Raúl Alfonsin, la UCR y el Neoliberalismo

    En la funesta década del 90, casi en soledad, Raúl Alfonsín enfrentó con firmeza y fundamento al neoliberalismo, cuando en el mundo campeaba la “revolución conservadora” de Thatcher y Reagan, cuyas semillas fueron sembradas en nuestra tierra por la dictadura, germinaron con el menemismo y florecieron con el macrismo.

    Me distinguió con su afecto, continuidad de la tumultuosa amistad que lo ligó a mi padre, y pese a la dura crítica que como político formulé durante su presidencia a las leyes de Punto Final y Obediencia Debida o al giro económico de la economía de guerra.

    Ya en el llano, y hasta su muerte, siguieron muchas horas de reflexión política en su departamento de la calle Santa Fe, que también fueron de constructivo intercambio entre su krausismo con impronta socialdemócrata y mi marxismo.

        Era un período difícil para el ex presidente, cercado por los agravios del menemismo, al que la prensa hegemónica sumó un implacable silenciamiento, salvo para ofenderlo o calumniarlo.

    A ese coro se unieron -por oportunismo o convicción- no pocos dirigentes de la UCR que crecieron a su sombra, los que entonces contribuyeron a un lacerante aislamiento, y hoy malversan su legado desde las filas de Juntos por el Cambio (JxC), principal expresión de una ideología y una práctica que condenó explícitamente.

    Seguramente en ellos pensaba el fundador de Renovación y Cambio cuando en 1996, desde el prólogo de su libro “Democracia y consenso”, se propuso “…enaltecer la lucha de la UCR a favor de los principios del Estado de Bienestar y propiciar en su seno una actitud firme y sistemática contra las postulaciones del neoconservadorismo, evitando cualquier forma de seducción que la saque de su cauce”.

    En marzo de 2015, cuando la Convención Nacional aprobó en Gualeguaychú su alianza con la derecha del PRO, se concretó la temida seducción del régimen conservador. La UCR no se rompió entónces, se dobló y apartó del cauce reivindicado por Alfonsín, de su proclamado compromiso con los desposeídos.

    De este modo, el centenario partido dio base territorial e institucional a un núcleo municipal, para coprotagonizar un gobierno que, como dijera el ex presidente acerca de las administraciones neoliberales, son “la contrafigura de la democracia basada en la solidaridad, la participación y la búsqueda de la igualdad. Parte(n) de una filosofía del cinismo que genera resignación; propone(n) una democracia elitista que desalienta la participación y la búsqueda de la igualdad, se apoya(n) en una concepción del Estado mínimo, que solo debe ocuparse de la seguridad; se asienta(n) sobre una idea económica que confunde la libertad individual con el mercado libre; reprueba el gasto social, por injusto, fútil y peligroso; impulsa(n) una educación socialmente discriminatoria que conspira contra la movilidad social y, finalmente acepta(n) la manipulación de la opinión pública, como única forma de viabilizar políticas regresivas”.

    En los meses que lleva en la oposición, esa cúpula partidaria se muestra lejos de rectificar y tomar distancia de las peores expresiones de este pensamiento. Por el contrario, se ha impregnado de sus raíces ideológicas para fundamentar el bloqueo de todas las iniciativas gubernamentales.

    ¿Que tienen que ver las vacilaciones de la dirigencia radical frente al golpe en Bolivia, o el irracional temor que siembran en relación a Cuba, con la política exterior de Alfonsín, con su rechazo del bloqueo a la isla y la defensa de la autodeterminación de los pueblos? Mucho menos se inspiran en su respuesta al un ex presidente estadounidense en 1985, cuando en los jardines de la Casa Blanca dejó de lado su discurso para rechazar las políticas de ajuste y cualquier injerencia militar en el continente, luego que Regan (con similar lenguaje al que ahora usan Trump o Cambiemos para referirse a Venezuela) exigió una postura intervencionista contra “la tiranía comunista impuesta en Nicaragua”.

    Para la cúpula de la UCR el intento de salvataje de la cerealera Vicentin, cuyos dueños expropiaron a miles de productores y al Estado con su estafa, fue una violación de la propiedad privada. Una medida “confiscatoria” dijeron, el mismo término que usara Guillermo Alchourron, un 13 de agosto de 1988 en la Sociedad Rural, para condenar la política agropecuaria del ex presidente, quien les recordó a los que lo abucheaban que “se han quedado en silencio cuando han venido acá a hablar en representación de la dictadura. Y son también los que se han equivocado y han aplaudido a quienes han venido a destruir la producción agraria argentina. No son los productores agropecuarios”.

    La UCR se une al hipócrita y desestabilizador festival reaccionario acerca de la corrupción. Muta de víctima en victimaria, para reiterar el escenario montado contra la gestión radical en el inicio de la recuperación democrática. Entonces, en abril de 1987, Alfonsín le cerró la boca de monseñor Medina, el vicario castrense que acusó a su gobierno “coimas” y “negociados, imputación que sería retomada por la prensa hegemónica y el propio Carlos Menem: con su habitual descaro lo consideró “el gobierno más corrupto de la historia”.

        Esta conducción se suma genuflexa al rechazo corporativo a la declaración de servicio público esencial del sistema de comunicaciones digital, al proyecto de aporte extraordinario de las grandes fortunas, a cualquier control de precios o regulación estatal. Se pliegan a la cantinela neoliberal en lugar de compartir las definiciones del líder radical, para quien “…el mercado requiere ser regulado para evitar deformaciones tales como monopolios y oligopolios y que además el Estado no puede abandonar su papel redistribuidor, ya que el mercado aumenta la brecha entre el rico y el pobre”.

    Corren solícitos en defensa de los multimillonarios negocios del grupo Clarín, al que el ex presidente frenó temporalmente en su avanzada hegemónica y de cuyo diario insignia advertía que “…se especializa en titular de manera definida, como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino”, o del que Cesar Jaroslavsky, añadiera que “ataca como partido político y, si uno le contesta, se defiende con la libertad de prensa”.

    La cúpula radical repite, con los monopolios mediáticos, que las regulaciones ponen en peligro la libertad a la que hacía referencia el ex jefe del bloque de diputados de la UCR, pero omiten que para Alfonsín eran necesarias para frenar la expansión de las posiciones dominantes en el sector: “…el correlato insustituible de la libertad de prensa es el igualmente importante derecho del pueblo a una correcta información y al acceso igualitario a todas las opiniones en los medios de comunicación. Dicho de otro modo, el fundamento de la libertad de prensa es doble: debe garantizar la libertad de expresión y resguardar el derecho a la información y el pluralismo”, prevenía.

    Poco tiene que ver la advertencia sobre “Una oposición que intentara la anulación del gobierno se alejaría de las reglas de juego del sistema democrático” con el bloqueo de JxC al debate en Diputados, incluida su impugnación judicial a una sesión parlamentaria, nunca tan brutalmente expresada como por el senador Luis Naidenoff, quien directamente promovió la intromisión de la Corte Suprema en caso sancionarse un proyecto del poder Ejecutivo.

    Sus parlamentarios traban el proyecto de reformas al fuero federal con argumentos que van desde una búsqueda de impunidad (que no logran ubicar concretamente en ningún artículo) hasta lo “inoportuno” de reformas parciales “en momentos de crisis como la que atravesamos”, pasando por lamentar “nuevos temas de discrepancias y de divisiones entre los argentinos”. Sugerente, los entrecomillados pertenecen a (algunos de) los cuestionamientos formulados al pluralista Consejo de Consolidación de la Democracia que Alfonsín impulsó en 1985, con un objetivo mucho más ambicioso, y en tiempos aún más difíciles: la reforma de la Constitución Nacional.

   ¿Con que autoridad hablan de la democracia, la república y la libertad, dibujando una imagen recortada y pasteurizada del ideario de Raúl Alfonsín?

    “Democracia -escribió el fallecido líder radical- es vigencia de la libertad y los derechos, pero también existencia de igualdad de oportunidades y distribución equitativa de la riqueza, los beneficios y las cargas sociales: tenemos libertad, pero nos falta la igualdad. Tenemos una democracia real, tangible, pero coja e incompleta y, por lo tanto, insatisfactoria: es una democracia que no ha cumplido aún con algunos de sus principios fundamentales, que no ha construido aun un piso sólido que albergue e incluya a los desamparados y excluidos”.

      Raúl Alfonsín jamás concibió la democracia, la república o la libertad en abstracto, sino que batalló con aciertos y errores por la República Democrática y la Democracia Social.

    Su convicción de que “Con la democracia se come, se cura, se educa” mantiene absoluta vigencia, a contramano de la prédica neoliberal, e incluso la de algunos que levantan de manera miope y excluyente las banderas de lo nacional y popular.

    Porque fueron y son tareas pendientes, porque todavía la República Argentina no es una República Democrática, porque no lo será mientras no coman, se curen y eduquen todos los argentinos.

¿Que decimos cuando decimos “nosotros”?

    Un breve post que publiqué el domingo 21/6 en Facebook provocó, además de numerosas respuestas al pie, un conjunto de mensajes privados que respondí por la misma vía en los casos que hallé fraternales disidencias totales o parciales.

    Porque creo que sirve para avanzar en el análisis político colectivo, quiero compartir tres puntualizaciones acerca del uso del “nosotros”, que varios compañeros emplean sin especificar el alcance que otorgan al pronombre, aunque siempre en oposición a un menos impreciso “ellos”.

    1) El "nosotros", en tanto refiere al necesariamente amplio frente electoral construido para derrotar al macrismo, no acompaña iniciativas como, solo a título de ejemplo, investigar el endeudamiento externo, gravar en forma regular a las grandes fortunas y patrimonios, reformar el sistema judicial y la legislación financiera, reducir la jornada laboral o contar con un sistema de medios propio. En su seno, en relación a estas propuestas, no faltan “ellos” notables.

    2) El "nosotros" en tanto núcleo dentro del FdT que sí promueve algunas, o incluso todas esas medidas, sin embargo, no comparte, como no lo compartió o no entendió entre 2003 y 2015, la necesidad de promover núcleos de poder popular en el territorio, fábricas y casas de estudio para movilizar organizadamente desde ahí en defensa de lo que se logra y de lo que se reclama.

    3) El "nosotros" de los que, a la vez, promovemos esas medidas y creemos que los procesos progresivos se definen con protagonismo popular, construyendo poder desde abajo, no somos convocados ni integramos las estructuras gubernamentales, como tampoco (salvo alguna aislada excepción) las integramos en el pasado. 

    Lo que por comodidad de lenguaje se denomina el kirchnerismo aún no ha encarado siquiera, y menos saldado, el debate acerca de por qué se perdió el gobierno en 2015.

    Creo, entonces, que es necesario precisar a qué nos referimos en cada ocasión que se dice “nosotros”.

    Si se trata de la tercera acepción, hemos dejado constancia que (con desacuerdos y aún si ser escuchados en fundadas advertencias) hemos apoyado sin vacilar el rumbo general desde que Néstor Kirchner asumió la presidencia, para después denunciar el peligro de restauración conservadora a pesar de la risita sobradora de algunos compañeros. 

    Intentamos impedir el subestimado avance del neoliberalismo macrista, no dudamos en enfrentarlo desde el inicio de su perniciosa gestión, ni en militar el triunfo del FdT, la amplísima alianza electoral que fue necesaria para derrotarlo.

    Al mismo tiempo, desde este “nosotros” somos comprensivos y responsables, pero no tibios ni obsecuentes, como sí lo fueron tantos que en el pasado entraron, salieron y ahora volvieron a entrar en puestos destacados de los últimos gobiernos de raíz popular: en las definiciones y en la acción tratamos de señalar las diferencias, alertamos acerca de lo que se hace mal, se encara tímidamente o directamente no se intenta, en el camino de imponer el bienestar general por sobre la resistencia tan activa como desestabilizadora del privilegio minoritario pero poderoso, así como la de sus carapintadas mediáticos.

    Los acuerdos superestructurales, las buenas decisiones y su correcta fundamentación inciden en la lucha política, pero no la definen, pues se trata siempre de una pulseada de intereses, donde “ellos” tienen el mayor poder. Lo que suma para definir a favor es la relación de fuerza alcanzada por el campo popular, y en ella los interese intereses de las grandes mayorías solo prevalecen cuando se asientan en la conciencia de los objetivos y la organización colectiva para lograrlos.

15 días de Gobierno: Amanece, que no es poco

     En el marco de una necesaria, aunque, por ahora, muy desigual batalla cultural, ofrezco algunas reflexiones acerca de los primeros pasos del gobierno de Alberto Fernández. En particular, analizaré las primeras medidas del gobierno para responder la pregunta crucial de quién paga la crisis, quiénes son los “ganadores” y los “perdedores” de estas medidas.

          Desde sectores opuestos, hay dos enfoques para la respuesta a este interrogante que no dudo en que deberían descartarse.

     Un extremo es el de los medios hegemónicos, que apoyan las descarnadas recetas neoliberales del macrismo y sectores de ideologías afines, pero que critican las medidas del gobierno “por izquierda”, con una fingida sensibilidad ante el drama social. Estos sectores –que vienen protegiendo las superganancias de los grandes exportadores de granos y callando sobre la necesidad de gravar las que se llevan los bancos o las empresas energéticas, mineras y petroleras– “descubren”, de la noche a la mañana, que el pueblo sufre con los ajustes y que destinar fondos al pago de la deuda externa resta recursos a la salud, la vivienda, la educación, la lucha contra la pobreza.

     El otro enfoque que debe descartarse es el del trotskismo, que simplifica esquemáticamente datos ciertos, con propuestas para la acción incapaces de orientar con éxito la acción concreta, en este momento histórico y con la identidad y convicciones que los trabajadores, y la población en general, tienen en la Argentina de hoy.

     Una primera respuesta al interrogante de quienes ganan y quienes pierden con las medidas gubernamentales se basa en dos ejes:

Uno, el rumbo general de las medidas del gobierno responde a las promesas electorales de socorrer a los millones de argentinos que el macrismo ha sumado a la pobreza, muchos de ellos directamente condenados al hambre y la más completa desprotección estatal.

     Otro, la falta de recursos se está cubriendo sólo parcialmente con el aporte de los que más tienen, los que se beneficiaron de la brutal transferencia de recursos que les fueron arrebatados a los trabajadores y sectores más vulnerables en los últimos cuatro años, pese a que –lejos de perder– lograron importantes ganancias entre 2003 y 2015.

¿Por qué decimos que el rumbo general responde a las promesas electorales?

     Es así, en la medida en la que suponen una presencia sólida del Estado en la asistencia de los sectores más golpeados por la crisis, además de que favorecen la recuperación del consumo y una eventual reactivación productiva. Entre otras que apuntan a ese objetivo pueden citarse:

• Plan contra el hambre
• En relación con los jubilados, se aplicó el aumento correspondiente a diciembre, la devolución de parte del IVA en compra de alimentos y una compensación de $ 10.000 en dos pagos para los que cobran la mínima, que será de $2.000 en el caso de la AUH.
• Es falso que se congelan los haberes. El beneficio, que alcanza al 70% del total, no llega a devolver la dignidad, ya que, sólo para recuperar los ya insuficientes niveles de 2015, debería ser del 100%. Sin embargo, es un paso para reacomodar toda la escala, la que recibirá incrementos trimestrales -eran semestrales- hasta la aprobación de una nueva fórmula de movilidad.
• Se postergaron hasta abril las cuotas del primer trimestre de los créditos Argenta y se redujeron 12 puntos porcentuales sus tasas de interés. Esta medida supone un importante alivio para los casi cuatro millones de “damnificados" por estos préstamos usurarios que el anterior gobierno, todos jubilados, pensionados y beneficiarios de ayudas sociales.
• Habrá aumento salarial a privados y estatales, a cuenta de paritarias, para las que se fijará un monto o porcentaje mínimo, por debajo del cual no podrá acordar ningún gremio, y todos podrán convenirlo por encima sí. Es otra mentira impuesta que se suspenden las paritarias.
• Ya se congelaron las tarifas de electricidad y gas, un punto clave en la desdolarización de la economía. Tampoco se aplicarán los aumentos otorgados por Macri para enero, una bomba de tiempo a estallar en 2020.
• Se recupera la gratuidad de los medicamentos para 2 millones de jubilados, hay una reducción mínima del total, y se controlarán los aumentos de los que consume toda la población.
• Un porcentaje fijo de los fondos de algunos de los nuevos impuestos sancionados irá directamente para financiar el PAMI.
• Aquellos empresarios que pretendan despedir sin causa a trabajadores incorporados antes del 23 de diciembre deberán pagar doble indemnización.
• Se reglamentarán beneficios para las Pymes -principal fuente de empleo y de abastecimiento del mercado interno- más de 20.000 de las cuales ya desparecieron, y otras 700.000 se encuentran en situación crítica: moratoria de sus deudas con el Estado, condonación de multas, intereses y extinción de la acción penal.

¿Por qué entendemos que la falta de recursos se está cubriendo sólo parcialmente con el aporte de los que más tienen?

     Para responder, se impone analizar otras decisiones del gobierno y, también, la falta de otras que considero que serían necesarias para superar la difícil coyuntura socio-económica en la que nos encontramos.

    No dudo en valorar el incremento de la alícuota de Bienes Personales, particularmente en el exterior, en donde se han fugado una parte significativa de las fortunas amasadas en el país, y blanqueadas por Cambiemos.

     Es evidente la justeza del congelamiento de las tarifas de servicios públicos por 180 días, lapso en el que se definirá un criterio razonable para su actualización. El compromiso es poner fin a la dolarización que permitió fabulosas ganancias para las empresas, y el empobrecimiento de los usuarios, sin inversiones que permitieran mejorar las prestaciones.

     Sin embargo, cuesta entender la inexistencia de medidas para que los bancos tributen por las ganancias que obtuvieron (y siguen obteniendo) a través de la “timba” con los bonos y letras del Estado, gracias a las políticas de la gestión macrista. Estas les permitieron tomar dinero del Estado (dinero proveniente de los impuestos y los aportes de todos los argentinos) con tasas de interés astronómicas, pero sin riesgo alguno. Todavía esperamos por una Ley de Entidades Financieras que finalmente reemplace a la de la dictadura”.

     La cacareada angustia cerealera encubre que, gracias a la devaluación y la baja de derechos de exportación, durante la era Macri, el sector agropecuario aumentó sus ingresos en un 607%. Si descontamos la inflación de este porcentaje, advertimos que las ganancias de estos sectores se duplicaron en los últimos cuatro años, especialmente, en el caso de los grandes exportadores, que deberían aportar más y mejor.

     Cabe preguntarse si es el apremio de lograr inversiones que aporten divisas al país fundamenta la reducción de las retenciones a las petroleras o no modificar las de las mineras. La angustiante búsqueda de dólares no puede servir como excusa para lo injustificable: darle vía libre al glifosato y a las fumigaciones, tener un Secretario de Minería vinculado a la Barrick Gold o un acuerdo de Cambiemos con el justicialismo de Mendoza que permitirá la contaminación de la megaminería.

¿De qué solidaridad hablamos cuando hablamos de solidaridad?

     El hecho de que no se esté gravando a estos nudos del privilegio y la depredación es doblemente preocupante si se tiene en cuenta el concepto de solidaridad que ofrecen algunos funcionarios.

    Al igual que durante la gestión del Frente para la Victoria, se argumenta que debe haber solidaridad entre los propios trabajadores, en lugar de fomentar esa solidaridad entre los sectores más privilegiados por el uso y el abuso de su propiedad del capital y aquellos que solo tienen para ofrecer su fuerza de trabajo.

     En aquel entonces, se respondió con ese deformado concepto de solidaridad a los reclamos gremiales por el porcentaje del salario confiscado a los trabajadores en concepto de impuesto a ganancias inexistentes.

Incluso cuando no están afectados en lo particular, los trabajadores pueden ser solidarios en la defensa de los derechos, como cuando paran para apoyar y dar fuerza al reclamo de otros sectores, o mediante su aporte voluntario a los sistemas gremiales de salud.

Sin embargo, no debería exigírseles, como “solidaridad”, resignar su salario por una indebida imposición estatal. Esta es una trampa conceptual, o de clase, que suplanta el análisis, y las medidas, de fondo que son necesarias. En otras palabras, en lugar de pedirles demagógicamente a los trabajadores que más ganan –desde un camionero hasta un funcionario público- que disminuyan sus salarios y jubilaciones, el salario del resto de los trabajadores debería elevarse proporcionalmente. El objetivo no puede ser, como reclaman algunos, que un legislador gane como un docente, sino de que sea el docente el que -en escala- gane como el legislador.

La fuente de recaudación para esta elevación proporcional de todos los salarios debería ser obtenida con gravámenes a estos otros sectores que venimos mencionando (mineras, petroleras, bancos y otros sectores de mayor capacidad contributiva) que no están tocados por las medidas anunciadas.

     Si los recursos para salir de la crisis no salen de los sectores que, realmente, han ganado más, sino de aquellos, entre los trabajadores, que tienen un poco más –si, por ejemplo, se posterga la recuperación de las jubilaciones medias mientras no se grava a los grandes grupos económicos–, las mejores intenciones dejan el camino libre para que prenda la indignación.

     Fuera de un encuadre de verdadera solidaridad –de los que más han ganado y tienen recursos de capital hacia los que más ha golpeado la crisis y solo tienen su trabajo–, cualquier convocatoria a un “sacrificio” es abstracta e injusta. Favorece a los ya favorecidos y no termina de contribuir al progreso de toda la porción de la sociedad que lo necesita.

Otros cuestionamientos neoliberales

     En el debate legislativo de la “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública”, vuelve a plantearse un cuestionamiento (seudo) “republicano”, ante una delegación de poderes, expresamente permitida por el Art. 76 de nuestra Constitución, pero que la oposición que se autotitula constitucionalista llegó a calificar de “cesarista”.

     Es la misma oposición que “constitucionalistamente” avaló a Macri cuando se apropió de la facultad legislativa y modificó inconstitucionalmente leyes por medio de un decreto, o la que calló ante su intento frustrado para designar, también por decreto, dos jueces de la Corte Suprema.

     Lo que sucede ahora es completamente diferente, ya que el Ejecutivo le pide al Parlamento que le delegue atribuciones, en los términos fijados por la Constitución y al solo efecto de enfrentar la emergencia. En concreto, le solicita atribuciones para negociar una mejora en los condicionamientos impuestos por la deuda externa que contrajo Cambiemos. Sí, la misma con la que ese gobierno nos hipotecó sin consultar a diputados o senadores y en abierta violación de la Constitución Nacional.

     Ante el pedido de facultades para mejorar la hipoteca externa que nos dejan, la respuesta del PRO, sus radicales aliados, y la gran prensa endeudadora, es “denunciar” que los 88 artículos de la ley y los anuncios redistributivos, constituyen “señales” para el FMI, el cumplimiento de un plan presuntamente ya pactado.

     Si cabe alguna discusión seria acerca de la deuda externa es, en todo caso, acerca de si es cierto que no hay otra salida que desangrarnos para pagar esa hipoteca usuraria, en gran parte, ilegal, que esteriliza cualquier esfuerzo de reconstrucción. Pero de eso no se habló desde los bloques mayoritarios en el Congreso, ni motiva reflexión alguna en los diarios.

     En 2018, el Ejecutivo, con silencio del oficialismo parlamentario y de la propia Justicia, produjo la mayor delegación de poderes que recuerde la historia, y a manos de un poder extraterritorial: cedieron la soberanía argentina y dejaron en manos del FMI el dictado de nuestra política económica y social.

     Ellos, precisamente ellos, ahora lloran por la Republica, cuando avasallaron la Justicia y vulneraron derechos al echar, en forma arbitraria, a trabajadores estatales, legislativos y periodistas sin hablar de la violación del 14 bis de la CN.

     Otro “fuerte” cuestionamiento opositor lo despertó el sinceramiento de la Emergencia (Art. 1 de la ley) en distintas áreas, cuestionamiento que encubre el intento de disimular la situación catastrófica en que dejaron el país.

     Estos cuestionamientos también eluden el fondo de la cuestión: la ley se diferencia de la gestión anterior por dos puntos centrales: desdolarizar la economía y reemplazar el ajuste por la Emergencia con el fin de adoptar medidas y reasignar partidas para encarar circunstancias extremas, en algunos casos, y dramáticas en otros.

    Las cifras oficiales acerca de la situación del país ponen en evidencia emergencias extremas y otras emergencias que pueden considerarse dramáticas. En el primer grupo tenemos a la emergencia económica, a la financiera, a la tarifaria y a la previsional. En el segundo la sanitaria, social, la educativa y la habitacional.

Conclusión

     Este primer balance no es inocente ni neutral. Amanece, que no es poco, aunque hay nubes y tormentas sobre nosotros.

     La fuerte presión para incidir sobre el rumbo del gobierno va desde reclamos para alinear nuestra política exterior con la de EE. UU a críticas con la mágica reaparición de la palabra “ajuste”, por parte de medios que la ocultaron cuatro años bajo la piadosa denominación de “austeridad” mientras cuestionaban el “gradualismo” del saqueo. Las presiones también incluyen notas de opinión con el tono de virginidad vulnerada de supuestos defensores de la Constitución (que la ignoran en su artículo 14 bis) y promotores de la Republica (que solo la entienden en su formalidad y, aun así, la vulneran).

     El tiempo que se viene es un tiempo de disputa por la conciencia popular, en el que la feroz ofensiva del privilegio debe ser enfrentada sin disimular cuestionamientos a cualquier decisión que afecte el rumbo de recuperación emprendido, a todo aquello que debilite o divida el campo nacional y popular.

      No dudo que arrancamos muy detrás de donde quedamos en 2015: entonces se trataba de avanzar, mientras que, ahora, de recuperar lo arrebatado para retomar el camino.

     Confío en dos conceptos/brújula para guiarnos en estos tiempos difíciles.

     Uno de ellos es determinar sobre quien se busca cargar el peso principal de la crisis, que hasta ahora pagaron los trabajadores. El otro –que fue fatalmente subestimado entre 203/2015, e insuficientemente impulsado en la resistencia frente al neoliberalismo– es promover la más amplia militancia con pensamiento crítico como base de la construcción de núcleos de poder popular desde todos los sectores sociales, las barriadas, los lugares de trabajo y estudio. Esta es la clave para enfrentar la reacción de los grupos de poder concentrados en la epopeya de reconstruir la Patria.

Alberto Nadra

La "biblia" del neoliberalismo

"No luchan contra la injusticia social, sino contra el hecho de que algunos hombres nacen con mejores cerebros y hacen mejor uso de ellos que otros. La nueva teoría de la justicia exige que los hombres contrarresten la «injusticia» de la naturaleza mediante la institucionalización de la más obscenamente impensable injusticia: de privar a aquellos favorecidos por la naturaleza (esto es, las personas con talento, inteligentes, creativas) del derecho al fruto de su trabajo (esto es, el derecho a la vida)- y conceder a los incompetentes, los estúpidos, los vagos el derecho al disfrute de bienes que no podrían producir, no podrían imaginar y ni siquiera sabrían qué hacer con ellos"

Cita textual de Ayn Rand, parte de su embestida contra John Rawls y su Teoría de la Justicia.

El ideario de Rand es la biblia laica del neoliberalismo ultra, el mismo que considera a los derechos positivos - por ejemplo, los consagrados en el 14 bis de la CN - como una forma de "esclavizar" a los que más tienen - los talentosos - para proteger a los -vagos e incompetentes - más desposeídos.

Esto es oficial.

Pero no está en la agenda de debate, restringida a tácticas, particularidades, chicanas y distracciones.

Desafíos de la izquierda en el siglo XXI

El miedo a la victoria es el miedo a enfrentar la realidad como ella
 es y no como nos gustaría que fuera o como un día fue.

En estos tiempos donde se la dice izquierda tanto a la seudoizquierda de partidos profundamente perjudiciales para los intereses de los trabajadores, como  el PO, o internacionalmente a la socialdemocracia, ahora descarnadamente neoliberal,  que viene traicionando al ideal socialista desde la época de Marx y Lénin, es útil incorporar a estos aportes de Emir Sader, útiles aunque lejos de cerrar una reflexión, y un replanteo teórico que  apenas comienza.

A lo largo de muchos años, la izquierda –en sus múltiples variantes– resistió a la avalancha aparentemente imparable del neoliberalismo. Defendió los derechos de las personas, denunció su expropiación por los gobiernos y movilizó a los afectados. Cumplió, a fin de cuentas, con el rol histórico de la resistencia popular como función clásica de la izquierda.Hasta que los fracasos del modelo económico neoliberal situó a la izquierda ante el dilema de atreverse a ganar o tener miedo a hacerlo. El rol de la izquierda testimonial es más cómodo: garante de los argumentos y de la coherencia, se duerme en los laureles. Se pierde, pero se mantiene en las posiciones históricas de la izquierda. Otra vez será. O nunca.

El miedo a la victoria es el miedo a enfrentar la realidad como ella es y no como nos gustaría que fuera o como un día fue. Es encarar las herencias dejadas por los gobiernos tradicionales —especialmente las más crueles, las de los gobiernos neoliberales—. Es no poder entregarse a la construcción inmediata de los sueños, sino rescatar a los sectores más olvidados, recomponer estructuras de gobiernos desechas y negociar acuerdos que permitan ser mayoría parlamentaria. En resumen, tener el coraje de agarrar la realidad por los pelos, manipularla para que derive en una sociedad menos injusta, más solidaria, democrática y pluralista.

Partir de esa herencia maldita y transformar los ejes que la articulan y que dieron lugar a la precarización de las relaciones de trabajo, el consumismo, el egoísmo, la lógica de los centros comerciales, la violencia, el narcotráfico y la intolerancia.

Los gobiernos posneoliberales en América Latina han tenido ese coraje de priorizar la atención a los olvidados socialmente, opción más que justa en el continente más desigual del mundo, en el continente que tuvo más gobiernos posneoliberales y los más radicales. Opción que probablemente tenga que ser hecha por todos los gobiernos que triunfen después de la devastación de derechos llevada a cabo por el neoliberalismo.

En Europa, continente que ha tenido el más generoso Estado de bienestar social y que sufre su final en manos de los gobiernos de la austeridad, las fuerzas —como ha sucedido en Grecia— que triunfen electoralmente, van a tener, además, que enfrentarse a toda la correlación europea de fuerzas, centradas en las políticas de ajuste, dispuestas a impedir cualquier alternativa. Van a tener que generar la correlación de fuerzas que cree sus espacios de maniobra para poder adquirir soberanía sobre sus destinos.

Se trata, como se ha hecho en América Latina, de establecer alianzas para producir mayorías institucionales que hagan posibles políticas sociales y no de ajuste fiscal; políticas que prioricen los tratados de integración regional frente a los de libre comercio con los EEUU y que antepongan el rescate del Estado frente a la centralidad del mercado; políticas que sean capaces de quebrar la hegemonía del capital especulativo, que democraticen los medios de comunicación y que pongan en marcha reformas tributarias socialmente justas.

Hay que tener el coraje de correr los riesgos de hacer la travesía entre la herencia neoliberal y los gobiernos antineoliberales. Esos son los desafíos de las izquierdas del siglo XXI. Ganar para transformar democraticamente a nuestras sociedades.

*Emir Sader. Nació en San Pablo en 1943. Estudió filosofía en la Universidad de San Pablo, donde es profesor en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas. Es además periodista y sociólogo, secretario general del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y coordinador general del Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad Estadual de Río de Janeiro

De Enemigos y Adversarios

No pocas veces los actores políticos consolidan sus respectivos alineamientos por la posición de sus enemigos. Cada vez que José Alfredo Martínez de Hoz viajaba al exterior a tirar la manga, los portavoces del poder mundial elogiaban su lucidez y el programa político que llevaba adelante. Cuando regresaba, el coro de alcahuetes repicaba esos comentarios inspirados en los centros financieros internacionales. Pero los sectores populares desconfiaban de las zalamerías y sentían que sus bolsillos eran más flacos. 

El modelo de sustitución de importaciones reinstaurado por el kirchnerismo después de casi tres décadas de neoliberalismo atraviesa un momento crítico en el que se juega las mejoras logradas para los trabajadores. La crónica debilidad del sector externo, agudizada paradójicamente por el desarrollo industrial, permitió una corrida cambiaria que se llevó parte del ingreso ganado por los asalariados. Finalmente, en la semana que termina, el equipo económico, acusado intencionalmente de inexperto y de portar ignorancia técnica, logró parar la pelota: el dólar baja y las reservas tuvieron una leve recuperación.

Pero si el país no tuviera la solvencia macroeconómica lograda en diez años, los argentinos hubieran asistido, probablemente, a otra patética interrupción de un mandato presidencial.

Sin embargo, la influyente revista conservadora británica The Economist aprovechó la crisis producida por la falta de divisas para cargarle una vez más la decadencia nacional al odiado populismo, en una plañidera nota de tapa que recuerda los años dorados en los que la Argentina era el granero del mundo, tenía un PBI per cápita similar o superior a algunas naciones europeas, mientras en los conventillos se hacinaban inmigrantes y piojos. No se acordó en cambio el redactor de aquella Argentina de los '50, mucho más justa que la de principios del siglo XX, cuando la industria nacional producía hasta un avión a reacción.

La nota traspira el odio de los sectores conservadores contra un gobierno que nacionalizó el petróleo, estableció un control de capitales, limita las ganancias de los terratenientes y resiste las recetas del saber mundial, esas que, precisamente, llevaron a la Argentina a la decadencia.

The Economist dice que "Cristina Fernández no es más que la última sucesión de populistas económicamente analfabetos, que se remonta a Juan y Eva Perón". Por supuesto que ninguna de las tres personas mencionadas tiene felizmente la erudición económica de sabihondos como Martínez de Hoz, Domingo Cavallo o la recua de pitonisas ortodoxas que vienen sosteniendo que "se cae todo" desde hace diez años. No quisieron cortar la torta en favor de los sectores más concentrados, sino que prefirieron favorecer a las mayorías populares.

¿Era necesario haber estudiado en Harvard o pertenecer a la Escuela de Chicago para saber que si se remataban las empresas del Estado y se sustituía producción local por importaciones, miles de fábricas cerrarían sus persianas? ¿No sabían que la desindustrialización produciría un brutal desempleo, una enorme exclusión social y un estímulo a la delincuencia? ¿No fue el genocidio una condición sine qua non para aplicar el neoliberalismo? ¿Quiénes son entonces los eruditos y quiénes los ignorantes?

La Argentina fue el mejor alumno del saber mundial inspirado en el Consenso de Washington, en la receta despiadada que cree que las decisiones políticas perjudican el normal funcionamiento del mercado. Como si el desarrollo de la industria inglesa, a partir de la Revolución Industrial, no hubiese sido apoyado por decisiones políticas y hasta por la armada imperial para ganar mercados internacionales. La revista le achaca alegremente al populismo una decadencia que se produjo con el neoliberalismo, la dictadura y el menemismo. Desconoce que el kirchnerismo vino precisamente a pagar los platos rotos, la desocupación, la pobreza, la deuda externa y el saqueo a los ahorristas.

Pero una crítica tan conservadora le debe sonar a Cristina Fernández como un elogio, antes que como una condena. La presidenta debe pensar que algo debe estar haciendo bien para que semejantes reaccionarios la critiquen junto a Perón y a Evita.

Días antes de publicada la revista británica, Cristina recibió con agrado la opinión sincera de un economista adversario, que fue funcionario radical y tiene muchas diferencias con el gobierno, pero no parece tener dudas en defender intereses nacionales y a un gobierno democrático al que pretenden voltear, como le ocurrió a su correligionario Raúl Alfonsín. Miguel Bein consideró que el gobierno logró tener "la situación bajo control" luego de un intento de los mercados que "venían muy envalentonados de que iban a hacer volar a los mercados por los aires".

Los sabios del poder mundial, como el senador republicano ultraconservador de los Estados Unidos, Marco Rubio, creen que la Argentina se desbarranca en cambio hacia "una crisis financiera y un creciente autoritarismo". En coincidencia con The Economist, la derecha norteamericana culpa de autoritarismo a un gobierno democrático elegido con abrumadora mayoría y exculpa a las dictaduras de la crisis, especialmente a la última, que fue antidiluviana en lo político y neoliberal en lo económico.

Tras haber conjurado la corrida cambiaria, la batalla se libra hoy en las góndolas. Como siempre, las crisis ofrecen oportunidades. El gobierno está haciendo gestos fuertes para sostener el programa de Precios Cuidados y se apresta a impulsar un proyecto de ley en el Congreso para que las multas por las trapisondas sean pagadas inmediatamente por los supermercados. La presidenta llama por teléfono a los ciudadanos que denuncian violaciones en el programa para apoyarlos. El gobierno sabe que la clave del triunfo está en que los ciudadanos participen en defensa de sus bolsillos. Tal vez se vea más claro ahora que en la batalla contra la inflación que el gobierno está del lado de los intereses populares, que es víctima y no victimario.

Los ciudadanos de ingresos fijos que se nieguen a apoyar al gobierno en esta pulseada por diferencias políticas podrían obtener una victoria pírrica, que pagarían con menor poder adquisitivo y calidad de vida. Para denunciar la falta de un producto de precio limitado o la remarcación indebida, no hace falta ser kirchnerista. Una cosa es ser adversario político y otra muy distinta enemigo de los intereses nacionales, como Rubio o The Economist.

Si la ciudadanía se involucra y la militancia apela a la creatividad para frenar la especulación, se puede frenar el embate. Sin llegar a acciones punitivas severas, como los cierres de comercios en los '50 por “agio y especulación”, el gobierno puede organizar puestos en las esquinas de los supermercados, para ofrecer los mismos productos a precios inferiores. El Mercado Central anunció que sacaría sus ofertas a las calles. Los consumidores lo esperan para no tener que arrodillarse frente al chantaje de las poderosas cadenas de ventas de comestibles.

Rubio, The Economist y la claque de enemigos del interés nacional se rasgan las vestiduras cuando el estado interviene para moderar los excesos. Pero callan cuando la "mano invisible del mercado" azota los bolsillos populares y corroe sus eternas esperanzas. Sin embargo, sólo la política puede equilibrar una lucha eternamente desigual (Alberto Dearriba)

Como antes, como siempre

   El neoliberalismo ya no le reza al dios mercado. Su ideología básica (los operadores privados pueden hacer cualquier cosa mejor que el estado) ha chocado contra la dura realidad de la crisis económica mundial, que se inició en 2008 y nadie sabe cuándo ni cómo terminará.

   El propio FMI, la escuela económica de Chicago y varios premios Nóbel de Economía han coincidido en que los planes de ajuste que se aplican en Europa (sobre todo) y en EEUU empeoran las cosas y dificultan una salida aceptable de la crisis. No lo han dicho con estas palabras sino con su lenguaje habitual (melindroso, burocrático, escondedor), pero lo han dicho.

    Esta historia empezó a escribirse a principios de la década del 80, cuando la dupla Reagan-Thatcher sentó las bases para que la renta financiera se enseñoreara y desplazara a la ganancia industrial y a las actividades productivas en general. Lo hicieron mediante la denominada desregulación, es decir, apartando al estado  de la economía y dándole piedra libre al mercado, particularmente a las entidades financieras. También incluyeron la privatización de empresas públicas y el cercenamiento de derechos de los trabajadores.

   Cuando la crisis llegó a Europa en 2009 los sectores dominantes reaccionaron como siempre, es decir, trataron de que la gran factura fuera pagada por el común de la gente y no por quienes la gestaron. Apostaron a eliminar el estado de bienestar, habida cuenta de que el comunismo (cuya amenaza justificó durante 50 años aquel oneroso gasto) había muerto hace 20 años, y a reducir a la mitad el salario real del trabajador europeo,  ya que no pueden competir con los que se pagan en el Asia Pacífico y en los países emergentes.

   La poda funcionó, pero los frutos del árbol de la ajuste fueron amargos: desocupación generalizada, recesión, desinversión, suicidios por desalojos, jóvenes sin futuro, nuevos emigrantes, etcétera. Esta receta no sólo no sacará a Europa de la crisis sino que seguirá hundiéndola, aunque una parte del objetivo se habrá cumplido: la pagarán los que menos tienen. Como antes, como siempre. Norberto Colominas

Alfonsín 1996: alto voltaje en el debate con el neoconservadorismo

Desgrabación -con pocas correcciones de puntuación y subtitulados- de mi intervención en la presentación de Democracia y Consenso, en la reciente Feria del Libro, en una mesa integrada por Aldo Neri, Fabián Bosoer y el autor.

            No es fácil reflexionar acerca de un libro tan abarcativo y meduloso como el que generosamente nos ha invitado a comentar y debatir el Dr. Alfonsín, ensayo que la prensa comenta con superficialidad, omitiendo sugestivamente su eje central: el mayor voltaje político producido hasta ahora por un político argentino en el debate con el neoconservadorismo y el capitalismo salvaje.

            El ensayo abandona el facilismo de la imagen, la videopolítica y las frases marketineras, para encarar un tema clave para el futuro de los argentinos.

¿Por qué?

Pues no estamos, como algunos creen o simplifican, ante una versión trasnochada del reaganismo o el thatcherismo, sino ante una verdadera Revolución Conservadora, un salto político ideológico encabezado por preparados teóricos y cientìstas políticos con el objetivo de elevar la tasa de ganancia del capital a costa de ahondar la brecha entre ricos y pobres, entre países y continentes, lo cual pone en riesgo la legalidad y aún la estabilidad democrática en algunas naciones.

En lo económico se va imponiendo un verdadero fascismo de mercado, según la terminología de alguien insospechado de marxista, el ex profesor del ministro Cavallo, Paul Samuelson, alarmado por las cifras de pauperización de América Latina.

También se expresa en otros aspectos, que no cabe analizar ahora, como el eficientismo, el individualismo y el “sálvese quien pueda” en lo ideológico, o la seudocientífica tesis racista desarrollada desde EE.UU. en el libro La Curva de la Campana, según la cual los hispanos y negros seríamos irremediablemente inferiores. En definitiva, se busca imponer a nivel mundial la supuesta inutilidad del gasto social, o sea el “despilfarro” de ayudar a quien está condenado “genéticamente” a ser inferior.

Por eso, frente a la dictadura de datos macroeconómicos, la expropiación de la política por los tecnócratas, es fundamental la reivindicación que el autor hace del rol del político y de la teoría política. No como un recurso voluntarista ante su descrédito, sino porque nada sólido de puede proponer sin ella, y solo desde la política podemos decir que la democracia es participación.

Es hipócrita el llamado formal a la participación ciudadana cuando los movimientos de la economía real la marginan y excluyen, así como fracturan y fragmentan a la sociedad.

Frene a ello, la búsqueda del Estado Legítimo, como una actualización del Estado de Bienestar, de la complementación de libertad e igualdad, de la ética de la solidaridad frente a la exclusión y el individualismo, es la base del debate que plantea el ex presidente.

Estamos ante una polémica vital en un país donde pretenden naturalizar que es más importante la paridad cambiaria que la paridad social. Que un peso vale igual que un dólar, pero un argentino no vale igual que otro argentino, porque millones carecen de las mismas posibilidades de acceder a la salud y a la educación, mucho menos a la justicia y al trabajo.

 

Pacto Democrático, acuerdo de Olivos y neoconservadorismo

La búsqueda del consenso, de un Pacto Democrático y la propia concreción del llamado Pacto de Olivos, son parte de esa confrontación global y multifacética con el neoconservadorismo.

Creo que el libro de Alfonsín lo plantea con claridad, pues no es casual que el capitulo acerca del vapuleado “pacto” continúe con otro en el que subraya que el acuerdo y la reforma constitucional son la contracara de los criterios de gobernabilidad autoritarios que entraña el neoconservadorismo.

El eficientísmo y el neoconservadorismo han dado un paso desembozado para cuestionar la justicia social como un bien deseado, pero sus cultores ya avanzan hacia el cuestionamiento de la propia democracia como un sistema “eficiente” en términos económicos.

Esa controversia ya está planteada en Europa y Latinoamérica ante la experiencia de los “tigres asiáticos”, la propia China, o el ensayo de Fujimori en Perú, regímenes cuyo autoritarismo plantean como una virtud instrumental, otra “ventaja competitiva” para los adoradores del eficientísmo.

El Pacto de Olivos puede cuestionarse, pero no puede negarse que impidió una reforma autoritaria de nuestra Carta Magna, con un contenido regresivo. En cambio, facilitó la conquista de una constitución con indiscutibles avances, a contramano en lo ideológico-institucional de la ola neoconservadora nacional y mundial, con el método de la democracia y el progresismo: dialogo, consenso, participación.

Es lamentable escuchar la repetición de críticas superficiales acerca de una “democracia de dos”, la "menemizacion de la oposición", o una presunta “renuncia a los principios”, cuando el libro demuestra con amplia documentación algo que podría deducirse sin esfuerzo con un poco más de sentido común, pero menos mezquindad política.

En la vida política siempre hay y habrá reuniones reservadas, y aún secretas, y podrían ratificarlo los negociadores palestinos e israelíes, que lo hicieron durante meses, mientras no solo disputaban diplomática sino militarmente.

O, con un ejemplo doméstico, las muy reservadas y secretas reuniones de algunos críticos al Pacto, autodesignados propietarios exclusivos de la oposición al menemismo, quienes han elegido el 90% de sus autoridades partidarias y electivas entre las cuatro paredes de despachos y confiterías, sin ninguna participación de la militancia.

Es que lo que importa de cualquier reunión política, reservada o no, es si busca y contribuye a mejorar las condiciones de vida del pueblo, y si en última instancia sus resultados serán sometidos a su juicio y veredicto. Y en esto no caben dudas con el cuestionado pacto, aprobado posteriormente por comités y convenciones partidarias, y finalmente por el voto mayoritario de la ciudadanía.

Desde ya que la transparencia y la supuesta falta de democracia no es la crítica del poder real. Lo señala el autor, quien recuerda el inmediato rechazo editorial de La Nación, escandalizado por el peligro en que el acuerdo sometía a las “bases liberales” de la Constitución.

Es también, la condena previa, y más aún después de la reforma, del ingeniero Alsogaray, quien la calificó de “socializante”, adjetivo que gusta usar para cualquier tema relacionado a una mayor participación popular o la recuperación y defensa de derechos, todo lo cual considera, un inaceptable atentado a “libertad de mercado”.

Lo concreto es que el Senado, mayoritariamente menemista, ya había aprobado un proyecto retrógrado de reforma por vía legislativa de Leopoldo Bravo, al que la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados dio vía libre mediante un despacho (Durañona y Vedia y otros) de “interpretación” del artículo 30 de la Constitución de 1953, con lo cual se permitía la convocatoria a una asamblea por los 2/3 de los presentes, y no del cuerpo legislativo.

Lo concreto es que íbamos a tener que explicar, como todos los que nos consideramos progresistas lo tenemos que hacer hoy, que tipo de oposición “firme y sin concesiones” es aquella que permite que la provincia de Buenos Aires tenga una Constitución acordada entre el oficialismo y Aldo Rico, que la proclama orgullosamente como propia.

Ahora, hay quienes reclaman por una lista de puntos del Pacto de Olivos que no se cumplen.

Olvidan que la violación de los acuerdos es una realidad objetiva que hay que enfrentar en lugar de lamentar, desde los cotidianos hasta los políticos, sean estos nacionales o internacionales. Que jamás desechamos presentar un habeas corpus porque la dictadura no lo respetaba, y en muchos casos así se salvaron vidas. Que jamás renegamos de la Constitución porque se la pisoteaba.

Omiten, sobre todo, que lo que no se cumple, o se intenta tergiversar, lo que tenemos el derecho y el deber de exigir que se cumpla no es el Pacto de Olivos, sino la Constitución de los argentinos, aprobada por una Asamblea Constituyente elegida por el pueblo.

 

Economía de guerra y Estado de Bienestar

El Dr., Alfonsín, quien encara estos temas cuando trata La búsqueda del Pacto Democrático sabe que he sido un duro opositor, incluso un duro opositor, a lo que llamó Economía de Guerra.

Sigo convencido que las medidas que se impulsaron en ese periodo fueron perniciosas, mientras otras necesarias no se tomaron. Pero valoro diferente las relaciones de fuerza en ese momento excepcional de la historia argentina, jaqueada por la crisis de la deuda externa y la presión de los grupos económicos.

Entonces, buena parte del progresismo seguía -seguíamos- casi en una oposición sistemática y planteando como alternativa inmediata Liberación o Dependencia, plenamente vigente en los años 70, pero ahora en un país y un mundo que mal que nos guste había cambiado irreversiblemente, y requería creatividad y esfuerzo intelectual para encontrar nuevos caminos y reagrupamientos para realizar los mismos sueños y utopías.

Espero que el autor, que anticipa el tratamiento a fondo el Estado de Bienestar en próximos trabajos, pueda ahondar en estos elementos, sobre todo en datos precisos sobre aquel periodo, tan reveladores y documentados como los que nos brinda, en este, acerca del Pacto de Olivos. Que la sociedad toda conozca de la letra de un protagonista principal la presiones que llevaron al llamado “golpe blando”, a un nuevo tipo de terrorismo económico.

Entonces, quizá nos enteremos que algunos de aquellos victimarios son ahora víctimas de este modelo, quienes sin perder bienestar personal dejaron de ser parte del poder económico, cada vez más concentrado y voraz.

O que otros terminaron en la cárcel por rebelarse militarmente, “denunciando” que hubo quien (o quienes) no cumplieron las promesas que recibieron para -aprovechando la desesperación popular ante la crisis- pintarles la cara a los asaltos de supermercados.

 

Derechos Humanos y leyes de “impunidad”

El Dr. Alfonsín sabe también que en rechacé y rechazo las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida.

No puedo ignorar que su libro me hizo y me hace reflexionar pues los argumentos son sólidos y sinceros, aunque no alcanzan para modificar mi opinión crítica.  Sin embargo, como en el caso anterior, espero que el trabajo dedicado a ese tema nos permita conocer un poco más de la trastienda de la fundamentación de lo que él llama “punto de convergencia entre consideración de justicia y prudencia frente a un estado de necesidad”.

Es con esa autoridad que diferencio la comprensible parcialidad que impone el dolor de los familiares de las víctimas de la abierta e intencionada desinformación, a la vez que deploro la mezquindad electoral que pone en un pie de igualdad la política de derechos humanos de su gobierno y el indulto menemista.

En aquellos años difíciles, a horas de asumir y sin haber derrotado a ningún ejército, se anuló la ley de Autoamnistía, contrariando precedentes anteriores; se conformó la Conadep, que mostró a la sociedad hasta donde había llegado el horro; se juzgó y condenó a las Juntas Militares genocidas.

Mientras los demócratas chilenos deben soportar aún hoy la afrenta diaria de sufrir como comandante en jefe al criminal con cuyo nombre (pinochetismo) se rebautizó a los regímenes militares asesinos de sus pueblos, aquí, de no ser por el indulto, los responsables estaban y tendrían que estar por años tras los barrotes, para ejemplo de todas las instituciones y la ciudadanía.

Aquella fue una auténtica política de derechos humanos, aún con los retrocesos que remarcamos, mientras que, en tiempos más calmos, el indulto es una afrenta que algún día deberá ser revisada, porque es quizá el mayor agravio que sufre la causa de los derechos humanos en la Argentina.

 

Búsqueda del consenso y Pacto Democrático

El libro reseña buena parte de la búsqueda del consenso y el Pacto Democrático, antes, durante y después del gobierno del Dr. Alfonsín, y muestra clara coherencia en la conducta del autor.

Considero particularmente valioso el documentado rescate del pluralista Consejo para la Consolidación de la Democracia, que convocó durante su gestión, y de su ignorada contribución para la reforma constitucional. Era una deuda de la bibliografía política argentina, con un organismo casi olvidado pero, en mi opinión, con una trascendencia similar a la propia Conadep, aunque en el ámbito institucional y de la transición democrática.

La búsqueda de acuerdos entre partidos y sectores sociales nunca ha sido fácil en nuestro país, y casi no existen ejemplos constructivos.

En general surgieron dificultosamente de necesidades extremas, como las que rodearon al Pacto de Olivos y, anteriormente, en el enfrentamiento a las dictaduras. Y en el caso de los regímenes militares me permitiría afirmar que solo para asegurar su final y la salida electoral, jamás para intentar de inmediato una acción opositora coordinada del campo popular. Fue el caso de la Hora del Pueblo en la década del 70 y de la Multipartidaria que marchó en 1982, pese a la exclusión de alguno de sus principales impulsores.

El Dr. Alfonsín marca algunos hitos hacia ese Pacto Democrático, a los que entiendo debería añadirse el dialogo de los ocho partidos de oposición con el ex presidente Juan Perón, en un arco que abarcó desde la UCR a la izquierda democrática. Por dos razones: porque es parte de la búsqueda que reseña y rescata el autor, y porque intentó lograr acuerdos alrededor de temas económicos, sociales e incluso la posibilidad de coronar en un Consejo de Estado, lamentablemente frustrada con la muerte del ex presidente y el ascenso de lo que se llamó el lopezreguismo.

La búsqueda de consensos constructivos esenciales para la continuidad de la vida democrática del país, del Pacto Democrático que implica la Constitución, son parte esencial de una teoría y práctica progresista alternativa al neoconservadorismo.

Sin embargo, siempre fue conflictiva esta comprensión para las fuerzas que se definen como de avanzada. Y no solo en Argentina: así lo vemos en Brasil, Uruguay, Chile y otros países, en algunos casos muy dolorosamente.

Tampoco fue fácil algo que se percibe como en apariencia más simple: unirnos los que nos proclamamos progresistas para impulsar nuestros propios proyectos., Menos fácil, aún, fue plantear gobiernos de coalición, y de amplia concertación con los sectores sociales.

Sin ir más lejos, la convocatoria de Raúl Alfonsín y otros dirigentes para constituir un Foro Multisectorial, a fines de 1994, fue rechazada por varios de sus necesarios componentes, más preocupados por posicionarse frente a las elecciones presidenciales de 1995, que en comenzar a construir una alternativa seria y creíble al modelo neoconservador.

Sin embargo, estoy convencido que solo con esta búsqueda, casi de una nueva cultura, podremos lograr una confluencia de fuerzas políticas -también sindicales y de la producción- que construyan el consenso para un gobierno que se plantee un país integrado frente a su creciente fragmentación, sin marginación ni exclusión. Un país moderno que, en este mundo tan conmovido y cambiante, bregue y promueva la justicia social, con una distribución más equitativa de la riqueza.

No planteo una receta, es un desafío, que a mi juicio debe enfrentar el peligro del continuismo neoconservador, o de otro ensayo que nos lleve a una nueva frustración.

Es el desafío que -sin dudas con otras palabras- plantea y rescato de Democracia y Consenso, este valioso aporte del Dr. Alfonsín.