YPF: LA EPOPEYA COMIENZA AHORA

“Alberto: ningún país en la historia, salvo el tuyo, entregó el petróleo sin que se lo arrancasen con guerra y con invasión”

Valery, viejo amigo; ex Coronel del Ejército Rojo.

“El mejor negocio del mundo es una empresa petrolera bien gestionada y el segundo mejor negocio es una empresa petrolera mal gestionada”

John D. Rockefeller, fundador de la Standard Oil Company de Ohio.

¿Cómo, si somos parte del campo nacional y popular, no emocionarnos ante la recuperación del 51% de YPF? Siendo parte de esa minoría que en los ’90 resistió su entrega, y fue derrotada frente a la traición de buena parte de la clase política, en medio del mar de indiferencia ciudadana, ¿cómo no apoyar semejante medida con seguridad y decisión? ¿Con la sensación de alivio, alegría y esperanza ante la recuperación de algo que creíamos perdido para siempre?

Hoy todo es distinto a como era dos décadas atrás.

Tenemos un gobierno que no vaciló en tomar otra medida histórica; una de tal importancia que puede cambiar significativamente para bien el futuro de la Argentina y el de sus habitantes.

Tenemos una oposición que contribuyó a esta iniciativa con sus votos; aun cuando –pese al reconocimiento de la presidenta– hay quienes insisten en caracterizarla como un bloque homogéneo, símbolo de la antipatria. Un enfoque maniqueo que alimenta a los enemigos del pueblo, dentro y fuera del Congreso; dentro y fuera de los que se proclaman oficialistas.

Y tenemos un pueblo que, finalmente, se expresa festejando otra lonja de recuperación de la dignidad nacional, y de la suya propia, con un protagonismo sin el cual nada hubiera sido posible.

Se ha dado un paso gigantesco. Y, ante esas proporciones, resulta irritante, cuando no patético, que algunos entusiastas de la entrega –en sintonía con los teóricos de lo imposible– se “indignen” al recordar la postura de los Kirchner en los ’90, o la demora en tomar esta decisión.

Sublevan la opiniones neoliberales –extranjeras y nacionales (que incluyen al supuesto “periodismo independiente”)– azoradas por la violación de la “seguridad jurídica” de Repsol como nunca lo estuvieron ante los vergonzosos contratos que le daban amplia libertad a la empresa para ganar sin invertir en el país. Tampoco objetaron que –aun las escasas limitaciones de esas cláusulas vergonzosas que otorgó el gobierno de los ’90– fueran violadas por la empresa. Ni cuando ésta despidió en masa a trabajadores, ni cuando diariamente se atropellan sus derechos. Parece que –a los ojos de estos “opinólogos” del capital– sólo las empresas y quienes las ostentan  son sujetos de “seguridad jurídica”. Nunca los asalariados; nunca el conjunto de la población argentina.

Por otra parte, es curioso que relacionen un avasallamiento que no es tal con un deterioro de las relaciones con España –previsible jugada que impulsan el reaccionario gobierno de Rajoy y su viejo Rey “de la jungla”– cuando aun los derechos de propiedad de Repsol son dudosos. Tiene el grueso de su capital distribuido en grandes Bolsas del mundo –sobre todo en sociedades fantasmas en paraísos fiscales. Y la evasión impositiva que realiza alegremente contribuye en mucho al ajuste que está sufriendo el pueblo español.

En febrero de 2003, en una charla con el entonces candidato Néstor Kirchner, le planteé la necesidad de recuperar la renta petrolera, minera y financiera (incluyendo la recuperación de los fondos de las AFJP), como base imprescindible para encarar un proceso de cambios de la profundidad del que nos planteaba como su plan de gobierno. Un planteo sencillamente expuesto, pero contundentemente; y que incluía la constitución de una amplia fuerza de apoyo, con el aporte de distintos sectores del movimiento popular que entonces –y aún ahora– están dispersos. Entre ellos, el grupo al que, con otros compañeros, representaba en esa charla, integrado por “sobrevivientes” de las Juventudes Políticas de los ’70.

Las encuestas no favorecían a nuestro interlocutor, pero eludió prudentemente una definición en este aspecto de recuperación de la renta que le planteábamos. Un asunto que –junto a la recuperación del salario, como medida de justicia social, pero también de genuino impulsor del mercado interno– considerábamos como ineludible para la reconstrucción del aparato productivo, y el abordaje del desgarrador cuadro de desocupación y pobreza que asolaba al país.

Nosotros –varios auto-exiliados de la partidocracia de la izquierda “tradicional”, precisamente porque no renunciamos a nuestras convicciones e ideales– sentíamos, y sentimos, un profundo deber hacia el pueblo: el de representarlo cuando no se lo escucha; el de acompañar las medidas que compartimos (algunas de ellas, por las que luchamos, décadas enteras desde otros lugares). Pero acompañar con la mente crítica que conlleve mejorar esas medidas para ir “siempre por más” para los intereses de ese pueblo, tan largamente postergado. Por todo ese tiempo de espera y de lucha acompañamos siempre “por más”; no nos alcanza el mínimo de “nunca menos”.

Los que llegan al gobierno pueden aprovechar estos reclamos para ir a fondo –y nosotros siempre insistimos en que lo hagan. Sin embargo, también es cierto que el político en el en el gobierno tiene también la obligación de evaluar la correlación de fuerzas. Apropiadamente o no eso ha resultado en el “lo hacemos cuando podemos; no cuando queremos” de la presidenta. Pero hoy no tiene sentido detenernos en el pasado. Se hace imperioso volver a plantearnos si es que ahora no están dadas las condiciones internacionales, nacionales y de apoyo popular para “ir por todo”.

Saludo y comparto la alegría de los compañeros que consideran que la epopeya ya se ha producido.

Pero creo que –si la decisión, en efecto, está– la verdadera epopeya comenzará ahora… Logrando que el pueblo la haga suya, y yendo a fondo en los objetivos. Pero porque es una epopeya es precisamente la razón por la que aun resta concretarla: para una epopeya no basta con una buena decisión, ni con buenas intenciones; se logra una epopeya cuando se obtienen logros después de haber batallado con una plaga de condicionamientos y obstáculos – reales y creados– que ya se avizoran en el camino…

Los condicionamientos: ¿A qué debemos enfrentarnos?

Se presentan ante los argentinos y su gobierno numerosos retos: algunos ya anticipados por la presidenta y otros que no aparecen a simple vista. Ante esta situación, resulta imperioso profundizar en nuestro conocimiento y compromiso de participación para que esta batalla no la libre solo el Ejecutivo o el “managament profesional”, por más orientación política que tengan; pues lo central es la claridad de objetivos y la independencia absoluta del lobby petrolero.

El “Legado” de la Privatización

Años de rapiña han logrado que YPF ya no sea lo que era. En la actualidad sólo maneja poco más del 30% del negocio petrolero. El resto esta en manos de capital privado –principalmente extranjero– que no tiene intención alguna de considerar su actividad como “de utilidad e interés público”, salvo que esos objetivos sean funcionales a su regla de oro: maximizar ganancias y minimizar inversiones.

Aun con la fundamental medida que ha permitido que el gobierno tenga la mayoría de las acciones, YPF ya no es estatal. Es una sociedad anónima privada, con capitales mixtos, estatales y privados; nacionales y extranjeros.

YPF fue vaciada por Repsol, sin otro interés que maximizar ganancias. Ese vaciamiento ha supuesto la depredación ilimitada de un recurso natural no renovable: se agotaron los pozos descubiertos por la empresa nacional antes de ser privatizada, a partir de años de inversión en exploración; se destruyeron o remataron instalaciones y propiedades; y el dinero acumulado no se utilizó en inversiones en, ni para, el país. Sirvió para financiar la expansión mundial de Repsol; para convertir lo que era una red de estaciones de servicio en un país europeo sin petróleo en una poderosa empresa multinacional.

Garantizar la Continuidad y Debilitar los Cuestionamientos

Los grandes cambios orquestados desde una decisión del Estado nunca pueden ser realmente efectivos si no están acompañados por una ley con una reglamentación que llene vacíos y regule de manera clara y precisa. En aras de una legitimidad mayor, de evitar la reversibilidad de los objetivos que impulsaron la ley a través de silogismos legales.

La decisión de recuperar la renta petrolera para la nación–si esto es realmente una epopeya, de esto se trata; y la estatización de la mayoría de YPF es sólo el primer paso– enfrenta obstáculos tan complejos para hacerse efectiva que la ley de estatización no es suficiente para garantizar el éxito.

Es imprescindible acompañar la reciente medida con una reglamentación que regule la explotación petrolera con los fines esenciales de revertir la depredación energética y la pérdida del autoabastecimiento. Una regulación que tenga en cuenta todos los aspectos problemáticos que vengo señalando, y que señalaré en el resto de este artículo. Una regulación que los tenga en cuenta; y, a partir de ello, aporte de manera contundente y, sobre todo clara, defensas y soluciones. No hay otro modo de recuperar los recursos hidrocarburíferos, combustibles del desarrollo productivo.

También es necesaria una implacable Auditoria. Antes de encarar la recuperación de una entidad que estuvo perdida para nosotros –en manos que no tenían como eje de acción el avance nacional y popular– es vital una inspección que permita constatar todos los datos que tenemos sobre el estado en el que se encuentra la empresa recuperada. Un cuerpo técnico que, a la vez que brinda transparencia, ponga en evidencia cuál es el estado de los pozos,  de las reservas, de las instalaciones y, no menos importante, del daño ambiental hasta ahora causado por la explotación petrolera sin controles.

El cuerpo de auditores puede proporcionar una “foto” de YPF al momento en el que el Estado comienza la epopeya: para mostrar la magnitud de la tarea a emprender; para ahuyentar los fantasmas que plantea la oposición sobre negociados; y para –conjuntamente con el poder político y las fuerzas de apoyo– proponer un plan de inversión, trabajo y reconstrucción público.

Un plan con objetivos claros, sugerencias de períodos para el cumplimiento de esos objetivos, previendo la elaboración de informes periódicos –que también sean públicos– sobre el avance de la labor estatal.

Estas medidas suman transparencia, respetan el principio constitucional de publicidad de los actos de gobierno en un tema especialmente sensible, y disminuyen la posibilidad de cuestionamientos sobre el verdadero carácter, y los logros reales de una gesta que, pretendemos, sea histórica.

Financiación y Rentabilidad: la Necesidad de Cambiar los Paradigmas

El proceso de auditoría debe ser previo a cualquier cotización bursátil, contable o patrimonial.

Por ahora todo indica que debería ser Repsol la encargada de indemnizar a la Argentina. No podemos pagar por lo que es nuestro, o premiar con mayores fondos a quienes descapitalizaron la empresa.

Sería absurdo y frustrante que utilicemos fondos de la ANSES, de las reservas del BCRA y afines –fondos que se han evidenciado vitales en la recuperación económica que el proceso iniciado en 2003 viene logrando para los argentinos– en aras de que el Estado se haga cargo de las pérdidas que ocasionó un concesionario.

Cabe, por otra parte, analizar –con toda la seriedad del caso— la alternativa de apartarnos del alcance jurisdiccional del CIADI.

No nos engañemos: este tribunal no es imparcial. Fue creado por y para servir a los intereses de las empresas multinacionales a través del dictado de fallos a las sumisas órdenes de sus casas matrices con sede en países del G-20. La Argentina nunca pudo haberse beneficiado –de hecho, nunca lo hizo– de la adhesión a este organismo: una herencia nefasta de la bacanal entrega de Menem y Dromí. Países como Venezuela, Bolivia o Ecuador denunciaron su pertenencia. Brasil jamás lo integró y no por eso está “fuera del mundo”. Es, de hecho, la sexta potencia mundial.

He seguido con atención, y no poco entusiasmo, la sólida intervención del jefe del bloque del FPV, Agustín Rossi. Sin embargo, no puedo menos que disentir con él, y con quienes comparten el enfoque de que, como “sociedad anónima”, YPF será “más ágil”; sin la supuesta “pesadez” de las empresas estatales. Se trata de un argumento que dista de estar en sintonía con las ideas de Scalabrini Ortiz (a quien citó para cerrar su discurso). Y, sobre todo, errado. Fue, de hecho, uno de los principales argumentos de quienes alentaron y lograron la privatización de YPF.

Parece haber cierta idealización de la experiencia de Petrobrás, pero –sin entrar en las razones por las que esa empresa tuvo varias limitaciones– es esencial tener en cuenta que la situación de Petrobrás difiere mucho de la de YPF: no fue “esquilmada” en la forma en que los gobiernos argentinos de los ‘90 lo permitieron con YPF y, por lo tanto, también es diferente lo que pudo realizar, como empresa mixta, para recuperar el petróleo con capitales privados.

Los capitales privados siempre, exigen utilidades, y al menor plazo posible; y nuestra YPF tiene por delante muchos años de reconstrucción de la exploración para buscar el nuevo petróleo que reemplace al que nos quitaron.

Abundan quienes predican con los viejos argumentos de que hacer concesiones a los capitales privados para no ahuyentar las inversiones y quedar “fuera del mundo” o “fuera de la economía”. Ceder ante esos viejos fantasmas puede costarnos la epopeya de recuperar la renta petrolera.

Abramos los ojos ante los hechos: economistas como Claudio Katz muestran lo absurdo del argumento de que el sistema petrolero argentino depende, o tiene que depender, de inversiones foráneas. Por el contrario, afirma Katz, fue la propiedad estatal del crudo lo que permitió un equilibrio entre exploración y explotación de pozos, que se logró mediante un sistema integrado de extracción, refinación y comercialización.

Este sistema fue demolido por la privatización, pero la apuesta nacional y popular no puede ser otra que reconstruirlo adaptado a estos tiempos y las nuevas necesidades del mercado y el Estado. Y para ello, no puede manejarse nuestra recuperada fuente de recursos con el criterio de rentabilidad inmediata, que obstruye inexorablemente la prioridad inversora.

YPF tiene capital en las Bolsas, pero los grupos que lo ostentan sólo tienen el interés de ganar dinero. Las nuevas reservas son prometedoras, por cierto, pero no debemos olvidar que deben ser acompañadas de una extracción que sin duda será costosa.

Para un modelo nacional y popular el objetivo de la rentabilidad no debe estar orientado hacia la simple idea de obtención de ganancia (algo inherente a cualquier empresa privada). Necesariamente la rentabilidad debe estar orientada al bien social, popular. No se trata de lograr rentabilidad desde la óptica del mercado, sino en términos de que YPF aporte a la economía nacional; en especial, al mercado interno, a la creación de fuentes de trabajo, a la inversión en tecnología e investigación.

Este no es el enfoque de Ezkenazi, por ejemplo. El grupo “nacional” que, con total “caradurez” compró algo más del 25% de YPF sin poner un solo peso: a través de un crédito internacional, a pagar…¡con las propias utilidades de la empresa! ¿Qué se logra con un capital privado que no invierte y que envía al menos parte de las ganancias de una empresa nacional al exterior, a pagar un crédito? ¿Qué se logra con un capital privado que –aun si logra ganancias que no “exporta”– tampoco las invierte en el país?

Asignaturas Pendientes, Peligros Concretos

La ley –Rossi pareció advertirlo, pero no está en el articulado– no prevé la forma en la que el Estado va a lidiar con el 70% restante del mercado petrolero (esto es, todas aquellas concesionarias que no son YPF). La estatización de la mayor parte de la empresa emblema del petróleo nacional no alcanza para concretar un proyecto integral de recuperación de la soberanía hidrocarburífera. Por lo pronto, los actuales contratos con esas concesionarias prevén regímenes que les otorgan la libre disponibilidad del crudo, la capacidad de manejarlo en forma desregulada y con contratos terriblemente onerosos. Al estilo Repsol y digamos, de paso, al estilo de las mineras.

La ley tampoco prevé salvaguardas contra una inundación de poderosos capitales extranjeros. De la misma manera que con lo señalado en el párrafo anterior –sin modificaciones en el articulado de la reciente ley, y sin una norma que reglamente y regule– nada evita que una eventual apertura al capital extranjero (por parte de este gobierno o por otro), la participación estatal pase de mayoritaria a minoritaria.

Petróleo para todo el país

Otro elemento esencial si queremos reconstruir la estructura petrolera argentina –y lograr una YPF aun mejor que la que teníamos– es condición sine qua non volver a la propiedad nacional del subsuelo.

Hay que eliminar esa cláusula inadmisible que incluyo la reforma de la Constitución de 1994, y que niega el carácter nacional de los recursos naturales. Lo único que se ha logrado con esta modificación es un mayor enriquecimiento de las burocracias y feudos que dominan las provincias con suelos más prósperos, y un mayor empobrecimiento de provincias que carecían de ellos. En definitiva, la imposibilidad de que un Estado que las representa a todas pueda trazar una política energética efectiva, de alcance nacional, con beneficios para todos.

Los recursos naturales deben volver a ser recursos nacionales. No va en esa dirección marginar a las provincias no petroleras de la participación en la conducción de la futura YPF.

Momento Internacional; Estrategia Nacional: Invirtiendo los Recursos en un Proyecto de País

Hay que decir que vivimos un momento de crisis petrolera mundial, con una tendencia a estabilizar precios en alza del petróleo. Si bien no está en el pico de 2008, el precio del barril se ha consolidado en torno a los U$S 100; y la perspectiva es que se mantenga en ese valor. Es una empresa rentable; y el problema que no está planteado en la ley –y lamentablemente tampoco en la opinión pública– es que se impone discutir “¿Petróleo para qué?”, como subrayaba hace pocos días, en un reportaje radial, el economista Julio Gambina.

            Comentaba Gambina que la ley establece que la Argentina debe recuperar el autoabastecimiento. Pero cabe preguntarse: si esto ocurriera ¿quién lo usaría? ¿Y para qué?

¿Es necesario el parque automotor que tiene la Argentina?

¿Necesitamos seguir produciendo autos y no ferrocarriles?

¿Debe la Argentina seguir utilizando inmensas cantidades de petróleo para una producción agropecuaria orientada a la sojización y al monocultivo?

¿No sería una apuesta más duraderamente rentable generar un plan productivo que aliente, entre otras cuestiones, la agricultura familiar, el respeto a la producción comunitaria, la extensión de cultivos diversificados, privilegiando la soberanía alimentaria, y no la ganancia de las grandes transnacionales de la biotecnología y la alimentación, que es el resultado concreto de la sojización? 
¿La Argentina tiene que usar su producción de petróleo para un perfil industrial de ensamble? ¿La Argentina soñada es una plataforma productiva con salarios baratos para la exportación? 
¿Por qué vienen las terminales automotrices si la industria no está generada para abastecer el mercado interno? Más del 70% de lo que se produce se exporta. Más del 60% de lo que se compra en nuestro país son autos importados. Menciono la industria automotriz porque es la líder, la paradigmática en el proceso industrial argentino. Estamos en una gran industria de ensamble que es competitiva porque los salarios son baratos. Y allí se consume gran parte del petróleo.

La YPF estatal previa a la privatización le vendía petróleo subsidiado a Esso y Shell. Y también era objeto de la especulación de las clases dominantes. En los ’70 fue YPF la empresa que más se endeudó, en el momento que estaban subiendo los precios internacionales.

De modo que no hay que volver a la YPF estatal del modelo previo. Menos aun, a la privatizada de los últimos 20 años. Para Gambina sería preocupante que sólo se aumente la producción; sin una estrategia detrás.

Sin un “para qué”, sin un “destino”. Si hay necesidad de recursos, ¿a quién se va a invitar? ¿A otras transnacionales? ¿Si Repsol fue depredadora, por qué otras empresas no lo serán –se trate de Total, de Pan American Energy o de los capitales chinos?

¿No es el momento para considerar la propuesta que planteó Venezuela?

Se trata de “Petroamérica”: una política compartida de América Latina donde los recursos naturales se usen en función de un proyecto emancipador de carácter productivo. El primer destino del petróleo venezolano es EE. UU. y más de una vez ha planteado que quiere cambiarlo para pensar en un desarrollo alternativo en la región latinoamericana. Eso requiere voluntades compartidas y el desafío de pensar otra producción para satisfacer otras necesidades.

América Latina hoy está ganando dinero y creciendo económicamente porque es proveedora de recursos naturales del capitalismo desarrollado que tiene una evidente crisis económica y requiere esas riquezas. América Latina está siendo altamente funcional a la demanda del capitalismo mundial en crisis, cuando debería serlo de la construcción del futuro de nuestros pueblos.

Qué decimos cuando decimos “Siempre Más”

Al expropiar Repsol, el gobierno ha logrado una victoria en la recuperación de la sensación de justicia y dignidad popular. Ha insuflado esperanza adoptando una medida con la que se abre la gran oportunidad de concretar una epopeya.

¿Por qué no profundizar el mensaje y las medidas? ¿Por qué no recuperar la industria minera? ¿Por qué no ir tras los cazafortunas del sistema ferroviario? ¿Por qué no avanzar con la derogación de la ley de entidades financieras de la dictadura, y reformar el sistema financiero?

La última decisión presidencial ha replanteado el tablero político, como en su momento lo hizo con la re-estatización de los fondos jubilatorios entregados a las AFJP.

Hoy tenemos una nueva oportunidad de cambiar la agenda; de discutir todo –realmente todo– de nuevo.

Y regresando a YPF, el primer gran paso está dado. El carácter y la extensión reales de la recuperación de la renta petrolera dependerán de –y se evidenciarán en– las próximas medidas que se adopten.

La epopeya, compañeros, recién comienza. Siempre.