15 días de Gobierno: Amanece, que no es poco

     En el marco de una necesaria, aunque, por ahora, muy desigual batalla cultural, ofrezco algunas reflexiones acerca de los primeros pasos del gobierno de Alberto Fernández. En particular, analizaré las primeras medidas del gobierno para responder la pregunta crucial de quién paga la crisis, quiénes son los “ganadores” y los “perdedores” de estas medidas.

          Desde sectores opuestos, hay dos enfoques para la respuesta a este interrogante que no dudo en que deberían descartarse.

     Un extremo es el de los medios hegemónicos, que apoyan las descarnadas recetas neoliberales del macrismo y sectores de ideologías afines, pero que critican las medidas del gobierno “por izquierda”, con una fingida sensibilidad ante el drama social. Estos sectores –que vienen protegiendo las superganancias de los grandes exportadores de granos y callando sobre la necesidad de gravar las que se llevan los bancos o las empresas energéticas, mineras y petroleras– “descubren”, de la noche a la mañana, que el pueblo sufre con los ajustes y que destinar fondos al pago de la deuda externa resta recursos a la salud, la vivienda, la educación, la lucha contra la pobreza.

     El otro enfoque que debe descartarse es el del trotskismo, que simplifica esquemáticamente datos ciertos, con propuestas para la acción incapaces de orientar con éxito la acción concreta, en este momento histórico y con la identidad y convicciones que los trabajadores, y la población en general, tienen en la Argentina de hoy.

     Una primera respuesta al interrogante de quienes ganan y quienes pierden con las medidas gubernamentales se basa en dos ejes:

Uno, el rumbo general de las medidas del gobierno responde a las promesas electorales de socorrer a los millones de argentinos que el macrismo ha sumado a la pobreza, muchos de ellos directamente condenados al hambre y la más completa desprotección estatal.

     Otro, la falta de recursos se está cubriendo sólo parcialmente con el aporte de los que más tienen, los que se beneficiaron de la brutal transferencia de recursos que les fueron arrebatados a los trabajadores y sectores más vulnerables en los últimos cuatro años, pese a que –lejos de perder– lograron importantes ganancias entre 2003 y 2015.

¿Por qué decimos que el rumbo general responde a las promesas electorales?

     Es así, en la medida en la que suponen una presencia sólida del Estado en la asistencia de los sectores más golpeados por la crisis, además de que favorecen la recuperación del consumo y una eventual reactivación productiva. Entre otras que apuntan a ese objetivo pueden citarse:

• Plan contra el hambre
• En relación con los jubilados, se aplicó el aumento correspondiente a diciembre, la devolución de parte del IVA en compra de alimentos y una compensación de $ 10.000 en dos pagos para los que cobran la mínima, que será de $2.000 en el caso de la AUH.
• Es falso que se congelan los haberes. El beneficio, que alcanza al 70% del total, no llega a devolver la dignidad, ya que, sólo para recuperar los ya insuficientes niveles de 2015, debería ser del 100%. Sin embargo, es un paso para reacomodar toda la escala, la que recibirá incrementos trimestrales -eran semestrales- hasta la aprobación de una nueva fórmula de movilidad.
• Se postergaron hasta abril las cuotas del primer trimestre de los créditos Argenta y se redujeron 12 puntos porcentuales sus tasas de interés. Esta medida supone un importante alivio para los casi cuatro millones de “damnificados" por estos préstamos usurarios que el anterior gobierno, todos jubilados, pensionados y beneficiarios de ayudas sociales.
• Habrá aumento salarial a privados y estatales, a cuenta de paritarias, para las que se fijará un monto o porcentaje mínimo, por debajo del cual no podrá acordar ningún gremio, y todos podrán convenirlo por encima sí. Es otra mentira impuesta que se suspenden las paritarias.
• Ya se congelaron las tarifas de electricidad y gas, un punto clave en la desdolarización de la economía. Tampoco se aplicarán los aumentos otorgados por Macri para enero, una bomba de tiempo a estallar en 2020.
• Se recupera la gratuidad de los medicamentos para 2 millones de jubilados, hay una reducción mínima del total, y se controlarán los aumentos de los que consume toda la población.
• Un porcentaje fijo de los fondos de algunos de los nuevos impuestos sancionados irá directamente para financiar el PAMI.
• Aquellos empresarios que pretendan despedir sin causa a trabajadores incorporados antes del 23 de diciembre deberán pagar doble indemnización.
• Se reglamentarán beneficios para las Pymes -principal fuente de empleo y de abastecimiento del mercado interno- más de 20.000 de las cuales ya desparecieron, y otras 700.000 se encuentran en situación crítica: moratoria de sus deudas con el Estado, condonación de multas, intereses y extinción de la acción penal.

¿Por qué entendemos que la falta de recursos se está cubriendo sólo parcialmente con el aporte de los que más tienen?

     Para responder, se impone analizar otras decisiones del gobierno y, también, la falta de otras que considero que serían necesarias para superar la difícil coyuntura socio-económica en la que nos encontramos.

    No dudo en valorar el incremento de la alícuota de Bienes Personales, particularmente en el exterior, en donde se han fugado una parte significativa de las fortunas amasadas en el país, y blanqueadas por Cambiemos.

     Es evidente la justeza del congelamiento de las tarifas de servicios públicos por 180 días, lapso en el que se definirá un criterio razonable para su actualización. El compromiso es poner fin a la dolarización que permitió fabulosas ganancias para las empresas, y el empobrecimiento de los usuarios, sin inversiones que permitieran mejorar las prestaciones.

     Sin embargo, cuesta entender la inexistencia de medidas para que los bancos tributen por las ganancias que obtuvieron (y siguen obteniendo) a través de la “timba” con los bonos y letras del Estado, gracias a las políticas de la gestión macrista. Estas les permitieron tomar dinero del Estado (dinero proveniente de los impuestos y los aportes de todos los argentinos) con tasas de interés astronómicas, pero sin riesgo alguno. Todavía esperamos por una Ley de Entidades Financieras que finalmente reemplace a la de la dictadura”.

     La cacareada angustia cerealera encubre que, gracias a la devaluación y la baja de derechos de exportación, durante la era Macri, el sector agropecuario aumentó sus ingresos en un 607%. Si descontamos la inflación de este porcentaje, advertimos que las ganancias de estos sectores se duplicaron en los últimos cuatro años, especialmente, en el caso de los grandes exportadores, que deberían aportar más y mejor.

     Cabe preguntarse si es el apremio de lograr inversiones que aporten divisas al país fundamenta la reducción de las retenciones a las petroleras o no modificar las de las mineras. La angustiante búsqueda de dólares no puede servir como excusa para lo injustificable: darle vía libre al glifosato y a las fumigaciones, tener un Secretario de Minería vinculado a la Barrick Gold o un acuerdo de Cambiemos con el justicialismo de Mendoza que permitirá la contaminación de la megaminería.

¿De qué solidaridad hablamos cuando hablamos de solidaridad?

     El hecho de que no se esté gravando a estos nudos del privilegio y la depredación es doblemente preocupante si se tiene en cuenta el concepto de solidaridad que ofrecen algunos funcionarios.

    Al igual que durante la gestión del Frente para la Victoria, se argumenta que debe haber solidaridad entre los propios trabajadores, en lugar de fomentar esa solidaridad entre los sectores más privilegiados por el uso y el abuso de su propiedad del capital y aquellos que solo tienen para ofrecer su fuerza de trabajo.

     En aquel entonces, se respondió con ese deformado concepto de solidaridad a los reclamos gremiales por el porcentaje del salario confiscado a los trabajadores en concepto de impuesto a ganancias inexistentes.

Incluso cuando no están afectados en lo particular, los trabajadores pueden ser solidarios en la defensa de los derechos, como cuando paran para apoyar y dar fuerza al reclamo de otros sectores, o mediante su aporte voluntario a los sistemas gremiales de salud.

Sin embargo, no debería exigírseles, como “solidaridad”, resignar su salario por una indebida imposición estatal. Esta es una trampa conceptual, o de clase, que suplanta el análisis, y las medidas, de fondo que son necesarias. En otras palabras, en lugar de pedirles demagógicamente a los trabajadores que más ganan –desde un camionero hasta un funcionario público- que disminuyan sus salarios y jubilaciones, el salario del resto de los trabajadores debería elevarse proporcionalmente. El objetivo no puede ser, como reclaman algunos, que un legislador gane como un docente, sino de que sea el docente el que -en escala- gane como el legislador.

La fuente de recaudación para esta elevación proporcional de todos los salarios debería ser obtenida con gravámenes a estos otros sectores que venimos mencionando (mineras, petroleras, bancos y otros sectores de mayor capacidad contributiva) que no están tocados por las medidas anunciadas.

     Si los recursos para salir de la crisis no salen de los sectores que, realmente, han ganado más, sino de aquellos, entre los trabajadores, que tienen un poco más –si, por ejemplo, se posterga la recuperación de las jubilaciones medias mientras no se grava a los grandes grupos económicos–, las mejores intenciones dejan el camino libre para que prenda la indignación.

     Fuera de un encuadre de verdadera solidaridad –de los que más han ganado y tienen recursos de capital hacia los que más ha golpeado la crisis y solo tienen su trabajo–, cualquier convocatoria a un “sacrificio” es abstracta e injusta. Favorece a los ya favorecidos y no termina de contribuir al progreso de toda la porción de la sociedad que lo necesita.

Otros cuestionamientos neoliberales

     En el debate legislativo de la “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública”, vuelve a plantearse un cuestionamiento (seudo) “republicano”, ante una delegación de poderes, expresamente permitida por el Art. 76 de nuestra Constitución, pero que la oposición que se autotitula constitucionalista llegó a calificar de “cesarista”.

     Es la misma oposición que “constitucionalistamente” avaló a Macri cuando se apropió de la facultad legislativa y modificó inconstitucionalmente leyes por medio de un decreto, o la que calló ante su intento frustrado para designar, también por decreto, dos jueces de la Corte Suprema.

     Lo que sucede ahora es completamente diferente, ya que el Ejecutivo le pide al Parlamento que le delegue atribuciones, en los términos fijados por la Constitución y al solo efecto de enfrentar la emergencia. En concreto, le solicita atribuciones para negociar una mejora en los condicionamientos impuestos por la deuda externa que contrajo Cambiemos. Sí, la misma con la que ese gobierno nos hipotecó sin consultar a diputados o senadores y en abierta violación de la Constitución Nacional.

     Ante el pedido de facultades para mejorar la hipoteca externa que nos dejan, la respuesta del PRO, sus radicales aliados, y la gran prensa endeudadora, es “denunciar” que los 88 artículos de la ley y los anuncios redistributivos, constituyen “señales” para el FMI, el cumplimiento de un plan presuntamente ya pactado.

     Si cabe alguna discusión seria acerca de la deuda externa es, en todo caso, acerca de si es cierto que no hay otra salida que desangrarnos para pagar esa hipoteca usuraria, en gran parte, ilegal, que esteriliza cualquier esfuerzo de reconstrucción. Pero de eso no se habló desde los bloques mayoritarios en el Congreso, ni motiva reflexión alguna en los diarios.

     En 2018, el Ejecutivo, con silencio del oficialismo parlamentario y de la propia Justicia, produjo la mayor delegación de poderes que recuerde la historia, y a manos de un poder extraterritorial: cedieron la soberanía argentina y dejaron en manos del FMI el dictado de nuestra política económica y social.

     Ellos, precisamente ellos, ahora lloran por la Republica, cuando avasallaron la Justicia y vulneraron derechos al echar, en forma arbitraria, a trabajadores estatales, legislativos y periodistas sin hablar de la violación del 14 bis de la CN.

     Otro “fuerte” cuestionamiento opositor lo despertó el sinceramiento de la Emergencia (Art. 1 de la ley) en distintas áreas, cuestionamiento que encubre el intento de disimular la situación catastrófica en que dejaron el país.

     Estos cuestionamientos también eluden el fondo de la cuestión: la ley se diferencia de la gestión anterior por dos puntos centrales: desdolarizar la economía y reemplazar el ajuste por la Emergencia con el fin de adoptar medidas y reasignar partidas para encarar circunstancias extremas, en algunos casos, y dramáticas en otros.

    Las cifras oficiales acerca de la situación del país ponen en evidencia emergencias extremas y otras emergencias que pueden considerarse dramáticas. En el primer grupo tenemos a la emergencia económica, a la financiera, a la tarifaria y a la previsional. En el segundo la sanitaria, social, la educativa y la habitacional.

Conclusión

     Este primer balance no es inocente ni neutral. Amanece, que no es poco, aunque hay nubes y tormentas sobre nosotros.

     La fuerte presión para incidir sobre el rumbo del gobierno va desde reclamos para alinear nuestra política exterior con la de EE. UU a críticas con la mágica reaparición de la palabra “ajuste”, por parte de medios que la ocultaron cuatro años bajo la piadosa denominación de “austeridad” mientras cuestionaban el “gradualismo” del saqueo. Las presiones también incluyen notas de opinión con el tono de virginidad vulnerada de supuestos defensores de la Constitución (que la ignoran en su artículo 14 bis) y promotores de la Republica (que solo la entienden en su formalidad y, aun así, la vulneran).

     El tiempo que se viene es un tiempo de disputa por la conciencia popular, en el que la feroz ofensiva del privilegio debe ser enfrentada sin disimular cuestionamientos a cualquier decisión que afecte el rumbo de recuperación emprendido, a todo aquello que debilite o divida el campo nacional y popular.

      No dudo que arrancamos muy detrás de donde quedamos en 2015: entonces se trataba de avanzar, mientras que, ahora, de recuperar lo arrebatado para retomar el camino.

     Confío en dos conceptos/brújula para guiarnos en estos tiempos difíciles.

     Uno de ellos es determinar sobre quien se busca cargar el peso principal de la crisis, que hasta ahora pagaron los trabajadores. El otro –que fue fatalmente subestimado entre 203/2015, e insuficientemente impulsado en la resistencia frente al neoliberalismo– es promover la más amplia militancia con pensamiento crítico como base de la construcción de núcleos de poder popular desde todos los sectores sociales, las barriadas, los lugares de trabajo y estudio. Esta es la clave para enfrentar la reacción de los grupos de poder concentrados en la epopeya de reconstruir la Patria.

Alberto Nadra

2019: Después de las presidenciales

Algunos compañeros prefieren no festejar la derrota de Macri: les robó la alegría el preocupante 40% que votó por quienes destruyeron la economía, hipotecaron el país, y sumieron en la pobreza a millones.

     Otros, dan por ciertas maniobras fraudulentas, en base a los antecedentes de 2015 y 2017 y la escasa probabilidad de una migración de votos a favor de Cambiemos como la que pretende el escrutinio provisorio  de Smartmatic: no solo de los sufragios que el macrismo captó desde la centroderecha al neofascismo, sino de los que en las PASO había logrado el trotskismo, que los números impiden pensar fueran hacia la formula ganadora.

     Pues bien, durante mis años de militancia muchas veces lamenté que no el 40%, sino más del 90% de mis compatriotas dieran la espalda a una alternativa socialista, e incluso un porcentaje importante avalara con su acción o su silencio que se encarcelara y asesinara a quienes proponíamos cambiar este injusto sistema capitalista.

     En los breves, y condicionados, momentos en que hasta 1983 pude vivir aperturas democráticas, también enfrenté maniobras de proscripción y fraude desde los partidos mayoritarios hacia sus opositores, más impune con los que éramos abiertamente marxistas.

     Sin embargo, el dolor ante la persecución, la bronca por el fraude o la frustración e impotencia de sentirme en minoría, casi aislado, no me llevaron a pretender reemplazar esa “falsa conciencia” ciudadana por la acción directa de los que nos considerábamos esclarecidos. Aunque, debo reconocerlo, estuve más de una vez al borde.

     Tampoco, y esta tentación jamás me rozó, usurpar la categoría de los trabajadores y explotados, para insistir en planteos irrealizables, que huérfanos de base solo llevan a la frustración de las luchas populares, como es el caso del trotskismo nativo.

     A esta altura de mi vida y de mi militancia, estoy convencido que no se trata de irritarse con la realidad, sino de intentar comprenderla tal como es, para tener alguna posibilidad de transformarla.

     En esa búsqueda, observo una derrota de la actual expresión del modelo neoliberal, en retroceso parcial, pero con su capacidad de acción intacta. “Se van” sus actuales protagonistas, pero queda firme su anclaje en el “sentido común” y la base político-clasista que lo sustenta.

     La derrota neoliberal es fruto de una lúcida lectura de la muy desfavorable relación de fuerzas que enfrentaba el campo nacional y popular, y la decisión estratégica de optar por una muy (pero muy) amplia alianza político y social, que sintetizó en la formula Fernández-Fernández la voluntad de evitar la profundización de la catástrofe, pero que en su interior contiene fuerzas y protagonistas con marcadas diferencias acerca del camino a recorrer.

     Apenas producido el resultado de las PASO, se desató una fuerte ofensiva para condicionar con "buenos modales" al candidato del Frente de Todos, combinada con una abierta presión que, al ser electo, se convierte en acción predominante.

     Valen como ejemplo las veloces visitas “de cortesía” de los grandes empresarios al “bunker” de San Telmo y los encuentros logrados por la Sociedad Rural y la patronal ruralista, o los claros intentos de seducción de las expresiones mediática del privilegio.

     La amabilidad formal post-PASO vino unida a la clara amenaza con que respondieron a cada expresión transformadora de parte de dirigentes, y hasta simples simpatizantes de la alianza.
No perdonaron que Felipe Solá insinuara la necesidad (apenas la necesidad) de un Estado alerta ante los ruinosos manejos de los grandes exportadores de granos. Se indignaron por la reivindicación solitaria de una reforma agraria por parte de Juan Grabois. Transformaron en atentado contra la República la respetable propuesta para cambiar el ineficiente y parcial sistema judicial, realizada por Mempo Giardinelli, a la vez que condenaban por anticipado cualquier intento de reforma constitucional progresiva. Sobreactuaron la preocupación ante una inviable “Conadep del periodismo”, término con el que Dady Brieva expresó su indignación por las mentiras de la prensa canalla.

     Hacia adentro de la alianza será necesario polemizar con quienes pretenden, una y otra vez, reducir el frentismo a una sola expresión del movimiento nacional, lo sectarizan y omiten que en su seno anidan corrientes de carácter antipopular.

     Pero, sobre todo, habrá que comprender que la necesidad de ampliar el acuerdo electoral permitió incorporaciones que presentan posiciones encontradas, las que pueden disimularse en lo táctico, pero surgirán ante definiciones estratégicas.

     Hay “sapos” tragados silenciosamente, pero cuya digestión se verá amenazada en tanto y en cuanto pretendan forzar el deslizamiento del movimiento nacional del centro a la derecha, a transitar por supuestas avenidas del medio. Quienes subestiman la persecución política del macrismo o avalan la infame detención de Milagro Sala, buscarán imponer sus posiciones en cuanto a cómo encarar la deuda externa y superar la crisis económico-social; acerca de quién y cómo deberá pagarla; o el alcance y protagonistas de la integración regional y nuestra posición ante el cuadro internacional.

     El resultado electoral mejora la desfavorable relación de fuerzas, pero no la invierte.

     Plantea, al mismo tiempo, una disputa dentro de la alianza que será gobierno, y de éste con el establishment que combinará la feroz defensa de sus privilegios con el condicionamiento y la presión para desviar el rumbo.

     Para volver, y ser mejores, se impone impulsar la construcción de núcleos de poder popular en las barriadas, los lugares de trabajo y estudio.

     Se comparta o no este enfoque, se lo crea viable o una ilusión voluntarista, la disyuntiva se plantea entre resignarnos a observar el desenlace con esperanzada expectativa, o impulsar el más amplio protagonismo popular, al que se apeló entre 2003 y 2015, pero poco se organizó.
     Las condiciones para hacerlo son menos favorables que entonces, pero por eso mismo su necesidad es mayor.

Fernández-Fernández: el día después

    A 24 horas del terremoto político que causó la decisión de CFK, puede concluirse, aún con una cuota de incertidumbre, que ya impulsa una ampliación de la base política del Frente Patriótico, ahora para las futuras elecciones y, en su dinámica, como sustento para que un futuro gobierno popular pueda enfrentar la crítica situación en que el macrismo ha hundido al país.

    Con ese objetivo, ya descolocó al oficialismo y al denominado “peronismo alternativo”, pero ante todo puso en evidencia que la ex presidente optó por un liderazgo estratégico, lo que supera ampliamente una decisión electoral.

    El macrismo recibió la noticia con evidente desconcierto, al que siguió una suerte de triunfalismo con frases para su propia interna, al estilo de “no cambia nada” o, incluso, es “un regalo para nosotros”.

    Más experimentada en profundizar las grietas y realizar el trabajo ajeno, la UCR oficial mostró su preocupación e inició una campaña de terror de la mano de Alfredo Cornejo y Hernán Lombardi. El primero, gobernador de Mendoza, afirmó que estamos ante “una trampa”, que “Es Cámpora al gobierno, Perón al Poder”, una “época nefasta en la que se incubó el Rodrigazo, la hiperinflación, una mega devaluación, un destrozo del aparato productivo y terminó en el golpe militar” El segundo, titular del Sistema de Medios, terminó de falsear la cronología y la historia: “terminamos en Isabel, Videla y la catástrofe”.

    Clarín y La Prensa repiten estos argumentos, sin pudor alguno por haber sido los que impulsaron la proscripción de Perón, apoyaron la orientación neoliberal y la subordinación externa que la acompaño; como luego fueron voceros de la dictadura y, ahora, promotores del olvido de sus crímenes y el indulto a los genocidas.

    Estos medios aportan sus propios enfoques para engrosar los oficialistas, y entre ellos destaca el ninguneo de la potencia política de la decisión de CFK: desvían la atención hacia “la difícil situación judicial”, que ellos mismos promueven, y le añaden “motivos personales”, como la enfermedad de su hija o la muerte de su madre. También se esfuerzan por impulsar versiones con las que esperan sembrar desaliento en el propio kirchnerismo, como recordar las conocidas diferencias que mantuvo Alberto Fernández, afirmar falsamente que “es” el Grupo Clarín, o anticipar un “segundo renunciamiento” que alejaría en forma definitiva a la ex presidente.

    Si omitir que estamos ante el inicio del proceso, hay señales de un reacomodamiento en los agrupamientos políticos.

    Massa eludió una definición clara pero dejó entreabierta la puerta para participar en las PASO frentista o, en caso de no hacerlo, para apoyar a su fórmula en una eventual segunda vuelta. Si eso ocurriera, podría mantener su “diferenciación” para los propios, a la vez que reduciría parte de las prevenciones kirchneristas, con lo que podría reservar para otra oportunidad sus inciertas ilusiones presidenciales. Schiaretti, pese a su proclamada posición centroderechista y su pertenencia al “peronismo alternativo”, en un ballottage puede considerar un apoyo implícito, o aún explícito, sobre todo si la se triunfa en la primera vuelta y las conveniencias le indican privilegiar una buena relación para su gestión provincial. Por otra parte, entre los gobernadores peronistas ya comenzó un alejamiento de Alternativa Federal y predomina la valoración de la fórmula de Alberto y Cristina Fernández.

    Si pensamos en términos de ciudadanía, o electorado global, entre los seguidores de CFK la respuesta mayoritaria es de una aceptación esperanzada de la iniciativa. En forma minoritaria, aparecen dos reacciones extremas y diferenciadas. Por un lado, el entusiasmo forzado entre los más fieles, mientras en el opuesto, la desilusión, y hasta cierto enojo, por el renunciamiento de quien no solo visualizan con el mayor caudal electoral, sino como única garantía del rumbo político. Es posible homogeneizar las tres posturas, si se convoca al protagonismo y control de la militancia, en base a los ejes discursivos del mensaje de la ex presidenta.

    No hay que esperar reflexión, menos aún cambios, entre los que odian, primorosamente, e irresponsablemente, alimentado por el oficialismo y los medios. El 25/30% del electorado que históricamente rechazó las expresiones populares, desde el yrigoyenismo hasta el peronismo, es un bloque hegemonizado por el minoritario poder real, incluidos los medios periodísticos que le sirven en la construcción de “sentido común”. Mediante este mecanismo llegan y cooptan a ese porcentaje de la población que, en definitiva y para su perjuicio, abraza a sus victimarios.

    En los tiempos que vienen, hasta agosto y en la recta final que lleva a octubre, el poder tratará de dinamizar a los cooptados para volcar a su favor a los indecisos, esa franja del electorado que no quiere a Cristina, pero tampoco la odia, menos aún cuando empiezan a comparar su situación actual con la vivida durante su gobierno. Entre ellos hay una desconfianza inicial, que tanto el macrismo como los medios hegemónicos intentan potenciar, sembrando miedo al anticipar caos e inestabilidad por el “doble comando” de “Alberto chirolita de Cristina” y el recuerdo de la consigna “Cámpora al gobierno, Perón al poder”, que citamos al comienzo de este análisis.

    No son líneas de acción para subestimar, confiando en lo forzado y hasta ridículo de esas comparaciones y afirmaciones. En la franja que tienen como objetivo ya tuvieron cierto eco las acusaciones que ubicaban a Kirchner como “chirolita de Duhalde”, luego a Cristina como “mascara” de Néstor. Recientemente, logró fuerte impacto el ataque a Zannini, supuestamente “comisario político” de Scioli.

    Por el contrario, el mensaje del Frente Patriótico puede disputar un porcentaje de estos indecisos, tal vez escaso pero quizá definitorio. El renunciamiento de CFK, su convicción para superar aquello de que sin ella no se puede, pero con ella no alcanza, abre camino a un amplio acuerdo para definir la correlación de fuerzas en las PASO, despeja los argumentos prejuiciosos y permite disputar conciencias e, incluso, inclinarlas electoralmente a favor de la única alternativa real para cambiar el rumbo ruinoso del macrismo.

    Una parte de las cartas, no todas, están echadas. Siempre es tiempo de reflexión, pero ahora también de acción.

Cristina, Perón y el diálogo

    Cristina Fernández de Kirchner propuso a los argentinos la construcción de un nuevo Contrato Social y lo vinculó con las propuestas de acuerdos promovida por Juan Perón durante su última presidencia, lo que permite reflexionar acerca de la revalorización de este aspecto de su legado político.

    A su regreso, luego de ser perseguido y proscripto por casi 20 años, Perón concretó el más importante intento de sellar la "grieta" que falsamente dividió al país entre peronistas y antiperonistas, una brecha que fue irresponsablemente alimentada para cuestionar la gestión kirchnerista, y ahora para sostener al macrismo.

    Frente a la difícil situación económica que dejó la dictadura de Onganía/Lanusse, Perón concretó la llamada Acta de Compromiso con los productores agrarios. Era el cierre de un lineamiento iniciado con el Pacto Social, durante el gobierno de Héctor Cámpora, que tuvo como protagonistas al ministro de Economía, José Ber Gelbard, el sindicalismo y el empresariado.

    Ambas iniciativas recibieron rechazos dentro y fuera del Frejuli, pero no hubo cuestionamientos ante la mayor audacia de la etapa: la convocatoria presidencial para un diálogo, sin temario previo, con los ocho partidos que entonces tenían representación parlamentaria. En concreto la UCR, el Intransigente (PI), Comunista (PC), Demócrata Progresista (PDP), Revolucionario Cristiano (PRC), Socialista de los Trabajadores (PST), Socialista Popular (PST) y UDELPA.

    El primero de los encuentros, realizado en abril de 1974 en la Quinta de Olivos, fue presidido por el propio Perón y permitió elaborar un documento en que las fuerzas participantes se pronunciaron por la defensa y consolidación del proceso democrático frente a "los poderes que desde antiguo han venido sometiendo a la República"; a favor del federalismo y de la integración latinoamericana, entre otros puntos. Otros dos ejes fueron la ratificación de la individualidad e independencia de cada partido y el compromiso de mantener una comunicación fluida, permanente.

    Estas reuniones, de un estilo inédito, para dialogar francamente entre el gobierno y las fuerzas que no participaban de él, se mantuvieron regularmente, e incluso fueron ampliadas con la participación de distintos ministros del Gabinete que debían responder inquietudes o encarar soluciones a los problemas planteados. No volvieron a repetirse tras la muerte de Perón.

    Tiempos difíciles entonces y ahora, aunque por razones distintas.
Entonces, junto a la ola de atentados y crímenes de militantes populares por bandas parapoliciales y paramilitares se empujaba el desabastecimiento, el sabotaje, la especulación y la desestabilización golpista por parte de los grupos concentrados, en sintonía con las ambiciones externas.
    Este segundo aspecto fue el que motivó la convocatoria del presidente Perón a la acción organizada del pueblo en su último discurso, pronunciado el 12 de junio de 1974. Aquella pieza, una suerte de testamento político, dejó claro que había regresado "para lanzar un proceso de liberación nacional y no para consolidar la dependencia".

   

Ahora, con tres décadas con democracia formalmente consolidada, pero con sus conquistas en peligro, el desafío es superar el brutal endeudamiento, la destrucción del aparato productivo y el saqueo al bolsillo popular que prosigue la gestión de Cambiemos.
Plantear, hoy, un "contrato social" es asumir el reclamo de la hora. Implica retomar aquel legado político y profundizarlo, con una amplia participación y un protagonismo imprescindible, pero hasta ahora nunca logrado.

Acerca de "Sinceramente"

Dos reflexiones acerca de “Sinceramente”, como hecho político, por fuera del análisis de su texto:

    El llamativo éxito del libro de CFK (64.000 ejemplares en la “preventa” y la apresurada orden de sucesivas reimpresiones), implica que su compra corre por cuenta mayoritaria de franjas de la clase media, una parte de la cual en 2015 le retiró expresamente el apoyo a la ex presidente. En su momento, el macrismo y los medios que lo promovieron interpretaron ese abandono como un “triunfo en la batalla cultural contra el populismo”.

    Es posible especular acerca de que una buena parte de los lectores aludidos no hubieran adquirido, mucho menos leído, el libro, en lo que constituye una suerte de exitosa contraofensiva de CFK.