Argentina no es ni será Venezuela, pero su destino también se define allí

     El gobierno argentino decidió hace pocas horas formar parte de la minoritaria condena de 22 países a Venezuela en las Naciones Unidas (ONU), basado en un informe elaborado sin pisar ese país por Michelle Bachelet, parte de una redoblada escalada internacional impulsada por EE. UU, sus socios europeos y el reaccionario Grupo de Lima, al que nos incorporó el gobierno de Mauricio Macri.

    Es una grave concesión a la presión para alinear a la Argentina con la voluntad hegemónica imperial y su acción desestabilizadora para someter y desplazar a los gobiernos de raíz nacional y popular.

    Sería suicida subestimar este retroceso, como lo sería dar por perdida la batalla por una política exterior independiente, signos de la cual fueron los pronunciamientos a favor de la reconstrucción de la unidad regional torpedeada por los neoliberales,  el apoyo al Grupo de Puebla, el desconocimiento al autodesignado Juan Guaidó, el repudio a los golpistas bolivianos (acompañado con la protección de Evo Morales y García Linera), todo lo que constituyó un distanciamiento de las imposiciones de Estados Unidos y sus aliados.

    La suerte de la Patria Grande, la de San Martín, Bolívar y Artigas, se juega en cada uno de los territorios en que dividieron a nuestro continente.

    Nuestra historia muestra dolorosamente adónde llevan las concesiones de los gobiernos de origen popular: al aislamiento y el golpe de Estado durante todo el siglo XX, al que no renunciarán, pero también encubren con desplazamientos “institucionales” como los ya ensayados en Honduras, Paraguay, o Brasil.

    Hipócritas, agitan los derechos humanos mientras ocultan su violación sistemática, que no merece condena alguna en la OEA o la ONU, ante la violencia estatal y privada en Honduras o Brasil, el virtual genocidio en Guatemala, la matanza de centenares de dirigentes políticos y sociales en Colombia, la sangrienta represión golpista en Bolivia y a la rebelión popular en Chile.

    La reacción de los portavoces mediáticos del bloque de poder (Clarín, La Nación, Infobae, entre otros), demuestra que evalúan el retroceso gubernamental como un triunfo propio, a la vez que no dejan de reclamar “claridad” en la política exterior, es decir un firme alineamiento con Estados Unidos a escala planetaria y, entre nosotros, abandonar cualquier intento, aún tímido, de hacer pagar la crisis estructural y la catástrofe heredada del macrismo, a quienes se beneficiaron de ella.

    La muestra, también, convencidos de que cada retroceso obtenido fortalece sus pretensiones restauradoras, debilita al gobierno y estimula la desilusión entre la ciudadanía, pero sobre todo desmoviliza, siembra dudas y divisiones en la propia base electoral, particularmente entre los sectores más avanzados y dinámicos del Frente de Todos.

    Es precisamente esta militancia la que recibe desconcertada la postura en la ONU, como trata de explicarse (y más difícil explicar a nuestros compatriotas), lo que sucedió con el llamado a la “solidaridad” entre los que, como los jubilados, poco o nada tienen. Con las advertencias y luego la pasividad frente a los despidos de los grandes empresarios durante la pandemia. Con el retroceso en la expropiación de Vicentin, para ahora bajar las retenciones al monopolio privado de grandes exportadores, que las aprovechan, pero rechazan por insuficientes y segmentadas. O con la abandonada promesa de investigar la fraudulenta deuda externa y los meses de demora para presentar y tratar en el Congreso el aporte extraordinario de las grandes fortunas.

    El apoyo al pueblo de Bolívar no admite vacilación alguna, pero es contraproducente simplificar su compleja realidad, desconocer que Venezuela enfrenta la oposición golpista que promueve una intervención militar extranjera y el criminal bloqueo económico y sanitario, pero a la vez se debate en una feroz pulseada dentro mismo de quienes coprotagonizaron la revolución bolivariana. Entre quienes la defienden promoviendo su profundización, pero encuentran la resistencia de quienes desconfían de la fuerza del pueblo y creen que con concesiones pueden ganarse la aprobación del privilegio nativo y extranjero.

    En el propio gobierno, legítima y democráticamente elegido, hay quienes pretenden calmar a los agresores internos y externos impulsando la entrega de la industria petrolera, gasífera y minera al capital trasnacional; la devolución de tierras a terratenientes y empresas nacionalizadas al capital privado, con cláusulas de confidencialidad que abonan la corrupción y disimulan la entrega, en violación de la Constitución y en una clara traición al legado de Hugo Chávez, mientras se postergan los reclamos de los sectores populares, crecen los despidos y el deterioro salarial, y los terratenientes desatan la violencia contra campesinos y trabajadores agrarios.

    Muy por el contrario, el rechazo a los golpes y la violencia, los sabotajes, el desabastecimiento y el bloqueo, que priva al pueblo de medicinas, alimentos e insumos esenciales, reclama construir una salida revolucionaria a la crisis del capitalismo dependiente y rentista venezolano. En lo inmediato, la confiscación masiva de los bienes situados en el territorio nacional propiedad de gobiernos que confiscan los propios en el exterior, y de las personas y empresas que colaboran en la guerra económica.

    Suenan huecos los mensajes oficiales acerca de ratificar “la posición histórica de liderazgo que tiene la Argentina en derechos humanos” a posteriori de la votación, o diferenciarse en comunicados aclaratorios de la condena a los bloqueos y sanciones, cuando otros caminos se abrían para el gobierno: votar la resolución alternativa, consensuar una propia con otros países o, incluso, abstenerse, que es lo que hicieron el tan elogiado México o la India.

    Nada justifica desautorizar la más que prudente posición de Carlos Raimundi, nuestro embajador en la OEA, y luego votar en la ONU una peligrosa posición intervencionista, que facilita incluso la acción militar contra Venezuela, y hacerlo a la cola de lo peor del continente y el mundo.

    Como parte de un debate que incluye a dirigentes y militantes del FdT, pero conscientes de que en instancias como esta se juega parte de nuestro propio destino como nación, no debemos caer en la trampa de marginarnos del protagonismo en un proceso del que somos parte, limitándonos a expresar nuestra justa indignación mediante adjetivos con poca o ninguna fundamentación.

    Tampoco asumir un discurso conciliador que se disfraza de pragmático y moderado, pero suma a la violación de los principios de no injerencia en los asuntos internos de otros países y de autodeterminación de los pueblos, de los que Argentina ha sido pionero e impulsor desde hace más de un siglo, en casi todos los gobiernos peronistas y radicales.

    500 senadores, diputados, intelectuales y artistas de todo el continente, que incluyen al premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el ex presidente Zelaya (Honduras) y varios ex cancilleres, acaban de dirigir una carta al presidente Alberto Fernández para que rectifique esta decisión.

    Agregamos a los valiosos conceptos que hemos suscripto, una opinión militante. En Venezuela como en Argentina, y más allá de las abismales diferencias entre sus realidades, hay un debate continental de fondo y no saldado acerca de cómo se define la suerte de los procesos nacionales, con impronta soberana e independentista. Si adaptándose -o peor, cediendo- a las relaciones de fuerza dadas en la disputa de poder, o modificándolas a favor de las mayorías, con claridad de objetivos estratégicos, decisión política y apelando a la organización popular.

7/10/ 2020

(Para La Tecla Ñ)

Defendamos el Proceso, para ir por el Proyecto

"En estos tiempos de tanto panqueque (bienvenidos), obcecaciones varias, crudos desengaños y cándidos estupores, cuando no de 'pa pa' (papelones patéticos) como los de los revolucionarios amateurs (me dan hasta ternura) de 876 vale la pena recordar", me dice mi  hermano "del medio", Rodolfo, para alentarme a traer al presente lo que escribió hace 8 meses, el 30 de octubre de 2014. El "negro" es un militante de toda la vida, periodista desde hace 50 años y hoy consultor en imagen, y escribió este análisis para la página de la entonces  agrupación LA CHE, de la que yo era dirigente.  Análisis despojado de adjetivaciones inútiles, pero con el que no estuve muy de acuerdo. Ahora, coincido, vale la pena releerlo.

En 2015: DEFENDAMOS EL PROCESO PARA IR POR EL PROYECTO

por Rodolfo Nadra, especial para “LA CHE”

     En 2015 probablemente votaré por Scioli. Digo probablemente porque todavía no sé si será el candidato del kirchnerismo, que es lo que voy a apoyar. Pero me gustaría que sea, aunque no es santo de mi devoción. Lo que sí tengo claro es que en 2015 decidiremos la continuidad del proceso abierto en 2003 con Néstor Kirchner y después Cristina, y con el que avanzamos como nunca en nuestra historia, desde los primeros gobiernos de Perón.
Eso, que no es poco, no es una revolución, vale la pena aclararlo, ni tampoco implicó hasta ahora ningún cambio estructural de fondo, como en la Bolivia de Evo Morales, por ejemplo. Pero es un salto hacia adelante, coincidente con los nuevos vientos en el Continente; y no hacia atrás como el que pretenden dar TODOS los candidatos de la oposición, incluida la letanía confusa, difusa y obtusa de la “progresía” perfumada de UNEN y cierta “izquierda”, trotskista y no trotskista que lo apoya.

     ¿Por qué digo que Scioli es la expresión de la continuidad viable del actual “proceso”? Porque el “proyecto” es, o debe ser en mi opinión, otra cosa. El proceso es lo que tenemos y transcurrimos, y en buena hora. El proyecto en cambio es eso: un proyecto, una aspiración; lo que queremos conquistar y convertir en realidad a partir de consolidar el proceso y seguir avanzando, como hasta ahora, con aciertos y errores.

     Pero sobre todo reconociendo el devenir en permanente lucha que implica avances, pero también retrocesos. No hay otra forma.

     Cabría advertir que no reconocer los retrocesos es lo mismo que aceptarlos. En cambio, admitiéndolos sabremos qué corregir y en qué enemigos poner el acento. También nos permite saber quién y con quién podemos caminar en cada etapa, sumando y no restando. Y si en política la suma no es una operación aritmética y dos más dos pueden ser dos o tres o cinco-seis, una mala apreciación de lo que tenemos y a lo que aspiramos a partir de lo que tenemos, nos puede llevar a saltar etapas y caer en un precipicio.

     En otras palabras, al margen de los nombres, que podrían dar para hoy largos e inútiles debates, ¿qué base tendría en 2015 un candidato de lo que se ha dado en llamar el “kirchnerismo duro”? Muy poca, en mi opinión, aunque hubiera ganado ajustadamente la interna del Frente para la Victoria. No tendría, tampoco, ni una pizca del liderazgo y la imagen positiva que mantiene Cristina y le permite, aún así, sólo resistir, y no mucho más, el embate brutal de la canalla mediática y el revanchismo oligárquico.

     ¿Vamos apretaditos en 2015 tras ese candidato ideal, con las banderas bien altas pero renunciando, objetivamente, a los sueños, para que gane Macri, o lo que es peor (sí, peor, por muchas razones) Massa? Para esa necedad no habrá que contar conmigo. Yo quiero contribuir a que gane Scioli y, como hasta hoy, seguir avanzando pasito por pasito, en lucha, presionando, rodeando, obligando, peleando cada espacio, comprometiendo hacia delante. El atajo, por no decir la cobardía o pasividad del todo o nada o del cuanto peor mejor ya tiene una historia trágica en Argentina.

     Insisto: un proceso alentador es los que transitamos; el proyecto transformador es a lo que aspiramos.

     La Asignación Universal por Hijo; las paritarias; la (tardía, por cierto) renacionalización de YPF; la firme posición frente a los buitres, la comunión con los procesos de Brasil, Bolivia, Ecuador, Venezuela, o Chile y Uruguay; la política de derechos humanos con la firme recuperación de la memoria y la justicia para las víctimas del genocidio; la igualdad de género y el matrimonio igualitario; el reajuste por ley de la asignación de los jubilados; la maravillosa y trascendental política científico-técnica por la que miles y miles de nuestros compatriotas han retornado a la Patria; etc., etc., etc., son, junto a muchas otras medidas de esta gestión de gobierno, que todos conocemos y disfrutamos, los hitos de un proceso que aspira a realizarse definitivamente en un proyecto nacional y popular. Es lo que apoyo y seguiré apoyando con firmeza.

     Por el contrario, lamento el inmenso equívoco que se generó con la 125, por el que debimos enfrentar y derrotar un plan destituyente montado sobre ella, pero que permitió a la vez una fabulosa transferencia de ingresos a los pools de siembra y los grandes acopiadores exportadores en detrimento de los pequeños y medianos productores agrarios.

      No apoyo el visto bueno al negocio criminal y extranjero de la minería a cielo abierto; tampoco los acuerdos secretos con Chevrón y la insólita y francamente entreguista Ley de Hidrocarburos que acaba de aprobar el Congreso. Me huele mal, en general, toda la política energética.

     No me gusta la subrepticia inclusión de la xenofobia y la vara otorgada al poder mediático para determinar casos de “conmoción social” en el proyecto (en general muy positivo) de nuevo Código Procesal Penal.

     No apoyo la intención de modificar la ley de medios a partir de otra que retrotrae al proyecto inicial (repudiado y modificado por el debate nacional) para alentar un nuevo monopolio de las telefónicas foráneas; ni el impulso discriminador, grotesco y represivo (Lear) del doctor-coronel Berni, la espada del Poder Ejecutivo para combatir la inseguridad; o el triste epílogo de un general Milani al frente del Ejército de la democracia en el gobierno de los derechos humanos.

     Tampoco respaldo, desde luego, la homologación de esas políticas nacionales por parte de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires. No me gustan. Me hacen mucho ruido. No estoy de acuerdo. Claro que no levanto por eso tribuna, sino sólo por lo positivo, en ambos casos. Porque sé cuál es mi lugar en esta lucha. De igual manera, no admito la corrupción en MI gobierno, más allá de que exista en todos los países y al abyecto de Lanata se le ocurra vociferar falsedades o decir que es “mayor que la de Menem” (sic).

     Sin embargo, no creo que sea útil entre los militantes, en nuestros intercambios de ideas y propuestas, limitarse a callar todo y seguir con el ¡Viva Cristina Carajo! Me inclino más bien por un más reflexivo e igualmente comprometido ¡Carajo, Viva Cristina! No dejemos que siga avanzando el enemigo y admitamos que estamos perdiendo terreno (no la guerra, desde luego) en algunos aspectos de una Argentina en la que no hay ciertamente, ni por asomo, ninguna otra alternativa que no sea la continuidad (la posible, no la imaginaria o deseable) de esta gestión, de este proceso, del kirchnerismo o como quiera llamárselo.
Peguntémonos, entonces, ¿qué estamos haciendo para consolidar este proceso, además de vivar a los nuestros e insultar y ridiculizar a las basuras? ¿Interroguémonos por qué y con qué consecuencias NUESTRO gobierno no concreta la participación activa a la que nos convoca y la reduce a sólo movilizaciones y discursos de adhesión? 

     ¿Se entiende la trampa en que se nos pretende envolver? Se trata de que no asumamos la etapa. Que compremos sin beneficio de inventario la foto o la película que nos venden los medios hegemónicos. O sea, la de una país envuelto en una “grieta” en todos los planos, entre los partidarios de un gobierno cuasi socialista o comunista, títere de Venezuela o Cuba, etc.; versus una oposición moderada, que viene a restaurar la democracia frente al autoritarismo y el antiperiodismo, así como a “corregir” la economía enfrentando la inflación y los problemas “de la gente” (esa seudo categoría sin clase que inventó el Chacho Álvarez) acabando con la inseguridad.

     Ni lo uno ni lo otro. Este gobierno no es, ni de lejos, algo diferente a un capitalismo que intenta ser humano por su impronta peronista (y no termina de conseguirlo porque no deja de ser capitalismo) y renguea en consecuencia para el lado del pueblo (como ningún otro que lo precedió) y para el de la independencia y la justicia social.

     Tampoco las propuestas opositoras son inocentes, sino que vienen a reinstaurar el orden capitalista más feroz y explotador, a terminar en los hechos con la libertad de expresión y volver a la más absoluta y totalitaria libertad de empresa. No quieren acabar con la inflación sino con todo avance de este gobierno que implique ampliación de los derechos colectivos o individuales de las mayorías (no de unos pocos), o algún control sobre los monopolios e independencia de los poderes imperiales. Tienen, sí, cortita la bocha, una receta contra la inseguridad y es la represión indiscriminada, incluyendo la protesta social, y la paz de los cementerios. Se lo propongan o no, terminarán mandando a nuestros científicos, otra vez, a lavar los platos.

     Este y no otro es el contexto en el que marchamos a 2015. Para seguir manteniendo y profundizando los logros, como en Brasil, Uruguay o Bolivia, salvando las respectivas distancias, o a los fines de replegarse cerrando y ampliando filas para volver (sin tener que reconstruir todo) en 2019, como en Chile.

     No es ni será un camino fácil, aun ganando, y el candidato para esa etapa no es, en mi opinión, un dirigente del Movimiento Evita, de Nuevo Encuentro, La Cámpora o cualquier otro sector u organización que se precie, o sea, probadamente nacional y popular, como postula con más deseo que visión Carta Abierta. Al menos que optemos por una victoria testimonial, que sería una derrota al fin, y no es una disyuntiva que se plantee hoy en esos términos.

     La correlación de fuerzas actual no es otra cosa que el producto de la dramática batalla ideológico-política-cultural que se libra a través de los medios de comunicación, entre los que las redes sociales son una instancia no menor. Por eso apuro estas reflexiones. No para abrir un debate en si mismo sobre las mismas, valga la redundancia. Más bien para bajar en alguna medida los decibeles del griterío exitista, al que tendemos acaso por necesidad, y comenzar a elevar el tono de las propuestas y los análisis que nos permitan unificar toda la fuerza que tenemos, en el puño que tenemos, para enfrentar al enemigo que tenemos, en los tiempos que tenemos.

     De ahí que aspiro a votar al mejor candidato posible en 2015, aunando convicciones y esfuerzos, límites y objetivos, de forma tal de convertirlo, condicionarlo si se quiere, a ser continuador del proceso para bien del proyecto; y no en un mero mal menor “ajeno”. De nosotros depende, como todo.-

Buenos Aires, 30 de octubre de 2014.-

La manipulación de cada día

Si bien la primera y gran manipulación que se ha impuesto en estos años es el relato, este sí que es un relato para incautos, de que existe un periodismo “independiente”, ya sea de sus convicciones o de los grupos concentrados de poder, días como el de hoy son un verdadero muestrario de cómo se ejerce cotidianamente, en forma casi impune.

     Millones de argentinos,  verdaderos “analfabetos funcionales” al decir de la UNESCO, asimilan diariamente este rosario de mentiras. Para el organismo de las Naciones Unidas, “analfabeto funcional” es aquel –simplificamos la definición al aspecto que nos ocupa-- que aun sabiendo las normas básicas de la lectoescritura, es incapaz de descodificar los mensajes educativos y culturales, sobre todo, a través del lenguaje, quedando expuestos a una relación de dominio similar a la que sufren los analfabetos totales.

     No pretendemos teorizar, sino ver prácticamente como los matutinos opositores hoy “construyen” una vigencia del “caso Nisman” para proseguir con un ataque sistemático contra el Gobierno, en este caso sin una base, o justificación, informativa alguna.

     No hay noticias nuevas, pero sí nuevos titulares centrales.

     Es mucho más útil, pensamos,  explicarle estos "manejos" a la ciudadanía, diario en mano para que se haga cargo de sus decisiones, que rompérselo en la cara, para que se victimice la nave insignia de la corporación de la desinformación, como es su costumbre.

Titula, titula, que algo quedará

     Clarín, persistente en su campaña, fuerza como titular central que “Nisman involucró a Venezuela en la protección a Irán”. La conclusión es del propio matutino, pero el cuestionado informe del fiscal se conoce desde el 20 de enero (casi dos semanas atrás), cuando la Corte Suprema autorizó la difusión del documento completo, disponible para cualquier ciudadano, incluido cualquier periodista.

     Como si se tratara de una revelación de último momento, escribe en bajada que el ex fiscal “Dice en su escrito que el embajador de Chávez dio apoyo a un acto de D’Elía. Fue en 2006, en repudio al pedido de captura del juez a iraníes por el ataque a la AMIA. Lo señala como muy vinculado a Teherán”.

     Es tan poco seria la "acusación" de Nisman y su titular, que el diario de los Noble-Magneto, busca reforzar en la misma portada su engañoso encabezado, con un cable del exterior (en avance destacado en tipografía roja), que anuncia que “Los opositores al chavismo reclaman que se investigue”. Cartón lleno.

    

En todo caso, lo que crece es la
manipulación.

 La Nación también elige forzar titular central con el caso, apelando a la angustia de su impacto sobre la opinión pública y titula centralmente que “Crece la tensión por el reemplazo de Nisman en la causa AMIA”.

     Nada de tensión surge de la nota del diario de los Mitre-Saguier, salvo la que exacerban las cabriolas de la oposición para tratar de aprovechar políticamente la muerte. Por el contrario, con total conciencia del peligroso desfiladero de medios y partidocracia, Gils Carbó se propone sacar el caso de la órbita individual e impulsar el seguimiento por un grupo de experimentados fiscales. Ellos mismos lo reconocen.

     Pero es el titular el que queda, junto al cuerpo de una nota plagada de condicionales para filtrar especulaciones sin sustento, y su propia intencionalidad.

     

Profunda deformacion de la información

La Prensa, finalmente, sorprende a los menores de 50 años con un título de espionaje estadounidense de 1972: "Oreja Profunda", en inexplicada e inexplicable alusión a "Garganta Profunda”, la mítica fuente anónima que reveló a dos periodistas del  Washington Post el escándalo de las escuchas ordenadas por el ex presidente republicano Richard Nixon a la sede del partido Demócrata, en lo que se llamó Watergate.

     Vinculado a lo más conservador de la jerarquía eclesiástica, el diario trafica sin disimulo su opinión al decir que: “De las usinas kirchneristas se propalan en las redes sociales infamias y mentiras" sobre Nisman,  y en una parte de la nota de tapa dice, al pasar, que "El juez Lijo explico el asunto de las tachaduras”.

     Omite un pequeño detalle, no se "explicó", sino que tanto el juez federal Ariel Lijo como la fiscalía de Viviana Fein desmintieron la nota de tapa de Clarín de ayer, domingo, en la que aseguraba que se había descubierto una versión del documento de Nisman, tachado en la parte en que "pedía el desafuero y la prisión" de la Presidente.

Insisto. Nada como el "periodismo independiente" para saber la verdad.

     Quien quiera escuchar otra campana, claramente alineada con el Gobierno, pero que no pretende posar de “impediente”, puede consultar hoy interesantes reflexiones de Hernán Brienza, en página 25 de Tiempo Argentino,  nota titulada “Política pública mata operación”:

(…)

Tan clara fue la intención del gobierno nacional de retomar la agenda de trabajo previa a la locura propuesta por la operación política, mediática, de inteligencia, de la risible denuncia del fiscal Alberto Nisman y su posterior muerte, que el Grupo Clarín, como un nene caprichoso y haciendo pucherito, "zocaleó" en TN: "La presidenta habló por cadena nacional y no se refirió al caso Nisman" y le dedicó su tapa del domingo a intentar repudiar algo que había pasado hace más de diez días. Es que era evidente que la operación no tenía sustento, que nadie en su sano juicio podía creer con honestidad intelectual que el gobierno pudiera estar involucrado en la muerte de Nisman. 

(…)

El único que pareció verdaderamente compungido fue el embajador de Estados Unidos, Noah Mamet, quien aparentemente tenía razones para extrañar a Nisman, ya que el fiscal era un asiduo concurrente a la embajada de la calle Colombia.

¿A mí sólo me parece un escándalo que el fiscal del caso AMIA se dejara pasar revista en la Embajada de Estados Unidos periódicamente? ¿Nadie va a investigar –en términos políticos, me refiero– los vínculos de Nisman con los servicios de inteligencia locales –el tan mentado Jaime Stiuso–, con la CIA y la Mossad? ¿Por qué razón un "Fiscal de la Nación Argentina" firma un documento insubstancial contra la presidenta alineándose con los intereses geopolíticos de Estados Unidos e Israel en un mapa lejanísimo para nuestro país como es Medio Oriente? ¿No es utilizar a los muertos de la AMIA intentar culpar a Irán sin pruebas contundentes sólo para seguir la agenda bélica de dos países que apuntan a Irán como el Eje del Mal? 

Si el kirchnerismo fuera un poder omnímodo, un fiscal, por más importante que fuera ¿se atrevería a arremeter contra la presidenta sin pruebas? ¿Usted lo haría, estimado lector? 

Porque si la denuncia tuviera algo más que vaguedades podría afirmarse que Nisman era un investigador valiente, pero leyendo el documento atentamente se llega a la conclusión de que sólo un kamikaze podría firmarlo, y sólo Patricia Bullrich y Laura Alonso –financiadas por ONG`s estadounidenses ligadas a los fondos buitres y posiblemente por la CIA– podrían darle entidad.
La pregunta obvia es la siguiente: ¿qué poder por encima de la presidenta de la Nación le dio cobertura a Nisman para que se animara a presentar ese papelón jurídico en el que ni siquiera existe delito perpetrado por Cristina, por Andrés Larroque o por Luis D'Elía?

Y es justamente por estas cuestiones que el caso Nisman no generó una crisis política para el gobierno. Porque no movió a nadie de sus convicciones, fanatismos u opciones ideológicas.

Los antikirchneristas pasearon su furioso antikirchnerismo. Los kirchneristas salieron a blandir su espada kirchnerista. Y los que nunca tomaron partido miran, dudan, se confunden, se quedan callados y optan por meter las patitas en el río o leer a la orilla del mar comprando cosas bonitas

(…)

La presidenta lo sabe. Por eso cambió la agenda el viernes. Por eso se quejó Héctor Magneto desde sus medios.
Pero ¿por qué es inefable Cristina? Sencillo, porque el lunes, con el proyecto de ley de poner a la Agencia de Inteligencia del Estado en la órbita del Parlamento, dejó fuera de juego a la oposición. 

(…)

La Operación Yabranización del kirchnerismo ha fracasado. Seguramente, los periodistas y políticos que armaron la acusación contra la presidenta nunca pagarán por tantos males generados a la democracia y seguirán siendo bien remunerados por sus empresas cuando todo esto termine. Ni siquiera la memoria popular los va a andar sacudiendo por allí.
Pero ellos saben que han mentido. Como lo supieron quiénes acusaron a Arturo Illía de "tortuga", los que tapaban las desapariciones en la dictadura, los que informaban especulando contra Raúl Alfonsín.
La semana pasada escribí que "sentido común mata teoría conspirativa. Criterio mata sobreabundancia de datos embarradores". Ahora cabe agregar: política pública mata operación política.

La InfAMIA

Ineludible nota de Juan Salinas, quizá el periodista que más estudió, investigo y conoce el caso AMIA, tal vez por eso "ninguneado" por algunos compañeros, con quien solo disiento en un punto: el titulo, este no es ningún chiste.

A sus advertencias agrego la propia: no estamos ante una maniobra más de las corporaciones mediáticas y judiciales, estamos ante el más serio intento de generar las condiciones para un golpe al estilo hondureño, tal vez su primer ensayo de esta operación con antecedentes TRIUNFANTES en Honduras y Paraguay, derrocando "institucionalmente" a Celaya y Lugo. En la mira, hace rato, están Correa,  Evo, Maduro, como antes Chávez, y cualquier gobierno con tinte "populista", que parece ya no soportan.

Lo que parecía realmente un chiste --intentar separar al gobierno argentino del repudio al terrorismo, como en París, cuando lo hizo firmemente con libreto propio-- ahora ya toma las formas de una peligrosa, peligrosísima, escalada

Muchos periodistas y casi toda la oposición han perdido totalmente la noción del precipicio en el que están cavando, tanto con la complicidad de hecho con las operaciones desestabilizadoras como por alentar las reacciones populares que pueden, y se deben levantar, en un país con el sistema de partidos políticos en crisis.

Este no es un capítulo más de la telenovela diaria de ponerse a favor o en contra de una medida para atacar o defender un gobierno.

Esto, aún en pañales, quizá subestimado por los propios,  puede ser el principio del fin de la posibilidad de un país viable, económica y democráticamente. Nadie, pero nadie, puede ni debe quedar indiferente.

Logo del notable blog "Pajaro Rojo", de Juan Salinas.

Con ustedes, el querido "Pajaro", Juan Salinas, en nota de su blog Pájaro Rojo. Atenciòn que hay excelentes enlaces para quien quiera profundizar. 

El “manotazo de ahogado” del fiscal Nisman (el “chirolita” de “Jaime” Stiuso que citó a indagatoria a la Presidenta y a su Canciller por –supuestamente- encubrir la –supuesta- responsabilidad de Irán en el atentado) es una arremetida del eje judicial-corporativo que encuentra al Gobierno sin un solo medio importante en el que pueda confiar pues los que le son supuestamente afectos responden directa o indirectamente al sionismo encubridor. La maniobra debería ser obvia si se repara en que, si Irán practicara el terrorismo como ISIS -ese invento de la CIA que se descontroló- Nisman no se atrevería a semejante bufonada

Desarmar públicamente las absurdas acusaciones del fiscal Alberto Nisman contra la Presidenta de la República y su Canciller por haber supuestamente desviado o entorpecido la hace muchos años paralizada investigación del atentado a la AMIA sería muy fácil si el Gobierno tuviera en esta materia algunos medios fieles.

Bastaría con poner bajo los focos y ante las cámaras de TV a Nisman y obligarlo a explicar en qué fundamenta sus acusaciones contra, por ejemplo, quien era al momento de las voladuras de la Embajada de Israel y de la AMIA el presidente de Irán, el ayatolá Akbar Hashemí Rafsanjani.

Lo veríamos entonces tartamudear, citar “papers” de varios servicios de inteligencia y los incongruentes dichos de algún iraní que para aquellas fechas ya vivía en Alemania y asesoraba a los servicios teutones, como el meneado “Testigo C”.

Lo mismo puede decirse respecto del demonizado Moshen Rabbani, ex agregado cultural de la Embajada de Irán. La prueba de que no hay nada contra él es obvia: en vez de detenérselo, se lo expulsó del país aprovechando su regreso de vacaciones. Vale decir: se espero a que saliera del país para luego no dejarlo regresar.

Todo los que Nisman apila en infinitas fojas son puros dimes y diretes. Hasta el punto que, de ejecutarse el memorandum de entendimiento argentino-iraní, no podría viajar a Teherán a cumplir aquellas diligencias sin hundirse en el más abyecto ridículo.

Desgraciadamente, ha sido este sitio, prácticamente en solitario, el que ha venido batallando a los largo de muchos años contra los embustes de Nisman, como puede verificarse aquí y aquí, siendo las dos últimas notas que escribí hace unos pocos días, ésta y ésta.

Durante casi una década, desde que reemplazó al prevaricador ex juez Juan José Galeano al frente de la (des)investigación, y usufructuando un presupuesto mensual millonario, Nisman fue el garante -en cumplimiento de los acuerdos establecidos entre los servicios de inteligencia locales con los de Estados Unidos e Israel- de que no se avanzara un milímetro en la dirección de establecer  quienes demolieron la AMIA, mataron a 85 personas e hirieron de gravedad a más de un centenar.

Nisman veló porque nada ni nadie pusiera en entredicho la piedra basal de aquel pacto, suscripto también por los principales diarios, los que determinan la agenda: que el ataque a la AMIA -como antes a la Embajada de Israel- habría sido perpetrado por un suicida del Hezbolá libanés que estrelló una camioneta-bomba contra su puerta.

Así, con la ayuda de los grandes diarios capitalinos, pudo pasarse por alto como si fueran meros detalles sin importancia cosas tan evidentes y relevantes como que:

– Las acusaciones contra Irán fueron hechas incluso previamente a los estallidos, y obviamente por los propios terroristas.

– Hezbolá nunca protagonizó ataques de ningún tipo fuera de Medio Oriente.

– Nunca hubo ataques con vehículos-bombas en los que los restos de estos no fueran claramente visibles e identificables, tal como sucedió en Buenos Aires en ambas oportunidades.

– Las pericias hechas por expertos ingenieros independientes determinaron en ambos casos que las explosiones (o, si se quiere, las explosiones principales) se produjeron adentro de los edificios demolidos.

Sucede que en ambos atentados, fueron israelíes (el jefe de seguridad de la Embajada de Israel, Roni Gorni, el general Zeev Livne, jefe de la misión de rescatistas que actuaron entre los escombros en el caso de la mutual) los que impusieron que, en contra de todas las evidencias, se acusara a Irán en base y se diera por probada la existencia de vehículos-bomba (¡y choferes suicidas!) que ningún testigo vio (repito: que ningún testigo vio, ni en el caso de la Embajada de Israel ni en el de la AMIA, dónde una enfermera mintió ostensiblemente aleccionada por un oficial de los bomberos de la PFA) en base a algunos pocos pedazos de camioneta (Ford F-100 en el caso de la Embajada, Renault Trafic en el caso de la AMIA) colectadas por policías federales en las inmediaciones de los edificios demolidos.

En el caso de la AMIA, está claro además que esta versión falsa le fue impuesta al presidente Carlos Menem por un enviado de Israel (tal como probó Horacio Verbitsky hace una década).

El acuerdo tripartito entre los gobiernos y los  servicios de inteligencia fue seguido al milímetro por el juez Galeano y Clarín y La Nación (Daniel Santoro, por ejemplo, que hoy salió a respaldar a Nisman, también defendió al juez inicuo hasta que fue destituido) y también (con alguna contradicción, ya que intervinieron muchos periodistas) por Página/12 (Tiempo Argentino no existía entonces, pero desde que apareció se sumó a la corriente).

La caída de Galeano aparejó el triunfo por K.O. del sector de la SIDE dirigido por el ingeniero Antonio Horacio Stiuso (o Stiusso), alías “Jaime” sobre sus rivales de la “Sala Patria”, encabezada por el mayor (R) Alejandro Brousson (fallecido en 2007), que se habían prestado al pago de 400 mil dólares a Carlos Telleldín para que acusara falsamente a una banda de policias bonaerenses liderada por el mayor recaudador de la repartición, el comisario Juan José Ribelli.

A partir de entonces, Nisman suplantó a Galeano como guardián de aquel acuerdo, no sin antes verificar que su esposa, Sandra Arroyo, fuera nombrada jueza federal de San Isidro.

Nisman (al que sus detractores suelen llamar “el fiscal israelí en comisión” por los frecuentes viajes que realiza invitado por organizaciones sionistas) se ciñó al guión preestablecido hasta el punto de que -según los cables de la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires publicadas por Wikileaks- cuando quiso inmiscuirse en el encubrimiento liderado por el ex ministro Carlos Corach- desde dicha legación dipomática se le ordenó que se limitara a “la conexión internacional”, esto es, a culpar a Irán.

En épocas recientes, la Presidenta (que conoce muy bien la causa AMIA ya que fue miembro de la Comisión Bicameneral de Seguimiento de las Investigaciones de ambos atentados, primero como senadora y luego como diputada), percibiendo que el presidente Obama busca descongelar las relaciones con Irán a fin de que este país oficie como dique de contención de los extremistas suníes financiados por Arabia Saudi, Qatar, Kuwait y Turquía, tomo la iniciativa de llegar a un acuerdo con Irán para que la justicia argentina pudiera interrogar a los altos funcionarios iraníes que tan livianamente acusa Nisman.

La firma del memorandum con Irán provocó una insurrección generalizada dentro de una Secretaria de Inteligencia liderada por “Jaime” Stiuso o Stiusso, colonizada a gusto tanto por el Mossad como por la CIA desde hace décadas. A partir de entonces, la SI, ex SIDE, trabajó decididamente para los enemigos del Gobierno, excepto una ínfima minoría que decidió privilegiar su fidelidad al Poder Ejecutivo por sobre sus lazos con Estados Unidos e Israel, tal como todo indica hizo desde un primer momento -por las razones que sea- el general Cesar Milani… lo que explica los virulentos ataques que recibe de parte de una  oposición, lidera por “la corpo” mediática a la que los crímenes de lesa humanidad les importan un bledo.

En este contexto, el descabezamiento de la Secretaría de Inteligencia y la jubilación compulsiva de Stiuso o Stiusso no podía dejar de tener remezones y “vueltos”. Nisman no es más que su espada vengadora.

El Gobierno afronta ahora tres problemas. El primero, menor, es que Cristina firmó alguna vez un documento de la Comisión Bicameral que dio por acreditado el bluff del coche-bomba con conductor suicida. Yo también, al escribir mi libro “AMIA, El Atentado, quienes fueron los autores y por qué no están presos” (Planeta, 1997) no alcancé a impugnar completamente su falsa existencia (hubo, como parte de la operación terrorista, una Trafic fantasma, una Trafic señuelo… pero no estuvo en el lugar de la explosión). De sabios es rectificar.

Los otros dos son más graves: Uno es -como resulta evidente- que la oposición, carente de propuestas políticas, encontró como agredir al Gobierno a través de la judicialización de la política a través de magistrados cuya catadura moral es inefable. Con los ataques de los Bonadío, los Canicoba Corral, los Lijo y tantos otros magistrados inicuos -a quienes ningún amigo mío le confiaría sus niños, ni siquiera por unas horas- el Gobierno paga sus culpas por haber sostenido a otros impresentables, como el juez Norberto Oyarbide. Que la mayor parte de esos jueces respalden a Nisman y se apoyen en “la corpo” mediática y en legisladoras como Laura Alonso y Patricia Bullrich, ostensiblemente financiadas por la CIA y los “fondos buitres”, no puede sorprender a nadie. Dos: Afronta esta batalla desigual sin tener un solo medio en el que pueda confiar que no lo traicionará. En lo que también le cabe una importante responsabilidad, porque no se puede ir a la batalla confiando en el talento de generales mercenarios o de pacotilla.

A pesar ofrecer tanto hándicap gratuito, es posible que el Gobierno gane esta batalla porque la acusación de Nisman es sencillamente descabellada. Pero, ni aún así, el resultado stá dado de antemano. Por lo pronto, sus enemigos consiguieron hace tiempo que la Sala I de la Cámara Federal porteña declara inconstitucional el memorándum con Irán.

Y, reducida a su mínima expresión, ya sin Raúl Zaffaroni, no puede confiarse en que la Corte vaya a arreglar ese desaguisado.

Presten mucha atención porque es ahora cuando se verá quien es quien.  

Venezuela: ¿crisis terminal del modelo petrolero rentista?

Más que interesante estudio de Edgardo Lander, sociólogo y profesor de la Universidad Central de Venezuela, uno de los organizadores del Foro Social Mundial, realizado en Caracas en 2006. Miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Hemisférico del Foro Social de las Américas. Extenso, pero imprescindible instrumento para analizar el actual proceso en la patria de Bolívar y Hugo Chávez.

En los años del gobierno bolivariano, en Venezuela, se han producido significativas transformaciones en cultura política, en el tejido social y organizativo, así como  en las condiciones materiales  de vida de los sectores populares anteriormente excluidos. Mediante múltiples políticas sociales (las misiones) dirigidas a diferentes sectores de la población, se han reducido muy significativamente los niveles de pobreza y pobreza crítica. De acuerdo a la CEPAL, el país ha pasado a ser, junto con Uruguay, uno de los dos países menos desiguales de toda América Latina[1]. La población esté mejor alimentada[2]. Se realizaron efectivos programas de alfabetización. Con apoyo cubano,  la misión Barrio Adentro llevó asistencia médica primaria a los sectores populares rurales y urbanos en todo el país. Se produjo una ampliación masiva del régimen de pensiones públicas incorporando a millones de personas de la tercera edad. Se llevó a cabo igualmente una extraordinaria expansión de la matrícula universitaria. En los últimos años se ha impulsado un programa de viviendas populares. Se han mantenido  bajos niveles de desempleo y se ha reducido el empleo informal de 51% en el primer semestre del año 1999 a 41% en el primer semestre del año 2014.[3] Se estima que el monto dedicado a la inversión social entre los años 1999 y 2013 fue de un total de unos 650 mil millones de dólares.[4] De acuerdo al PNUD, el índice de Desarrollo Humano del país se elevó de 0.662 en el año 2000 a 0.748 en el año 2012, pasando de un desarrollo humano “medio”, a un desarrollo humano “alto”.[5]

            Ha sido en estos años amplia la dinámica organizativa y participativa en el mundo popular: Mesas Técnicas y Consejos Comunitarios de Agua, Comités de Salud, Comités de Tierras Urbanas, Consejos Comunales, Comunas... La mayor parte de esta dinámica organizativa fue el resultado de políticas públicas expresamente orientadas a promover estos procesos.

            Ha sido igualmente importante el peso de la experiencia venezolana -en particular su proceso constituyente- en el llamado desplazamiento progresista o de izquierda que ha ocurrido en América Latina en estos años, así como en la creación de diversos mecanismos de integración regional que han fortalecido la autonomía regional de la dependencia histórica que la región ha tenido con Estados Unidos: UNASUR, CELAC, Petrocaribe, ALBA.

            Sin embargo, las transformaciones sociales que se han dado no han sido el resultado de transformaciones en la estructura productiva del país. Por el contrario, lo que ha ocurrido en estos tres lustros ha sido una profundización del modelo rentista, incrementándose la dependencia de los ingresos provenientes de las exportaciones petroleras.  El petróleo, en el valor total de las exportaciones, pasó de representar un 68,7% en el año 1998 a 96% en los últimos años[6]. En términos absolutos se ha dado durante estos años una reducción del valor de las exportaciones no petroleras y de las exportaciones privadas.[7] La contribución de la industrial al PIB bajó de 17% en el 2000 a 13% en el año 2013.[8]

            Los avances importantes que han ocurrido en el área social son consecuencia de un muy importante re-direccionamiento en el reparto de la renta petrolera en el cual se le ha dado una clara prioridad a responder a carencias y demandas de los sectores populares.  Esto hace que estas políticas no solo sean extraordinariamente vulnerables a las variaciones del ingreso petrolero, sino que igualmente generan crecientes expectativas que solo sería posible satisfacer sobre la base de ingresos petroleros en sostenido ascenso.

            Estas políticas sociales y sucesivas alzas salariales han aumentado notablemente la capacidad adquisitiva de la población, sin que este incremento sostenido de la demanda estuviese acompañado por aumentos proporcionales de la producción nacional, generando brechas sostenidas que tienen que ser satisfechas mediante crecientes importaciones.

            Durante estos años ha habido una severa carencia de un debate teórico sobre lo que podría ser una sociedad post-capitalista en este siglo y sobre cómo podría o deberían ser las relaciones entre Estado,  mercado y sociedad organizada, que incorpore tanto una evaluación crítica de las experiencias del socialismo del siglo pasado. Igualmente ausente ha sido una lectura informada y reflexiva sobre las potencialidades y limitaciones post-capitalistas de las actuales transformaciones en marcha en China, Viet Nam y Cuba.  Esto, por supuesto no es un problema particular venezolano, es una expresión más de la situación de la izquierda, que en todas partes del mundo, ha demostrado su impotencia y falta de respuestas creíbles ante la actual crisis global  y la forma como ésta ha sido aprovechada para avanzar en la restricción de la democracia y una aún mayor concentración del poder y de la riqueza.

            En ausencia de reflexiones y búsquedas más sistemáticas o estratégicas sobre las alternativas post-capitalistas, en estos años, desde el gobierno venezolano han predominado  dos tipos de propuestas. La primera consiste en el automatismo que identifica socialismo con estatismo (propiedad estatal y/o control estatal).[9] En el momento en que alguna empresa es estatizada, pasa inmediatamente a ser denominada “empresa socialista”. La segunda es la que identifica al post-capitalismo con el Estado comunal.

            Buena parte de las empresas industriales y agrícolas que han pasado al control estatal pasan a ser gestionadas con menor eficiencia y menores niveles de producción. Esto ha sido el resultado de la expansión de la fuerza laboral, burocratismo, continuos conflictos laborales, precios de venta de sus productos que no corresponden a los costos de producción y falta de inversión, no solo para mantenimiento, sino igualmente para actualización tecnológica de plantas que -en casos como en la producción de acero y aluminio- presentan extraordinarios niveles de deterioro y obsolescencia.[10] A todo esto se agrega la corrupción[11]. En consecuencia, una elevada proporción de estas empresas está produciendo pérdidas y solo sobreviven gracias a la inyección de recursos provenientes de la renta petrolera.

            La noción de Estado comunal ha operado más en el ámbito discursivo y de promoción de una  amplia gama de modalidades de organización política popular, que como una experiencia de transición hacia formas de organización de la producción descentralizadas, como parte de procesos de autogobierno desde la base de la sociedad. Las políticas públicas de fomento y financiamiento de diversas modalidades de organizaciones de base, en especial de los Consejos Comunales y las Comunas, han producido consecuencias contradictorias en estas dinámicas organizativas. Por un lado ha impulsado niveles de organización popular desconocidos en la historia del país y ha transferido enormes cantidades de recursos a comunidades para abordar la solución de sus problemas: vialidad, vivienda, actividades productivas, etc., contribuyendo igualmente al fortalecimiento del tejido social de las comunidades. Sin embargo, la tendencia dominante ha sido que, como resultado de la reafirmación de la histórica lógica estatista centralizadora de la economía petrolera rentista, en la medida en que las organizaciones populares tienden a depender directamente de transferencias de recursos del Estado, se han limitado o simplemente frenado las posibilidades de consolidación y autonomía de estas modalidades comunitarias de base como alternativa a la estructura del Estado. Adicionalmente, la corrupción asociada a las pugnas por el reparto de la renta ha llegado por esta vía también a la base de la sociedad. El peso de la llamada economía social sigue siendo, después de 15 años, insignificante.

            A pesar de estos obstáculos, existen muchas experiencias de base que, si bien son minoritarias, han logrado hacer propios estos impulsos organizativos y financieros, pero sobre todo, se han nutrido de la politización y activismo que ha atravesado a la sociedad venezolana en estos años, para llevar a cabo procesos comunitarios de una extraordinariamente riqueza y autonomía. Son, en este sentido, ejemplos vivientes de lo posible en el campo popular.

            En el ámbito petrolero, contando el país con las mayores reservas petroleras del planeta, durante estos años se han anunciado una y otra vez grandes planes de expansión de la actividad, especialmente en la Faja del Orinoco. Para ello se ha promovido una muy amplia participación de corporaciones internacionales públicas y privadas, con un gran peso de  corporaciones chinas. Igualmente se han negociado créditos en gran escala (nuevamente especialmente de China)[12], tanto para sostener el gasto corriente como para proyectos de infraestructura y de expansión de la actividad petrolera. El Plan de la Patria, presentado originalmente por Hugo Chávez en las elecciones del año 2012[13]  y que ha sido aprobado formalmente por la Asamblea Nacional como programa de gestión del presente gobierno, contempla como una de sus metas la transformación de Venezuela en una Gran Potencia energética y la duplicación de la  producción petrolera hasta llevarla a seis millones de barriles diarios en el año 2019[14]. Sin embargo, y afortunadamente para  el planeta, hoy, a pesar de esas extraordinarias inversiones realizadas,  la producción petrolera es algo menor que la del año 1998[15].

            Uno de los problemas más severos que confronta la economía venezolana es la continuidad de la sobre-valuación histórica de la moneda y la llamada enfermedad holandesa. El componente importado de la economía es tan elevado que devaluar la moneda hasta llevarla a una paridad más razonable inevitablemente produciría un salto aún mayor en la inflación. En consecuencia en Venezuela, prácticamente todo, menos el petróleo, es más barato importarlo que producirlo en el país. Esto ha tenido y continúa produciendo severas consecuencias y distorsiones. En primer lugar, socava los intentos de fomentar la producción interna, sea esta pública, privada o de la economía social. Implica igualmente  una permanente e insostenible hemorragia de divisas altamente subsidiadas, para alimentos y demás bienes de consumo básico, para insumos y bienes intermedios, e incluso para la importación de bienes de lujo y turismo al exterior. Los sucesivos instrumentos burocrático-administrativos creados para controlar el uso de las divisas subsidiadas y los intentos de una sistemática micro gestión de todas las esferas de la economía mediante las decisiones de sobre el otorgamiento o no de las divisas altamente subsidiadas,  han conducido a severos cuellos de botella en las importaciones, con un significativo impacto sobre los precios y la disponibilidad productos e  igualmente a niveles masivos de corrupción. De acuerdo a Edmeé Betancourt, quien en ese momento presidía el Banco Central de Venezuela, del total de $59.000 millones en divisas subsidiadas entregados en el año 2012, unos $20.000 millones dólares fueron entregados a “empresas de maletín”,  una “demanda artificial” “no asociada a actividades de producción”.[16]

            Las amplias políticas sociales, el subsidio a los alimentos y su importación intensiva por parte del Estado, el subsidio masivo a la gasolina[17], las transferencias de recursos  a empresas  públicas que, en algunos casos, no producen ni para pagar sus propias nóminas, el aumento sostenido del empleo en el sector público, así como  las exigencias de inversión de la industria petrolera,  implican una sostenida y siempre creciente presión sobre el gasto público y demanda niveles cada vez mayores de divisas.

           

El creciente malestar entre amplios sectores de la población

            Son varios los motivos por los cuales se han venido gestando niveles crecientes de malestar de amplios sectores de la población, sobre todo la parte de ésta que se identifica con la oposición. La inflación ha deteriorado la capacidad adquisitiva e incluso ha revertido parte de los avances en la capacidad de consumo logrados en estos años.[18] La escasez generalizada de productos de consumo cotidiano exige dedicarle muchas horas (y muchas colas) a la búsqueda de estos bienes. A esto se agrega la permanente preocupación por el tema de la inseguridad. De acuerdo a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el año 2012, la tasa de homicidios en Venezuela fue de 53,7 por 100.000 habitantes, la segunda más elevada del mundo después de Honduras.[19]

            Esta situación económica coincide en el tiempo con un conjunto de nuevas condiciones en el terreno político.

            El chavismo no ha sido capaz en estos largos años de extender su base de apoyo electoral, por el contrario la ha ido perdiendo poco a poco con políticas y discursos que han le han dado prioridad a la confrontación y la exclusión político-ideológica (“los que no sean socialistas, favor abstenerse”) sobre el diálogo y la inclusión. Con frecuencia desde el gobierno se  ha denunciado a la totalidad de la oposición como fascista y golpista. Esta lógica de amigo-enemigo fue muy útil al chavismo en los primeros años ya le que permitió movilizar a los sectores populares y crear y consolidar una base de apoyo sólida, comprometida. Una identidad popular chavista. Sin embargo, ha contribuido  igualmente a conformar y consolidar un denso bloque de oposición, no solo al gobierno, sino a la idea misma de socialismo. El proyecto de cambio no ha sido capaz de tender puentes hacia  otros sectores de la sociedad que de modo alguno pueden ser considerados como oligarcas o fascistas. Difícilmente puede avanzar y consolidarse en el tiempo un proceso de transformación profunda de la sociedad si la mitad de ésta (tal como esta se expresa electoralmente), no solo no comparte, sino que tiene con relación a este proyecto de cambio fuertes desacuerdos y, por las razones que sea, profundos temores.

            La muerte de Hugo Chávez dejó un gobierno debilitado y sin el extraordinario carisma y capacidad de liderazgo que lo caracterizaron. El Presidente Maduro fue electo por una diferencia de menos de 2%. En elecciones  municipales del año 2013, el gobierno ganó la mayoría de las alcaldías y ganó en la votación popular, pero perdió en las principales ciudades del país, incluida el área metropolitana de Caracas, ámbitos privilegiados de la política en el país.

           

Diferencias entre gobierno y oposición en los

procesos electorales del período 1998-2013

Elecciones	Brecha entre gobierno y oposición
Presidenciales 1998	16%
Parlamentarias 1998	14%
Presidenciales 2000	20%
Parlamentarias 2000	18%
Referéndum revocatorio presidencial 2004	18,5%
Presidenciales 2006	25,6%
Referéndum reforma constitucional 2007	(-2%)
Referéndum enmienda constitucional 2009	10%
Parlamentarias 2010	(-3%)
Presidenciales 2012	10,76%
Presidenciales 2013	1,59%
Municipales 2013	7.91%

      Datos del Consejo Nacional Electoral <http://www.cne.gob.ve/web/index.php>

            La oposición venezolana siempre ha sido heterogénea. Durante los primeros años del gobierno bolivariano, los sectores de la derecha más radical lograron -con el apoyo del Departamento de Estado- imponer su hegemonía sobre el conjunto de la oposición en su búsqueda de derrocar al gobierno por vías no electorales. Quienes no compartían esta visión fueron chantajeados y acusados de colaborar con y legitimar  al “régimen dictatorial”. Condujeron al conjunto de la oposición a sucesivos fracasos: el golpe de Estado de abril 2002, el paro petrolero-lockout empresarial de 2002-2003 y la retirada a última hora de sus candidatos en las elecciones parlamentarias, que buscando desprestigiar al gobierno y demostrar su carácter autoritario, que lo que hizo fue entregarle la Asamblea Nacional al chavismo. Cada una de estas derrotas de la oposición fortaleció al gobierno y consolidó su apoyo entre los sectores populares que, con su movilización y tenaz resistencia cotidiana, jugaron un papel principal en la derrota tanto del golpe de Estado como del paro petrolero.

            Esto comenzó a cambiar a partir del año 2006. Después de fuertes debates, poco a poco, se fue imponiendo en la mayoría de la oposición el criterio de que era necesario construir una base de apoyo política nacional  con el propósito de derrotar al gobierno por la vía electoral. Se acordó un candidato unitario para las elecciones presidenciales de ese año, Manuel Rosales, que obtuvo 37% de los votos. Finalmente se constituyó la MUD, Mesa de la Unidad Democrática, y en un momento de máxima unidad de toda la oposición, se realizaron unas elecciones primarias abiertas con un elevado nivel de participación[20] para escoger todos los candidatos de la oposición a los cargos de presidente, integrantes de la Asamblea Nacional,  gobernadores y alcaldes.

            Después de ser derrotado por un muy estrecho margen en las elecciones presidenciales  realizadas en el año 2013, y de no reconocer dichos resultados, Henrique Capriles hizo un llamado a convertir las elecciones municipales de ese mismo año en un referéndum de rechazo al Presidente Maduro.  El gobierno ganó el voto popular nacional por una diferencia de 8%.

            A partir de esos resultados estallan públicamente las fuertes contradicciones existentes al interior de la oposición.

            Para los sectores de la oposición (especialmente los que representan Leopoldo López y María Corina Machado) que siempre estuvieron en desacuerdo con las opciones electorales y con el liderazgo de la Mesa de la Unidad, la victoria del gobierno en el llamado referéndum los ratifica en su convencimiento de que es muy poco probable que pudiesen en el corto y mediano plazo derrotar al gobierno electoralmente. Vieron en la compleja coyuntura que vivía el país la forma de matar dos pájaros con la misma piedra. Por un lado, aprovechar la debilidad del gobierno y el malestar de la población por la escasez, la inflación y la inseguridad para generar confrontaciones violentas (necesariamente con muertos), para intentar crear un ambiente de ingobernabilidad y para denunciar al gobierno como dictatorial y represivo.  Desde este cálculo político, las protestas debían ser tan violentas y tan costosas políticamente para el gobierno como fuese posible. Esta parece ser la razón fundamental por la cual estas acciones, desde su propio inicio, tuvieron un componente minoritario pero bien organizado de carácter violento: barricadas, bombas molotov, francotiradores, ataques a instalaciones públicas, quema de vehículos de transporte público. La respuesta no se hizo esperar. Hubo represión policial y militar, no generalizada, pero con frecuencia severa y desproporcionada.  Los medios corporativos globales construyeron -con el uso fraudulento de fotografías correspondientes a situaciones de violencia y represión de otros países- a la imagen que esta oposición buscaba: su caracterización como víctimas indefensas de un gobierno represivo.

            Al colocarse como cabeza de esta "valiente" y "combativa" postura política de confrontación total con el gobierno,  este sector de la oposición buscaba disputarle el liderazgo  a Capriles y la Mesa de la Unidad.

            Estas acciones violentas colocaron a los sectores menos radicales de la oposición, y muy especialmente a Capriles, ante un difícil dilema. En la medida en que las protestas se extendían y tenían más apoyo de la oposición, denunciar su carácter violento  ponía en riesgo su liderazgo. Pero igualmente, si no se diferenciaban de los actos de violencia y éstos eran con el tiempo derrotados, cargarían igualmente con el peso de esta derrota. Por eso, tanto Capriles como otros dirigentes de la oposición mantuvieron posiciones ambiguas, o en el caso de Acción democrática y Copei, de silencio o declaraciones genéricas cuidadosamente diseñadas para evitar tomar posición.

            Los sectores más radicales que apostaron a la violencia enunciaron expresamente cuál era el objetivo de estas acciones: “la salida”. Esto es, el derrocamiento del gobierno de Nicolás Maduro. Son precisamente los sectores que en estos años han contado con el apoyo político y financiero más sistemático por parte del Departamento de Estado, principal pero no solamente, a través de la USAID. Es probable que estas acciones estuviesen pensadas en función de generar un ambiente de “revolución naranja” tipo Ucrania para lo cual contaban, y contaron, con el apoyo incondicional de los medios de comunicación corporativos globales, especialmente los de los Estados Unidos, España y Colombia.

            Dada la agresiva política del gobierno de los Estados Unidos en diferentes partes del mundo, y la importancia que ha tenido el proceso bolivariano en los desplazamientos geopolíticos de América Latina en estos últimos años, especialmente en la creación de nuevos bloques de integración (especialmente UNASUR y CELAC) no controlados por los Estados Unidos, es evidente que salir del gobierno bolivariano continúa siendo una prioridad para cualquier intento de recuperar la influencia perdida en este continente. Así, además del apoyo continuado a los sectores más radicales de la oposición, durante esta crisis hubo reiterados pronunciamientos y amenazas de sanciones por parte de congresistas tanto republicanos como demócratas y del Secretario de Estado Kerry.

            La información sobre la dimensión militar de estos movimientos permanece bajo una oscura sombra. El gobierno anunció la detención de tres generales de la aviación, y luego de otros integrantes de las fuerzas armadas, acusados de estar promoviendo un golpe de Estado, pero habiendo pasado varios meses, poco más se ha dado a conocer.

            En dos meses de barricadas callejeras, movilizaciones tanto pacíficas como armadas y violentas confrontaciones con los cuerpos policiales y militares, se produjeron  41 muertos, muchos heridos, centenares de detenidos y millonarios daños materiales. Hubo muertos y heridos tanto entre activistas de la oposición, integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado, como de ciudadanos ajenos a las confrontaciones. Resulta difícil determinar con algún grado de precisión las responsabilidades relativas. Venezuela es hoy una sociedad profundamente dividida. Los bloques de la población que se identifican con el gobierno y con la oposición tienden a vivir en realidades paralelas. Las fuentes de información son diferentes. Se reúnen y forman sus opiniones conjuntamente con gente que piensa igual. Esto genera  profundas diferencias no solo en la interpretación de los hechos, sino igualmente visiones que con frecuencia son absolutamente divergentes en torno a los hechos mismos.  La interpretación sobre los acontecimientos de esos meses que aparecieron en los medios de la oposición y en los del gobierno difícilmente podrían haber sido más discordantes. Para unos,  se trató de manifestaciones pacíficas de estudiantes y de la sociedad civil protestando por los problemas de inseguridad, inflación y escasez que confronta el país y exigiéndole al gobierno cambio en sus políticas. Estas manifestaciones pacíficas habrían sido reprimidas brutalmente por un gobierno caracterizado como autoritario y militarizado. Para otros,  además de las  manifestaciones pacíficas y espontáneas que expresaban el malestar por las dificultades económicas que enfrenta el país, hubo un plan sistemático y bien organizado,  con la participación de paramilitares, para generar el mayor nivel de violencia posible, crear un clima de ingobernabilidad y presentarse ante los medios internacionales como víctimas indefensas. Todo ello como expresión de un golpe suave y continuado que con apoyo exterior estaría  destinado a derrocar al gobierno.

            En este contexto se dio inicio a una ronda de diálogos del gobierno con la oposición y con la cúpula empresarial con el fin de debatir tanto asuntos referidos a la producción (asignación de divisas, control de precios, etc.), como los asuntos políticos más candentes de la coyuntura, como lo fue la exigencia por parte de la oposición de una ley general de amnistía, la liberación de todos los detenidos y la creación de una Comisión Nacional de la Verdad para investigar las responsabilidades en los hechos de violencia ocurridos[21]. Lo más importante de estas negociaciones fue que contribuyeron a disminuir los niveles de violencia, a pesar del categórico desacuerdo con estas negociaciones que se expresó públicamente de ambos lados. A pesar de estas tensiones, las encuestas indicaron que la mayor parte del país apoyaba el diálogo. El hecho de que institucionalmente la MUD dialogara con el gobierno produjo un cierto aislamiento y deslegitimación de los sectores de la derecha más radicales y violentos. El gobierno, por su parte, no lo tuvo fácil en esta dinámica de diálogos. Por un lado, su capacidad de respuesta ante las dificultades económicas estaba severamente limitada por las restricciones financieras que confronta. Diversos grupos de activistas y militantes denunciaron abiertamente estas negociaciones como una traición al legado de Chávez y exigieron una salida a la presente crisis por la vía de la radicalización del proceso.

            El presidente Maduro carece del liderazgo que le permitía a Chávez garantizar la unidad cuando proponía políticas que generaban resistencia entre sus seguidores. Está poco claro, por otra parte, en qué consistiría, en el contexto actual de un gobierno debilitado y un movimiento popular chavista desmovilizado,  esta radicalización y este giro a la izquierda. Sobre asuntos tan críticos y tan sensibles como los alarmantes niveles de corrupción tanto entre civiles como entre militares, se hacen anuncios genéricos, pero son prácticamente inexistentes las acciones que efectivamente se emprenden.

Oposición y gobierno después de la derrota de “la salida”

            Las confrontaciones violentas de febrero y marzo del 2014 terminaron debilitando tanto  a la oposición como al gobierno. El fracaso de “la salida”, del intento de derrocar al gobierno, condujo a un quiebre profundo del bloque político de la oposición. Todas las encuestas de opinión, aun las que registraban altos niveles de apoyo a las protestas callejeras, encontraron un muy mayoritario rechazo a las acciones violentas. Dejando a un lado la ambigüedad con la cual habían reaccionado durante las semanas de las confrontaciones más violentas, los sectores mayoritarios de la alianza opositora, especialmente Acción Democrática, Primero Justicia y Copei se distanciaron pública y reiteradamente de estas políticas, afirmando que la alternativa al gobierno de Nicolás Maduro tenía que ser pacífica, electoral y constitucional.  Ante la imposibilidad de acordar posturas políticas compartidas, la Mesa de la Unidad Democrática entró en crisis y su secretario general Ramón Guillermo Aveledo renunció.  Al momento de redactar el presente texto, continuaban las negociaciones para reestructurar la alianza opositora. Los debates públicos parecen apuntar hacia una alianza más débil, más como un lugar de encuentro y de algunas coordinaciones, que como una organización capaz de articular políticamente  al conjunto de la oposición.

            Tanto las encuestas de opinión, como la limitada respuesta de la población a algunas iniciativas y convocatorias de la oposición en estos meses, sugieren que, a pesar de que las razones del malestar, especialmente la escasez, la inflación y la inseguridad, siguen presentes, esta nueva derrota política de la oposición le ha restado mucha credibilidad entre quienes los apoyaban, y es poca la capacidad que tiene en el presente para darle cauce a las extendidas insatisfacciones de la población con la situación del país.

            El gobierno, a pesar de haber derrotado a la llamada “salida” también salió debilitado, Quizás su principal fortaleza en la actual coyuntura reside en la debilidad y el fraccionamiento de la oposición.

            Un sistema electoral confiable, no solo totalmente automatizado, sino igualmente con múltiples mecanismos de auditoría,  y las sucesivas victorias electorales, contribuyeron a que, en años anteriores, el gobierno venezolano contase con suficiente legitimidad internacional como para protegerlo de las agresivas políticas desestabilizadoras del gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, producto del frecuente uso arbitrario del poder y de la interpretación elástica de la constitución, y un poder judicial que carece de un mínimo de autonomía,  ha perdido parte de esa legitimidad internacional y le ha dado armas a quienes argumentan que la actual institucionalidad no permite cambios por la vía electoral.[22] En estas condiciones, la ofensiva de los medios corporativos globales se ha acentuado.

            El gobierno carece tanto de los recursos políticos como económicos que hicieron posible en el pasado responder a coyunturas críticas con nuevos programas o misiones de alto impacto social. La ausencia de Hugo Chávez dejó tanto al gobierno como su partido con fuertes tensiones internas, sin un liderazgo suficientemente fuerte como para articular las diferentes fracciones en una dirección común.

            Existe mucho descontento en las bases chavistas.

            La crisis económica se ha profundizado. Durante los años 2013-2014, la lógica expansiva del gasto público con base rentista ha entrado en crisis con un déficit fiscal, difícil de estimar sobre la base de las cifras oficiales, pero estimado por algunos analistas en torno al 15% del producto. Se ha dado una baja sostenida de las reservas internacionales, que para el primer semestre del año 2014 habían descendido a $ 21.604 millones, menos de la mitad de las reservas existentes en el primer semestre del año 2008.[23] Entre los años 2008 y 2013, la deuda externa prácticamente se duplicó.[24] Solo de China se han obtenido créditos por un monto total de $ 50.600 millones, buena parte de los éstos a ser pagados con petróleo.[25] Para la obtención de créditos externos el país encuentra condiciones crecientemente desfavorables, con tasas de interés son cada vez mayores. Dado el elevado y sostenido ingreso de dividas provenientes de la exportación petrolera, es poco probable que el país llegue una situación de suspensión de pagos, pero todo apunta a que las dificultades del sector externo tiendan a acentuarse. El incremento sostenido de la masa monetaria sin un aumento correspondiente de la oferta de bienes y servicios contribuye a acentuar  las presiones inflacionarias. La muy elevada inflación del año 2013 (56,2%)[26] no solo no se ha frenado en el año 2014, sino que se ha acelerado. La variación inter anual de precios entre agosto 2013 y agosto 2014 fue de 63,4%.[27] Esta ha sido mayor en el caso de los alimentos.

            La escasez de divisas y  las trabas y retardos burocráticos para su tramitación, el retraso en el pago a los proveedores externos, el contrabando de extracción, la venta en la economía informal -a precios muy superiores- de los productos regulados que no se encuentran en los supermercados,  el acaparamiento y la especulación, se han combinado para crear  un estado de escasez sostenida de alimentos y demás productos básicos, productos de higiene personal y del hogar y medicamentos. De acuerdo al Banco central de Venezuela, la escasez promedio de productos básicos en el país fue de 29,4% en marzo de 2014. En ese mes, particularmente crítico como consecuencia de la violencia callejera, en algunos rubros de como el aceite comestible, el azúcar, el café molido, la leche en polvo entera, el papel higiénico y la harina de maíz pre-cocida, la escasez fue de más de 85%.[28] La escasez de medicamentos y de instrumental médico amenaza con generar una crisis de salud pública.

            Ante esta situación el gobierno responde ante lo que considera que son los componentes de la guerra económica (especulación, acaparamiento, contrabando de extracción) con nuevas normas para la tramitación de divisas, impone más controles como la inspección de depósitos y el transporte de mercancías, el cierre de la frontera con Colombia y la introducción de un mecanismo de capta huellas para impedir que cada individuo compre más de un volumen determinado de productos subsidiados a la semana y evitar así su reventa especulativa y el contrabando de extracción. No aparecen en el horizonte, sin embargo, políticas concretas destinadas al aumento de la producción y a limitar los múltiples cuellos de botella que la afectan.

            Ante las crecientes dificultades económicas que confronta el país, es de suponer que es necesario tomar medidas correctivas. Estas no tienen que coincidir con las recetas del ajuste estructural neoliberales, pero mientras se definen políticas de carácter estructural de más largo plazo, algunas decisiones, como el ajuste en la paridad de la moneda para detener la hemorragia de divisas, la restricción de la masa monetaria y en torno al precio de la gasolina, parecen ser indispensables a corto plazo. En el calendario político nacional, después de las tensiones de los meses de febrero y marzo, el año 2014  aparecía como un año particularmente propicio para tomar algunas medidas consideradas como necesarias, aunque pudiesen tener un costo político electoral. En un país en que ha habido elecciones o referéndums prácticamente todos los años, sobre-determinado en muchos sentidos la agenda política, había un período inusualmente largo (dos años) entre las elecciones municipales del 2013 y las parlamentarias del 2015 sin la presión electoral.  Sin embargo, el gobierno parece paralizado. Ni en torno a la gasolina, cuyo precio es considerado como absurdo por la mayor parte de la población, se atreve el ejecutivo a tomar medidas.

Las políticas de transición hacia un modelo social y productivo post-petrolero, post-rentista que no se impulsaron en momentos de abundancia financiera y amplia legitimidad política, difícilmente pueden impulsarse en las condiciones actuales.

            En el contexto de esta crisis, el presidente Nicolás Maduro había anunciado un gran “sacudón” de su gobierno para avanzar en la superación del Estado burgués y renovar a los altos funcionarios de su gobierno para afrontar una nueva etapa del proceso bolivariano. Cuando finalmente, a comienzos de septiembre los cambios fueron anunciados, fue poco lo que efectivamente se alteró. Se creó un nuevo organigrama reagrupando básicamente a los mismos ministerios existentes bajo la coordinación de seis nuevas vice-presidencias por áreas (Economía Productiva y Finanzas; Seguridad y Soberanía Alimentaria; Planificación y Conocimiento: Desarrollo Social y de las Misiones; Soberanía Política; Socialismo Territorial y el Ecosocialismo), y prácticamente todos los ministros permanecieron en sus cargos o pasaron a dirigir otros ministerios. Lo más problemático ha sido la eliminación del Ministerio del Ambiente (el primero de América Latina) que pasó a formar parte del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Ecosocialismo.

           

Más allá del rentismo, más allá del capitalismo

            En el siglo XXI los retos de ir más allá del capitalismo no pueden separarse de la exigencia igualmente crucial de desprenderse de los modos de producción, distribución y consumo y de las modalidades hegemónicas de producción de conocimiento de este orden social. Esto pasa necesariamente, entre otras cosas, por el establecimiento de otras formas de relacionarse los seres humanos con el resto de la naturaleza y la creación de otros patrones energéticos. El surgimiento y primacía global del capitalismo industrial se sustentó en el acceso a combustibles fósiles baratos y ampliamente accesibles. En dos siglos y medio el capitalismo industrial logró transformar esos inmensos depósitos -creados a lo largo de millones de años- en la energía que hizo posible tanto el espectacular crecimiento económico de estos siglos, como la acelerada destrucción de las condiciones que hacen posible la vida en este planeta. Este patrón energético no es un componente secundario, sino una dimensión constitutiva esencial de la forma como se desplegó históricamente este régimen de producción y de vida.

            Nadie pretende que el paso a una sociedad post-petrolera signifique que de un día a otro se puedan cerrar todos los pozos petroleros. Es necesario sin embargo, en forma urgente, dar pasos y formular las direccionalidades de esta indispensable transición. Este imperativo está ausente en las políticas públicas de prácticamente todos los gobiernos del mundo que siguen dándole prioridad al crecimiento económico sobre las exigencias de la preservación de la vida. De la misma manera, las políticas del Estado venezolano no solo no contemplan la necesidad de esta transición, sino que por el contrario están comprometiendo el futuro del país a largo plazo en una dirección opuesta.

            La mayor parte de los principales objetivos de transformación de la sociedad que han sido formulados en el proyecto bolivariano, en el texto constitucional, y en los documentos y propuestas políticas hasta llegar al Plan de la Patria, no son realizables sobre la base de la afirmación del modelo de la monoproducción petrolera. Sin una transformación profunda de este patrón productivo, si no se abandona el imaginario del crecimiento sin fin, si no se reconocen los límites del planeta y la profunda crisis civilizatoria que confronta la humanidad, si la transformación no tiene como eje medular la transición hacia una sociedad post petrolera, como condición de la posibilidad misma de una sociedad post capitalista, los objetivos principales del proceso de cambio que han sido propuestos por el movimiento bolivariano no tienen posibilidad alguna de realizarse.

            Este proceso político está atravesado por profundas contradicciones entre sus principales objetivos declarados por un lado, y el reforzamiento sistemático de la lógica colonial del desarrollo y del rentismo petrolero. Objetivos tan centrales en las formulaciones de este proyecto de transformación societal como lo son la democracia participativa y el Estado comunal; la soberanía nacional; la soberanía alimentaria; la pluriculturalidad, y el reconocimiento de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas; y el objetivo quinto del Plan de la Patria, “contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana” no sólo presentan tensiones, sino que son estructuralmente incompatibles con un petro-Estado, con una economía extractivista depredadora cuyos ingresos estén, además, altamente concentrados en manos del poder ejecutivo.

            La participación democrática de base y el autogobierno comunal encuentran un límite estructural en el hecho de que en esta economía petrolera, las comunidades carecen de un piso productivo propio y dependen en una forma permanente de las transferencias (“bajadas”) de recursos y líneas políticas desde el ejecutivo y el partido de gobierno. Sin autonomía en relación tanto al Estado como al mercado, no es posible la construcción de una genuina democracia participativa. Por más organización y participación de base que se promueva, no se puede hablar de democracia protagónica si las principales decisiones sobre el rumbo del país son tomadas en el vértice de las estructuras políticas, burocráticas y técnicas altamente centralizadas que caracterizan al petro-Estado venezolano.

                                                                                                         

Caracas, septiembre, 2014

Post data:

Entre mediados de año y octubre del año 2014 los precios promedio del petróleo venezolano bajaron de 100 dólares el barril a 75 dólares por barril, esto es una reducción de 25%. Esto no puede sino profundizar las dificultades económicas que han  sido descritas en este texto.

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[1]. CEPAL. Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, Santiago, 2013, p. 79.

[2]. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, “Reconocimiento de la FAO a Venezuela”, 26 de julio, 2013.

[http://www.rlc.fao.org/es/paises/venezuela/noticias/reconocimiento-de-la-fao-a-venezuela/

[3]. Instituto Nacional de Estadísticas. Fuerza de Trabajo, “Población de 15 años y más ocupada, según sector formal e informal, categoría ocupacional del sector informal y sexo”,

[http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=103&Itemid=40#]

[4]. Jorge A. Giordani, “Testimonio y responsabilidad ante la historia”, Correo del Orinoco,Caracas, 18 de junio 2014.

[5]. Instituto Nacional de Estadísticas, Índice de Desarrollo Humano,

[http://www.ine.gov.ve/documentos/Social/IndicedeDesarrolloHumano/pdf/Desarrollo_Humano.pdf]. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística de Venezuela, esta cifra es una sub-estimación de la cifra efectiva que sería de 0,771 para dicho año.

[6]. Banco Central de Venezuela, Información Estadística, Exportaciones e importaciones de bienes y servicios según sectores, [http://www.bcv.org.ve/c2/indicadores.asp], Parte, pero solo parte, de este incremento es consecuencia de la subida de los precios del petróleo entre esos años.

[7]. Banco Central de Venezuela, Información Estadística. Exportaciones e importaciones de bienes y servicios según sectores [http://www.bcv.org.ve/c2/indicadores.asp]                    

[8]. Banco Central de Venezuela, Información Estadística. Producto Interno Bruto por clase de actividad económica. [http://www.bcv.org.ve/c2/indicadores.asp]

[9]. Entre el primer semestre del año 1999 y el primer semestre del año 2014, la participación del sector público en el total de ocupados pasó der 15,5% a 20,7%. Instituto Nacional de Estadísticas, Fuerza de Trabajo, Población de 15 años y más ocupada, según sector empleador,

categoría ocupacional y sexo,

[http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=103&Itemid=40#]

[10]. De acuerdo a las últimas cifras del Índice de Producción Física dadas a conocer por el Banco Central de Venezuela, el año 2011 la cifra de producción física de acero primario en el país representó el 74,92% del monto correspondiente para el año 1997, En el caso del aluminio, el descenso fue aún mayor, siendo la cifra del año 2011 sólo el 52,31% de la producción correspondiente al año 1977. Banco Central de Venezuela, Información Estadística, Índice de producción física para algunas actividades económicas.

[http://www.bcv.org.ve/c2/indicadores.asp]

[11]. Al anunciar la decisión de intervenir la dirección de PDVSA encargada de la distribución de combustible, el presidente Nicolás Maduro afirmó que: "Hay indicios muy serios de la vinculación de grupos mafiosos con algunas instancias de empresas del Estado, los vamos a perseguir y los vamos a castigar con el doble de la severidad con que se castiga normalmente", “Presidente Maduro ordena intervenir dirección de Pdvsa encargada de distribución de combustible”, Aporrea, 11 de septiembre 2014, [http://www.aporrea.org/contraloria/n257519.html]

[12]. The Economist, Chinese lending to Latin America. Flexible friends, 12 de abril, 2014 [http://www.economist.com/node/21600686/print]

[13]. [http://www.cne.gob.ve/divulgacion_presidencial_2012/programas/V4258228.pdf]

[14]. La mejor expresión del gran consenso petrolero nacional existente en el país, es que el programa de gobierno presentado por el Candidato de la oposición en esas elecciones, Henrique Capriles,  ofrecía llevar la producción exactamente a ese mismo nivel: seis millones de barriles diarios.

[15]. OPEC, Annual Statistical Bulletin 2001, 2014, Viena.

[16].  “Presidenta del BCV: Parte de los $59.000 millones entregados en 2012 fueron a ‘empresas de maletín’”, Aporrea / AVN - www.aporrea.org, Caracas 25 de mayo 2013.

[17]. La gasolina en Venezuela se vende a $0.02 el litro, pero en realidad es, literalmente, gratis. La empresa petrolera estatal PDVSA no solo le entrega a las estaciones de servicio la gasolina sin costo alguno, sino que además le suministra un subsidio adicional por cada litro de gasolina con el fin de cubrir parte de los gastos operativos y el margen de ganancia de éstas. Ello implica una muy elevada carga fiscal y opera igualmente como un poderoso estímulo al consumo excesivo (derroche) y un masivo contrabando de extracción. La diferencia en el precio de la gasolina entre  Venezuela y Colombia es de 1 a 78. Ver: Víctor Álvarez, El debate para sincerar el precio de la gasolina en Venezuela y la toma de conciencia para avanzar hacia un modelo post-extractivista, Caracas, 2013. El nuevo presidente de PDVSA Eulogio del Pino estima que unos 100.000 barriles de combustibles diarios están siendo sacados del país por contrabandistas. “Estiman que cerca de 100.000 barriles de combustibles diarios están siendo contrabandeados”, Agencia Venezolana de Noticias, Caracas 13 de septiembre, 2014.

[18]. De acuerdo a las cifras del Banco Central de Venezuela, entre el primer semestre del año  1999 (primer año de gobierno de Hugo Chávez), y el primer semestre del año 2007, la pobreza en el país -medida por nivel de ingreso- bajó de 50% a 33,1% de la población y la pobreza crítica de 19,9% a 9,4%. Sin embargo a partir de ese año, las cifras se estabilizaron y no se produjeron reducciones adicionales durante los siguientes años. En el primer semestre del año 2013, consecuencia sin duda de la elevada tasa de inflación, se registró un aumento de la pobreza crítica, llegando esta cifra a 13.1%. (Instituto Nacional de Estadísticas, Pobreza por línea de ingreso, 1er semestre 1997 - 2do semestre 2013,

[http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=45#]

[19].  United Nations Office on Drugs and Crime, Global Study on Homicide 2013, Viena, 2013. p.  24.

[20]. En estas elecciones primarias, realizadas con el apoyo logístico del Consejo Nacional Electoral, participó 17% del registro electoral nacional.

[21]. Una de los asuntos más notorios de estos procesos de diálogo es el hecho de que todos los participantes lo hacen a partir de la reivindicación expresa de la Constitución del año 1999, en claro contraste con la postura de la oposición en relación a esta constitución  durante el golpe del año 2002.

[22]. Ejemplos estas arbitrariedades durante el año 2014 fue la decisión unipersonal del Presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello de sacar de la Asamblea Nacional a la  parlamentaria María Corina Machado, por considerar que su intento (fracasado) de dirigirse a la Asamblea de la OEA desde la mesa de Panamá, significaba que ella había asumido un cargo al servicio de un gobierno extranjero,  incompatible con su función parlamentaria. Igualmente importante es el hecho de que no se renueven los poderes públicos cuyos períodos están ampliamente  vencidos, sobre todo el del Consejo Nacional Electoral, por no contar con la mayoría calificada en la Asamblea que le permitió al chavismo anteriormente nombrarlos unilateralmente, sin pasar por una negociación con la oposición. Igualmente, la decisión de la Corte Suprema limitando inconstitucionalmente el derecho a la manifestación, exigiendo quetoda acción de calle contase con un permiso previo de las autoridades correspondientes.

[23]. Banco Central de Venezuela, Información Estadística, Reservas Internacionales,

[http://www.bcv.org.ve/c2/indicadores.asp]

[24]. Banco Central de Venezuela, Información Estadística, Deuda Externa,

[http://www.bcv.org.ve/c2/indicadores.asp]

[25].  Inter-American Dialogue, China-Latin American Finance Data Base,

[http://www.thedialogue.org/map_list]; Kevin P. Gallagher, Amos Irwin, Katherine Koleski,  The New Banks in Town: Chinese Finance in Latin America, Inter-American Dialogue, Washington, 2012.

[26]. Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas, Índice Nacional de Precios al Consumidor, [http://www.bcv.org.ve/c2/indicadores.asp].

[27]. Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadísticas, Índice Nacional de Precios al Consumidor, Caracas, 9 de septiembre, 2014.

[http://www.bcv.org.ve/Upload/NotasPrensa/inpcago14.pdf]

[28]. “BCV reportó que en marzo la escasez se ubicó en 29,4%”, El Universal, Caracas 26 de abril, 2014. Para el mes de septiembre, la disponibilidad, sin solucionarse, había mejorado significativamente en muchos productos. Sin embargo las cifras oficiales citadas eran para ese momento las más recientes.