La Nación de Mitre: tribuna de doctrina y acción

Hace no mucho pedíamos, casi reclamábamos, que nadie que pretenda cambiar, o defender, algo en un sentido nacional y popular dejara de leer La Nación, pues nos brinda buena parte de la orientación que necesitamos: agenda, debilidades y fortalezas propias y del enemigo, claro que vista desde la vereda opuesta, como es el caso del debate de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esto es así desde que lo fundara Bartolomé Mitre, responsable del genocidio contra el pueblo paraguayo en la llamada Guerra de la Triple Alianza, pasando por la complicidad con el terrorismo de Estado, y los negocios que encaró en conjunto. “Una tribuna de doctrina”, como la definió, y de acción si me permiten añadir, tareas que ejerce hasta hoy.

La segunda mitad de septiembre nos brinda un cantero de testimonios: impulso a la libertad de los genocidas de “El Proceso”, apoyo vergonzante al golpismo de Zelaya en Honduras, y ahora la preocupación –que no tuvo cuando los realizó “el campo”—por el “caos” de ¡transito! de los piquetes, pero sobre todo el “descontrol social”, entendido como el provocado por los trabajadores y excluidos.

El lunes 14 de septiembre, en su Editorial, titulado “Presos por delitos políticos”, reivindica las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, y principalmente el Indulto menemista, cuando considera que, finalmente, “El esfuerzo de pacificación pareció logrado”. Cuestiona, en cambio, los fallos de la Corte Suprema, en los autos Arancibia Clavel y Simón, en los que considera que “Se violaron así principios universales del derecho penal”. Afirma que “Hay unos 500 detenidos, en muchos casos con seis y siete años en esa situación, por presuntos delitos ocurridos hace más de treinta años y sobre los cuales no pesa condena. Entre ellos, personas de más de 80 años de edad”, por lo que “no debe extrañar que se hable de la existencia de presos políticos en la Argentina”. Propone “actuar a tiempo a fin de que una ley de reconciliación nacional deje atrás, con un compromiso colectivo, un período siniestro desde todo punto de vista para el país”. Queda claro, pero traduzcamos al castellano moderno: hay 500 genocidas procesados por torturas indescriptibles, asesinatos masivos y robo de bebés desde el poder del aparato del Estado, que presenta como unos pobres abuelitos cuyo único pecado fue enfrentar “la expansión violenta del comunismo soviético”, a los que hay que liberar pues, de lo contrario, “se habrá perdido la equidad y la justicia”.

Brutal, pero cierto. Y cuidado que no se trata de simples embaderamientos. Esta línea encaja perfectamente con la ofensiva desatada luego de los resultados electorales del 28 de junio, cuando se multiplicaron los casos de abierto boicot, de absoluta y deliberada resistencia al avance de los juicios en los tribunales, con una base de sustentación existente, surgida de la designación sistemática que en estos años de democracia se realizó de jueces y fiscales en todo el país con el objeto de asegurar la impunidad. Todo ello sin desmerecer la valiente actitud de abogados y una parte del Poder Judicial, que sigue impulsando los procesos, a nuestro juicio en medio de una cierta incomprensión de la situación por parte del movimiento popular, lo que le impide brindarles un apoyo más decidido.

¿Puede extrañar que quienes apoyaron abiertamente al golpe de 1976 y callaron de manera cómplice las atrocidades del terrorismo de Estado, mientras cerraba con la dictadura militar el vergonzoso despojo y negociado de Papel Prensa, apoyen el golpe de Honduras, aunque esto sea mediante los argumentos más curiosos? Claro que no. Lo que debe desenmascararse en cada debate callejero, en cada fábrica, facultad, colegio o con nuestros vecinos es que, en medio de la condena internacional, y el entusiasmo por la valiente actitud del Presidente constitucional ingresando al país y alojándose en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, el diario de los Mitre titule su Editorial del viernes 25 de septiembre de 2009 “El irresponsable retorno de Zelaya”. Ahora resulta que “Por la súbita reaparición de Zelaya, la capital de Honduras se ha convertido en un polvorín en el cual sus partidarios y sus detractores, acompañados por las fuerzas de seguridad, han puesto de nuevo en vilo al país y la comunidad”, rematando que “De algunos presidentes no puede esperarse mesura. De otros debería esperarse algo mejor que haber convalidado el plan de regreso por al fuerza”. Notable. Los culpables de la situación son el presidente constitucional y Lula, Presidente de Brasil, uno por ejercer su derecho, avalado por el pueblo, el otro por haber “convalidado” el “irresponsable” regreso.

Brutal pero cierto. Y tampoco en esta caso estamos frente a simples rencores ideológicos. Hay un plan abierto y en marcha, con “intelectuales” que se reúnen en nuestros países para denostar y desgastar los procesos populares en Latinoamérica, las medidas y decisiones que afectan los intereses de los poderosos, y la historia enseña que –pese a que mucho ha cambiado desde los 60 y 70—no vacilarán en avanzar en el armado de grupos de choque y sabotaje violento, como no vacilaron en dar un para muchos “inviable” golpe de Estado en un país centroamericano.

El 25 de septiembre, nada menos que como titular central de tapa, el matutino se alarma pues “Recrudecen los piquetes, un flagelo para el transito”. Obvio, estamos en 2009, sería impensable tamaña definición en 2008 en medio del caos en las rutas provocado por la patronal ruralista. La volanta no tiene desperdicio, “La Justicia pide identificar a los responsables”, como no lo tiene el alborozo del titular central de la primera plana del 28 de septiembre: “La policía de Macri tendría una división antipiquetes”. No, sin dudas, la lucha de clases, en este caso en el plano de la ideología, murió con la caída del llamado “socialismo real”.

Hoy, 29 de septiembre, una nota de tapa anuncia que “Temen que se radicalicen las protestas”. ¿Quiénes temen, cabría preguntarse? La nota lo responde: “Los empresarios presienten que el caso Kraft puede llegar a convertirse en el primer paso de una escalada y radicalización de los conflictos sindicales en la Argentina. Con una mezcla de preocupación y resignación, sostienen que la toma de la ex planta de Terrabusi, que se extendió a lo largo de casi 40 días, podría estar inaugurando una etapa de enfrentamientos más violentos”. Algunas de las definiciones que siguen tampoco tienen desperdicio: “Los hombres de negocios, además, destacan con inquietud que no se puede evaluar el conflicto de Kraft como un caso aislado. ‘Lo de Kraft es otro síntoma de la crispación que vive nuestra sociedad. Merece que todos hagamos un esfuerzo para bajar el nivel de conflicto’, señaló Juan José Aranguren, presidente de la petrolera angloholandesa Shell”. O que “En forma reservada, el presidente de un grupo europeo fue más duro. ‘Los sindicatos fuera de control son aún peores que los que ya conocemos, que ya son bastante malos. Es la Argentina que se viene. ¿Vio cómo está creciendo la villa 31? Esta anarquía es la primera muestra del desorden social que viene en la Argentina”.

Brutal, pero cierto. Abiertamente proponen frenar a palos la defensa de las fuentes de trabajo y el nivel salarial amenazado por la decisión del establishment de mantener su tasa de ganancia extraordinaria a costa de los trabajadores. Ni hablar de avanzar en la reedistribución de la riqueza. Y la receta es exigir y chantajear para que se reprima cualquier reclamo, revertir lo que fue una decisión política del actual gobierno que paró la ola de criminalización de la protesta social que heredó, ante la exasperación del privilegio. La presión sobre esa decisión es ahora brutal, y nada bueno auguran las definiciones citadas.

Como alguna vez dijimos “vienen por todo”. Derechos Humanos, Integración y solidaridad independentista latinoamericana, justicia social. El Gobierno tiene una responsabilidad que asumir. Cada uno de nosotros también.