¡Vamos por Más! ¡Vamos por la nacionalización de la minería!

    A las consignas, además de agitarlas en nuestros carteles o cantos, hay que darles contenido concreto. De lo contrario, el contenido se lo da el enemigo, o podemos estar diciendo cosas distintas. Es el caso del ¡Vamos por más!, tan manoseado por el periodismo militante opositor, y vaciada de contenido por algunos que dicen estar de este lado de la vereda.

    Este es un caso concreto, con dramática actualización con el derrame de solución cinaurada por parte de la Barrick Gold en la mina de Valadero,  Jáchal, provincia de San Juan.  Fueron 1.000.000 (sí, un millón de litros) y no 15.000, como dijo inicialmente. Nada menos que 66 veces más.  La cifra fue admitida hace pocas horas por la empresa de Canadá, país donde la modalidad de explotación que aquí realiza está prohibida).

    Rogelio Roldán, incansable, perseguido y sufrido luchador del PC sanjuanino, a quien respeto, publicó los conceptos centrales de esta nota que comparto en su muro, pero no puedo responsabilizarlo del total, ya  que he realizado alguna adaptación de matices y estilo, que corren por mi exclusiva responsabilidad.

    Desde que en 1993 la siniestra dupla Menem-Cavallo, por orden del Banco Mundial modificó el Código Minero, existe una estructura jurídica elaborada a la medida de las trasnacionales para garantizar a los monopolios saquear, llevarse todo y dejar solo ruinas.

La Constitución Nacional, reformada en 1994,  entregó en propiedad a los gobiernos provinciales el patrimonio de todos los argentinos, como son las riquezas naturales a los gobiernos provinciales. Ello, sumado a la trampa de los Tratados Bilaterales de Inversión -TBI-, que nos dejan en manos del CIADI, tribunales al servicio de las empresas extranjeras, permitieron la firma de contratos de concesión al tono de las dictaduras más cipayas.

Un artículo clave del Código Minero prohíbe al Estado explotar por sí solo cualquier yacimiento. También les concede estabilidad fiscal por 30 años. Sí, brutal.

    Ese paquete de leyes respalda los contratos leoninos, su implementación hace que la gran minería sea subsidiada totalmente por el pueblo argentino.

Por eso

·         Tienen exención impositiva, subsidio al combustible y la energía y otros privilegios.

·         Un irrisorio 3% de regalías, medidas en boca de mina sobre el cascote en bruto, lo cual las rebaja considerablemente

·         La cantidad de mineral a exportar no tiene control fiscal, se basa en “declaraciones juradas” de la propia empresa.

·         Producen un fuerte y constante daño al ecosistema, especialmente a los glaciares y la zona periglacial, es decir la fábrica de agua de Los Andes.

     Por si todo esto fuera poco, quince cámaras mineras del país piden al futuro gobierno que revise “las principales herramientas de la política económica, entre ellas la paridad peso-dólar, el cepo cambiario, las remesas de divisas y el aumento constante de la presión tributaria''.

    Ante el derrame de agua contaminada, la Barrick ocultó el problema y el gobierno provincial fue cómplice al minimizar el hecho y sus secuelas. Un día después reconoció la contaminación, pidió a los vecinos que no usen agua del Río Blanco y se cubrió con la denuncia penal contra la empresa.

    Esta es la cruda realidad, San Juan -y toda la zona cordillerana- tiene a los monopolios extractivos extranjeros instalados en el corazón, no solo de la economía, sino de todo el sistema de relaciones y mediaciones políticas, sociales y culturales. Por eso es necesario denunciar la política de saqueo y destrucción del ecosistema por parte de estas empresas. También los tratados internacionales, ya sean bilaterales, como los TBI y otros, que nos atan a la dependencia del FMI.  Y reclamar la ruptura con el CIADI, la anulación del actual Código Minero y de toda la maraña jurídica que permite la entrega.

    Hace falta una Ley que devuelva a la Nación el dominio de los recursos naturales, que declare la propiedad popular imprescriptible, inalienable e inenajenable del espacio aéreo, el suelo y el subsuelo; que se complemente con una ley de nacionalización de las megamineras para crear una empresa de propiedad pública, estatal y comunitaria, gestionada, dirigida y controlada por representantes electos de sus trabajadores, de la ciudadanía y del Estado nacional y provincial.

    Junto a ello se debe prohibir explícita y taxativamente –como en todo los países “avanzados” del mundo-- el método de lixiviación (por el cual el oro se disuelve en un medio acuoso con cianuro para separar la solución que contiene el metal  de la que contiene residuos), y construir una refinería para desterrar el empleo temporario y lograr la estabilidad laboral de todos los trabajadores.

Somos pueblo, somos fuerza para el cambio

No somos neutrales, ni esperamos a ver qué pasa para dar nuestra opinión y calcular nuestras acciones.

Enfrentamos a los voceros y a los activistas del privilegio que pretenden utilizar de manera hipócrita nuestras limitaciones y nuestros errores para frenar y ahogar el proceso de cambios iniciado en 2003.

Nos dan nauseas los alcahuetes y los obsecuentes que justifican lo injustificable para no arriesgar un puesto o una “posición” obtenidos.

Abrazamos a todos nuestros compañeros, aun a aquellos que creen sinceramente que callar sobre lo que se ha hecho mal; no reclamar lo no se ha hecho; o no enfrentar las miserias de toda obra humana es “dar pasto a las fieras”, o peor, “armas al enemigo”. Los llamamos especialmente a la reflexión. Porque grandes epopeyas de la humanidad han implosionado o fueron arrasadas por esa falsa defensa.

Somos viejos militantes, con más heridas que medallas; con más errores que aciertos. Y no vamos a permitir gratuitamente que nos ganen esta batalla por nuestro silencio. Diremos y haremos lo que creamos que haya que decir o hacer, a menos que nos convenzan de lo contrario.

También somos nuevos militantes, que recuperamos o descubrimos la fe en la capacidad transformadora de la política con mayúsculas. Y no dejaremos que nos roben la esperanza y el porvenir. Al menos no sin pelear.

Estamos en un momento bisagra: avanzamos sin vacilaciones o los enemigos del pueblo ganarán fuerza para atacar las conquistas obtenidas; jamás para corregir nada.

Tenemos que transformar toda la bronca, y aún las críticas –las de buena y las de mala fe–, en FUERZA PARA EL CAMBIO. Para iniciar la PRIMERA GRAN EPOPEYA DEL SIGLO. Pues de eso se trata: de transformar totalmente el sistema de transporte con la mano del Estado y aprovechando el recurso de tener un pueblo movilizado. Y encarar nuevas epopeyas, que tornen irreversibles los cambios: devolver a la Nación la renta minera, petrolera y financiera, para hacer grande la PATRIA y traer bienestar al PUEBLO.

Somos pueblo y fuerza para el cambio. Aquí están nuestra voluntad, nuestras convicciones y también nuestros cuerpos.

Aquí estamos COMPAÑERA PRESIDENTE. No tenemos vocación de espectadores. Tenemos experiencia y decisión de protagonistas. Juntos, podemos transformar definitivamente la Argentina.

Aquí estamos, y estaremos; de una u otra forma.

Así No

No voy a emitir un discurso, ni a escribir un manifiesto. Pero sí algunas puntualizaciones. Porque no se puede mirar para otro lado…

1) Estoy muy lejos del ambientalismo/ecologismo bobo. Si por ellos fuera deberíamos volver a la caza y la pesca; sin hablar de las ONG’s, que responden a intereses de sectores o países determinados.

2) Repudio, aún mas –porque es más dañina, tiene mayor poder, y expresa un sistema de explotación que combatiré toda mi vida– la depredación capitalista, que destruye el medio ambiente y mata gente necesitada de trabajar. Alguien –no dudo que con buena intención– se preguntó públicamente esta semana "¿Que obrero trabajaría en un lugar donde lo envenenen?".

Es un grave error pensar que la respuesta es ninguno.

Hay miles, millones si tomamos el mundo que harían exactamente eso si no tienen otra posibilidad de subsistencia propia y familiar. Y los hubo desde incluso antes del sistema capitalista. En la literatura y en el cine –no precisamente “revolucionario” ni “extremista”– hay centenas de ejemplos, basados en hechos reales, de pueblos enteros –ya no sólo de trabajadores individuales– que resisten las acciones contra empresas contaminantes, que los envenenan a ellos Y A SUS FAMILIAS, porque necesitan el trabajo; aún ESE trabajo.

3) En estos casos el análisis es simple: ¿Cuál es el real impacto ambiental, y sobre la salud de la población, que tiene una actividad productiva; en este caso la minera? ¿Cuál es el beneficio que reporta? Tal vez si en La Rioja o Catamarca le aseguran a la población décadas de educación, salud, vivienda y trabajo cabría la posibilidad de hacer un cálculo costo-beneficio, implicando en el costo algún desorden ambiental. Pero el presente no es el caso. Las grandes empresas de explotación minera se llevan todo y no dejan nada más que destrucción.

4) Es cierto: “Menem lo hizo”. Pero también es cierto que no se ha producido ningún cambio desde que se fue; ni siquiera con este gobierno que apoyo, integro, y considero –en el rumbo general– nacional y popular.

5) Jamás avalaré ni admitiré con mi silencio que se reprima a un pueblo que con 100, 50, 25 o 0 % de razón reclama sin violencia ante los gobernantes que eligió.

6) No voy a admitir que me vengan con argumentos al estilo de que “esto lo usa el enemigo”, o los medios concentrados que jamás se ocupan de estos temas, entre otros similares. Sin duda que lo usan. Pero también es cierto de que el argumento es legítimo. De modo que no impide –de hecho, sería seguimiento incondicional permitir que impidiera– que lo PODAMOS, LO DEBAMOS, UTILIZAR NOSOTROS, LOS QUE, EN GENERAL, APOYAMOS. Se crece con la crítica constructiva; no con la obsecuencia y el silencio. En vez de asustarse (o cuidar la parte que les toca del despojo), ¿no sería propio de este proceso nacional y popular aprovechar la fuerza del reclamo del propio pueblo para encarar las transformaciones de fondo que necesitamos como país y como pueblo en la legislación minera?

En síntesis: NO a la represión; debate y análisis serio de los respectivos impactos ambientales. Y, sobre todo, que nuestro gobierno nacional impulse una nueva legislación minera, que proteja nuestros recursos naturales y la salud de nuestro pueblo de la codicia destructora de algunos pocos. Que cuando decidamos explotar esos recursos sea para beneficio de la población en conjunto y de la Patria; de las actuales y las nuevas generaciones.