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jueves, 31 de octubre de 2013

Ante el fallo de la Corte Suprema


Los integrantes de Los 100, Agrupación de Periodistas y Trabajadores de la Comunicación, celebramos el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declaró la constitucionalidad de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque pone fin a los efectos de una absurda medida cautelar que retrasó durante cuatro años, curiosamente lo que dura un período presidencial, la aplicación completa de esta norma que surgió de las entrañas militantes del pueblo argentino.
Un sueño acunado durante 30 años, tres décadas de lucha para obtener una ley de medios de la democracia, que superara el oprobio del decreto 22.285 de Videla y Martínez de Hoz y la regresiva reforma de los años 90, que posibilitó la conformación de oligopolios, dieron como resultado esta ley a la que la distinguen enormes e inocultables calidades democráticas.
También, desde Los 100, queremos saludar a los compañeros de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, de la que hemos formado parte, desde el 2004, el año de su fundación, junto a decenas de agrupaciones y entidades de diverso orden (gremiales, de DDHH, profesionales, etc.), por haber dado forma colectivamente a los 21 Puntos Básicos por el Derecho a la Comunicación que sirvió de fundamento para que se elaborara al anteproyecto de ley que se enviara en el año 2009 al Congreso de la Nación.
La aplicación integral de la Ley 26.522 es de tal importancia que, estamos convencidos, no sólo redundará en una mejor calidad de la democracia argentina, preservando a sus instituciones de los peligros que conllevan la voracidad de los grupos monopólicos y económicos, sino que colaborará enormemente en la consolidación del ser nacional, alejando la perversidad del discurso único que desprecia la pluralidad y afianzando una genuina libertad de expresión por sobre la dictadura de la libertad empresarial.
Consolidar los valores de la cultura nacional implica inexorablemente reconocer la multiplicidad de voces y favorecer su existencia, en tanto que habrá que alejarse definitivamente no sólo de los apetitos de los que pretenden manejar, entronar o destituir a los gobiernos de turno, sino que le trasladan al conjunto del pueblo argentino su cosmovisión, invariablemente atada a sus oscuros intereses económicos sectoriales.



Secretario General: Hugo Barcia
Secretario de Organización: Alberto Nadra
Secretario de Redacción: Julio Fernández Baraibar
Secretario de Prensa: Eduardo “Perico” Pérez


Vocales: Alberto Ferrari, Rodolfo Nadra, Alejandro Tarruella, Roberto Lago, Aldo Amura, Roberto Luzardi, Fabián Magnotta, Diego Ibarra, Santiago Magrone.

Buenos Aires, 30 de octubre de 2013

martes, 18 de mayo de 2010

Ofensiva derechista: grave, muy grave



El lunes, La Nación de los Mitre, Pág. 7, publica una solicitada de una gravedad inusitada, firmada por la denominada “Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia," pero que pasó inadvertida, pese a que exige a la Corte Suprema terminar con su supuesta parcialidad en el tratamiento de causas relacionadas con los juicios contra los crímenes de lesa humanidad del terrorismo de Estado.

A juicio del constitucionalista Roberto Gargarella "Desde las solicitadas en favor de Videla que no se veían algunos de estos nombres juntos. La más complicada derecha jurídica vuelve a funcionar de modo coordinado”.

Es buena la reflexión, cuando estos dinosaurios, con inmenso poder económico y político, ¿por qué no de acción directa, si siempre han defendido y fundamentado todas las formas del terrorismo cívico-militar?, condenan los fallos pues “les han negado (a los genocidas) derechos y principios que rigen desde siempre para todos los ciudadanos”, y –casi irónicamente, pero amenazantes, luego de las acusaciones-- da por descontado que las decisiones de los miembros de la Corte se producen porque “están sufriendo, en este momento, inicuas presiones por parte del Ejecutivo, de miembros del Legislativo y de los grupos de presión que recordábamos más arriba, esto es, de todos aquellos que pretenden convertir al justicia en su propia venganza y la paz en el regodeo de su triunfo”.

Quien lee en las versiones on line de los matutinos tradicionales las apelaciones de lectores anónimos (muy similares a las interferencias en el avión presidencial) de “Maten a la yegua”, “Montoneros y marxistas asesinos, vamos a volver” o “Aprovechen mientras puedan, que ya les llega la hora”, no debería dejar de relacionar estos hechos con pintadas de similar tono en calles de la Capital y algunas provincias, mucho más agresivos que las –vistas ahora-- tímidas consignas esgrimidas por algunos sectores durante el conflicto con la patronal rural, o las cadenas de mail cada vez que hay una oportunidad de hostigar al gobierno nacional, como de las que ayer ha puesto distancia la Iglesia, consciente que se intenta convertir el tradicional tedeum porteño en un acto antikirchnerista.

Estos sectores se están moviendo. No sabemos cuantos son, cómo y hasta que punto estan organizados, y sería bueno que los organismos de seguridad e inteligencia –y por su intermedio toda la ciudadanía-- tuvieran una noción clara de la situación: hasta donde llega el nivel de organización concreta, para la acción concreta de los cruzados de privilegio que sueñan con la revancha y reivindicar para reeditar matanzas gozosas, robo de niños y violaciones para extirpar cualquier resistencia a su modelo de hambre y exclusión para el pueblo argentino.

No nos cabe duda, que movieron los hilos tras los “suicidios” de testigos militares clave en los juicios contra la impunidad.,casos que no por casualiad se produjeron con detenidos en unidades militares.

No nos cabe duda, que tienen que ver con el asesinato de Silvina Suppo de Destéfanis, ex prisionera de la dictadura, y una las testigos claves de la Causa Brusa en la ciudad santafesina de Rafaela.

Y sobre todo, por su tremendo potencial simbólico, no dudamos que, en plena democracia, en medio de la mas importante ofensiva por el juicio y castigo desde los Juicios a las Juntas, son los responsables de chantajear a la sociedad con una “desaparición” impune. Sí un DESAPARECIDO, como ya lo había sido durante casi tres años en la época de la dictadura, pero ahora sin rastros desde el 18 de septiembre de 2006: Julio Jorge López, testigo decisivo en la condena del carnicero Miguel Etcehcolatz, mano derecha del “general” Ramón Camps.

Grave, muy grave. Y no caben la postergación ni demora de una investigación a fondo en relación con todos estos hechos, no solo en forma aislada, sino como eventual parte de un plan de acción concreto, y en marcha. Tampoco hay lugar para miradas distraídas en ningún sector del arco político democrático.