio del médico hacia las salas de juntas de las empresas.
Otros beneficiarios de Medicaid que se verán afectados son los residentes de hogares de ancianos y de otras instalaciones de cuidado en vivo. La propuesta actual podría implicar el traslado de las dos terceras partes de estos pacientes a programas de atención domiciliaria con menos recursos y menos servicios disponibles.
Otras probables medidas del gobernador Rick Scott incluyen exigir una prima mensual de $ 10 para los beneficiarios de Medicaid y otra consiste en exigir $ 100 dólares de co-pago para visitas no urgentes a la sala de emergencias.
Esta última propuesta aparentemente está diseñada para desalentar el uso de la sala de emergencias y fomentar los controles de rutina. El resultado será un número incalculable de muertes a causa de la pobreza, porque los pobres tienen muchas más probabilidades de posponer la atención médica debido a las altas tasas, o por la dificultad en acudir a las citas por la falta de un transporte adecuado o por no tener un horario flexible de trabajo. En consecuencia, los pobres ven a las salas de emergencia como las proveedoras del primer y último recurso.
Estas propuestas y otras en la misma dirección, requieren la aprobación del Centro del gobierno federal para Medicare y Medicaid (CMS). Prácticamente desde su asunción en enero, el gobernador Rick Scott ha mantenido un intercambio de cartas con la CMS y con la secretaria de Salud y Servicios Humanos, Kathleen Sebelius, argumentando su caso para reducir radicalmente los servicios en nombre de la "libertad de elección" y el ahorro de costos.
El programa Medicaid es financiado por dinero del Estado que se corresponde con fondos federales. Para que los Estados reciban fondos federales, deben cumplir ciertos criterios que faciliten el acceso a la atención. El gobierno de Obama, al igual que la administración Bush, dependen en gran medida de los gobiernos estatales para reestructura cómo los programas públicos de atención de la salud se administran a fin de realizar recortes a los desembolsos federales. Por esta razón, la legislación de la Florida es una guía para los estados del país. Durante la última década prácticamente todos los Estados de la nación han introducido algunas medidas para reducir los servicios médicos, haciendo más estrictas las normas de elegibilidad y privatizando el gerenciamiento de casos.
Ahora se espera que el gobernador Scott firme los proyectos sujetándose a la ley, ya que él mismo se presenta como un hombre de negocios, partidario de una industria de la salud con fines de lucro y defensor de la privatización. Los detalles exactos del programa, que aún no han concluido, en colaboración con el gobierno federal, sin duda servirán para canalizar el dinero de los impuestos hacia las arcas de las compañías de seguros de salud y limitarán el acceso a la atención médica de los sectores más vulnerables de la población.
Al igual que con la reforma federal del sistema de salud, la élite financiera insiste en que ellos deben recibir una porción mayor de la riqueza social, incluso si se condena a segmentos enteros de la población a una vida poco saludable y a una muerte temprana.
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