15 días de Gobierno: Amanece, que no es poco

     En el marco de una necesaria, aunque, por ahora, muy desigual batalla cultural, ofrezco algunas reflexiones acerca de los primeros pasos del gobierno de Alberto Fernández. En particular, analizaré las primeras medidas del gobierno para responder la pregunta crucial de quién paga la crisis, quiénes son los “ganadores” y los “perdedores” de estas medidas.

          Desde sectores opuestos, hay dos enfoques para la respuesta a este interrogante que no dudo en que deberían descartarse.

     Un extremo es el de los medios hegemónicos, que apoyan las descarnadas recetas neoliberales del macrismo y sectores de ideologías afines, pero que critican las medidas del gobierno “por izquierda”, con una fingida sensibilidad ante el drama social. Estos sectores –que vienen protegiendo las superganancias de los grandes exportadores de granos y callando sobre la necesidad de gravar las que se llevan los bancos o las empresas energéticas, mineras y petroleras– “descubren”, de la noche a la mañana, que el pueblo sufre con los ajustes y que destinar fondos al pago de la deuda externa resta recursos a la salud, la vivienda, la educación, la lucha contra la pobreza.

     El otro enfoque que debe descartarse es el del trotskismo, que simplifica esquemáticamente datos ciertos, con propuestas para la acción incapaces de orientar con éxito la acción concreta, en este momento histórico y con la identidad y convicciones que los trabajadores, y la población en general, tienen en la Argentina de hoy.

     Una primera respuesta al interrogante de quienes ganan y quienes pierden con las medidas gubernamentales se basa en dos ejes:

Uno, el rumbo general de las medidas del gobierno responde a las promesas electorales de socorrer a los millones de argentinos que el macrismo ha sumado a la pobreza, muchos de ellos directamente condenados al hambre y la más completa desprotección estatal.

     Otro, la falta de recursos se está cubriendo sólo parcialmente con el aporte de los que más tienen, los que se beneficiaron de la brutal transferencia de recursos que les fueron arrebatados a los trabajadores y sectores más vulnerables en los últimos cuatro años, pese a que –lejos de perder– lograron importantes ganancias entre 2003 y 2015.

¿Por qué decimos que el rumbo general responde a las promesas electorales?

     Es así, en la medida en la que suponen una presencia sólida del Estado en la asistencia de los sectores más golpeados por la crisis, además de que favorecen la recuperación del consumo y una eventual reactivación productiva. Entre otras que apuntan a ese objetivo pueden citarse:

• Plan contra el hambre
• En relación con los jubilados, se aplicó el aumento correspondiente a diciembre, la devolución de parte del IVA en compra de alimentos y una compensación de $ 10.000 en dos pagos para los que cobran la mínima, que será de $2.000 en el caso de la AUH.
• Es falso que se congelan los haberes. El beneficio, que alcanza al 70% del total, no llega a devolver la dignidad, ya que, sólo para recuperar los ya insuficientes niveles de 2015, debería ser del 100%. Sin embargo, es un paso para reacomodar toda la escala, la que recibirá incrementos trimestrales -eran semestrales- hasta la aprobación de una nueva fórmula de movilidad.
• Se postergaron hasta abril las cuotas del primer trimestre de los créditos Argenta y se redujeron 12 puntos porcentuales sus tasas de interés. Esta medida supone un importante alivio para los casi cuatro millones de “damnificados" por estos préstamos usurarios que el anterior gobierno, todos jubilados, pensionados y beneficiarios de ayudas sociales.
• Habrá aumento salarial a privados y estatales, a cuenta de paritarias, para las que se fijará un monto o porcentaje mínimo, por debajo del cual no podrá acordar ningún gremio, y todos podrán convenirlo por encima sí. Es otra mentira impuesta que se suspenden las paritarias.
• Ya se congelaron las tarifas de electricidad y gas, un punto clave en la desdolarización de la economía. Tampoco se aplicarán los aumentos otorgados por Macri para enero, una bomba de tiempo a estallar en 2020.
• Se recupera la gratuidad de los medicamentos para 2 millones de jubilados, hay una reducción mínima del total, y se controlarán los aumentos de los que consume toda la población.
• Un porcentaje fijo de los fondos de algunos de los nuevos impuestos sancionados irá directamente para financiar el PAMI.
• Aquellos empresarios que pretendan despedir sin causa a trabajadores incorporados antes del 23 de diciembre deberán pagar doble indemnización.
• Se reglamentarán beneficios para las Pymes -principal fuente de empleo y de abastecimiento del mercado interno- más de 20.000 de las cuales ya desparecieron, y otras 700.000 se encuentran en situación crítica: moratoria de sus deudas con el Estado, condonación de multas, intereses y extinción de la acción penal.

¿Por qué entendemos que la falta de recursos se está cubriendo sólo parcialmente con el aporte de los que más tienen?

     Para responder, se impone analizar otras decisiones del gobierno y, también, la falta de otras que considero que serían necesarias para superar la difícil coyuntura socio-económica en la que nos encontramos.

    No dudo en valorar el incremento de la alícuota de Bienes Personales, particularmente en el exterior, en donde se han fugado una parte significativa de las fortunas amasadas en el país, y blanqueadas por Cambiemos.

     Es evidente la justeza del congelamiento de las tarifas de servicios públicos por 180 días, lapso en el que se definirá un criterio razonable para su actualización. El compromiso es poner fin a la dolarización que permitió fabulosas ganancias para las empresas, y el empobrecimiento de los usuarios, sin inversiones que permitieran mejorar las prestaciones.

     Sin embargo, cuesta entender la inexistencia de medidas para que los bancos tributen por las ganancias que obtuvieron (y siguen obteniendo) a través de la “timba” con los bonos y letras del Estado, gracias a las políticas de la gestión macrista. Estas les permitieron tomar dinero del Estado (dinero proveniente de los impuestos y los aportes de todos los argentinos) con tasas de interés astronómicas, pero sin riesgo alguno. Todavía esperamos por una Ley de Entidades Financieras que finalmente reemplace a la de la dictadura”.

     La cacareada angustia cerealera encubre que, gracias a la devaluación y la baja de derechos de exportación, durante la era Macri, el sector agropecuario aumentó sus ingresos en un 607%. Si descontamos la inflación de este porcentaje, advertimos que las ganancias de estos sectores se duplicaron en los últimos cuatro años, especialmente, en el caso de los grandes exportadores, que deberían aportar más y mejor.

     Cabe preguntarse si es el apremio de lograr inversiones que aporten divisas al país fundamenta la reducción de las retenciones a las petroleras o no modificar las de las mineras. La angustiante búsqueda de dólares no puede servir como excusa para lo injustificable: darle vía libre al glifosato y a las fumigaciones, tener un Secretario de Minería vinculado a la Barrick Gold o un acuerdo de Cambiemos con el justicialismo de Mendoza que permitirá la contaminación de la megaminería.

¿De qué solidaridad hablamos cuando hablamos de solidaridad?

     El hecho de que no se esté gravando a estos nudos del privilegio y la depredación es doblemente preocupante si se tiene en cuenta el concepto de solidaridad que ofrecen algunos funcionarios.

    Al igual que durante la gestión del Frente para la Victoria, se argumenta que debe haber solidaridad entre los propios trabajadores, en lugar de fomentar esa solidaridad entre los sectores más privilegiados por el uso y el abuso de su propiedad del capital y aquellos que solo tienen para ofrecer su fuerza de trabajo.

     En aquel entonces, se respondió con ese deformado concepto de solidaridad a los reclamos gremiales por el porcentaje del salario confiscado a los trabajadores en concepto de impuesto a ganancias inexistentes.

Incluso cuando no están afectados en lo particular, los trabajadores pueden ser solidarios en la defensa de los derechos, como cuando paran para apoyar y dar fuerza al reclamo de otros sectores, o mediante su aporte voluntario a los sistemas gremiales de salud.

Sin embargo, no debería exigírseles, como “solidaridad”, resignar su salario por una indebida imposición estatal. Esta es una trampa conceptual, o de clase, que suplanta el análisis, y las medidas, de fondo que son necesarias. En otras palabras, en lugar de pedirles demagógicamente a los trabajadores que más ganan –desde un camionero hasta un funcionario público- que disminuyan sus salarios y jubilaciones, el salario del resto de los trabajadores debería elevarse proporcionalmente. El objetivo no puede ser, como reclaman algunos, que un legislador gane como un docente, sino de que sea el docente el que -en escala- gane como el legislador.

La fuente de recaudación para esta elevación proporcional de todos los salarios debería ser obtenida con gravámenes a estos otros sectores que venimos mencionando (mineras, petroleras, bancos y otros sectores de mayor capacidad contributiva) que no están tocados por las medidas anunciadas.

     Si los recursos para salir de la crisis no salen de los sectores que, realmente, han ganado más, sino de aquellos, entre los trabajadores, que tienen un poco más –si, por ejemplo, se posterga la recuperación de las jubilaciones medias mientras no se grava a los grandes grupos económicos–, las mejores intenciones dejan el camino libre para que prenda la indignación.

     Fuera de un encuadre de verdadera solidaridad –de los que más han ganado y tienen recursos de capital hacia los que más ha golpeado la crisis y solo tienen su trabajo–, cualquier convocatoria a un “sacrificio” es abstracta e injusta. Favorece a los ya favorecidos y no termina de contribuir al progreso de toda la porción de la sociedad que lo necesita.

Otros cuestionamientos neoliberales

     En el debate legislativo de la “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública”, vuelve a plantearse un cuestionamiento (seudo) “republicano”, ante una delegación de poderes, expresamente permitida por el Art. 76 de nuestra Constitución, pero que la oposición que se autotitula constitucionalista llegó a calificar de “cesarista”.

     Es la misma oposición que “constitucionalistamente” avaló a Macri cuando se apropió de la facultad legislativa y modificó inconstitucionalmente leyes por medio de un decreto, o la que calló ante su intento frustrado para designar, también por decreto, dos jueces de la Corte Suprema.

     Lo que sucede ahora es completamente diferente, ya que el Ejecutivo le pide al Parlamento que le delegue atribuciones, en los términos fijados por la Constitución y al solo efecto de enfrentar la emergencia. En concreto, le solicita atribuciones para negociar una mejora en los condicionamientos impuestos por la deuda externa que contrajo Cambiemos. Sí, la misma con la que ese gobierno nos hipotecó sin consultar a diputados o senadores y en abierta violación de la Constitución Nacional.

     Ante el pedido de facultades para mejorar la hipoteca externa que nos dejan, la respuesta del PRO, sus radicales aliados, y la gran prensa endeudadora, es “denunciar” que los 88 artículos de la ley y los anuncios redistributivos, constituyen “señales” para el FMI, el cumplimiento de un plan presuntamente ya pactado.

     Si cabe alguna discusión seria acerca de la deuda externa es, en todo caso, acerca de si es cierto que no hay otra salida que desangrarnos para pagar esa hipoteca usuraria, en gran parte, ilegal, que esteriliza cualquier esfuerzo de reconstrucción. Pero de eso no se habló desde los bloques mayoritarios en el Congreso, ni motiva reflexión alguna en los diarios.

     En 2018, el Ejecutivo, con silencio del oficialismo parlamentario y de la propia Justicia, produjo la mayor delegación de poderes que recuerde la historia, y a manos de un poder extraterritorial: cedieron la soberanía argentina y dejaron en manos del FMI el dictado de nuestra política económica y social.

     Ellos, precisamente ellos, ahora lloran por la Republica, cuando avasallaron la Justicia y vulneraron derechos al echar, en forma arbitraria, a trabajadores estatales, legislativos y periodistas sin hablar de la violación del 14 bis de la CN.

     Otro “fuerte” cuestionamiento opositor lo despertó el sinceramiento de la Emergencia (Art. 1 de la ley) en distintas áreas, cuestionamiento que encubre el intento de disimular la situación catastrófica en que dejaron el país.

     Estos cuestionamientos también eluden el fondo de la cuestión: la ley se diferencia de la gestión anterior por dos puntos centrales: desdolarizar la economía y reemplazar el ajuste por la Emergencia con el fin de adoptar medidas y reasignar partidas para encarar circunstancias extremas, en algunos casos, y dramáticas en otros.

    Las cifras oficiales acerca de la situación del país ponen en evidencia emergencias extremas y otras emergencias que pueden considerarse dramáticas. En el primer grupo tenemos a la emergencia económica, a la financiera, a la tarifaria y a la previsional. En el segundo la sanitaria, social, la educativa y la habitacional.

Conclusión

     Este primer balance no es inocente ni neutral. Amanece, que no es poco, aunque hay nubes y tormentas sobre nosotros.

     La fuerte presión para incidir sobre el rumbo del gobierno va desde reclamos para alinear nuestra política exterior con la de EE. UU a críticas con la mágica reaparición de la palabra “ajuste”, por parte de medios que la ocultaron cuatro años bajo la piadosa denominación de “austeridad” mientras cuestionaban el “gradualismo” del saqueo. Las presiones también incluyen notas de opinión con el tono de virginidad vulnerada de supuestos defensores de la Constitución (que la ignoran en su artículo 14 bis) y promotores de la Republica (que solo la entienden en su formalidad y, aun así, la vulneran).

     El tiempo que se viene es un tiempo de disputa por la conciencia popular, en el que la feroz ofensiva del privilegio debe ser enfrentada sin disimular cuestionamientos a cualquier decisión que afecte el rumbo de recuperación emprendido, a todo aquello que debilite o divida el campo nacional y popular.

      No dudo que arrancamos muy detrás de donde quedamos en 2015: entonces se trataba de avanzar, mientras que, ahora, de recuperar lo arrebatado para retomar el camino.

     Confío en dos conceptos/brújula para guiarnos en estos tiempos difíciles.

     Uno de ellos es determinar sobre quien se busca cargar el peso principal de la crisis, que hasta ahora pagaron los trabajadores. El otro –que fue fatalmente subestimado entre 203/2015, e insuficientemente impulsado en la resistencia frente al neoliberalismo– es promover la más amplia militancia con pensamiento crítico como base de la construcción de núcleos de poder popular desde todos los sectores sociales, las barriadas, los lugares de trabajo y estudio. Esta es la clave para enfrentar la reacción de los grupos de poder concentrados en la epopeya de reconstruir la Patria.

Alberto Nadra