Consejo Económico Social

El diario Clarín asegura hoy que el Gobierno decidió apurar la marcha de la creación del Consejo para el Diálogo Económico Social (CDES), aparentamente nueva denominación para el Consejo Económico Social del que se viene publicando en abundancia desde el viaje de la Presidenta a España, quien ya lo había propuesto en los primeros días de su gestión pero fue sumergido por la disputa con las patronales rurales a raíz de la Resolución 125. Ahora, que se habla de un decreto de once páginas que incluiría composición, funciones, y que estaría trabajando intensamente el ministro de Trabajo Carlos Tomada, es oportuno tratar de elevar la puntería del análisis. Para eso, reproduzco una nota que me enviara días atrás mi compañero y amigo Norberto Colominas, agudo periodista económico. Aquí va.

En un marco económico recesivo, donde todos los países ven cómo disminuyen sus exportaciones, la defensa del mercado interno se ha vuelto esencial para las economías nacionales. Hoy más que nunca la protección de empleos y salarios es decisiva para garantizar la continuidad de la demanda, condición necesaria para sostener la rentabilidad. Centrales empresarias y sindicatos están condenados a entenderse porque así lo exige la conmoción que ha desatado la crisis financiera global, aunque el sube-y-baja de la negociación dirá cómo y cuánto. El resultado será, como siempre, un producto de las relaciones de fuerza. De lo que ocurra con la economía nacional en estos tiempos de crisis también dependerán las chances del oficialismo en las elecciones de octubre. De modo que estas circunstancias le dan al acuerdo en ciernes una relevancia económica y política de primer orden.Las empresas ofrecerán empleos como moneda de cambio para escatimar salarios, pero los sindicatos defenderán ambos con la misma intensidad. El año electoral jugará a favor de estos últimos porque por lógica económica y por necesidad política el Gobierno no puede permitir que el empleo se desbarranque ni que los salarios se deterioren. Esta combinación de necesidades múltiples marcará el tono y el alcance de la negociación.Pero, ¿qué es esencialmente un acuerdo económico y social? En términos económicos es un acuerdo general de precios relativos que debe dejar a todas las partes medianamente conformes. Es decir, se trata de un pacto donde, por decirlo así, el precio de un kilo de carne debe guardar una relación proporcional con un kilo de auto, con un metro cuadrado de construcción y con el salario promedio de un día de trabajo. En términos sociales el acuerdo busca proteger la paz interior, que es sostenida por empleos en cantidad necesaria, por salarios dignos, por la capacidad de consumo de la población y por el acceso a la educación, la vivienda y la salud. También la seguridad está relacionada con estas cuestiones básicas.La discusión de un pacto económico y social debería federalizarse de modo que cada provincia pueda incorporar sus particularidades a la discusión, ya que no hay una realidad nacional (salvo como promedio) sino una suma de realidades locales. La negociación también debería democratizarse porque no se trata solamente de relacionar los precios de un kilo de carne y un kilo de auto sino de decidir qué porcentaje del PBI se dedicará a educación, salud, tecnología, protección del medio ambiente, vivienda y atención a los jubilados, por nombrar sólo algunas de las necesidades perentorias (que la crisis puede agravar). La lógica indica que cuanto mayor sea el gasto social --en cantidad y calidad-- menor será el costo de la crisis.De paso, los sindicatos, los empleadores y el Gobierno deberán auspiciar espacios de reentrenamiento laboral porque el avance de las tecnologías combinado con un desempleo prolongado debilita la capacidad de la mano de obra, que se vuelve incompetente para responder a una futura demanda de trabajo. Esto es así porque el avance de las técnicas productivas obliga a una permanente adecuación a nuevas modalidades de trabajo. Si esto no ocurre, el desempleo puede volverse crónico y exigir al estado la asignación de recursos que sería inteligente volcar al reentrenamiento de los trabajadores más que al socorro de la pobreza, aunque no son excluyentes.En el orden macroeconómico todos los países buscarán sostener sus exportaciones al tiempo que tratrán de reducir sus importaciones a los insumos esenciales. Si en lo externo se buscará mantener una balanza comercial favorable, en lo interno el objetivo será defender el superávit fiscal, y para ello serán determinantes el gasto y la recaudación. Una situación delicada que exigirá equilibrio por parte del poder político en la administración del gasto y en la imposición de cargas fiscales,en tanto que la disciplina de los contribuyentes (espontánea o inducida) será fundamental para mantener los números en orden.Al impactar de lleno en el comercio internacional la crisis tensará los acuerdos políticos preexistentes y obligará a confirmar o redefinir, según los casos, alianzas y compromisos. Algunos encontronazos ocurridos entre la Argentina y Brasil indican que esa cuestión afectará también al Mercosur, obligando a los gobiernos a extremar el cuidado del mercado común. Esta semana funcionarios de los dos países se reunirán para tratar de superar las dificultades.Pero la crisis abre también una promisoria posibilidad de estrechar las relaciones económicas con el Asia-Pacífico, particularmente con China, necesitada de asegurarse la provisión de alimentos para su enorme población y obtener la energía creciente que demanda su economía, la tercera en el orden mundial. También con Rusia e India, que junto con Brasil y China forman el BRIC, la avanzada de los países de desarrollo intermedio de los que también forman parte la Argentina, México, Australia, Egipto e Indonesia. Todos ellos --hoy miembros del G-20-- tienen buenas posibilidades de avanzar en una complementación comercial que, salvo con Brasil, todavía no ha sido explorada a fondo.En resumen, patronos y trabajadores están condenados a entenderse porque la rentabilidad de las empresas depende de la demanda, y ésta de que haya trabajo suficiente y bien remunerado. El Gobierno debe ser el primer interesado en que el pacto económico y social sea lo más completo, federal y democrático posible, ya que esto fortalecerá la capacidad de contención ante el daño que provocará el descalabro financiero internacional. El nivel de vida de la población depende de esto.