La desaparición de un líder político de la importancia de Néstor Kirchner, no podía sino generar una nueva situación en el panorama político argentino. No me ocuparé aquí de caracterizar la figura del ex presidente y sus importantes aportes, cosa que he hecho en varios artículos desde el 2003 en adelante, sino de analizar algunos de los desafíos que se le presentan al campo popular progresista y en particular al gobierno de Cristina, como parte del mismo.
Empezando por la economía, siempre tan importante, hay un tema que siempre he considerado como particularmente preocupante, que viene desde el gobierno de Kirchner, que es la inflación y, en menor medida, el tema interrelacionado de la medición que hace de ella el INDEC. En artículos anteriores he señalado que este es el talón de Aquiles de la política desarrollista con inclusión social impulsada por el Gobierno desde el 2003.
Por un lado, sucede el aumento de precios, en el mercado mundial, de los productos primarios alimenticios exportables de nuestro país y también de las materias primas industriales, algunas producidas aquí y otras de importación, que hacen subir costos de producción. Esta situación empuja ya objetivamente los precios hacia arriba. Hay también, en ciertos casos, cuellos de botella por insuficiencias temporarias de capacidad instalada para responder a la demanda, como en alimentos. Sin embargo esto no es un problema permanente, ya que el porcentaje ocupado de la capacidad instalada de las empresas se ha mantenido entre 75 y 80 % en promedio, desde el 2003, lo cual indica que la inversión a respondido correctamente a la demanda.
En realidad, el principal problema consiste en que la economía argentina está considerablemente oligopolizada, en productos y servicios que entran en la producción de los bienes y servicios del resto de la economía. Otros sectores oligopolizados son los de la producción de alimentos y el sistema de comercialización, en especial las cadenas de supermercados. Todo esto, en circunstancias de una demanda creciente, permite el continuo aumento de precios para conseguir ganancias extraordinarias y de ahí la creciente inflación desde hace unos cuatro años.
A ello se suma el problema de la distorsión en la medición del índice de precios del INDEC para Capital y Gran Buenos Aires. Asunto decidido por Kirchner durante su gobierno, en 2007, supuestamente para limitar el reajuste del capital de los bonos de deuda externa nominados en pesos y reajustables precisamente por ese índice. Esto le ha ahorrado efectivamente una suma importante de dinero al Estado, pero introdujo una seria distorsión en la economía, porque es un índice que se utiliza en la decisión de inversiones, discusiones salariales, determinación de cuentas macroeconómicas del país, etc. Por otro lado, al no conocerse cual es la verdadera inflación, esto alimentó las expectativas inflacionarias y la tendencia empresaria a cubrirse con cada vez más aumentos de precios. Pero lo peor resultó el desprestigio sufrido por un buen gobierno, como el de Kirchner primero y el de Cristina después, por la incredulidad en las cifras oficiales y la presunción de manipulación gubernamental de una institución importante, como lo es el INDEC.
Esa situación se combina con que, afortunadamente, desde el 2002 tenemos saldo comercial favorable y elevado y que últimamente, y como consecuencia de la crisis en los países desarrollados y de las inyecciones de dinero de EE.UU., sobre todo y, en menor medida de la Unión Europea, para rescatar a sus bancos y entidades financieras, resulta que hay alta liquidez disponible en el mercado mundial, que entre otras cosas busca hacer ganancias extraordinarias con inversiones especulativas en los mercados financieros de países emergentes, como el nuestro. Todo lo cual genera exceso de oferta de dólares en la plaza cambiaria local, que el Banco Central contrarresta adquiriendo divisas, para evitar que se venga abajo su cotización. Claro que para ello emite pesos, para comprar los dólares, lo cual trata a su vez de contrarrestar emitiendo Letras y Notas del Banco Central, para retirar así parte de los pesos emitidos, pero cuyo resultado es de todas formas un incremento del circulante, que si bien no es la causa de la inflación, si sirve para convalidarla, pues se necesitan cada vez más pesos para permitir las transacciones comerciales a precios cada vez más altos. Además el Banco Central tiene así que pagar crecientes sumas de intereses por esas Letras y Notas.
Pero a pesar de las compras de divisas del Banco Central, el hecho es que el dólar está clavado entre 3,90 y 4 pesos desde hace unos 7 meses y que, además, el euro ha tenido tendencia a perder valor respecto del dólar, como consecuencia de la crisis europea. Todo esto, ante la creciente inflación, provoca la consiguiente revalorización del peso respecto de esas monedas mundiales y, con ello, la pérdida progresiva de competitividad de los productos argentinos, tanto los exportables como los que compiten con importaciones (aun cuando temporariamente la revalorización del real brasilero ayude, sobre todo en el comercio con ese país). Esto, en el mediano plazo, constituye una situación insostenible para un proyecto desarrollista como el presente y para los objetivos de inclusión social, ya que de seguir así podría haber caída de la actividad económica, con su negativa repercusión para el empleo.
De ahí que Cristina haya anunciado la convocatoria a acuerdos económico-sociales entre el empresariado, los sindicatos y el Estado para, principalmente, establecer consensos sobre precios y salarios que puedan contener y hacer disminuir gradualmente la inflación. Personalmente me alegro de la iniciativa, que he preconizado en varios artículos anteriores desde hace años, porque creo que es la herramienta posible, aun cuando muy complicada y difícil, para luchar contra la inflación, sin caer en limitaciones del gasto y la inversión pública y el enfriamiento de la economía, que es lo que haría la oposición de derecha.
Pero esto reclama de una participación muy activa de los asalariados, por empresa, para controlar y denunciar subas indebidas de precios, por encima de genuinos aumentos de costos, y controlar la evolución de stocks. También podrían colaborar las organizaciones sociales, por su propia iniciativa, haciendo seguimientos de precios de productos y servicios de consumo popular, en supermercados por ejemplo, como ya lo han hecho en otras ocasiones, como fue el caso con las estaciones de servicio, por aumentos no autorizados de los combustibles. De todas formas, nada de esto será posible si no hay una muy firme determinación política del gobierno, porque de lo que se trata es, nada menos, que de la distribución del ingreso, lo cual está en el centro mismo de no otra cosa que la vieja lucha de clases.
La resistencia de los sectores patronales oligopólicos va a ser particularmente dura. Por empezar la patronal trata de transmitir la idea de que la inflación es, sobre todo, producto de los aumentos de salarios. Esto es completamente falso, ya que la incidencia del salario en el costo del sector industrial, por ejemplo, va de un 5% a un 15%, aunque puntualmente en algunas industrias es mayor. Si se tiene en cuenta que, primero aumentan los precios de manera continua y luego, anualmente, hay aumentos salariales, en general algo por encima del aumento anual de precios, podríamos por ejemplo considerar una inflación anual del 25% y luego aumentos salariales promedio del 30%, lo cual significa un aumento en valor real del 5%. Pero si consideramos una incidencia del salario en los costos de, por ejemplo 20%, el 5% del 20% es el 1% de aumento real de costos. Sin embargo la experiencia muestra que se produce nuevamente un aumento de precios anual de al menos otro 25% y en realidad mayor, porque hay tendencia a que crezca. Basta ver los balances de las empresas para constatar que las ganancias anuales como porcentaje de las ventas, no han hecho más que aumentar considerablemente desde el 2002 hasta aquí y es sobre todo mediante este mecanismo.
Por otro lado, si hay algo a lo que la patronal le tiene terror es a que le verifiquen sus costos, porque esto expone la verdad de las cosas, por lo que la participación de los trabajadores en esa verificación es a la vez indispensable y sumamente difícil. Pero hay que intentarlo.
A menos que todo termine en reuniones con declaraciones de buenas intenciones y algún maquillaje temporario que permita una limitación ocasional y muy moderada de las subas de precios. Pero el problema volvería entonces a reproducirse.
También el gobierno ha anunciado que organizará un índice de precios nacional, lo que le daría la oportunidad de salir de la encerrona del IPC actual del INDEC. Ha solicitado para ello el asesoramiento técnico del FMI, en lo que parece una condición negociada con el Club de París, para que este acepte la renegociación de la deuda en default con ellos sin participación del FMI para controlar nuestra economía. Así el gobierno parece querer matar varios pájaros con el mismo tiro: Encontrar una manera de salir del intríngulis INDEC con un salto hacia delante, al crear un índice nuevo y nacional; evitar que el FMI emita algún tipo de condena o sanción a nuestro país, por no aceptar sus controles macroeconómicos anuales; finalmente, resolver el tema con el Club de París y poder así acceder a las líneas de crédito favorables, que cubren exportaciones de bienes de capital, que otorgan los países de la Unión Europea, asunto apetecido por el gobierno nacional para algunos de sus proyectos importantes de obras públicas, como ferroviarios y de energía eléctrica, por ejemplo.
El tema de los acuerdos económico-sociales, al abrir la oportunidad de la participación de sindicatos y la posibilidad de que accionen también las organizaciones sociales, va asimismo objetivamente al encuentro de lo que más se necesita en el plano político, que es avanzar en la coordinación y confluencia de los sectores progresistas, empezando por sindicatos y organizaciones sociales, para respaldar al gobierno con lo conseguido hasta aquí e ir por más. Sobre todo después de la gran pérdida que significa la muerte de un líder como Kirchner y nada menos que esposo y socio político de la presidenta, quién no puede menos que sentir esta gran pérdida en lo afectivo y en lo político, por más que haya demostrado gran capacidad de estadista, temple y coraje. El tema es entonces tanto un gran desafío económico y social como político.
La construcción de un amplio espacio plural progresista es asunto vital para asegurar la continuidad y sobre todo profundización de las políticas iniciadas en el 2003. En tal sentido se ha avanzado en cuanto a la aparición y desarrollo de los sujetos sociopolíticos que constituyen ladrillos de esa construcción. Podemos mencionar a las numerosas organizaciones sociales y culturales que apoyan en mayor o menor medida al gobierno; la hegemonía lograda en la CGT por el Movimiento de los Trabajadores Argentinos, que fue muy activo en el combate contra el menemismo neoliberal en los 90; el sector que lidera Yasky en la CTA; y partidos políticos progresistas de diversos orígenes que apoyan al gobierno. Incluso ya se han dado pasos muy prometedores para unir a las organizaciones sociales y culturales, partidos políticos progresistas, y personalidades individuales, con la creación del espacio denominado Corriente Nacional de la Militancia. Es mucho más de lo que se tenía cuando empezó este gobierno en el 2003 y tuvo que crearse en la opinión pública su propio apoyo, gracias a las medidas que fue tomando. Ahora, además de haber reconquistado, a fuerza de tomar buenas medidas, buena parte del apoyo de la opinión pública, perdido cuando lo de la 125, el gobierno puede contar con un sustento creciente en organizaciones como las mencionadas. En esto estamos mejor y vamos bien.
Es de esperar que se intensifique la ofensiva de la derecha y los grandes grupos económicos vinculados al gran capital internacional y a los intereses del establishment local, particularmente a través de los medios de comunicación que controlan, cuanto más nos acerquemos a las cruciales elecciones generales del 2011. Es mucho lo que está en juego y la batalla política será dura, cuando no despiadada. El tema inflación es uno de los principales que estará en el centro de la disputa. Resolverlo por la vía progresista que he comentado sería ganar la madre de las batallas para la continuidad y profundización del proceso que encarna el gobierno de Cristina,
Otra cuestión importante es la de la seguridad y la vinculación con ello de los problemas sociales. Ya hemos visto como la derecha, incluidos sectores de origen peronista y sindical, son capaces de maniobrar duro contra la sociedad y el gobierno, tratando de desgastar a este, con el militante apoyo de los medios de comunicación del estáblishment. Aquí el desafío para el gobierno es muy grande, porque tiene por un lado que mantener su coherencia en cuanto a su justa política de derechos humanos y por otro lado evitar que haya desistimiento del Estado, incluyendo las fuerzas de seguridad, para enfrentar los problemas. Los sectores progresistas debemos estar alertas y apoyar al gobierno en esto, con participación y movilización, pero marcándole sus errores cuando sea necesario. Por ejemplo, en los recientes terribles sucesos en el Parque Iberoamericano, el gobierno nacional, desde su correcta conceptualización general respecto del problema, se enredó en una polémica mediática con el derechista, xenófobo, oportunista e inepto gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y solo envió la gendarmería a evitar nuevos ataques de vecinos y patotas armadas contra los ocupantes del parque después de que se produjeran nuevos graves enfrentamientos y muertes. El gobierno nacional debe prestar extrema atención a este tipo de sucesos e intervenir siempre para evitar el enfrentamiento de pobres contra pobres y cuidar la vida. Los sectores de derecha y otros que actuan con oportunismo, están precísamente esperando que el gobierno desista de actuar, para enchastrarlo luego ante la opinión pública.
Decimos que es más necesaria que nunca la unidad de los sectores progresistas pero, lamentablemente, dentro del progresismo hay quienes desestiman, o al menos minimizan, que este gobierno tenga carácter progresista y no están dispuestos a apoyarlo o, incluso, atacan directamente al gobierno, como si este formara parte del enemigo principal. El más importante argumento que esgrimen es que el gobierno kirchnerista no habría tocado la estructura económica oligopólica. En efecto, por un lado los sectores oligopólicos han hecho grandes ganancias con este gobierno y, por otro lado, sectores como los del petróleo, minería, comercio exterior de granos y otros, básicamente no han sido modificados y constituyen áreas potenciales para grandes tareas progresistas a encarar, si se quiere transformar profundamente a favor del pueblo la estructura económica Argentina. Pero esto no lo puede hacer ningún gobierno con su sola voluntad política, sino que además de ello se requiere de una vasta construcción socio política y cultural popular, de elevada conciencia participativa y esto no se puede construir desde arriba sino desde abajo. Y aun así, tal proceso transformador no se podría hacer sino gradualmente y venciendo a un enemigo terriblemente poderoso.
Sin embargo, el gobierno kirchnerista ha hecho cosas que van claramente contra el interés y la agenda del enemigo principal, como ser: restitución del rol regulador del Estado; drástica reestructuración de la deuda externa, contra el interés del sector monopolista de especulación financiera; importante contribución para hacer fracasar el ALCA; reestatización de los fondos de las AFJP, sacándole ese gran negocio a los bancos y sector financiero especulativo del establishment; integración latinoamericana, que permite potencialmente una creciente independencia respecto del capital oligopólico internacional; ley de democratización de los medios, afectando duramente a la principal herramienta de manipulación informativa, cultural e ideológica del enemigo principal; política de derechos humanos que, entre otras cosas, permitió reanudar los juicios contra los responsables de delitos del terrorismo de estado, impulsado objetivamente por el establishment durante la dictadura; políticas de aumento del gasto y la inversión pública y de inclusión social. Constituyen otras tantas políticas que, o afectaron directa o indirectamente al enemigo principal, o al menos de ninguna manera forman parte de la agenda del mismo.
A su vez, es de gran importancia lograr la consolidación de la nueva época que se está construyendo en América Latina. Todos aquellos que nos consideramos progresistas debemos tener muy en cuenta que si este gobierno se debilita y es reemplazado, lo que vendrá será la derecha y, para colmo, con la sarta de políticos irresponsables e ineptos que predominan en ella, siempre dispuestos a tratar de compensar estas falencias con adocenamientos y genuflexiones ante el establishment, sus herramientas mediáticas, los poderes monopólicos internacionales y los EE.UU. ¿Queremos sostener el proceso de cambios aquí y en Latinoamérica?: Sostengamos a este gobierno entonces, siempre tratando de mantener nuestra independencia, autonomía y espíritu crítico.
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