miércoles, 18 de marzo de 2009

Ley de Radiodifusión: la democracia en deuda


En un dia en que se mezclan muchas noticias fuertes, pero quizá pasa indavertida una que tiene enorme trascendencia para todos los argentinos, pues se juega su derecho a la información, esta nota de Gustavo López, subsecretario General de la Presidencia,ex interventor del Comfer y dirigente del Partido de la Concertación, arroja luz sobre lo que está en juego.

En tiempos en que las tecnologías de la comunicación han reducido al mundo a una gran aldea global, en nuestro país sigue vigente una ley de radiodifusión que se hizo cuando la televisión era en blanco y negro y las FM no existían.
Pero lo más grave es que esta ley lleva las firmas de Videla, Harguindeguy y Martínez de Hoz.
Sólo por ese hecho debería cambiarse, ya que significa una vergüenza que lesiona la memoria y la democracia de nuestro país. Además, la ley vigente está inspirada en la Doctrina de la seguridad nacional, que consideraba al ciudadano como un enemigo interno y a la información como una cuestión de seguridad del Estado.
Lo más absurdo de todo es que continúa vigente el art. 96 de la ley, que establece que al Comfer lo gobierna un directorio formado por un Presidente y seis vocales: un representante del ejército, uno de la marina, uno de la fuerza aérea y uno de los servicios de inteligencia. ¿Podríamos imaginarnos un Comité de Radiodifusión funcionando de esta manera? A mi se me caería la cara de vergüenza.
Es decir que tanto desde el punto de vista ético, como también por la obsolescencia de sus normas, la ley debe cambiarse.Entonces por qué tanta polémica cuando la Presidenta anuncia el fin de esta ley y el futuro debate parlamentario? La respuesta, sin dudas, hay que buscarla en los intereses creados.Lo que está en juego es la democratización de la información, parafraseando a los economistas podría decirse que estamos discutiendo la redistribución de la palabra.Las leyes, en los principales países del mundo, establecen pautas para la producción de contenidos locales y regionales en resguardo de la diversidad cultural. Apuntalan la industria audiovisual, garantizan un acceso igualitario a todos los sectores sociales , protegen la niñez y regulan los plazos y condiciones de las licencias para evitar la concentración monopólica que ponga en peligro la libertad de expresión.
En nuestro país nada de esto ocurre.
Desde 1983 se presentaron 70 proyectos de Ley. Sólo uno tuvo despacho de Comisión y ninguno obtuvo, en estos 25 años, media sanción de ninguna de las dos Cámaras. Pudimos cambiar la Constitución, encarcelar a los genocidas, anular el indulto, pero no pudimos modificar la Ley de Radiodifusión.
Sin embargo, desde 1989, la Ley sufrió innumerable cantidad de cambios, casi todos por decretos de necesidad y urgencia de las empresas, que permitieron iniciar un proceso de concentración que hace peligrar el derecho a la libertad de expresión.
Quedaron fuera cooperativas, asociaciones sin fines de lucro, Universidades y todos aquellos que para la dictadura podían significar un pensamiento peligroso.
La democracia aún no reparó este hecho y ya llegó la hora de hacerlo.
Aquellos que desde hace años venimos impulsando y trabajando por la reforma de la ley, creemos que siempre es el momento oportuno y aquellos que defienden el estatus quo, sistemáticamente se oponen al tratamiento argumentando que este no es el momento o el gobierno es el inadecuado.
Cuando hablamos de radiodifusión hablamos de libertad de expresión, del derecho de dar y recibir información. En definitiva, hablamos de ampliar el campo de la libertad.
El ámbito es el Congreso y allí se debe dar un debate público, de cara a la sociedad. Leyes como esta requieren de discusión y del mayor consenso posible. Ello no significa resignar posiciones ya que cada fuerza política se apoya en la legitimidad electoral con el juego democrático de mayorías y minorías. La nueva ley debe ampliar fronteras, promover la diversidad, incorporar los avances tecnológicos, sumar voces, fomentar la producción de contenidos locales y nacionales y fundamentalmente garantizar derechos.

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