En el Salón Auditorio del la Cámara de Diputados se realizó ayer la segunda jornada convocada por la Comisión de Comercio, que encabeza Juliana Di Tullio, para debatir sobre el proyecto de ley por el que se declara de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta de celulosa y de papel para diarios; Papel Prensa SA. Me toco participar junto a destacados funcionarios, constitucionalistas, rectores y autoridades universitarias, periodistas, profesionales y estudiantes de Comunicacion. Este es el texto de mi intervencion oral, con algunos "retoques" de estilo.
En primer lugar, quiero agradecer a la Sra. Presidenta de la Comisión de Comercio, Juliana Di Tullio, y por su intermedio a los diputados presentes, la invitación y el espacio para debatir un tema de tanta trascendencia; pero no puedo dejar de lamentar ausencias, cuyos fundamentos no alcanzan a justificarlas.
Creo que la presencia de constitucionalistas, especialistas en Derecho a la Información y Teorías de la Comunicación, además de pequeños y medianos empresarios me exime de analizar desde esos puntos de vista el texto del proyecto de Ley del Ejecutivo, y me permite, en su lugar, reconstruir parcialmente, y desde un enfoque testimonial, de quien vivió esos años como periodista y militante, cómo se ha venido intentado manipular y desvirtuar la realidad del dominio del mercado de papel de diario por parte de Papel Prensa.
15 de abril de 1977. Recuerdo perfectamente el día que me permite reconstruir el inicio de la historia, pues cumplía 25 años. Era jefe de Redacción de la agencia cubana Prensa Latina en Buenos Aires, en nuestra oficina del piso 9 del Edificio SAFICO, Corrientes casi esquina San Martín, conocido entonces como “el de la prensa”; una especie de refugio, siquiera dentro de sus paredes, frente a la represión, fundamentalmente por la gran cantidad de corresponsales extranjeros que allí tenían su sede: más de 20, entre ellos de las agencias noticiosas ANSA, AFP, EFE, diarios como O Estado de Sao Pablo, y otros.
Ese día, con un actual editor de Clarín y el ex director de la revista Vamos (actualmente columnista de un programa televisivo conducido por quien entonces era redactor a sus ordenes, y hoy nos da permanentemente su palabra) comentábamos la muerte de Graiver; si lo había matado un grupo de tareas, o se trataba de un accidente. Ya sabíamos que se estaban robando todos sus bienes; entre ellos, Papel Prensa, que estaba pasando a manos de La Nación, Clarín, y la Razón, entonces del Ejército, junto con el Estado representado por la Junta Militar usurpadora. No hacía dos semanas que había sido secuestrado Edgardo Sajón, amigo y vocero del general Alejandro Agustín Lanusse, y quiero señalar el tema porque hay un aspecto que no he visto publicado en ningún medio ni en el insuficiente acceso que he tenido a la investigación. Lanusse siempre pensó que se trató de un mensaje hacia él por parte de alguna de las armas, pero lo cierto es que el 13 de mayo de 1985, en su testimonio en el Juicio a las Juntas, pudimos saber de boca del propio Lanusse que Videla, Viola, Massera y Saint Jean le confirmaron que ese “procedimiento por izquierda” (sic) tenia vinculación con la investigación que Camps y Echecolatz llevaban a cabo acerca de Graiver.
¿Por qué recuerdo esta conversación –en realidad mucho más que una anécdota pues es un testimonio– con quienes entonces eran mis amigos? Por dos razones.
La primera, porque me cuesta creer que sabiendo lo que sabemos, porque vivimos lo que vivimos, algunos se sorprendan con las revelaciones. Esto puede ser natural para quienes no tenían acceso a la información, pero nunca para los periodistas que trabajamos durante la dictadura; eran conversaciones de todos los días. Todos los días hablábamos de los secuestros y asesinatos, como el de Rodolfo Walsh, que había escrito su memorable “Carta a las Juntas” en el ANCLA, y que nos pasábamos de mano en mano, de piso en piso del edificio. Parte en estos comentarios eran otros actuales editores de Clarín y columnistas de La Nación; corresponsales como “Pajarito” García Lupo, o el “negro” José Maria Pasquín Durán, ambos de Inter Press Service, luego exiliado, o Isidoro Gilbert, de TASS. También con el francés Jean Pierre Bousquet (autor de “Las locas de la Plaza”), Horacio Finoli de France Press y Oscar Serrat, de Associated Press, luego secuestrado y liberado. Junto a ellos tres fui condenado a muerte.
La segunda razón por la que recuerdo aquella conversación es que resulta inexplicable ver a algunos de esos antiguos amigos defendiendo a los diarios cómplices de la dictadura. Y aún más inexplicable: levantando la bandera de la libertad de prensa contra la eventualidad de que la Justicia juzgue –simplemente juzgue y decida– si, además, fueron partícipes necesarios en delitos de lesa humanidad.
Todos tenemos necesidad de trabajar, pero la dignidad –ni que decir en democracia– nos marca una línea infranqueable, pasada la cual se la mancilla irremediablemente.
Son al menos lamentables los argumentos al estilo de “¿Por qué ahora?”, o “Esto se hace porque conviene a los Kirchner en su pelea con Clarín”.
El primero es sumamente gravoso para los mismos que lo formulan, ya que estuvieron personalmente –o a través de sus partidos– al mando del Estado durante estos años, cuando todos sabíamos y no se investigó. El segundo, no hace más que favorecer a quienes pretenden denostar, pues por la razón que fuera que lo hayan hecho, o lo estén haciendo, ¡bienvenido sea! Cómo bienvenido sea que se hayan retomado las banderas de la verdad y la justicia frente al terrorismo de Estado, cuando incluso muchos militantes habíamos perdido las esperanzas. Y vamos a ser más claros: algunos no tuvieron la fuerza o las condiciones; otros fueron cómplices. En el primer caso se ubica sin duda Raúl Alfonsín, que tuvo la grandeza de apoyar la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que él mismo impulsó acorralado por la presión militar, cuando afirmó, “yo no pude, pero ahora sí es el momento”. Pues bien ahora es el momento de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ahora es el momento de investigar el traspaso de Papel Prensa, ahora es el momento de la declaración de interés público de la regulación, de la fabricación y de la venta del papel para diarios.
En este proceso de tergiversación pude enredar hasta a los amigos más proclives a impulsar las medidas del gobierno, como los que participan en un muy conocido programa de la televisión pública, que invitó al periodista Robert Cox, y a mi juicio quedó prisionero del juego. Cox siempre fue un liberal, tan antifascista como anticomunista y anti “populista”, que se jugó valientemente durante la dictadura. En el programa repitió que “nunca vi tanta libertad de expresión en la Argentina como la que veo ahora”.
La jugada también le sale mal a Clarín, que, para buscar impacto transcribe (aquí les traje el recorte del diario) un artículo de Cox en su viejo Buenos Aires Herald. Se titula “¿La Argentina seguirá siendo democrática?”. Pero la noticia no es que al periodista inglés lo asuste la posibilidad de que el gobierno pueda querer quedarse con el diario, o que eventualmente se deslice “a la izquierda” y Argentina deje de ser una democracia. La noticia es que, en el mismo artículo, si buscamos con atención, encontramos los siguientes párrafos: “La adquisición de la mayoría de acciones de Papel Prensa por parte de Clarín, La Nación y La Razón (cuyas acciones fueron luego compradas por Clarín) junto con el Gobierno nacional fue algo en mi opinión muy deshonesto -entonces y ahora”. O más fuerte aún: “Durante más años de los que recuerdo, la sociedad de ambos diarios en asociación con el Estado fue ferozmente criticada (lastima que no nos enteramos…) por la mayoría de los miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa como totalmente sin escrúpulos, y como una competencia injusta para los otros diarios argentinos. Recuerdo haber destacado durante una reunión de la SIP que en el caso de La Nación era como si el Vaticano decidiera abrir una clínica para abortos”. Nada menos.
Pues bien, ahora es el momento de investigar estos hechos que ni siquiera son originales. Rara vez la gran propiedad privada tuvo orígenes puros, siquiera limpios. Pero en este país el robo, por parte del gobierno de facto, de la propiedad privada que sacralizaba en sus discursos comenzó con una dictadura cívico-militar y fue llevado a sus últimas consecuencias con la última, la más brutal de la historia.
Empezó con Onganía, en sintonía con Blaquier y Arrieta, y el monopolio azucarero de Jujuy, para eliminar la competencia en la provincia de Tucumán, como denuncia el historiador Roberto Pucci en este libro que traje y pueden ver: Historia de la destrucción de una provincia. Tucumán, 1966. Comenzó con ingenios cerrados, otros robados a sus dueños, con miles de trabajadores en la calle, y la impunidad que abrió el camino a La Noche del Apagón, desatada sobre los propios trabajadores de Ledesma, durante la última dictadura. Han pasado casi 50 años. Hace 29 años la Corte Suprema de la Nación, en el fallo CAT, ordenó reparar a los despojados en la violación a la propiedad privada más increíble que tenga memoria la historia. Jamás se cumplió su sentencia, y no escuché a lo medios ni a muchos dirigentes reclamar –ya que tanto les preocupa el respeto a los poderes– que se cumpla el fallo de una Corte que el menemismo diezmó.
El Operativo Independencia cerró este capitulo. Y la impunidad alimentó las decenas, centenas de robos de casas, en secuestros y asesinatos; o de industrias, campos, bodegas, cuando el grado militar lo permitía. Papel Prensa es ahora el buque insignia de toda esta infamia.
Insisto que cómplices ya son; sus propias publicaciones los condenan. Dejemos que la Justicia decida si también son autores, o participes necesarios, de crímenes de lesa humanidad para adueñarse de la propiedad ajena, y obtener una posición dominante en el mercado de la palabra impresa, cuando –es bueno recordarlo- no existían Internet, las redes sociales ni medios alternativos. ¿Quién por qué puede oponerse a semejante propósito?
El monopolio creció con Papel Prensa. Clarín no era el diario de mayor tirada en 1977; ese lugar lo ocupaba Crónica. Personalmente, puedo dar testimonio, como ya lo han hecho y seguramente harán, empresarios Pyme de medios, de cómo dos periódicos que dirigí, con tiradas de 100 y 150.000 ejemplares, llegaron a gastar más del 60% del total de su costo en papel. Fue Julio Ramos, fundador de Ámbito Financiero –e insospechado de populista o estatista– el que en su libro, Los cerrojos de la prensa, de 1993, denunció que desde el surgimiento de Papel Prensa, ahogados por el monopolio, ya habían desaparecido 46 medios, cuenta que ya nadie lleva.
Esta posición dominante se multiplicó con la legislación menemista, que los convirtió en verdaderos grupos económicos diversificados, con un puntal en la comunicación, pero con fuertes intereses en la industria, en el agro y en otros sectores productivos.
Por eso, mientras la Justicia decide el aspecto penal, este Congreso tiene una obligación inexcusable: contribuir a garantizar el Derecho a la Información mediante la declaración de interés público y la regulación de la fabricación y comercialización del papel de diarios, hoy en manos de los mismos dueños de la empresa que lo produce.
Ningún país permite la acción impune de los monopolios. El proyecto del Ejecutivo es digno: con participación del Congreso, con mecanismos de propuestas consensuadas para las futuras normas. No dudo que será perfectible, pero es la hora del debate. Pero el debate sobre el cómo; jamás sobre el qué. Bastante deberemos esforzarnos para que se cumpla la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) que aprobó este Congreso. Entre paréntesis, parece que no era la “ley de Medios”, como repetían para dar la idea que se avanzaba sobre el conjunto de la libertad de prensa; de lo contrario no estaríamos contemplando aspectos que hacen a los medios gráficos. ¿No era que ya no quedaba nada por hacer, se había avasallado a la libertad de expresión y a “los” medios?
Finalmente, y espero no haber excedido el plazo fijado por la Presidencia, para tranquilidad de algunos puedo asegurarles que no estamos a contramano del mundo. Desde Obama en Estados Unidos a Lula en Brasil, hay multitud de ejemplos de tensión del poder político y los grupos económicos, que tienen a sus heraldos de prensa como mascarones. No es “poder político” vs. “prensa”, como alguna vez pasó, o se dijo. Son intereses concretos que presionan, y aún desestabilizan, gobiernos en defensa de sus privilegios, y en los que los líderes elegidos democráticamente reclaman legislaciones firmes para garantizar el derecho a la información, como es el caso de la Argentina. La ley de SCA es un paso. El debate que damos hoy, sin duda, otro. Quizás, ya que no podemos hacer renacer las voces que acallaron con la mordaza del monopolio, podamos hace nacer nuevas, y multiplicarlas a lo largo y a lo ancho del país.
