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domingo, 11 de agosto de 2013

De “Motín de los colchones” a “Masacre en el Pabellón 7°”

“Nadie es capaz de matarte en mi alma…”
Pabellón séptimo, de Carlos “Indio” Solari

“Mientras no haya justicia, el fuego seguirá quemando”


   Tremenda, impactante, la frase colocada este 14 de marzo cuando se cumplieron 35 años de este eslabón de una cadena de horrores,  en la que al menos 65 presos murieron asfixiados, calcinados o baleados en la cárcel de Devoto me pega, arde en mi piel, aun cuando un frío gélido me recibe al salir del Centro Cultural San Martin, hoy, 10 de agosto de 2013, hace pocas horas, luego de la presentación de Masacre en el Pabellón 7°, de Claudia Cesaroni.
   Ya son las primeras horas del 11, un día trascendente.
   Mi compañera y una de mis hijas duermen, pero a mí me desvela el pensar que mañana, con toda razón., todos estaremos pendientes del resultado electoral, pero al precio de siquiera tomar nota de esta herida, facilitando sin querer la tremenda dificultad de juzgar y condenar a los culpables, que lo son de delitos de lesa humanidad, pues no debe haber diferencia entre estos asesinatos y los cometidos durante la dictadura militar.
   Conozco el caso, he leído y releído “políticamente” el tema, pero me decido a escribir para exorcizar otro de tantos fantasmas que agitan mi vida, fantasmas por lo hecho y  por lo no realizado, por lo luchado y no concretado.
   Sin embargo, me digo, soy un privilegiado: sigo indignándome ante la injusticia, sigo rebelándome frente a ella y, sobre todo, no renunciaré a mis sueños de una nueva sociedad.
  ¿Qué cambió, o al menos que cambió en mí en apenas una hora de presentación del libro de Claudia, que aún no he leído pero con una primera mirada percibo como un relato vivo, documentado, con una prosa cuidada para otorgarle un ritmo vertiginoso, que ya me hace difícil abandonarlo?
  Sucede que otras cosas suceden cuando veo, escucho, saludo emocionado al sobreviviente de la masacre, Hugo Cardozo, quien relató a la brillante y aún más valiente abogada criminalista, que lo que el mito oficial terminó rubricando como un motín con quema de los colchones colocados por los presos contra la puerta, en realidad fueron encendidos con nafta arrojada desde la galería por la propia guardia. “Gracias por recordarnos, aunque duela”, le dice a Cesaroni.
“El libro es un trabajo colectivo” afirma desde el panel la joven Claudia (a quien tuve el orgullo de ver crecer como ser humano, escritora y abogada), en un homenaje a todos los que bregan día a día por esclarecer la verdad, mostrar la realidad de esas muertes, que como tantas otras son disimuladas, escondidas, enterradas por el siniestro aparato represivo, muchas veces con la criminal inocencia de una sociedad que pretende quitar a los prisioneros “comunes” el carácter de sujetos de derecho, y aún de seres humanos.
   Precisamente, en la presentación, es éste último aspecto es el que desarrolla Daniel Barberis, preso en aquel entonces en la misma cárcel, pero en otro pabellón. Lo hace desde la vivencia, sin ninguna pretensión teórica ni diseño académico, pero dueño de una claridad y contundencia oratoria que le envidiarían varios de quienes hoy van a “internas”, e impulsor de SASID (Servicio de Acción Solidaria Integral de Detenidos), bajo cuyo auspicio relató y reflexionó en el libro Los derechos humanos en el ‘otro país’ (1987), con prólogo de Eugenio Zaffaroni y trabajos de Luis Frontera, Elías Neuman y Alfredo Moffatt.
  El tercer panelista fue Nacho Garasino, director de El túnel de los huesos , quien hace pocos años describe una increíble, pero real fuga que se produjo en la cárcel de Devoto en 1991, dirigida por “la Garza” Sosa, durante la cual, en la excavación que los llevó a la libertad encuentran gran cantidad de huesos humanos. El guion, elaborado sobre una investigación del periodista Ricardo Ragendorfer, asegura en boca de Raúl Taibo, su protagonista, que los prófugos sellaron un pacto con los muertos: si lograban huir harían pública su existencia...
  Su existencia, pero no el esclarecimiento de la variedad de rumores que se entretejieron y confundieron: desde restos ocultos de la última dictadura a presos “comunes” que nunca fueron encontrados tras la represión sangrienta del motín.
  Pero es Cesaroni, en este libro, junto a sus colaboradores y denunciantes, quien cumple el pacto con los muertos, y con los vivos, juzga un sistema de justicia y penitenciario que aún produce hechos aberrantes, y nos exige llevar adelante una tarea ineludible: memoria, verdad y justicia.
   Hace pocos días, en la página CEPOC (Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos), del que es presidente, Claudia realiza el breve relato que reproduzco, y que seguro –al igual que yo—verán con otros ojos al empezar a conocer la historia. Para llegar al final, hay que leer el libro, y apoyar su lucha.

De Claudia:

   El 14 de marzo de 1978 murieron quemadas, asfixiadas y/o con balazos en la cabeza, más de 65 personas en el Pabellón 7 de la Unidad 2 de Devoto.
   Lo que se inició como una protesta frente a una feroz represión, y culminó con la muerte de personas desarmadas, desesperadas y humeantes se llamó “Motín de los colchones”. La causa judicial viajó entre la justicia federal y la ordinaria, y finalmente, el 30 de julio de 1979, el entonces Juez de Instrucción Jorge Valerga Aráoz decretó un “sobreseimiento provisorio” que la desidia, la falta de interés y el tiempo transformaron en definitivo.
   Las torturas y asesinatos cometidos a los presos comunes durante la dictadura, incluyendo la masacre del 14 de marzo de 1978, quedaron impunes. Ningún guardia penitenciario de los que mantuvieron las puertas cerradas mientras los presos gritaban desesperados; ninguno de los que disparó desde las torretas a los que se treparon a las ventanas buscando un poco de aire puro; ninguno de los que golpeó a los sobrevivientes mientras los llevaban a las celdas de castigo, cumplió ni un solo día de detención: los únicos imputados de esa masacre fueron los propios presos sobrevivientes, como suele pasar en la mayoría de los mal llamados “motines”.
   Elías Neuman, que era el abogado de uno de ellos, escribió en 1985 un libro valiente e imprescindible: “Crónica de muertes silenciadas”. En 1987, Daniel Barberis, que estaba preso en Devoto ese 14 de marzo, pero en otro pabellón, escribió también sobre aquel día, en un libro que se llamó “Los derechos humanos en el otro país”. Ambos relataron hechos que, en sustancia, son los mismos que sufrieron durante la dictadura miles de presos políticos y desaparecidos en cárceles y centros clandestinos de detención, y por los que se están realizando los juicios de lesa humanidad. La única diferencia, lo único que distingue a aquellos más de 65 muertos asfixiados, quemados y baleados, es que eran presos “comunes”. Estaban en ese pabellón por cometer pequeños delitos, mínimas incivilidades, o por violar la ley de estupefacientes. El Indio Solari escribió la canción “Pabellón Séptimo” en homenaje a un amigo muerto, y “Toxi Taxi”, en la que describe su enorme crimen: consumir drogas.
   Las presas políticas que estaban en un pabellón cercano al Séptimo vieron el humo, escucharon los gritos, olieron durante días y meses el espantoso aroma de la carne quemada. Temieron por su vida, pero esa vez no fueron por ellas. Esa vez, ese 14 de marzo de 1978, a tres meses del Mundial, los penitenciarios solo mataron presos comunes. Y por eso no se llamó a ese hecho delito de lesa humanidad, no se buscó a los responsables, no se los juzgó. Por eso no hay en el pabellón séptimo de Devoto, ni en la puerta de la cárcel, una placa que recuerde que en ese lugar se ejecutó el terrorismo de estado en una de sus máximas expresiones.
   Algunos pensamos que sí fue un delito de lesa humanidad, y que es necesario reabrir esa causa, buscar a los responsables, juzgarlos y condenarlos, y recordar a las víctimas. Creemos que hay que hacerlo para que se pueda revisar un aspecto del terrorismo de Estado que se ejecutó sobre toda una población -los llamados presos comunes-, que hasta el momento no ha sido analizado, y también porque hoy, en el presente, los sufrimientos y torturas que se ejecutan sobre las personas privadas de libertad tampoco parecen importar demasiado, salvo para las víctimas, sus familiares y algunas pocas organizaciones sociales y de derechos humanos. ¿Cómo se entiende sino, que no exista a nivel del poder ejecutivo nacional ni una sola dependencia que se ocupe del tema, ni un solo programa de prevención de la tortura, ni un teléfono que reciba las denuncias?

   Es necesario construir un puente entre las violaciones de derechos humanos del pasado y las del presente. Porque no es lo mismo, por supuesto, una dictadura feroz que una democracia imperfecta. Pero es preciso entender, de una vez, que el dolor de la carne lacerada es el mismo. 

viernes, 30 de julio de 2010

Diez Razones para no bajar la edad de punibilidad penal a los 14 años


Documento elaborado por la abogada y criminóloga Claudia Cesaroni, Abogada CEPOC (Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, autora del libro que ilutra este post) respecto de las razones para rechazar el proyecto de ley que propone la reforma.

1-PORQUE SERÍA REGRESIVO:

En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos rige el principio de no regresividad y de progresividad: está prohibido regresar a instancias anteriores de la cobertura de un derecho, y solo se puede avanzar en dicha cobertura. El Código Penal sancionado en 1921 establecía la edad de punibilidad en 14 años. Durante el gobierno peronista, en 1954, se estableció en 16 años, en el marco de una política dirigida a la protección de la infancia (Ley 14.394). La Dictadura, en una de sus primeras medidas (Decreto Ley 21.338), derogó parcialmente esa norma, y fijó la edad de punibilidad en 14 años, decisión que mantuvo en el Régimen Penal de la Minoridad, creado en 1980 (Decreto Ley 22.278) En mayo de 1983, meses antes de la recuperación de la democracia, la edad de punibilidad volvió a establecerse en los 16 años. Regresar a la edad establecida por la Dictadura no parece una medida dirigida a la mejor protección de nuestros niños y adolescentes.

2-PORQUE EL ÚNICO OBJETIVO ES EL CASTIGO:

El mandato constitucional establece que el sentido de la privación de la libertad no debe ser el castigo, sino la adecuada preparación para la vida en libertad. Sin embargo, la discusión de estos proyectos, luego de un hecho grave que involucró a un adolescente de 14 años, revela que el único objetivo es establecer políticas de castigo sobre esta población, violentando ese mandato, y confundiendo a las personas que creen que esta reforma le será aplicada a ese joven, lo que es falso.

3-PORQUE NO ES CIERTO QUE SEA EL ÚNICO MODO DE BRINDAR GARANTÍAS A LOS ADOLESCENTES DE 14 Y 15 AÑOS:

Decir que el único modo en que una persona acceda a las garantías constitucionales es introducirlo en el sistema penal es por lo menos una falacia. Las garantías las tenemos todas las personas de todas las edades, el problema es que muchas veces no se cumplen ni se respetan. Es responsabilidad de los jueces aplicar las leyes, y velar porque todas las garantías de todas y todos los ciudadanos, se cumplan conforme la ley.

4-PORQUE NO SE TRATA DE SANCIONAR MÁS LEYES, SINO DE CUMPLIR LAS QUE YA EXISTEN:

La Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Ley 26.061) tienen plena vigencia, así como todos los tratados internacionales de derechos humanos que establecen todos los derechos a los que son acreedores cada niño y cada niña que vive en nuestro país. Sin embargo, la mitad de ellos carece de condiciones básicas de existencia: no tienen cloacas ni agua potable, ni vivienda, ni educación y salud de calidad, ni viven en un ambiente sano, ni tienen acceso a oportunidades, actividades recreativas, vacaciones, futuro. Hay leyes que dicen que tienen derecho a todo esto, pero no hay jueces que las apliquen ni funcionarios que las ejecuten.

5-PORQUE LA CANTIDAD DE ADOLESCENTES DE 14 Y 15 AÑOS QUE COMETEN DELITOS GRAVES ES ÍNFIMA:

Diputados y diputadas, senadores y senadores deberían pensar si es justo sancionar una ley que, más allá de sus intenciones, será aplicada para el castigo, y que significará un retroceso en cuanto a las políticas dirigidas a la infancia, para atender, de modo punitivo, los hechos que cometen un puñado de adolescentes. Según una investigación de Unicef, la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y la Universidad Nacional de 3 de Febrero, sobre un total de 1800 adolescentes menores de 18 años privados de libertad por causas penales en el país, un 17 % son no punibles, es decir menores de 16 años: 300 adolescentes. Ahora bien, cuando se analizan los delitos que se les imputan a aquellos 1800 adolescentes privados de libertad, los datos indican que un 15 % está imputado de homicidio (incluyendo la tentativa de homicidio, es decir, los casos en que no se produjo el resultado muerte): 270 casos. Si aplicáramos la proporción entre punibles y no punibles, tendríamos que, de esos 270 casos, solo 46 (el 17 % de 270) corresponderían a adolescentes de entre 14 y 15 años. Pero esa cifra es más baja aún si tomamos la cifra del total de homicidios dolosos que se cometen al año en nuestro país: unos 2000. De esa cantidad, en unos 200 participan menores de 18 años. Y de esos doscientos, según declaraciones del director regional de Unicef para América Latina y el Caribe, Nils Kastberg, en solo 15 casos participan menores de 16 años.

Este análisis no supone quitar importancia a una sola muerte violenta producida por la intervención de un adolescente, pero entendemos que una decisión de política criminal de la gravedad de la que se intenta, debe analizar a qué población está destinada, con qué objetivos, y a qué costos, antes de tomarse.

6-PORQUE SI EL ESTADO NO ES CAPAZ DE CONTROLAR LAS INSTITUCIONES DE ENCIERRO QUE HOY TIENE, MUCHO MENOS PODRÁ CONTROLAR LAS QUE PIENSA CREAR:

Todos los días hay noticias acerca de muertes en lugares de encierro (76 por causas violentas y/o dudosas durante 2008, según los registros del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos) El viernes 24 de abril, la justicia ordenó cerrar un hogar de niños, niñas y adolescentes regenteado por la Fundación de Julio Grassi, luego de que un niño de ocho años intentara ahorcarse, hastiado de los abusos cometidos contra su persona, y de que se recopilaran otras tantas denuncias. La Argentina ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en noviembre de 2004, pero no implementa los mecanismos de visita a los lugares de detención para prevenir los abusos, los malos tratos y la tortura. Esa es otra norma vigente que no se cumple, casi cinco años después de ser sancionada.

7-PORQUE EL SISTEMA PENAL ES DISCRIMINATORIO, SELECTIVO, ESTIGMATIZANTE:

Es decir: no persigue a todos por igual, sino a los más pobres, los más vulnerables, los que menos "esfuerzo" tienen que hacer para caer en sus redes. Y cuando los captura, los separa del resto de la sociedad, los marca. Nadie que pase por una institución del sistema penal sale sin huellas, a veces en el cuerpo, casi siempre en su psiquis. Y las huellas son más profundas y dolorosas cuando se provocan en niños y adolescentes.

8-PORQUE LOS PIBES SON EL ESLABÓN MÁS DÉBIL DE LOS GRUPOS DELICTIVOS Y LAS EMPRESAS CRIMINALES:

Casi siempre que un adolescente está inmerso en una situación violenta, es porque alguien con más edad y con más poder, lo ha utilizado. Un niño de 14 años difícilmente robe un auto para cometer otros delitos. Lo más seguro y lo que indican todas las investigaciones es que recibe un arma y una paga miserable por conseguir ese auto que luego irá a un desarmadero, para que muchos de los que reclaman la baja en la edad de la punibilidad compren más baratos los respuestos para sus autos.

9-PORQUE LAS PENAS PREVISTAS NO SON INTOCABLES:

Se utiliza como un argumento a favor de la baja de edad de punibilidad, que se fijarán penas bajas (lo que no es cierto, al menos en el proyecto presentado por el Dr. Raúl Zaffaroni y la Dra. Lucila Larrandart, en el que se permiten penas de hasta siete años para la franja de 14 y 15 años, y de quince años para la franja de 16 y 17, lo que transformaría al régimen argentino en el más gravoso y represivo de Latinoamérica). Pero hasta estas penas draconianas pueden elevarse: basta que suceda algún hecho trágico, o lo suficientemente difundido por los medios, para que se dupliquen, o tripliquen, frente a un próximo clamor popular. Del mismo modo que sucedió con la presión del ex ingeniero Blumberg, en 2004, en que los máximos de pena aplicable a ciertos delitos subieron a los cincuenta años, obviamente sin ningún efecto en cuanto a la disminución de esos delitos.

10-PORQUE VAN A METER PRESOS A LAS PRINCIPALES VÍCTIMAS DEL NEOLIBERALISMO QUE ESTA SOCIEDAD VOTÓ Y ACEPTÓ DURANTE UNA DÉCADA:

Los adolescentes que hoy tienen 14 y 15 años nacieron entre 1994 y 1995, cuando millones de votantes reeligieron a Menem, y sus políticas, con la consecuencia de desintegración social, marginación de millones de personas, destrucción de la escuela pública, pauperización y desempleo de los padres de estos adolescentes.

Los adultos tenemos la obligación de hacernos cargo de nuestras decisiones, no solo de las que tomamos individualmente, sino de lo que avalamos, aceptamos o consentimos como sociedad. Y ser consecuentes con lo mejor de nuestra historia, con la decisión, que alguna vez tomamos, de que los únicos privilegiados sean los niños.
Aún éstos, los ajenos y demonizados.