El mapa de la memoria, como reverso de lo que fue el mapa del exterminio

Imprescindible nota de Oscar Taffetani

Con la instalación de un nuevo cartel, de grandes dimensiones, sobre la ruta 33 conocida como La Carrindanga, en Bahía Blanca, para señalizar los terrenos en donde alguna vez funcionó el centro clandestino de detención llamado “La Escuelita”, ya suman 36 los espacios públicos del país afectados al programa de educación democrática conocido como “Memoria, Verdad y Justicia”. No es poca cosa, sobre todo si se tiene en cuenta que dicho programa va acompañado de una acción inédita, sin precedentes a nivel mundial, para acelerar los juicios y lograr que en la Argentina los delitos de lesa humanidad no queden sin castigo..

¿Por qué se afirma en el encabezado que el mapa de la memoria es el reverso de lo que fue el mapa del exterminio? Porque  su trazado y los puntos que se señalan van copiando, a casi cuatro décadas de los hechos, el trazado y los puntos que eligieron los genocidas de la última dictadura cívico militar para llevar adelante su plan.


Instructores galos y yanquis

A partir de una investigación del historiador Gabriel Peries que trascendió el ámbito académico y que dio origen a un par de libros, no es un secreto que los cursos y el entrenamiento en contrainsurgencia a militares y policías argentinos comenzaron a mediados de los ’50, coincidiendo con los años de la Libertadora y con el fin de la guerra colonialista de los franceses en Argelia. Porque aunque ese país árabe del África alcanzó su independencia en el albor de los ’60, la guerrilla urbana del FLN fue aniquilada varios años antes en la “guerra sucia” diseñada y ejecutada por los oficiales de la OAS francesa.

Tampoco es un secreto que la otra gran academia de la represión ilegal y el terrorismo de Estado fue la SOA (Escuela de las Américas) que funcionaba en la zona norteamericana del Canal de Panamá en los años ’60 y ’70.  Según datos verificables, antes del año 1976 pasaron por esa escuela 600 oficiales de las fuerzas armadas argentinas. Once se graduaron en “contrainsurgencia”; siete en “contrainsurgencia urbana”; trece en “operaciones en el monte”; cinco en “inteligencia militar” y seis en “interrogatorio militar”.  Podría decirse que esos oficiales, extraviados de la tradición sanmartiniana, se diplomaron en tortura.

El cóctel pedagógico de la acción anticomunista mundial y la “guerra antisubversiva” en la Argentina tuvo como aportes privilegiados la misión de los paracaidistas franceses en el país (con oficinas en el mismísimo Edificio Libertador, atendida por los generales  Paul Aussarès y Jean Nouguès) y los cursos anti guerrilla de los boinas verdes y marines norteamericanos que actuaban en Vietnam y otros escenarios, al compás de la Guerra Fría. De ambas vertientes se nutrieron los represores argentinos, quienes no obstante, y como reconoce Peries, hicieron sus propios aportes en materia de procedimientos para combatir al “enemigo interno”.

El primer trabajo práctico para los alumnos argentinos de esas oscuras escuelas llegó en los tiempos de Frondizi, con la aprobación del plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado). Militantes peronistas de la Resistencia, obreros huelguistas del puerto, los ferrocarriles y los frigoríficos, más aquellos jóvenes que en 1959 sintieron el llamado de la revolución cubana, fueron el blanco y las víctimas precisas del CONINTES. Entre 1960 y 1961, desfilaron por los tribunales militares y fueron víctimas de los “interrogatorios” a las maneras francesa y norteamericana, más de seis mil trabajadores y estudiantes
argentinos.

“Fue a partir del Plan CONINTES –opina el sociólogo Sebastián Chiarini, estudioso del tema-- cuando, bajo la influencia de los franceses, la división territorial trasmutó. El territorio ya no fue sólo un concepto geográfico, sino que se extendió a la mente de la población, de todos los habitantes, predominando desde entonces el aspecto político-ideológico”. Según Charini, fue entonces cuando comenzó a imponerse el concepto de guerra preventiva, “no sólo contra la resistencia peronista, sino contra el conjunto del movimiento obrero”.


De la Escuela de las Américas a la Escuelita de Famaillá

La escuela rural tucumana “Diego de Rojas” (un gobernador genocida de Charcas a principios del siglo XVI, quien había sido primero ayudante de Hernán Cortés y luego de Francisco Pizarro) se hallaba todavía en construcción en febrero de 1975, cuando el recién ascendido general de Infantería Adel Edgardo Vilas –-que por su adscripción al peronismo fascista se había ganado el favor de la presidenta Martínez de Perón y de su consultor de cabecera, el comisario y ministro José López Rega-- tomó posesión de ella e instaló allí, a sólo cinco cuadras del COF (Comando Táctico de Famaillá) el primer centro clandestino de detención y tortura del país.

La administración de la escuela fue utilizada como oficinas de ingreso al CCD. Sus ocho aulas fueron convertidas en calabozos para los detenidos. Frente a la última había una sala de juegos que pasó a servir como sala de tortura. Alrededor de la Escuelita se tendió un cerco de alambre. El predio contaba con vigilancia armada y perros entrenados para detectar y eventualmente atacar a posibles prófugos (tal como se estilaba en los “stalags” de los nazis)

En su diario personal (que el Ejército nunca le permitió publicar, ya que implicaba una confesión de los ilícitos), el general Vilas –quien falleció demente en julio de 2010-- consignó que en la Escuelita de Famaillá estuvieron detenidas 1.507 personas. La estimación de los organismos de derechos humanos y de la comisión bicameral tucumana dice que fueron 2.000. Al margen de las llamadas batallas y de las acciones de combate en el monte, se comprobaron 123 secuestros de personas en las ciudades, de las cuales 77 desaparecieron, 14 fueron asesinadas y sólo 32 liberadas.

Para combatir un foco insurgente rural (la Compañía de Monte del ERP) que según diversas fuentes nunca contó con más de un centenar de combatientes, el Estado utilizó una fuerza de 1.500 efectivos al mando de Vilas. Y participaron en la tarea de “aniquilar” el foco guerrillero  muchos hombres más, porque, como señalan quienes reivindican todavía hoy ese ensayo general de la represión que se ejecutaría en prácticamente todo el territorio nacional a partir del golpe de marzo de 1976, la acción
del Estado involucró “un efectivo cercano a los 6.000 hombres del EA, la GNA, la FAA, la ARA y las policías Federal y Tucumana, y desplegaría tres fuerzas de tareas y un escuadrón de Gendarmería adicionales: Las FT Cóndor, Águila e Ibatín y el Escuadrón Villa María en San Javier” (cfr. “Aeromilitaria”, blog hecho por veteranos de la Fuerza Aérea).

Comprobado que el CCD “Escuelita de Famaillá” formó parte central del dispositivo represivo del Operativo Independencia, resulta obvio que todas las acciones del citado operativo militar pueden ser tipificadas como Terrorismo de Estado.


De la Escuelita de Famaillá a la Escuelita de Bahía Blanca

El 18 de diciembre de 1975, Adel Vilas fue reemplazado por el general Antonio Domingo Bussi en el frente de batalla tucumano. Su siguiente misión sería comandar, como segundo comandante del V Cuerpo de Ejército con sede en Bahía Blanca, las acciones contrainsurgentes (antisubversivas) en esa ciudad del sur bonaerense, comprendida en la subzona militar 51 y con influencia en toda la cabecera de la región patagónica.

Vilas asumió el 16 de febrero de 1976 (cinco semanas antes del golpe de Estado, valga la acotación) y de inmediato comenzó a diseñar su “Operativo Independencia” bahiense. Al igual que había hecho en Tucumán, estableció su comando no en una dependencia militar –que las tenía-- en el centro de la ciudad, sino el Batallón 181 de Comunicaciones y en el generoso predio del V Cuerpo de Ejército, limitado por las calles Mariano Reynal, El Resero, Luis Vera y el camino La Carrindanga, en las afueras del casco urbano de Bahía Blanca.

Si bien ese predio del V Cuerpo ocupa –todavía hoy– casi 200 hectáreas, el LRD (Lugar para Reunión de Detenidos, en la eufemística jerga del Ejército) fue situado, lo mismo que en Famaillá, unos 500 metros afuera, utilizando una casona con terrenos aledaños, que pronto fueron alambrados y puestos bajo vigilancia armada.

¿Y cómo podía bautizarse a aquel nuevo centro clandestino de detención y torturas, construido como réplica de la Escuelita de Famaillá? Con el mismo nombre, agregando así Bahía Blanca a las ciudades del país que compartieron el dudoso honor de ser laboratorios del Terrorismo de Estado.

El 12 de agosto de 1976, el diario La Nueva Provincia dedicó un editorial, presuntamente escrito por Federico Massot, a exaltar la figura del general Vilas y a elogiar su método fuera de la ley para combatir al “marxismo”. Transcribimos un párrafo, elocuente: “Y al enemigo, el vencedor de Tucumán lo comprende mejor que nadie, debe tratárselo como tal. ¿O es que todavía vamos a creer que, mientras se conspira para destruir a la Patria, los delincuentes subversivos merecen acogerse al Tratado de Ginebra? Créanlo los cobardes, los cómplices... No lo cree así, afortunadamente, quién venció en Tucumán y hoy se empeña en limpiar a Bahía Blanca de elementos subversivos”.

La megacausa V Cuerpo, que ya está arribando a sentencia en el Tribunal Oral Federal bahiense, termina de explicar y de poner en evidencia cuáles eran los métodos del general Vilas, de sus jefes y sus subordinados y de sus colaboradores civiles. Se trataba –como reconoce el editorial de LNP— de combatir al enemigo por fuera de las leyes y hasta de las convenciones de guerra vigentes.

La demostración palmaria de que el mismo esquema de represión ilegal era aplicado en todo el país, fue la creación (con innegable intervención del general Vilas) de un tercer LRD (léase CCD)  en la subzona 52, CCD que sería conocido como “La Escuelita de Neuquén”.

Situada en las lindes del Batallón de Construcciones 181, sobre la ruta 22 y a cuatro kilómetros del aeropuerto, la Escuelita neuquina tenía las mismas “comodidades” que los otros CCD: un área de admisión y administración, baño con lavatorio chico, letrina y ducha, y celdas con cuchetas para los detenidos. No faltaba, por supuesto, la sala para violación y torturas (descripta en testimonios de la causa Escuelita II), ni tampoco la senda, apenas separada por una tranquera, que comunicaba con la citada unidad militar.

Las escuelas que mandó a construir el general Manuel Belgrano en el Noroeste del país, con los sueldos y premios otorgados por una batalla, todavía no habían sido construidas. Y el Estado en manos de los golpistas utilizaba construcciones escolares y civiles para la detención y tortura de ciudadanos.


Más semejanzas. Y diferencias

Los helicópteros modelo UH1 Huey fabricados por la compañía Bell de los Estados Unidos, comenzaron a ser utilizados en la guerra de Vietnam, en 1962. Diez años después, habían sido incorporados por la mayoría de los ejércitos latinoamericanos para la lucha contra la “insurgencia”. En el Operativo Independencia se utilizaron helicópteros UH1 Huey, tanto para atacar posiciones terrestres y trasladar efectivos como para martirizar detenidos, del mismo modo que los estadounidenses habían hecho hasta hacia poco en Vietnam.

También a partir de 1962 fueron utilizados, en ciudades de Vietnam del Sur y por el Ejército de los Estados Unidos, automóviles Ford Falcon de color verde. Diez años después, fabricados en la planta de Pacheco (hoy marcada como sitio de memoria), los Falcon comenzaron a ser el vehículo preferido para trasladar a grupos de tareas de la represión ilegal y para secuestrar personas, por lo general, metiéndolas en el baúl.

Las semejanzas no son casuales, sino causales, ya que el mismo centro mundial de la lucha contra el “marxismo” era el que proveía la doctrina, los cursos de entrenamiento, los helicópteros y hasta los automóviles.

Si se examina el mapa de la represión ilegal en la Argentina, sus zonas y subzonas, áreas y subáreas, se verá que coincide en gran medida con el mapa de los sitios de memoria, ésos sitios que hoy trabajosamente se van inaugurando en el país, con apoyo del Gobierno nacional y con la participación militante de organizaciones populares.

Los ingenios azucareros del NOA. Las fábricas automotrices del Conurbano bonaerense. Las comisarías, las cárceles y los regimientos que alguna vez se convirtieron en CCD. Las bases aéreas, navales y aeronavales. Las estancias o chacras donde se torturó y se desapareció a detenidos. Las veredas en donde se los secuestró. Las paredes contra las que se los fusiló, pueden y deben convertirse en sitios de memoria.

De 1983 a la fecha, mucho es lo que la sociedad civil ha tejido y construido para afianzar la democracia y dar sentido a la palabra república. La formalmente disuelta Escuela de las Américas fue oportunamente denunciada y señalada como usina del terrorismo de Estado. Hoy, las guerras internas provocadas por la Guerra Fría son materia de estudio y discusión en las aulas.

A la fecha, las escuelas de todos los distritos del país se encuentran abocadas a su función específica, que es educar al soberano. Y sólo de manera excepcional sirven a otros fines, siempre democráticos, como la recepción de evacuados de los temporales, las campañas de salud pública o la habilitación de las mesas de votación los días de comicio.

A la red de la memoria, la conciencia ciudadana y la solidaridad, se opone otra red, menos visible,  que propone el olvido como sucedáneo de la justicia, y que aspira a que la Argentina, como aquella esposa de Lot, quede atrapada por un oscuro pasado.

El final de esta historia es tan previsible como alentador: los dinosaurios van a perecer (algunos, debidamente condenados) y en los sitios de memoria de la patria nuevas miradas y nuevas voces construirán el futuro que soñaron nuestros mejores próceres.