Repsol, YPF y la deuda pública

Argentina pagará 5.000 millones de dólares a Repsol por la expropiación parcial de YPF realizada en 2012. La petrolera española se compromete a retirar las demandas contra la Argentina. Algo que ocurrirá si la asamblea de accionistas de Repsol lo aprueba y lo mismo hace el Parlamento argentino.

El pago se realiza en bonos con vencimientos que llegan al 2033, que en caso de desvalorización, la Argentina se compromete a compensar con otra emisión de títulos por 1.000 millones de dólares.

Se trata de nueva deuda pública y marca el rumbo de mayor endeudamiento asumido en el último tiempo.

Los montos involucrados, de 5.000 a 6.000 millones de dólares, son valores superiores a los contables, lo que se explica en la imposibilidad de pagar al contado, por lo cual, resulta una cancelación financiada y altamente rentable para Repsol.

Si se busca una explicación a este pago, la justificación está en la necesidad de acudir al mercado mundial para financiar la tercera reserva mundial de “shale”, los hidrocarburos no convencionales, e inscribir a la Argentina como potencia petrolera. Siempre se sostuvo que Argentina tenía petróleo, pero que no alcanzaba a calificar como país petrolero, situación que se modificaría con la explotación del yacimiento de Vaca Muerta.

La expropiación sin pago a Repsol era esgrimida mundialmente por las transnacionales petroleras como una restricción al ingreso de capitales para el desarrollo de la producción de hidrocarburos, ya que son estas transnacionales los que tienen la tecnología necesaria para realizar la extracción.

Con el pago a Repsol y el acuerdo oportunamente realizado con Chevron se apunta a tentar a otros inversores internacionales para transformar la potencialidad del yacimiento Vaca Muerta en realidad. Es un llamado al capital externo para invertir en la Argentina, asegurando rentabilidad. En el mensaje presidencial de apertura de las sesiones parlamentarias del 2014, la Presidenta destacó el crecimiento de 3,4% en la producción petrolera y 2,2% en gas con inversiones por más de 1000 millones de dólares.

Un detalle no menor del mensaje al Congreso devino en la justificación de la privatización, al reconocer “fue para poder pagarle a las provincias las regalías que no nos liquidaban", tras lo cual resaltó que con la expropiación parcial se ha "vuelto a federalizar el recurso, porque así lo exige la Constitución nacional, que establece en cabeza de las provincias la propiedad de los recursos". Vale mencionar, que una de las limitaciones más seria para una nacionalización completa de YPF es precisamente la provincialización de los recursos naturales que dispuso la reforma constitucional de 1994, mecanismo que aseguró que las provincias avalaran el objetivo político del Pacto entre Menem y Alfonsín.

Energía para qué y para quién

Lo que no se discute es el para qué de esa producción energética, la dependencia tecnológica, económica y financiera. Un poco más se discuten los costos ambientales y sociales de la aplicación de la fractura hidráulica o fracking para la extracción.

El argumento que preside la política energética remite a la necesidad del autoabastecimiento, que por ahora supone anualmente una importación de combustibles del orden de los 12.000 millones de dólares. Todo para que funcione el modelo sojero y agrario de subordinación a las transnacionales de la alimentación y la biotecnología; la mega minería a cielo abierto; la industria del automotor y el complejo industrial de armaduría.

Ese modelo productivo es el que debe discutirse, el que demanda esas magnitudes de consumo energético, lo que nos llevaría a pensar y polemizar sobre que modelo energético se requiere para nuestro país. En rigor, se sigue la lógica del capitalismo hegemónico, estadounidense, con una fuerte apuesta a la producción de hidrocarburos no convencionales, que más allá de resistencias en varias poblaciones y algunas disposiciones legales restrictivas a esa tecnología y modo de producción, le está permitiendo a EEUU disminuir sus necesidades de importación y retomar el camino del autoabastecimiento petrolero.

El modelo productivo en el capitalismo contemporáneo apuesta fuertemente a la explotación de la fuerza de trabajo y a la depredación acelerada de la Naturaleza. Por ello es importante interrogarse sobre el modelo energético. ¿Un modelo de extranjerización y dominación de tecnología en manos de transnacionales del petróleo o una concepción alternativa?

Esta semana se hizo una Asamblea popular sobre la crisis energética donde se sostuvo el Derecho a la Energía, una posición levantada históricamente por la Federación de los Trabajadores de la Energía, la FeTERA, agrupamiento enrolado en la CTA.

La política energética viene definida desde los 90´ con privatizaciones, una política que sirvió para extraer todo el petróleo y gas posible privilegiando la obtención de ganancias, especialmente Repsol-YPF, y reorientar esas utilidades para inversiones en otros territorios, caso de África.

El cambio de gestión de la petrolera con la expropiación parcial no modificó el sentido productivo de YPF, donde la concepción mercantil se impone a una estrategia productiva para asegurar el derecho a la energía. Por eso es que se afirma que la fractura hidráulica es la mejor opción tecnológica, aun cuando se reconocen sus impactos contaminantes. Después de todo, argumentan los defensores del fracking, toda actividad industrial y más las extractivas, contaminan.

Al mismo tiempo crece la conciencia social y el debate sobre el fraking y sus efectos contaminantes, que se expresa en un movimiento social extendido que se manifiesta a varias declaraciones de Concejos Deliberantes de municipios que se pronuncian como territorios libres de fracking.

Lo que predomina por ahora es la negativa a la técnica extractiva, contaminante, y muy poco la discusión sobre el modelo energético y productivo en general, es decir, el para qué de la energía. Ello conlleva la discusión por un proyecto de soberanía energética, que pueda articular una propuesta definida regionalmente, en el camino de Petro-América que alguna vez propuso Hugo Chávez.
Julio C. Gambina

YPF: ¿Dónde quedó la epopeya?

Amigos y compañeros: el acuerdo YPF-Chevron, como el debate de cualquier tema crítico genera una necesaria tensión. En esta ocasión, innecesaria en los casos que se adjudica a los que desde antes de las elecciones de 2003 venimos apoyando --no pasivamente, sino con nuestros fundamentos para ir POR MAS-- con críticas que sólo se aplican al gorilaje antipatria; chicanas, encasillamientos y lecturas en blanco y negro. Con todo respeto, el eje de mis convicciones las he planteado en mi apoyo a la estatización parcial de YPF el 6 de mayo de 2012, en un articulo de claro apoyo, y puntuales advertencias, que fue publicado en este blog y en "Rebelión" de Nicaragua ("YPF: la epopeya comienza ahora"). Lo escrito no cambia un ápice el enfoque con que debo encarar críticamente este acuerdo, y las razones son las mismas. Invito a releerlo, 14 meses después.

“Alberto: ningún país en la historia, salvo el tuyo, entregó el petróleo sin que se lo arrancasen con guerra y con invasión”

Valery, viejo amigo; ex Coronel del Ejército Rojo.

“El mejor negocio del mundo es una empresa petrolera bien gestionada y el segundo mejor negocio es una empresa petrolera mal gestionada”

John D. Rockefeller, fundador de la Standard Oil Company de Ohio.

¿Cómo, si somos parte del campo nacional y popular, no emocionarnos ante la recuperación del 51% de YPF? Siendo parte de esa minoría que en los ’90 resistió su entrega, y fue derrotada frente a la traición de buena parte de la clase política, en medio del mar de indiferencia ciudadana, ¿cómo no apoyar semejante medida con seguridad y decisión? ¿Con la sensación de alivio, alegría y esperanza ante la recuperación de algo que creíamos perdido para siempre?

Hoy todo es distinto a como era dos décadas atrás.

Tenemos un gobierno que no vaciló en tomar otra medida histórica; una de tal importancia que puede cambiar significativamente para bien el futuro de la Argentina y el de sus habitantes.

Tenemos una oposición que contribuyó a esta iniciativa con sus votos; aun cuando –pese al reconocimiento de la presidenta– hay quienes insisten en caracterizarla como un bloque homogéneo, símbolo de la antipatria. Un enfoque maniqueo que alimenta a los enemigos del pueblo, dentro y fuera del Congreso; dentro y fuera de los que se proclaman oficialistas.

Y tenemos un pueblo que, finalmente, se expresa festejando otra lonja de recuperación de la dignidad nacional, y de la suya propia, con un protagonismo sin el cual nada hubiera sido posible.

Se ha dado un paso gigantesco. Y, ante esas proporciones, resulta irritante, cuando no patético, que algunos entusiastas de la entrega –en sintonía con los teóricos de lo imposible– se “indignen” al recordar la postura de los Kirchner en los ’90, o la demora en tomar esta decisión.

Sublevan la opiniones neoliberales –extranjeras y nacionales (que incluyen al supuesto “periodismo independiente”)– azoradas por la violación de la “seguridad jurídica” de Repsol como nunca lo estuvieron ante los vergonzosos contratos que le daban amplia libertad a la empresa para ganar sin invertir en el país. Tampoco objetaron que –aun las escasas limitaciones de esas cláusulas vergonzosas que otorgó el gobierno de los ’90– fueran violadas por la empresa. Ni cuando ésta despidió en masa a trabajadores, ni cuando diariamente se atropellan sus derechos. Parece que –a los ojos de estos “opinólogos” del capital– sólo las empresas y quienes las ostentan  son sujetos de “seguridad jurídica”. Nunca los asalariados; nunca el conjunto de la población argentina.

Por otra parte, es curioso que relacionen un avasallamiento que no es tal con un deterioro de las relaciones con España –previsible jugada que impulsan el reaccionario gobierno de Rajoy y su viejo Rey “de la jungla”– cuando aun los derechos de propiedad de Repsol son dudosos. Tiene el grueso de su capital distribuido en grandes Bolsas del mundo –sobre todo en sociedades fantasmas en paraísos fiscales. Y la evasión impositiva que realiza alegremente contribuye en mucho al ajuste que está sufriendo el pueblo español.

En febrero de 2003, en una charla con el entonces candidato Néstor Kirchner, le planteé la necesidad de recuperar la renta petrolera, minera y financiera (incluyendo la recuperación de los fondos de las AFJP), como base imprescindible para encarar un proceso de cambios de la profundidad del que nos planteaba como su plan de gobierno. Un planteo sencillamente expuesto, pero contundentemente; y que incluía la constitución de una amplia fuerza de apoyo, con el aporte de distintos sectores del movimiento popular que entonces –y aún ahora– están dispersos. Entre ellos, el grupo al que, con otros compañeros, representaba en esa charla, integrado por “sobrevivientes” de las Juventudes Políticas de los ’70.

Las encuestas no favorecían a nuestro interlocutor, pero eludió prudentemente una definición en este aspecto de recuperación de la renta que le planteábamos. Un asunto que –junto a la recuperación del salario, como medida de justicia social, pero también de genuino impulsor del mercado interno– considerábamos como ineludible para la reconstrucción del aparato productivo, y el abordaje del desgarrador cuadro de desocupación y pobreza que asolaba al país.

Nosotros –varios auto-exiliados de la partidocracia de la izquierda “tradicional”, precisamente porque no renunciamos a nuestras convicciones e ideales– sentíamos, y sentimos, un profundo deber hacia el pueblo: el de representarlo cuando no se lo escucha; el de acompañar las medidas que compartimos (algunas de ellas, por las que luchamos, décadas enteras desde otros lugares). Pero acompañar con la mente crítica que conlleve mejorar esas medidas para ir “siempre por más” para los intereses de ese pueblo, tan largamente postergado. Por todo ese tiempo de espera y de lucha acompañamos siempre “por más”; no nos alcanza el mínimo de “nunca menos”.

Los que llegan al gobierno pueden aprovechar estos reclamos para ir a fondo –y nosotros siempre insistimos en que lo hagan. Sin embargo, también es cierto que el político en el en el gobierno tiene también la obligación de evaluar la correlación de fuerzas. Apropiadamente o no eso ha resultado en el “lo hacemos cuando podemos; no cuando queremos” de la presidenta. Pero hoy no tiene sentido detenernos en el pasado. Se hace imperioso volver a plantearnos si es que ahora no están dadas las condiciones internacionales, nacionales y de apoyo popular para “ir por todo”.

Saludo y comparto la alegría de los compañeros que consideran que la epopeya ya se ha producido.

Pero creo que –si la decisión, en efecto, está– la verdadera epopeya comenzará ahora… Logrando que el pueblo la haga suya, y yendo a fondo en los objetivos. Pero porque es una epopeya es precisamente la razón por la que aun resta concretarla: para una epopeya no basta con una buena decisión, ni con buenas intenciones; se logra una epopeya cuando se obtienen logros después de haber batallado con una plaga de condicionamientos y obstáculos – reales y creados– que ya se avizoran en el camino…

Los condicionamientos: ¿A qué debemos enfrentarnos?

Se presentan ante los argentinos y su gobierno numerosos retos: algunos ya anticipados por la presidenta y otros que no aparecen a simple vista. Ante esta situación, resulta imperioso profundizar en nuestro conocimiento y compromiso de participación para que esta batalla no la libre solo el Ejecutivo o el “managament profesional”, por más orientación política que tengan; pues lo central es la claridad de objetivos y la independencia absoluta del lobby petrolero.

El “Legado” de la Privatización

Años de rapiña han logrado que YPF ya no sea lo que era. En la actualidad sólo maneja poco más del 30% del negocio petrolero. El resto esta en manos de capital privado –principalmente extranjero– que no tiene intención alguna de considerar su actividad como “de utilidad e interés público”, salvo que esos objetivos sean funcionales a su regla de oro: maximizar ganancias y minimizar inversiones.

Aun con la fundamental medida que ha permitido que el gobierno tenga la mayoría de las acciones, YPF ya no es estatal. Es una sociedad anónima privada, con capitales mixtos, estatales y privados; nacionales y extranjeros.

YPF fue vaciada por Repsol, sin otro interés que maximizar ganancias. Ese vaciamiento ha supuesto la depredación ilimitada de un recurso natural no renovable: se agotaron los pozos descubiertos por la empresa nacional antes de ser privatizada, a partir de años de inversión en exploración; se destruyeron o remataron instalaciones y propiedades; y el dinero acumulado no se utilizó en inversiones en, ni para, el país. Sirvió para financiar la expansión mundial de Repsol; para convertir lo que era una red de estaciones de servicio en un país europeo sin petróleo en una poderosa empresa multinacional.

Garantizar la Continuidad y Debilitar los Cuestionamientos

Los grandes cambios orquestados desde una decisión del Estado nunca pueden ser realmente efectivos si no están acompañados por una ley con una reglamentación que llene vacíos y regule de manera clara y precisa. En aras de una legitimidad mayor, de evitar la reversibilidad de los objetivos que impulsaron la ley a través de silogismos legales.

La decisión de recuperar la renta petrolera para la nación–si esto es realmente una epopeya, de esto se trata; y la estatización de la mayoría de YPF es sólo el primer paso– enfrenta obstáculos tan complejos para hacerse efectiva que la ley de estatización no es suficiente para garantizar el éxito.

Es imprescindible acompañar la reciente medida con una reglamentación que regule la explotación petrolera con los fines esenciales de revertir la depredación energética y la pérdida del autoabastecimiento. Una regulación que tenga en cuenta todos los aspectos problemáticos que vengo señalando, y que señalaré en el resto de este artículo. Una regulación que los tenga en cuenta; y, a partir de ello, aporte de manera contundente y, sobre todo clara, defensas y soluciones. No hay otro modo de recuperar los recursos hidrocarburíferos, combustibles del desarrollo productivo.

También es necesaria una implacable Auditoria. Antes de encarar la recuperación de una entidad que estuvo perdida para nosotros –en manos que no tenían como eje de acción el avance nacional y popular– es vital una inspección que permita constatar todos los datos que tenemos sobre el estado en el que se encuentra la empresa recuperada. Un cuerpo técnico que, a la vez que brinda transparencia, ponga en evidencia cuál es el estado de los pozos,  de las reservas, de las instalaciones y, no menos importante, del daño ambiental hasta ahora causado por la explotación petrolera sin controles.

El cuerpo de auditores puede proporcionar una “foto” de YPF al momento en el que el Estado comienza la epopeya: para mostrar la magnitud de la tarea a emprender; para ahuyentar los fantasmas que plantea la oposición sobre negociados; y para –conjuntamente con el poder político y las fuerzas de apoyo– proponer un plan de inversión, trabajo y reconstrucción público.

Un plan con objetivos claros, sugerencias de períodos para el cumplimiento de esos objetivos, previendo la elaboración de informes periódicos –que también sean públicos– sobre el avance de la labor estatal.

Estas medidas suman transparencia, respetan el principio constitucional de publicidad de los actos de gobierno en un tema especialmente sensible, y disminuyen la posibilidad de cuestionamientos sobre el verdadero carácter, y los logros reales de una gesta que, pretendemos, sea histórica.

Financiación y Rentabilidad: la Necesidad de Cambiar los Paradigmas

El proceso de auditoría debe ser previo a cualquier cotización bursátil, contable o patrimonial.

Por ahora todo indica que debería ser Repsol la encargada de indemnizar a la Argentina. No podemos pagar por lo que es nuestro, o premiar con mayores fondos a quienes descapitalizaron la empresa.

Sería absurdo y frustrante que utilicemos fondos de la ANSES, de las reservas del BCRA y afines –fondos que se han evidenciado vitales en la recuperación económica que el proceso iniciado en 2003 viene logrando para los argentinos– en aras de que el Estado se haga cargo de las pérdidas que ocasionó un concesionario.

Cabe, por otra parte, analizar –con toda la seriedad del caso— la alternativa de apartarnos del alcance jurisdiccional del CIADI.

No nos engañemos: este tribunal no es imparcial. Fue creado por y para servir a los intereses de las empresas multinacionales a través del dictado de fallos a las sumisas órdenes de sus casas matrices con sede en países del G-20. La Argentina nunca pudo haberse beneficiado –de hecho, nunca lo hizo– de la adhesión a este organismo: una herencia nefasta de la bacanal entrega de Menem y Dromí. Países como Venezuela, Bolivia o Ecuador denunciaron su pertenencia. Brasil jamás lo integró y no por eso está “fuera del mundo”. Es, de hecho, la sexta potencia mundial.

He seguido con atención, y no poco entusiasmo, la sólida intervención del jefe del bloque del FPV, Agustín Rossi. Sin embargo, no puedo menos que disentir con él, y con quienes comparten el enfoque de que, como “sociedad anónima”, YPF será “más ágil”; sin la supuesta “pesadez” de las empresas estatales. Se trata de un argumento que dista de estar en sintonía con las ideas de Scalabrini Ortiz (a quien citó para cerrar su discurso). Y, sobre todo, errado. Fue, de hecho, uno de los principales argumentos de quienes alentaron y lograron la privatización de YPF.

Parece haber cierta idealización de la experiencia de Petrobrás, pero –sin entrar en las razones por las que esa empresa tuvo varias limitaciones– es esencial tener en cuenta que la situación de Petrobrás difiere mucho de la de YPF: no fue “esquilmada” en la forma en que los gobiernos argentinos de los ‘90 lo permitieron con YPF y, por lo tanto, también es diferente lo que pudo realizar, como empresa mixta, para recuperar el petróleo con capitales privados.

Los capitales privados siempre, exigen utilidades, y al menor plazo posible; y nuestra YPF tiene por delante muchos años de reconstrucción de la exploración para buscar el nuevo petróleo que reemplace al que nos quitaron.

Abundan quienes predican con los viejos argumentos de que hacer concesiones a los capitales privados para no ahuyentar las inversiones y quedar “fuera del mundo” o “fuera de la economía”. Ceder ante esos viejos fantasmas puede costarnos la epopeya de recuperar la renta petrolera.

Abramos los ojos ante los hechos: economistas como Claudio Katz muestran lo absurdo del argumento de que el sistema petrolero argentino depende, o tiene que depender, de inversiones foráneas. Por el contrario, afirma Katz, fue la propiedad estatal del crudo lo que permitió un equilibrio entre exploración y explotación de pozos, que se logró mediante un sistema integrado de extracción, refinación y comercialización.

Este sistema fue demolido por la privatización, pero la apuestanacional y popular no puede ser otra que reconstruirlo adaptado a estos tiempos y las nuevas necesidades del mercado y el Estado. Y para ello, no puede manejarse nuestra recuperada fuente de recursos con el criterio de rentabilidad inmediata, que obstruye inexorablemente la prioridad inversora.

YPF tiene capital en las Bolsas, pero los grupos que lo ostentan sólo tienen el interés de ganar dinero. Las nuevas reservas son prometedoras, por cierto, pero no debemos olvidar que deben ser acompañadas de una extracción que sin duda será costosa.

Para un modelo nacional y popular el objetivo de la rentabilidad no debe estar orientado hacia la simple idea de obtención de ganancia (algo inherente a cualquier empresa privada). Necesariamente la rentabilidad debe estar orientada al bien social, popular. No se trata de lograr rentabilidad desde la óptica del mercado, sino en términos de que YPF aporte a la economía nacional; en especial, al mercado interno, a la creación de fuentes de trabajo, a la inversión en tecnología e investigación.

Este no es el enfoque de Ezkenazi, por ejemplo. El grupo “nacional” que, con total “caradurez” compró algo más del 25% de YPF sin poner un solo peso: a través de un crédito internacional, a pagar… ¡con las propias utilidades de la empresa! ¿Qué se logra con un capital privado que no invierte y que envía al menos parte de las ganancias de una empresa nacional al exterior, a pagar un crédito? ¿Qué se logra con un capital privado que –aun si logra ganancias que no “exporta”– tampoco las invierte en el país?

Asignaturas Pendientes, Peligros Concretos

La ley –Rossi pareció advertirlo, pero no está en el articulado– no prevé la forma en la que el Estado va a lidiar con el 70% restante del mercado petrolero (esto es, todas aquellas concesionarias que no son YPF). La estatización de la mayor parte de la empresa emblema del petróleo nacional no alcanza para concretar un proyecto integral de recuperación de la soberanía hidrocarburífera. Por lo pronto, los actuales contratos con esas concesionarias prevén regímenes que les otorgan la libre disponibilidad del crudo, la capacidad de manejarlo en forma desregulada y con contratos terriblemente onerosos. Al estilo Repsol y digamos, de paso, al estilo de las mineras.

La ley tampoco prevé salvaguardas contra una inundación de poderosos capitales extranjeros. De la misma manera que con lo señalado en el párrafo anterior –sin modificaciones en el articulado de la reciente ley, y sin una norma que reglamente y regule– nada evita que una eventual apertura al capital extranjero (por parte de este gobierno o por otro), la participación estatal pase de mayoritaria a minoritaria.

Petróleo para todo el país

Otro elemento esencial si queremos reconstruir la estructura petrolera argentina –y lograr una YPF aun mejor que la que teníamos– es condición sine qua non volver a la propiedad nacional del subsuelo.

Hay que eliminar esa cláusula inadmisible que incluyo la reforma de la Constitución de 1994, y que niega el carácter nacional de los recursos naturales. Lo único que se ha logrado con esta modificación es un mayor enriquecimiento de las burocracias y feudos que dominan las provincias con suelos más prósperos, y un mayor empobrecimiento de provincias que carecían de ellos. En definitiva, la imposibilidad de que un Estado que las representa a todas pueda trazar una política energética efectiva, de alcance nacional, con beneficios para todos.

Los recursos naturales deben volver a ser recursos nacionales. No va en esa dirección marginar a las provincias no petroleras de la participación en la conducción de la futura YPF.

Momento Internacional; Estrategia Nacional: Invirtiendo los Recursos en un Proyecto de País

Hay que decir que vivimos un momento de crisis petrolera mundial, con una tendencia a estabilizar precios en alza del petróleo. Si bien no está en el pico de 2008, el precio del barril se ha consolidado en torno a los U$S 100; y la perspectiva es que se mantenga en ese valor. Es una empresa rentable; y el problema que no está planteado en la ley –y lamentablemente tampoco en la opinión pública– es que se impone discutir “¿Petróleo para qué?”, como subrayaba hace pocos días, en un reportaje radial, el economista Julio Gambina.

Comentaba Gambina que la ley establece que la Argentinadebe recuperar el autoabastecimiento. Pero cabe preguntarse: si esto ocurriera ¿quién lo usaría? ¿Y para qué?

¿Es necesario el parque automotor que tiene la Argentina?

¿Necesitamos seguir produciendo autos y no ferrocarriles?

¿Debe la Argentina seguir utilizando inmensas cantidades de petróleo para una producción agropecuaria orientada a la sojización y al monocultivo?

¿No sería una apuesta más duraderamente rentable generar un plan productivo que aliente, entre otras cuestiones, la agricultura familiar, el respeto a la producción comunitaria, la extensión de cultivos diversificados, privilegiando la soberanía alimentaria, y no la ganancia de las grandes transnacionales de la biotecnología y la alimentación, que es el resultado concreto de la sojización?

¿La Argentina tiene que usar su producción de petróleo para un perfil industrial de ensamble? ¿La Argentina soñada es una plataforma productiva con salarios baratos para la exportación? 

¿Por qué vienen las terminales automotrices si la industria no está generada para abastecer el mercado interno? Más del 70% de lo que se produce se exporta. Más del 60% de lo que se compra en nuestro país son autos importados. Menciono la industria automotriz porque es la líder, la paradigmática en el proceso industrial argentino. Estamos en una gran industria de ensamble que es competitiva porque los salarios son baratos. Y allí se consume gran parte del petróleo.

La YPF estatal previa a la privatización le vendía petróleo subsidiado a Esso y Shell. Y también era objeto de la especulación de las clases dominantes. En los ’70 fue YPF la empresa que más se endeudó, en el momento que estaban subiendo los precios internacionales.

De modo que no hay que volver a la YPF estatal del modelo previo. Menos aun, a la privatizada de los últimos 20 años. Para Gambina sería preocupante que sólo se aumente la producción; sin una estrategia detrás.

Sin un “para qué”, sin un “destino”. Si hay necesidad de recursos, ¿a quién se va a invitar? ¿A otras transnacionales? ¿Si Repsol fue depredadora, por qué otras empresas no lo serán –se trate de Total, de Pan American Energy, Chevron o de los capitales chinos?

¿No es el momento para considerar la propuesta que planteó Venezuela?

Se trata de “Petroamérica”: una política compartida de América Latina donde los recursos naturales se usen en función de un proyecto emancipador de carácter productivo. El primer destino del petróleo venezolano es EE. UU. y más de una vez ha planteado que quiere cambiarlo para pensar en un desarrollo alternativo en la región latinoamericana. Eso requiere voluntades compartidas y el desafío de pensar otra producción para satisfacer otras necesidades.

América Latina hoy está ganando dinero y creciendo económicamente porque es proveedora de recursos naturales del capitalismo desarrollado que tiene una evidente crisis económica y requiere esas riquezas. América Latina está siendo altamente funcional a la demanda del capitalismo mundial en crisis, cuando debería serlo de la construcción del futuro de nuestros pueblos.

Qué decimos cuando decimos “Siempre Más”

Al expropiar Repsol, el gobierno ha logrado una victoria en la recuperación de la sensación de justicia y dignidad popular. Ha insuflado esperanza adoptando una medida con la que se abre la gran oportunidad de concretar una epopeya.

¿Por qué no profundizar el mensaje y las medidas? ¿Por qué no recuperar la industria minera? ¿Por qué no ir tras los cazafortunas del sistema ferroviario? ¿Por qué no avanzar con la derogación de la ley de entidades financieras de la dictadura, y reformar el sistema financiero?

La última decisión presidencial ha replanteado el tablero político, como en su momento lo hizo con la re-estatización de los fondos jubilatorios entregados a las AFJP.

Hoy tenemos una nueva oportunidad de cambiar la agenda; de discutir todo –realmente todo– de nuevo.

Y regresando a YPF, el primer gran paso está dado. El carácter y la extensión reales de la recuperación de la renta petrolera dependerán de –y se evidenciarán en– las próximas medidas que se adopten.

La epopeya, compañeros, recién comienza. Siempre

YPF: LA EPOPEYA COMIENZA AHORA

“Alberto: ningún país en la historia, salvo el tuyo, entregó el petróleo sin que se lo arrancasen con guerra y con invasión”

Valery, viejo amigo; ex Coronel del Ejército Rojo.

“El mejor negocio del mundo es una empresa petrolera bien gestionada y el segundo mejor negocio es una empresa petrolera mal gestionada”

John D. Rockefeller, fundador de la Standard Oil Company de Ohio.

¿Cómo, si somos parte del campo nacional y popular, no emocionarnos ante la recuperación del 51% de YPF? Siendo parte de esa minoría que en los ’90 resistió su entrega, y fue derrotada frente a la traición de buena parte de la clase política, en medio del mar de indiferencia ciudadana, ¿cómo no apoyar semejante medida con seguridad y decisión? ¿Con la sensación de alivio, alegría y esperanza ante la recuperación de algo que creíamos perdido para siempre?

Hoy todo es distinto a como era dos décadas atrás.

Tenemos un gobierno que no vaciló en tomar otra medida histórica; una de tal importancia que puede cambiar significativamente para bien el futuro de la Argentina y el de sus habitantes.

Tenemos una oposición que contribuyó a esta iniciativa con sus votos; aun cuando –pese al reconocimiento de la presidenta– hay quienes insisten en caracterizarla como un bloque homogéneo, símbolo de la antipatria. Un enfoque maniqueo que alimenta a los enemigos del pueblo, dentro y fuera del Congreso; dentro y fuera de los que se proclaman oficialistas.

Y tenemos un pueblo que, finalmente, se expresa festejando otra lonja de recuperación de la dignidad nacional, y de la suya propia, con un protagonismo sin el cual nada hubiera sido posible.

Se ha dado un paso gigantesco. Y, ante esas proporciones, resulta irritante, cuando no patético, que algunos entusiastas de la entrega –en sintonía con los teóricos de lo imposible– se “indignen” al recordar la postura de los Kirchner en los ’90, o la demora en tomar esta decisión.

Sublevan la opiniones neoliberales –extranjeras y nacionales (que incluyen al supuesto “periodismo independiente”)– azoradas por la violación de la “seguridad jurídica” de Repsol como nunca lo estuvieron ante los vergonzosos contratos que le daban amplia libertad a la empresa para ganar sin invertir en el país. Tampoco objetaron que –aun las escasas limitaciones de esas cláusulas vergonzosas que otorgó el gobierno de los ’90– fueran violadas por la empresa. Ni cuando ésta despidió en masa a trabajadores, ni cuando diariamente se atropellan sus derechos. Parece que –a los ojos de estos “opinólogos” del capital– sólo las empresas y quienes las ostentan  son sujetos de “seguridad jurídica”. Nunca los asalariados; nunca el conjunto de la población argentina.

Por otra parte, es curioso que relacionen un avasallamiento que no es tal con un deterioro de las relaciones con España –previsible jugada que impulsan el reaccionario gobierno de Rajoy y su viejo Rey “de la jungla”– cuando aun los derechos de propiedad de Repsol son dudosos. Tiene el grueso de su capital distribuido en grandes Bolsas del mundo –sobre todo en sociedades fantasmas en paraísos fiscales. Y la evasión impositiva que realiza alegremente contribuye en mucho al ajuste que está sufriendo el pueblo español.

En febrero de 2003, en una charla con el entonces candidato Néstor Kirchner, le planteé la necesidad de recuperar la renta petrolera, minera y financiera (incluyendo la recuperación de los fondos de las AFJP), como base imprescindible para encarar un proceso de cambios de la profundidad del que nos planteaba como su plan de gobierno. Un planteo sencillamente expuesto, pero contundentemente; y que incluía la constitución de una amplia fuerza de apoyo, con el aporte de distintos sectores del movimiento popular que entonces –y aún ahora– están dispersos. Entre ellos, el grupo al que, con otros compañeros, representaba en esa charla, integrado por “sobrevivientes” de las Juventudes Políticas de los ’70.

Las encuestas no favorecían a nuestro interlocutor, pero eludió prudentemente una definición en este aspecto de recuperación de la renta que le planteábamos. Un asunto que –junto a la recuperación del salario, como medida de justicia social, pero también de genuino impulsor del mercado interno– considerábamos como ineludible para la reconstrucción del aparato productivo, y el abordaje del desgarrador cuadro de desocupación y pobreza que asolaba al país.

Nosotros –varios auto-exiliados de la partidocracia de la izquierda “tradicional”, precisamente porque no renunciamos a nuestras convicciones e ideales– sentíamos, y sentimos, un profundo deber hacia el pueblo: el de representarlo cuando no se lo escucha; el de acompañar las medidas que compartimos (algunas de ellas, por las que luchamos, décadas enteras desde otros lugares). Pero acompañar con la mente crítica que conlleve mejorar esas medidas para ir “siempre por más” para los intereses de ese pueblo, tan largamente postergado. Por todo ese tiempo de espera y de lucha acompañamos siempre “por más”; no nos alcanza el mínimo de “nunca menos”.

Los que llegan al gobierno pueden aprovechar estos reclamos para ir a fondo –y nosotros siempre insistimos en que lo hagan. Sin embargo, también es cierto que el político en el en el gobierno tiene también la obligación de evaluar la correlación de fuerzas. Apropiadamente o no eso ha resultado en el “lo hacemos cuando podemos; no cuando queremos” de la presidenta. Pero hoy no tiene sentido detenernos en el pasado. Se hace imperioso volver a plantearnos si es que ahora no están dadas las condiciones internacionales, nacionales y de apoyo popular para “ir por todo”.

Saludo y comparto la alegría de los compañeros que consideran que la epopeya ya se ha producido.

Pero creo que –si la decisión, en efecto, está– la verdadera epopeya comenzará ahora… Logrando que el pueblo la haga suya, y yendo a fondo en los objetivos. Pero porque es una epopeya es precisamente la razón por la que aun resta concretarla: para una epopeya no basta con una buena decisión, ni con buenas intenciones; se logra una epopeya cuando se obtienen logros después de haber batallado con una plaga de condicionamientos y obstáculos – reales y creados– que ya se avizoran en el camino…

Los condicionamientos: ¿A qué debemos enfrentarnos?

Se presentan ante los argentinos y su gobierno numerosos retos: algunos ya anticipados por la presidenta y otros que no aparecen a simple vista. Ante esta situación, resulta imperioso profundizar en nuestro conocimiento y compromiso de participación para que esta batalla no la libre solo el Ejecutivo o el “managament profesional”, por más orientación política que tengan; pues lo central es la claridad de objetivos y la independencia absoluta del lobby petrolero.

El “Legado” de la Privatización

Años de rapiña han logrado que YPF ya no sea lo que era. En la actualidad sólo maneja poco más del 30% del negocio petrolero. El resto esta en manos de capital privado –principalmente extranjero– que no tiene intención alguna de considerar su actividad como “de utilidad e interés público”, salvo que esos objetivos sean funcionales a su regla de oro: maximizar ganancias y minimizar inversiones.

Aun con la fundamental medida que ha permitido que el gobierno tenga la mayoría de las acciones, YPF ya no es estatal. Es una sociedad anónima privada, con capitales mixtos, estatales y privados; nacionales y extranjeros.

YPF fue vaciada por Repsol, sin otro interés que maximizar ganancias. Ese vaciamiento ha supuesto la depredación ilimitada de un recurso natural no renovable: se agotaron los pozos descubiertos por la empresa nacional antes de ser privatizada, a partir de años de inversión en exploración; se destruyeron o remataron instalaciones y propiedades; y el dinero acumulado no se utilizó en inversiones en, ni para, el país. Sirvió para financiar la expansión mundial de Repsol; para convertir lo que era una red de estaciones de servicio en un país europeo sin petróleo en una poderosa empresa multinacional.

Garantizar la Continuidad y Debilitar los Cuestionamientos

Los grandes cambios orquestados desde una decisión del Estado nunca pueden ser realmente efectivos si no están acompañados por una ley con una reglamentación que llene vacíos y regule de manera clara y precisa. En aras de una legitimidad mayor, de evitar la reversibilidad de los objetivos que impulsaron la ley a través de silogismos legales.

La decisión de recuperar la renta petrolera para la nación–si esto es realmente una epopeya, de esto se trata; y la estatización de la mayoría de YPF es sólo el primer paso– enfrenta obstáculos tan complejos para hacerse efectiva que la ley de estatización no es suficiente para garantizar el éxito.

Es imprescindible acompañar la reciente medida con una reglamentación que regule la explotación petrolera con los fines esenciales de revertir la depredación energética y la pérdida del autoabastecimiento. Una regulación que tenga en cuenta todos los aspectos problemáticos que vengo señalando, y que señalaré en el resto de este artículo. Una regulación que los tenga en cuenta; y, a partir de ello, aporte de manera contundente y, sobre todo clara, defensas y soluciones. No hay otro modo de recuperar los recursos hidrocarburíferos, combustibles del desarrollo productivo.

También es necesaria una implacable Auditoria. Antes de encarar la recuperación de una entidad que estuvo perdida para nosotros –en manos que no tenían como eje de acción el avance nacional y popular– es vital una inspección que permita constatar todos los datos que tenemos sobre el estado en el que se encuentra la empresa recuperada. Un cuerpo técnico que, a la vez que brinda transparencia, ponga en evidencia cuál es el estado de los pozos,  de las reservas, de las instalaciones y, no menos importante, del daño ambiental hasta ahora causado por la explotación petrolera sin controles.

El cuerpo de auditores puede proporcionar una “foto” de YPF al momento en el que el Estado comienza la epopeya: para mostrar la magnitud de la tarea a emprender; para ahuyentar los fantasmas que plantea la oposición sobre negociados; y para –conjuntamente con el poder político y las fuerzas de apoyo– proponer un plan de inversión, trabajo y reconstrucción público.

Un plan con objetivos claros, sugerencias de períodos para el cumplimiento de esos objetivos, previendo la elaboración de informes periódicos –que también sean públicos– sobre el avance de la labor estatal.

Estas medidas suman transparencia, respetan el principio constitucional de publicidad de los actos de gobierno en un tema especialmente sensible, y disminuyen la posibilidad de cuestionamientos sobre el verdadero carácter, y los logros reales de una gesta que, pretendemos, sea histórica.

Financiación y Rentabilidad: la Necesidad de Cambiar los Paradigmas

El proceso de auditoría debe ser previo a cualquier cotización bursátil, contable o patrimonial.

Por ahora todo indica que debería ser Repsol la encargada de indemnizar a la Argentina. No podemos pagar por lo que es nuestro, o premiar con mayores fondos a quienes descapitalizaron la empresa.

Sería absurdo y frustrante que utilicemos fondos de la ANSES, de las reservas del BCRA y afines –fondos que se han evidenciado vitales en la recuperación económica que el proceso iniciado en 2003 viene logrando para los argentinos– en aras de que el Estado se haga cargo de las pérdidas que ocasionó un concesionario.

Cabe, por otra parte, analizar –con toda la seriedad del caso— la alternativa de apartarnos del alcance jurisdiccional del CIADI.

No nos engañemos: este tribunal no es imparcial. Fue creado por y para servir a los intereses de las empresas multinacionales a través del dictado de fallos a las sumisas órdenes de sus casas matrices con sede en países del G-20. La Argentina nunca pudo haberse beneficiado –de hecho, nunca lo hizo– de la adhesión a este organismo: una herencia nefasta de la bacanal entrega de Menem y Dromí. Países como Venezuela, Bolivia o Ecuador denunciaron su pertenencia. Brasil jamás lo integró y no por eso está “fuera del mundo”. Es, de hecho, la sexta potencia mundial.

He seguido con atención, y no poco entusiasmo, la sólida intervención del jefe del bloque del FPV, Agustín Rossi. Sin embargo, no puedo menos que disentir con él, y con quienes comparten el enfoque de que, como “sociedad anónima”, YPF será “más ágil”; sin la supuesta “pesadez” de las empresas estatales. Se trata de un argumento que dista de estar en sintonía con las ideas de Scalabrini Ortiz (a quien citó para cerrar su discurso). Y, sobre todo, errado. Fue, de hecho, uno de los principales argumentos de quienes alentaron y lograron la privatización de YPF.

Parece haber cierta idealización de la experiencia de Petrobrás, pero –sin entrar en las razones por las que esa empresa tuvo varias limitaciones– es esencial tener en cuenta que la situación de Petrobrás difiere mucho de la de YPF: no fue “esquilmada” en la forma en que los gobiernos argentinos de los ‘90 lo permitieron con YPF y, por lo tanto, también es diferente lo que pudo realizar, como empresa mixta, para recuperar el petróleo con capitales privados.

Los capitales privados siempre, exigen utilidades, y al menor plazo posible; y nuestra YPF tiene por delante muchos años de reconstrucción de la exploración para buscar el nuevo petróleo que reemplace al que nos quitaron.

Abundan quienes predican con los viejos argumentos de que hacer concesiones a los capitales privados para no ahuyentar las inversiones y quedar “fuera del mundo” o “fuera de la economía”. Ceder ante esos viejos fantasmas puede costarnos la epopeya de recuperar la renta petrolera.

Abramos los ojos ante los hechos: economistas como Claudio Katz muestran lo absurdo del argumento de que el sistema petrolero argentino depende, o tiene que depender, de inversiones foráneas. Por el contrario, afirma Katz, fue la propiedad estatal del crudo lo que permitió un equilibrio entre exploración y explotación de pozos, que se logró mediante un sistema integrado de extracción, refinación y comercialización.

Este sistema fue demolido por la privatización, pero la apuesta nacional y popular no puede ser otra que reconstruirlo adaptado a estos tiempos y las nuevas necesidades del mercado y el Estado. Y para ello, no puede manejarse nuestra recuperada fuente de recursos con el criterio de rentabilidad inmediata, que obstruye inexorablemente la prioridad inversora.

YPF tiene capital en las Bolsas, pero los grupos que lo ostentan sólo tienen el interés de ganar dinero. Las nuevas reservas son prometedoras, por cierto, pero no debemos olvidar que deben ser acompañadas de una extracción que sin duda será costosa.

Para un modelo nacional y popular el objetivo de la rentabilidad no debe estar orientado hacia la simple idea de obtención de ganancia (algo inherente a cualquier empresa privada). Necesariamente la rentabilidad debe estar orientada al bien social, popular. No se trata de lograr rentabilidad desde la óptica del mercado, sino en términos de que YPF aporte a la economía nacional; en especial, al mercado interno, a la creación de fuentes de trabajo, a la inversión en tecnología e investigación.

Este no es el enfoque de Ezkenazi, por ejemplo. El grupo “nacional” que, con total “caradurez” compró algo más del 25% de YPF sin poner un solo peso: a través de un crédito internacional, a pagar…¡con las propias utilidades de la empresa! ¿Qué se logra con un capital privado que no invierte y que envía al menos parte de las ganancias de una empresa nacional al exterior, a pagar un crédito? ¿Qué se logra con un capital privado que –aun si logra ganancias que no “exporta”– tampoco las invierte en el país?

Asignaturas Pendientes, Peligros Concretos

La ley –Rossi pareció advertirlo, pero no está en el articulado– no prevé la forma en la que el Estado va a lidiar con el 70% restante del mercado petrolero (esto es, todas aquellas concesionarias que no son YPF). La estatización de la mayor parte de la empresa emblema del petróleo nacional no alcanza para concretar un proyecto integral de recuperación de la soberanía hidrocarburífera. Por lo pronto, los actuales contratos con esas concesionarias prevén regímenes que les otorgan la libre disponibilidad del crudo, la capacidad de manejarlo en forma desregulada y con contratos terriblemente onerosos. Al estilo Repsol y digamos, de paso, al estilo de las mineras.

La ley tampoco prevé salvaguardas contra una inundación de poderosos capitales extranjeros. De la misma manera que con lo señalado en el párrafo anterior –sin modificaciones en el articulado de la reciente ley, y sin una norma que reglamente y regule– nada evita que una eventual apertura al capital extranjero (por parte de este gobierno o por otro), la participación estatal pase de mayoritaria a minoritaria.

Petróleo para todo el país

Otro elemento esencial si queremos reconstruir la estructura petrolera argentina –y lograr una YPF aun mejor que la que teníamos– es condición sine qua non volver a la propiedad nacional del subsuelo.

Hay que eliminar esa cláusula inadmisible que incluyo la reforma de la Constitución de 1994, y que niega el carácter nacional de los recursos naturales. Lo único que se ha logrado con esta modificación es un mayor enriquecimiento de las burocracias y feudos que dominan las provincias con suelos más prósperos, y un mayor empobrecimiento de provincias que carecían de ellos. En definitiva, la imposibilidad de que un Estado que las representa a todas pueda trazar una política energética efectiva, de alcance nacional, con beneficios para todos.

Los recursos naturales deben volver a ser recursos nacionales. No va en esa dirección marginar a las provincias no petroleras de la participación en la conducción de la futura YPF.

Momento Internacional; Estrategia Nacional: Invirtiendo los Recursos en un Proyecto de País

Hay que decir que vivimos un momento de crisis petrolera mundial, con una tendencia a estabilizar precios en alza del petróleo. Si bien no está en el pico de 2008, el precio del barril se ha consolidado en torno a los U$S 100; y la perspectiva es que se mantenga en ese valor. Es una empresa rentable; y el problema que no está planteado en la ley –y lamentablemente tampoco en la opinión pública– es que se impone discutir “¿Petróleo para qué?”, como subrayaba hace pocos días, en un reportaje radial, el economista Julio Gambina.

            Comentaba Gambina que la ley establece que la Argentina debe recuperar el autoabastecimiento. Pero cabe preguntarse: si esto ocurriera ¿quién lo usaría? ¿Y para qué?

¿Es necesario el parque automotor que tiene la Argentina?

¿Necesitamos seguir produciendo autos y no ferrocarriles?

¿Debe la Argentina seguir utilizando inmensas cantidades de petróleo para una producción agropecuaria orientada a la sojización y al monocultivo?

¿No sería una apuesta más duraderamente rentable generar un plan productivo que aliente, entre otras cuestiones, la agricultura familiar, el respeto a la producción comunitaria, la extensión de cultivos diversificados, privilegiando la soberanía alimentaria, y no la ganancia de las grandes transnacionales de la biotecnología y la alimentación, que es el resultado concreto de la sojización? 
¿La Argentina tiene que usar su producción de petróleo para un perfil industrial de ensamble? ¿La Argentina soñada es una plataforma productiva con salarios baratos para la exportación? 
¿Por qué vienen las terminales automotrices si la industria no está generada para abastecer el mercado interno? Más del 70% de lo que se produce se exporta. Más del 60% de lo que se compra en nuestro país son autos importados. Menciono la industria automotriz porque es la líder, la paradigmática en el proceso industrial argentino. Estamos en una gran industria de ensamble que es competitiva porque los salarios son baratos. Y allí se consume gran parte del petróleo.

La YPF estatal previa a la privatización le vendía petróleo subsidiado a Esso y Shell. Y también era objeto de la especulación de las clases dominantes. En los ’70 fue YPF la empresa que más se endeudó, en el momento que estaban subiendo los precios internacionales.

De modo que no hay que volver a la YPF estatal del modelo previo. Menos aun, a la privatizada de los últimos 20 años. Para Gambina sería preocupante que sólo se aumente la producción; sin una estrategia detrás.

Sin un “para qué”, sin un “destino”. Si hay necesidad de recursos, ¿a quién se va a invitar? ¿A otras transnacionales? ¿Si Repsol fue depredadora, por qué otras empresas no lo serán –se trate de Total, de Pan American Energy o de los capitales chinos?

¿No es el momento para considerar la propuesta que planteó Venezuela?

Se trata de “Petroamérica”: una política compartida de América Latina donde los recursos naturales se usen en función de un proyecto emancipador de carácter productivo. El primer destino del petróleo venezolano es EE. UU. y más de una vez ha planteado que quiere cambiarlo para pensar en un desarrollo alternativo en la región latinoamericana. Eso requiere voluntades compartidas y el desafío de pensar otra producción para satisfacer otras necesidades.

América Latina hoy está ganando dinero y creciendo económicamente porque es proveedora de recursos naturales del capitalismo desarrollado que tiene una evidente crisis económica y requiere esas riquezas. América Latina está siendo altamente funcional a la demanda del capitalismo mundial en crisis, cuando debería serlo de la construcción del futuro de nuestros pueblos.

Qué decimos cuando decimos “Siempre Más”

Al expropiar Repsol, el gobierno ha logrado una victoria en la recuperación de la sensación de justicia y dignidad popular. Ha insuflado esperanza adoptando una medida con la que se abre la gran oportunidad de concretar una epopeya.

¿Por qué no profundizar el mensaje y las medidas? ¿Por qué no recuperar la industria minera? ¿Por qué no ir tras los cazafortunas del sistema ferroviario? ¿Por qué no avanzar con la derogación de la ley de entidades financieras de la dictadura, y reformar el sistema financiero?

La última decisión presidencial ha replanteado el tablero político, como en su momento lo hizo con la re-estatización de los fondos jubilatorios entregados a las AFJP.

Hoy tenemos una nueva oportunidad de cambiar la agenda; de discutir todo –realmente todo– de nuevo.

Y regresando a YPF, el primer gran paso está dado. El carácter y la extensión reales de la recuperación de la renta petrolera dependerán de –y se evidenciarán en– las próximas medidas que se adopten.

La epopeya, compañeros, recién comienza. Siempre.

YPF: los mecanismos del colonialismo mediático

Mientras anoche se definia que la aprobaciòn en el Senado será casi por unanimidd el miércoles 25 de la ley que recupera YPF para los argentinos, Cynthia Ottaviano,realiza un análisis de la cobertura del anuncio presidencial para alcanzar la soberanía hidrocarburífera del 16 de abril pasado, que permite evidenciar que los diarios de Bartolomé Mitre y Héctor Magnetto se alinean más en sintonía con los diarios españoles que con los intereses argentinos.

Soberanía hidrocarburífera, nacionalización, control y manejo energético, recuperación histórica, autoabastecimiento, desarrollo económico con inclusión social y declaración de interés público son ideas y principios que ayer no estuvieron presentes en las tapas de los diarios Clarín ni La Nación. Por el contrario, el análisis de la cobertura del anuncio presidencial para alcanzar la soberanía hidrocarburífera del 16 de abril pasado permite establecer cinco mecanismos que evidencian el coloniaje mediático de los diarios de Bartolomé Mitre y Héctor Magnetto, más en sintonía con los diarios españoles que con los intereses argentinos.

MECANISMO 1. “Poner en pie de igualdad a un Estado soberano con una empresa privada.” El título principal de La Nación de ayer así lo demuestra: “Expropiarán el 51% de YPF y España amenaza con represalias”, amén de que el sujeto que determina la expropiación no está enunciado –cuando no es menor, ya que estuvo en manos de la presidenta de la Nación y tendrá que ser acompañado por el Congreso Nacional–, lo que aquí se puso en pie de igualdad es al sujeto tácito, es el Estado, que toma una decisión: la expropiación, con las consecuencias planteadas a partir de la supuesta pérdida de una empresa privada, ya que se plantea la falsa idea de que es una cuestión entre estados, cuando en realidad, se trata de un derecho del Estado argentino soberano y el interés económico de una empresa privada española (denunciada por incumplimiento de sus obligaciones y hasta de vaciamiento) apoyada por el gobierno español.
MECANISMO 2. “Asociar la medida al autoritarismo”: las palabras más usadas tanto en los títulos de Clarín y La Nación, como en sus volantas, copetes y textos de tapa son “intervención”, con sus variantes, “intervino” e “interventores” y “expropiación” con sus posibles “expropiar”, “expropian”, “expropiada”, “expropiarán” –mencionadas 12 veces sólo en las dos tapas–. Ponen en juego descripciones superficiales para evitar las razones profundas. Eluden detallar “la declaración de interés público con el objetivo prioritario de lograr el autoabastecimiento para garantizar el desarrollo económico con inclusión social”, como se informó, o de un empoderamiento del Estado, de todos, y lo describen como “una toma compulsiva de acciones” o como “un portazo al mundo” y hasta “una declaración de guerra del kirchnerismo contra España”, como definió Joaquín Morales Solá, muy cerca del concepto único que llevó el título del diario de la corona española, el ABC: “Expolio”, que significa “quitar una cosa con violencia o de forma injusta o ilegal”, cuyo sinónimo más certero para este caso desde la óptica del otro lado del Atlántico monárquico es “saquear o robar”.
MECANISMO 3. “Se trata de una decisión de Cristina Fernández tomada en soledad.” En la nota del diario La Nación se insiste en varios pasajes que no se trata de una decisión consensuada, del Estado soberano, sino que se personaliza la toma de la decisión, ahogándola en la individualidad, en “su voluntad de expropiar”, “su decisión”, realizada “a su juicio”.

MECANISMO 4. “Fortalecer a Repsol transformándola en España e incluso la Unión Europea.” Además del mencionado título en el que se pretende igualar la decisión de un Estado con el de una empresa, apoyada por un gobierno, a lo largo de toda la crónica se informa casi en exclusividad que se trata de un anuncio que “puso en alerta máxima al gobierno de España”, es su canciller, José Manuel García-Margallo, quien advirtió “represalias claras y contundentes”, es el “gobierno de Mariano Rajoy” el que convoca, o la Unión Europea la que “consideró grave la expropiación y podría tomar represalias”. Esa misma línea siguieron los medios españoles, en manos de la élite dominante, donde no se incluyó el punto de vista de Izquierda Unida, por ejemplo, donde con claridad consideró que no se trata de un “ataque a España”, ya que Repsol es una empresa privada de “distintas nacionalidades” (no sólo española) y que por esto “es una vergüenza” que se la haya defendido.

MECANISMO 5. “Inocular miedo para que nada cambie.” Se sabe, el miedo se usa como un gran disciplinador social. La intención concreta es paralizar, para que reine el statu quo ante el terror de las consecuencias enunciadas o directamente aplicadas en el pasado. Se recurre a palabras como “amenaza”, “represalias”, “alerta máxima” y “ruptura”, se mencionan “víctimas” y “juicios múltiples y diseminados por diversas capitales importantes”, plasmando siempre el punto de vista español y soslayando el argentino, el único que aquí cuenta, ya que aquello que los españoles desean para nosotros no es lo mismo que lo que desean para ellos mismos: en el artículo 128 establecen que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cuando fuere su titularidad está subordinada al interés general” y “se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general”. Además de la doble moral del gobierno español, lo que aquí cuenta es el alto grado de coloniaje mediático “made in Argentina”.