¡Vamos por Más! ¡Vamos por la nacionalización de la minería!

    A las consignas, además de agitarlas en nuestros carteles o cantos, hay que darles contenido concreto. De lo contrario, el contenido se lo da el enemigo, o podemos estar diciendo cosas distintas. Es el caso del ¡Vamos por más!, tan manoseado por el periodismo militante opositor, y vaciada de contenido por algunos que dicen estar de este lado de la vereda.

    Este es un caso concreto, con dramática actualización con el derrame de solución cinaurada por parte de la Barrick Gold en la mina de Valadero,  Jáchal, provincia de San Juan.  Fueron 1.000.000 (sí, un millón de litros) y no 15.000, como dijo inicialmente. Nada menos que 66 veces más.  La cifra fue admitida hace pocas horas por la empresa de Canadá, país donde la modalidad de explotación que aquí realiza está prohibida).

    Rogelio Roldán, incansable, perseguido y sufrido luchador del PC sanjuanino, a quien respeto, publicó los conceptos centrales de esta nota que comparto en su muro, pero no puedo responsabilizarlo del total, ya  que he realizado alguna adaptación de matices y estilo, que corren por mi exclusiva responsabilidad.

    Desde que en 1993 la siniestra dupla Menem-Cavallo, por orden del Banco Mundial modificó el Código Minero, existe una estructura jurídica elaborada a la medida de las trasnacionales para garantizar a los monopolios saquear, llevarse todo y dejar solo ruinas.

La Constitución Nacional, reformada en 1994,  entregó en propiedad a los gobiernos provinciales el patrimonio de todos los argentinos, como son las riquezas naturales a los gobiernos provinciales. Ello, sumado a la trampa de los Tratados Bilaterales de Inversión -TBI-, que nos dejan en manos del CIADI, tribunales al servicio de las empresas extranjeras, permitieron la firma de contratos de concesión al tono de las dictaduras más cipayas.

Un artículo clave del Código Minero prohíbe al Estado explotar por sí solo cualquier yacimiento. También les concede estabilidad fiscal por 30 años. Sí, brutal.

    Ese paquete de leyes respalda los contratos leoninos, su implementación hace que la gran minería sea subsidiada totalmente por el pueblo argentino.

Por eso

·         Tienen exención impositiva, subsidio al combustible y la energía y otros privilegios.

·         Un irrisorio 3% de regalías, medidas en boca de mina sobre el cascote en bruto, lo cual las rebaja considerablemente

·         La cantidad de mineral a exportar no tiene control fiscal, se basa en “declaraciones juradas” de la propia empresa.

·         Producen un fuerte y constante daño al ecosistema, especialmente a los glaciares y la zona periglacial, es decir la fábrica de agua de Los Andes.

     Por si todo esto fuera poco, quince cámaras mineras del país piden al futuro gobierno que revise “las principales herramientas de la política económica, entre ellas la paridad peso-dólar, el cepo cambiario, las remesas de divisas y el aumento constante de la presión tributaria''.

    Ante el derrame de agua contaminada, la Barrick ocultó el problema y el gobierno provincial fue cómplice al minimizar el hecho y sus secuelas. Un día después reconoció la contaminación, pidió a los vecinos que no usen agua del Río Blanco y se cubrió con la denuncia penal contra la empresa.

    Esta es la cruda realidad, San Juan -y toda la zona cordillerana- tiene a los monopolios extractivos extranjeros instalados en el corazón, no solo de la economía, sino de todo el sistema de relaciones y mediaciones políticas, sociales y culturales. Por eso es necesario denunciar la política de saqueo y destrucción del ecosistema por parte de estas empresas. También los tratados internacionales, ya sean bilaterales, como los TBI y otros, que nos atan a la dependencia del FMI.  Y reclamar la ruptura con el CIADI, la anulación del actual Código Minero y de toda la maraña jurídica que permite la entrega.

    Hace falta una Ley que devuelva a la Nación el dominio de los recursos naturales, que declare la propiedad popular imprescriptible, inalienable e inenajenable del espacio aéreo, el suelo y el subsuelo; que se complemente con una ley de nacionalización de las megamineras para crear una empresa de propiedad pública, estatal y comunitaria, gestionada, dirigida y controlada por representantes electos de sus trabajadores, de la ciudadanía y del Estado nacional y provincial.

    Junto a ello se debe prohibir explícita y taxativamente –como en todo los países “avanzados” del mundo-- el método de lixiviación (por el cual el oro se disuelve en un medio acuoso con cianuro para separar la solución que contiene el metal  de la que contiene residuos), y construir una refinería para desterrar el empleo temporario y lograr la estabilidad laboral de todos los trabajadores.