Lecciones para Maurizio II: xenofobia e ignorancia

La migración es un derecho humano esencial e inalienable de las personas. Así lo establecen los pactos internacionales, que en nuestro país tienen rango constitucional, y la legislación nacional. Los procesos migratorios, por lo tanto, no deben analizarse desde una perspectiva utilitarista. Sin embargo, en vista a las recientes declaraciones del jefe de Gobierno de la Ciudad y del eco que han tenido en muchos discursos públicos –en los que se caracteriza a la inmigración como una plaga que depreda nuestros recursos, utiliza nuestros hospitales y escuelas sin dar nada a cambio–, y de que la reaparición de este tipo de argumentos xenófobos se fundamenta en cierta lógica económica del sentido común, es que resulta necesario reflexionar sobre algunos aspectos económicos de las migraciones.

En el mundo hay diversos estudios y ejemplos que demuestran que los migrantes no son una carga social para la Nación que los recibe. A modo de ejemplo, en Inglaterra (donde el impacto de las migraciones es mucho mayor que en la Argentina), un estudio producido en el año 2002 por la Home Office (oficina gubernamental encargada, entre otros temas, del control migratorio) demostró que por cada libra que un inmigrante recibe por parte del Estado a lo largo de su vida, ya sea en forma de atención médica, educación, servicios previsionales u otros, éste aporta entre 1,09 y 1,18 libra, según el criterio de cálculo que se utilice. En Australia, estudios realizados en 2008 por una consultora privada arrojaron resultados similares: el impacto fiscal producido por la inmigración en las arcas del Estado es positivo en miles de millones de dólares. En España, el plan de regularización migratoria, impulsado por Zapatero un lustro atrás, permitió equilibrar las cuentas de la seguridad social mediante la incorporación de nuevos aportantes al sistema.

En la Argentina, como en el mundo, los inmigrantes aportan su fuerza de trabajo y contribuyen con sus impuestos al sostenimiento de la sociedad que los recibe. A los inmigrantes que cuentan con trabajos formales se les practican descuentos impositivos y previsionales que representan más del 32 por ciento de sus salarios netos, a lo que se les debe adicionar los aportes a las obras sociales. Además, sobre la parte de sus ingresos que consume, el 21 por ciento se destina al pago de impuestos (IVA). Se suele utilizar el argumento de las remesas al exterior para instalar la idea de la depredación. Pero una sencilla cuenta derriba esta argumentación: supongamos que un migrante tiene gran habilidad para ahorrar y consigue destinar el 25 por ciento de sus ingresos para enviarlos a su familia en el exterior. En este caso, el aporte fiscal de ese migrante casi duplicaría el valor de las remesas.

Ahora bien, muchos migrantes trabajan en la informalidad y por lo tanto no realizan aportes a la seguridad social, pero sí tributan a partir de sus consumos. En estos casos, sin embargo, la informalidad no es –al menos en la gran mayoría de los casos– una ventaja económica para los migrantes, ya que las pérdidas que sufren en términos de jornada de trabajo, condiciones laborales y salarios son muchísimo mayores que los impuestos que dejan de tributar. En tal sentido, la informalidad es un costo que se les impone a los migrantes más que una alternativa que éstos puedan elegir. Una investigación reciente realizada sobre el sector de confección de prendas de vestir por el economista Ariel Lieutier muestra que los trabajadores, principalmente de origen boliviano, que se desempeñan en los talleres clandestinos, reciben un salario equivalente al 50 por ciento del salario mínimo vital y móvil, y al 30 por ciento del salario básico de convenio de su sector. En este caso, si los trabajadores informales destinaran el 10 por ciento de sus bajos salarios como remesas al exterior, el aporte fiscal –por el IVA– seguiría siendo el doble que los envíos al exterior.

Finalmente, un sistema previsional sostenible en el mediano y largo plazo necesita de una relación razonable entre la cantidad de trabajadores activos y pasivos (jubilados y pensionados). En la Argentina actual, esta relación es baja y se ubica en el orden de 1 a 1,5 trabajador activo por cada pasivo. Con una población en proceso de envejecimiento, tasas de natalidad en baja y una suba en la expectativa de vida, harán falta cada vez más trabajadores para mantener el sistema previsional. Dadas las condiciones señaladas, éstos sólo podrán provenir de la inmigración. Sin perjuicio de todo esto, migrar es un derecho humano y no debería evaluarse sólo en términos económicos, tal como pretenden quienes, como Macri, sostienen un discurso antiinmigrante. Lo paradójico del caso es que ni siquiera la economía les da la razón.

Nicolás Diner es Licenciado en Administración (UBA) y miembro del Departamento de Trabajo y Empleo de la Sociedad Internacional para el Desarrollo (SID)