Luego del emblemático Juicio a las Juntas implementado durante la presidencia de Raúl Alfonsín, de las contramarchas que representaron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en los ochenta y de los posteriores indultos otorgados en los años noventa, la impunidad que protegía a los represores comenzó a revertirse en los primeros años del nuevo siglo. Primero, el juez Gabriel Cavallo dictaminó, en marzo de 2001, la inconstitucionalidad e invalidez de las leyes dictadas durante el alfonsinismo. Luego, el Congreso de la Nación declaró la nulidad de esas normativas en setiembre de 2003. Y, finalmente, la Corte Suprema de Justicia confirmó la inconstitucionalidad de ambas leyes en junio de 2005.
Desde la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, creada en la órbita de la Procuración General en 2007, el fiscal Jorge Auat y el coordinador Pablo Parenti destacan que se puede observar una “consolidación” del proceso de juzgamiento en todo el país. “Institucionalmente hay un verbo común en cuanto los juicios se consolidan como política de Estado”, señala Auat.
De acuerdo al último informe de la Unidad , se registra un total de 843 personas respecto de las cuales se dictó al menos un auto de procesamiento. De estas 843 personas procesadas, 449 ya cuentan con una o más causas elevadas a juicio y otras 141 tienen alguna causa en la que la fiscalía solicitó la elevación a juicio. Así, cerca del setenta por ciento (590) de los 843 procesados actuales, ya tiene alguna causa en etapa de juicio o cuenta con requerimiento fiscal de elevación a juicio. Además, más del treinta por ciento del total de las elevaciones ya ingresó a la etapa de juicio propiamente dicha y se encuentra próximo a obtener una sentencia definitiva a su respecto. Hasta 2008 se había condenado a 68 personas. En diciembre de 2011, esa cifra llegó a 266. Se observa, entonces, que entre 2008 y 2011 la cantidad de condenados prácticamente se cuadruplicó.
A este listado deben sumarse las recientes condenas dispuestas en el marco de la causa por el asesinato del abogado laboralista Carlos Alberto Moreno, que finalizó la semana última en la ciudad bonaerense de Tandil. Allí, el Tribunal Oral en lo Criminal de Mar del Plata sentenció a prisión perpetua a los ex militares Julio Alberto Tomassi, Roque Papalardo y José Luis Ojeda y dispuso una pena de 15 y 11 años, respectivamente, a los civiles Felipe y Julio Méndez. Los jueces también pidieron que se investigue el rol de ex integrantes del directorio de la cementera Loma Negra, de dos ex ministros de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y del ex ministro de gobierno, James Smart.
De todas formas, en la Unidad Fiscal prevén que “los resultados más contundentes” de la política de acumulación de casos para la concreción de “juicios significativos” se empezarán a evidenciar aun con mayor claridad durante el resto del año. En los tribunales federales de Paraná, esta semana comenzó el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en las ciudades de Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, en el que hay nueve inculpados, treinta víctimas y 199 testigos. Los principales imputados son el ex ministro del Interior, Albano Harguindeguy, y Ramón Díaz Bessone, ex jefe del II Cuerpo de Ejército. También se inició el cuarto juicio en Misiones, en el que se juzgarán a ex miembros de la cúpula de la policía provincial.
Además, se deberían concretar dos juicios muy importantes para la provincia de Córdoba, en los que se investiga el accionar de los centros clandestinos que funcionaban en La Perla y en el Departamento de Informaciones de la policía provincial (también conocido como D2). Ambos juicios involucran en conjunto a 48 procesados en relación con 404 víctimas. En la provincia de Tucumán, está pautado que se eleven las causas de la Jefatura de Policía y la del ex Arsenal Miguel de Azcuénaga, en el que funcionó un centro clandestino de detención y acaban de hallarse los restos del ex senador peronista Damián Márquez, quien fue secuestrado la noche del 13 de enero de 1977. También se esperan avances en la megacausa ESMA (en el primer tramo se juzgaron delitos contra 85 víctimas) y Campo de Mayo, entre otros procesos judiciales.
APURAR EL PASO
Sin embargo, desde el Ministerio Público Fiscal advierten que “de ningún modo se puede pensar que esta consolidación del proceso de juzgamiento no exija un control y una suerte de custodia permanente. Los logros no nos deben confundir ni hacernos pensar que ya está todo avanzado”. Respecto de la cantidad de personas condenadas, aclaran que de los 266 condenados que existen hasta el momento, sólo 43 de ellos registran condenas firmes.
En ese sentido, muestran su preocupación por las demoras que se vienen registrando en el ámbito de la Cámara Nacional de Casación Penal para la revisión de las sentencias de los tribunales orales. Durante 2011, la Cámara de Casación revisó seis sentencias en relación con 13 imputados. Esa cifra, según la Unidad Fiscal , no muestra cambios relevantes en su actividad si se toma en cuenta que durante 2010 revisó cinco sentencias respecto de 12 imputados. También observan una “excesiva demora” en el lapso que va desde la elevación a juicio hasta la concreción de las audiencias de debate.
En esa línea, la Cámara Federal de Casación Penal dispuso, en febrero último, un conjunto de “reglas prácticas” que apuntan a evitar la repetición de pruebas de un juicio a otro, la exposición reiterada de los testigos y la reedición de discusiones ya saldadas sobre hechos indiscutidos. También incluyen advertencias para que los jueces no generen dilaciones con ardides legales, proponen un acuerdo entre las partes para fijar una frecuencia razonable de audiencias, reducir la lectura de la acusación y lograr alegatos acotados. Y establecen pautas para proteger a las víctimas que deben testimoniar y resguardarlas de la “revictimización”.
El fiscal general Auat valora las reglas dictadas por la Cámara de Casación, pero advierte que “no resuelve la patología que describimos”. Y luego explica: “El problema no es la falta de instrumentos, sino la voluntad institucional de avanzar con los juicios. Todavía hay vastos sectores del Poder Judicial en los que encontramos tremendos obstáculos, como en las provincias de Jujuy, Salta, Santiago del Estero o Mendoza, en la que incluso hay un juez prófugo”. Se refiere, claro, al suspendido camarista federal de Mendoza, Roque Otilio Romano, quien escapó a Chile, y es acusado de omitir la investigación de 103 casos de delitos como secuestros, torturas y robos de bienes a secuestrados entre 1975 y 1983, cuando fue primero fiscal federal y después juez subrogante en Mendoza.
“Hace falta un crecimiento en la gestión judicial, que no depende de reglas del código procesal. Que se celebren sólo una o dos audiencias por semana, o que no se hagan los juicios porque no hay salas, lleva a una dilación de los juicios. Y, a veces, son excusas, porque no siempre faltan salas. Necesitamos que alguien tome un control de esto”, señala Parenti.
¿Qué estrategias se plantearon desde la Unidad Fiscal para agilizar las causas y evitar su atomización?
Parenti: Hay una resolución del procurador general, Esteban Righi, que marca como pauta central el pedido de acumulación de las causas, aunque no siempre logramos la decisión judicial que solicitamos. Se lograron muchos avances, aunque no todo lo que quisiéramos, ni en un ritmo similar en cada una de las provincias.
Auat: Hay un hecho muy emblemático que permite entender que aún queda mucho por hacer, aunque el proceso esté consolidado. A nueve años de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final por parte del Poder Legislativo, las reglas prácticas dictadas por la Cámara de Casación Penal tienen escasamente un mes. Es decir, todavía queda mucho por hacer y es imperativo terminar con ciertas discusiones que tienen como único objetivo la demora de las causas.
¿En qué aspectos es necesario avanzar con mayor fuerza?
P: Debemos seguir investigando los casos por apropiación de menores y, con ese objetivo, se creó un equipo que está específicamente dedicado a esa tarea. También se debe mejorar la respuesta respecto de los delitos sexuales cometidos durante el terrorismo de Estado. Hay que ofrecerles a los testigos las condiciones adecuadas para que puedan declarar este tipo de delitos, y para que sean calificados como delitos sexuales y no queden desdibujados dentro del concepto genérico como tormentos. También hay que avanzar con respecto a la actuación de los funcionarios judiciales, que requiere un trabajo importante de revisión de archivos, habeas corpus y expedientes de la época.
A: Fue muy importante instalar en el propio sistema judicial la cuestión relativa a los delitos de violencia sexual, porque es uno de los crímenes que mayor trauma causa en la víctima y su invisibilización marcaba un cerco de impunidad. Por otra parte, también hay que analizar los confines de la complicidad civil, para determinar hasta dónde llegaba.
¿Qué sectores civiles aún deben investigarse?
P: En especial, la participación de los empresarios y el rol de los propios funcionarios judiciales. También queda un aspecto de la estructura represiva que es difícil de investigar y que está vinculada a los agentes de inteligencia. Hay muchos imputados, pero porque son reconocidos o porque se los pudo vincular a través de algún documento. Pero es muy compleja la tarea de reconstruir el papel de los agentes de inteligencia.
A: Existen dificultades probatorias. No es fácil descubrir una cantera probatoria que permita imputar al personal de inteligencia. De hecho, la investigación de los más de dos mil setecientos “vuelos de la muerte” realizados entre 1976 y 1978 requirió de un trabajo exhaustivo, observando planilla por planilla. Aunque, claro, si no fuese así, no estaríamos hablando de terrorismo de Estado.
¿Por qué?
A: Siempre cito el caso de la masacre de Margarita Belén, en el que fraguaron un enfrentamiento armado, e incluso trasladaron cadáveres a otros lugares del país y los entregaron en otras provincias. Es decir, esas coartadas estaban facilitadas por el manejo de todos los recursos de los que dispone una estructura como la del Estado. Por eso, la mecánica criminal de la última dictadura era muy compleja y sofisticada. Pero el gran desafío es seguir investigando, porque las dificultades probatorias tienen que ver con esa complejidad de la trama criminal.
P: Por otro lado, hay que tener en cuenta la destrucción de las pruebas, que nos obliga a trabajar en los resquicios que quedaron.
ECUACIONES Y DESAFIOS
¿Cuáles son los ejes centrales que se planteó la Unidad Fiscal para este año?
Parenti: La prioridad es encontrar respuestas dentro de la propia administración de justicia para que los juicios puedan concretarse. Hay una gran cantidad de causas, en muchas se avanzó, pero observamos una inercia peligrosa. Hoy, no cierra la ecuación entre la velocidad actual, el tiempo que tenemos y lo que queda por hacer. Por eso, creemos que hay que apurar el paso. Pero ese avance no puede estar librado al azar, hace falta un paso más en cuanto a la gestión judicial.
Auat: Es un déficit que tiene cronicidad. Y no queremos legitimar el discurso perverso del propio sistema que señala que faltan herramientas idóneas. Los instrumentos están. Recibimos con beneplácito cualquier herramienta que mejore el sistema que, sin dudas, es perfectible. Pero es un discurso invocado para legitimar las dilaciones.
P: Se formaron unidades especiales, como la de la Corte , la nuestra, o la Comisión Interpoderes. Ahora Casación dictó las reglas prácticas. Y todos hablan de la demora y de las dificultades, pero aún ningún juez fue sancionado ni echado de la justicia por demorar estas causas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario