Asignaturas pendientes en las causas por crímenes de lesa humanidad

El fiscal Jorge Auat y el coordinador Pablo Parenti, de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, destacan un proceso consolidado y con logros significativos, aunque con ciertas dilaciones y una serie de bastiones de impunidad sobre los que aún queda mucho por avanzar. Así podría describirse el escenario actual de los juicios por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura, en un reportaje de Manuel Barrientos, en la revista Debate. Imprescindible.

Luego del emblemático Juicio a las Juntas implementado durante la presidencia de Raúl Alfonsín, de las contramarchas que representaron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en los ochenta y de los posteriores indultos otorgados en los años noventa, la impunidad que protegía a los represores comenzó a revertirse en los primeros años del nuevo siglo. Primero, el juez Gabriel Cavallo dictaminó, en marzo de 2001, la inconstitucionalidad e invalidez de las leyes dictadas durante el alfonsinismo. Luego, el Congreso de la Nación declaró la nulidad de esas normativas en setiembre de 2003. Y, finalmente, la Corte Suprema de Justicia confirmó la inconstitucionalidad de ambas leyes en junio de 2005.
Desde la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, creada en la órbita de la Procuración General en 2007, el fiscal Jorge Auat y el coordinador Pablo Parenti destacan que se puede observar una “consolidación” del proceso de juzgamiento en todo el país. “Institucionalmente hay un verbo común en cuanto los juicios se consolidan como política de Estado”, señala Auat.
De acuerdo al último informe de la Unidad , se registra un total de 843 personas respecto de las cuales se dictó al menos un auto de procesamiento. De estas 843 personas procesadas, 449 ya cuentan con una o más causas elevadas a juicio y otras 141 tienen alguna causa en la que la fiscalía solicitó la elevación a juicio. Así, cerca del setenta por ciento (590) de los 843 procesados actuales, ya tiene alguna causa en etapa de juicio o cuenta con requerimiento fiscal de elevación a juicio. Además, más del treinta por ciento del total de las elevaciones ya ingresó a la etapa de juicio propiamente dicha y se encuentra próximo a obtener una sentencia definitiva a su respecto. Hasta 2008 se había condenado a 68 personas. En diciembre de 2011, esa cifra llegó a 266. Se observa, entonces, que entre 2008 y 2011 la cantidad de condenados prácticamente se cuadruplicó.
A este listado deben sumarse las recientes condenas dispuestas en el marco de la causa por el asesinato del abogado laboralista Carlos Alberto Moreno, que finalizó la semana última en la ciudad bonaerense de Tandil. Allí, el Tribunal Oral en lo Criminal de Mar del Plata sentenció a prisión perpetua a los ex militares Julio Alberto Tomassi, Roque Papalardo y José Luis Ojeda y dispuso una pena de 15 y 11 años, respectivamente, a los civiles Felipe y Julio Méndez. Los jueces también pidieron que se investigue el rol de ex integrantes del directorio de la cementera Loma Negra, de dos ex ministros de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y del ex ministro de gobierno, James Smart.
De todas formas, en la Unidad Fiscal prevén que “los resultados más contundentes” de la política de acumulación de casos para la concreción de “juicios significativos” se empezarán a evidenciar aun con mayor claridad durante el resto del año. En los tribunales federales de Paraná, esta semana comenzó el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en las ciudades de Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, en el que hay nueve inculpados, treinta víctimas y 199 testigos. Los principales imputados son el ex ministro del Interior, Albano Harguindeguy, y Ramón Díaz Bessone, ex jefe del II Cuerpo de Ejército. También se inició el cuarto juicio en Misiones, en el que se juzgarán a ex miembros de la cúpula de la policía provincial.
Además, se deberían concretar dos juicios muy importantes para la provincia de Córdoba, en los que se investiga el accionar de los centros clandestinos que funcionaban en La Perla y en el Departamento de Informaciones de la policía provincial (también conocido como D2). Ambos juicios involucran en conjunto a 48 procesados en relación con 404 víctimas. En la provincia de Tucumán, está pautado que se eleven las causas de la Jefatura de Policía y la del ex Arsenal Miguel de Azcuénaga, en el que funcionó un centro clandestino de detención y acaban de hallarse los restos del ex senador peronista Damián Márquez, quien fue secuestrado la noche del 13 de enero de 1977. También se esperan avances en la megacausa ESMA (en el primer tramo se juzgaron delitos contra 85 víctimas) y Campo de Mayo, entre otros procesos judiciales.

APURAR EL PASO
Sin embargo, desde el Ministerio Público Fiscal advierten que “de ningún modo se puede pensar que esta consolidación del proceso de juzgamiento no exija un control y una suerte de custodia permanente. Los logros no nos deben confundir ni hacernos pensar que ya está todo avanzado”. Respecto de la cantidad de personas condenadas, aclaran que de los 266 condenados que existen hasta el momento, sólo 43 de ellos registran condenas firmes.
En ese sentido, muestran su preocupación por las demoras que se vienen registrando en el ámbito de la Cámara Nacional de Casación Penal para la revisión de las sentencias de los tribunales orales. Durante 2011, la Cámara de Casación revisó seis sentencias en relación con 13 imputados. Esa cifra, según la Unidad Fiscal , no muestra cambios relevantes en su actividad si se toma en cuenta que durante 2010 revisó cinco sentencias respecto de 12 imputados. También observan una “excesiva demora” en el lapso que va desde la elevación a juicio hasta la concreción de las audiencias de debate.
En esa línea, la Cámara Federal de Casación Penal dispuso, en febrero último, un conjunto de “reglas prácticas” que apuntan a evitar la repetición de pruebas de un juicio a otro, la exposición reiterada de los testigos y la reedición de discusiones ya saldadas sobre hechos indiscutidos. También incluyen advertencias para que los jueces no generen dilaciones con ardides legales, proponen un acuerdo entre las partes para fijar una frecuencia razonable de audiencias, reducir la lectura de la acusación y lograr alegatos acotados. Y establecen pautas para proteger a las víctimas que deben testimoniar y resguardarlas de la “revictimización”.
El fiscal general Auat valora las reglas dictadas por la Cámara de Casación, pero advierte que “no resuelve la patología que describimos”. Y luego explica: “El problema no es la falta de instrumentos, sino la voluntad institucional de avanzar con los juicios. Todavía hay vastos sectores del Poder Judicial en los que encontramos tremendos obstáculos, como en las provincias de Jujuy, Salta, Santiago del Estero o Mendoza, en la que incluso hay un juez prófugo”. Se refiere, claro, al suspendido camarista federal de Mendoza, Roque Otilio Romano, quien escapó a Chile, y es acusado de omitir la investigación de 103 casos de delitos como secuestros, torturas y robos de bienes a secuestrados entre 1975 y 1983, cuando fue primero fiscal federal y después juez subrogante en Mendoza.
“Hace falta un crecimiento en la gestión judicial, que no depende de reglas del código procesal. Que se celebren sólo una o dos audiencias por semana, o que no se hagan los juicios porque no hay salas, lleva a una dilación de los juicios. Y, a veces, son excusas, porque no siempre faltan salas. Necesitamos que alguien tome un control de esto”, señala Parenti.

¿Qué estrategias se plantearon desde la Unidad Fiscal para agilizar las causas y evitar su atomización?
Parenti: Hay una resolución del procurador general, Esteban Righi, que marca como pauta central el pedido de acumulación de las causas, aunque no siempre logramos la decisión judicial que solicitamos. Se lograron muchos avances, aunque no todo lo que quisiéramos, ni en un ritmo similar en cada una de las provincias.
Auat: Hay un hecho muy emblemático que permite entender que aún queda mucho por hacer, aunque el proceso esté consolidado. A nueve años de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final por parte del Poder Legislativo, las reglas prácticas dictadas por la Cámara de Casación Penal tienen escasamente un mes. Es decir, todavía queda mucho por hacer y es imperativo terminar con ciertas discusiones que tienen como único objetivo la demora de las causas.

¿En qué aspectos es necesario avanzar con mayor fuerza?
P: Debemos seguir investigando los casos por apropiación de menores y, con ese objetivo, se creó un equipo que está específicamente dedicado a esa tarea. También se debe mejorar la respuesta respecto de los delitos sexuales cometidos durante el terrorismo de Estado. Hay que ofrecerles a los testigos las condiciones adecuadas para que puedan declarar este tipo de delitos, y para que sean calificados como delitos sexuales y no queden desdibujados dentro del concepto genérico como tormentos. También hay que avanzar con respecto a la actuación de los funcionarios judiciales, que requiere un trabajo importante de revisión de archivos, habeas corpus y expedientes de la época.
A: Fue muy importante instalar en el propio sistema judicial la cuestión relativa a los delitos de violencia sexual, porque es uno de los crímenes que mayor trauma causa en la víctima y su invisibilización marcaba un cerco de impunidad. Por otra parte, también hay que analizar los confines de la complicidad civil, para determinar hasta dónde llegaba.

¿Qué sectores civiles aún deben investigarse?
P: En especial, la participación de los empresarios y el rol de los propios funcionarios judiciales. También queda un aspecto de la estructura represiva que es difícil de investigar y que está vinculada a los agentes de inteligencia. Hay muchos imputados, pero porque son reconocidos o porque se los pudo vincular a través de algún documento. Pero es muy compleja la tarea de reconstruir el papel de los agentes de inteligencia.
A: Existen dificultades probatorias. No es fácil descubrir una cantera probatoria que permita imputar al personal de inteligencia. De hecho, la investigación de los más de dos mil setecientos “vuelos de la muerte” realizados entre 1976 y 1978 requirió de un trabajo exhaustivo, observando planilla por planilla. Aunque, claro, si no fuese así, no estaríamos hablando de terrorismo de Estado.

¿Por qué?
A: Siempre cito el caso de la masacre de Margarita Belén, en el que fraguaron un enfrentamiento armado, e incluso trasladaron cadáveres a otros lugares del país y los entregaron en otras provincias. Es decir, esas coartadas estaban facilitadas por el manejo de todos los recursos de los que dispone una estructura como la del Estado. Por eso, la mecánica criminal de la última dictadura era muy compleja y sofisticada. Pero el gran desafío es seguir investigando, porque las dificultades probatorias tienen que ver con esa complejidad de la trama criminal.
P: Por otro lado, hay que tener en cuenta la destrucción de las pruebas, que nos obliga a trabajar en los resquicios que quedaron.

ECUACIONES Y DESAFIOS

¿Cuáles son los ejes centrales que se planteó la Unidad Fiscal para este año?
Parenti: La prioridad es encontrar respuestas dentro de la propia administración de justicia para que los juicios puedan concretarse. Hay una gran cantidad de causas, en muchas se avanzó, pero observamos una inercia peligrosa. Hoy, no cierra la ecuación entre la velocidad actual, el tiempo que tenemos y lo que queda por hacer. Por eso, creemos que hay que apurar el paso. Pero ese avance no puede estar librado al azar, hace falta un paso más en cuanto a la gestión judicial.
Auat: Es un déficit que tiene cronicidad. Y no queremos legitimar el discurso perverso del propio sistema que señala que faltan herramientas idóneas. Los instrumentos están. Recibimos con beneplácito cualquier herramienta que mejore el sistema que, sin dudas, es perfectible. Pero es un discurso invocado para legitimar las dilaciones.
P: Se formaron unidades especiales, como la de la Corte , la nuestra, o la Comisión Interpoderes. Ahora Casación dictó las reglas prácticas. Y todos hablan de la demora y de las dificultades, pero aún ningún juez fue sancionado ni echado de la justicia por demorar estas causas.

Tráfico y narcotráfico: dos caminos que se bifurcan

Norberto Emmerich, Lic. en RRII y doctor en Ciencia Política viene realizando aportes sustanciales para una Teoría Política del Narcotráfico, trabajo que --como amigo-- espero nos ofrezca en un cuerpo único y desarrollado en poco tiempo. Esta distinción,entre tráfico y narcotráfico, contiene sorprendentes revelaciones y opiniones, que como tales pueden compartirse o no, pero esenciales, cuando este año se dara un debate sobre la actual ley de Estupafacientes, para lo cual el senador Aníbal Fernàndez presentó un proyecto de cambio integral, y hay propuestas de modificaciones por parte de varios legisladores en la Camara de Diputados.

Ningún país considera al narcotráfico como figura jurídica y ningún país tipifica al narcotráfico como delito. Todos los países en su legislación penal y en su jurisprudencia denominan y tipifican a lo que habitualmente se llama narcotráfico como tráfico de drogas, tráfico de estupefacientes, etc. Algunos países penalizan la actividad, otros la tratan como asuntos de salud pública. Ningún país lo trata como problema político, pero todos politizan el problema.

Esta identificación entre narcotráfico y tráfico de drogas, no toma en cuenta que el narcotráfico:

1. es mucho más que tráfico, ya que incluye lavado de dinero, precursores químicos, producción, refinamiento, comercialización, militarización, información, inteligencia, logística, tecnología, organización y sistematicidad de la violencia, redes de abastecimiento, soborno, extorsión, secuestro, inversiones, etc.

2. tiene relación con e incidencia en muchos ámbitos de la sociedad nacional: fuerzas de seguridad, control territorial, crimen organizado, economía ilegal, reparto ilegal de la renta, acumulación primitiva de capital, fronteras, puertos y aeropuertos, exclusión social, maltrato y abuso infantil y adolescente, crímenes predatorios, fraude, evasión fiscal, etc.

3. abarca una cadena de actividades, sectores sociales y geografías nacionales muy amplia:

a. Actividades: cosecha de coca, raspado de la hoja, pisaderos, laboratorios, equipamiento, instrucción militar, transporte, bagayeo, tecnología, etc.

b. Sectores sociales: campesinado indígena, adolescentes marginales, graduados universitarios, migrantes, obreros desocupados, choferes, etc.

c. Geografías nacionales: el Putumayo colombiano, el Chapare boliviano y el Alto Huallaga peruano para la producción. Los puertos del norte colombiano, la línea norte (10 ciudades) de México, el puerto de Buenos Aires y las fronteras lábiles en general (frontera norte argentina) para el tránsito externo. Los corredores mexicanos y colombianos de tránsito interno, etc.

4. El narcotráfico tiene capacidad para dar significado social a geografías inviables, o sea “crear” geografías: las triples fronteras[1] son particularmente sensibles a este fenómeno: Mexicali, Califonia y Arizona[2] entre Estados Unidos y México. Leticia, Tabatinga, Santa Rosa entre Colombia, Brasil y Perú. En Leticia y Tabatinga, Colombia y Brasil están separadas por una calle que se cruza sin mostrar pasaporte[3]. Tacna es la parte peruana de una triple frontera entre Perú, Chile y Bolivia. Lo mismo sucede con los llamados “espacios vacíos” o “territorios sin ley”, como el Petén mexicano, el Darién panameño o Salvador Mazza en el norte argentino.

5. La diversidad del universo del narcotráfico permite que no todas sus actividades estén relacionadas con drogas. Es el caso del lavado de dinero y los precursores químicos, más una larga serie de “servicios” que el narcotráfico utiliza (por ejemplo, los halcones, menores de edad que “vigilan” e informan a los jefes).

El concepto de tráfico de drogas entiende que todo el proceso tiene como eje central y destino final el consumo de drogas mientras al mismo tiempo debate sobre la tipificación del consumo como delito penal o como problema de salud pública. Expresado de esta manera el concepto de tráfico de drogas encierra tres contradicciones:

1. Se debate sobre la legalidad del consumo, entendido como actividad de la esfera privada que no daña a terceros[4], mientras se sigue sosteniendo su judicialización, entendida como eslabón débil de la cadena del tráfico y como un problema de salud pública.

2. Se promueve el pase del consumo de la esfera penal a la esfera civil mientras se sigue sosteniendo por definición que el tráfico de drogas es esencialmente un problema de adicción, toxicomanía o consumo de estupefacientes. En este punto las drogas se comparan con el alcohol o el tabaco, que son de consumo legal y un problema de salud pública. Sin embargo y llamativamente las drogas no son legales[5].

Estas dos primeras contradicciones plantean un escenario donde el consumo privado es legal, posiblemente un problema de salud pública no reprimible penalmente, mientras se propone aumentar las penas al tráfico de drogas[6]. El consumo legal de una sustancia ilegal no hace más que aumentar la tendencia hacia el fortalecimiento de la red de abastecimiento, porque la mezcla de prohibicionismo y tolerancia puede debilitar la demanda, pero seguramente fortalece la oferta.

3. Se desconoce o subestima el hecho de que el consumo de drogas constituye el más político de los mercados del narcotráfico. Aunque la aproximación liberal tipifica al consumo de drogas como una transacción establecida libremente entre un comprador voluntario y un vendedor de un bien ilegal, en realidad el consumo de drogas:

a. Ante todo constituye un mercado, no una sumatoria de transacciones individuales libres.

b. Se da un territorio social y geográfico previamente configurado y controlado, no libre. En un gran porcentaje, sobre todo en los estratos sociales más bajos, quien consumo se convierte en vasallo político de un señor.

c. El mercado de consumo establece leyes y valores que son ajenos, extraños, sustitutivos y a veces contradictorios con el todo social circundante inmediato, no con el mediato. No existe ningún caso en que el desafío haya llegado al Estado nacional.

d. Contrariamente a lo que se afirma el narcotráfico prefiere entornos estables y no violentos, dentro de los cuales establece y garantiza la existencia de áreas de estandarización del crimen, en acuerdo con las fuerzas policiales.

Convertir el tráfico de drogas en sinónimo de narcotráfico permite que los delitos del universo llamado “narcotráfico” sean tomados por separado, donde se juzgan conductas individuales y no se construye una “historia” que permita ver el ejercicio de una criminalidad específica que tiene cuatro características:

1. Son hechos producidos por una organización, lo que en consecuencia hace que el narcotráfico cumpla con las leyes de la teoría organizacional. Las políticas de “descabezamiento” de las organizaciones criminales debe tener en cuenta este punto porque suelen convertirse en un proceso de rotación de liderazgos y no de desmantelamiento de la organización. Y por otro lado las organizaciones del narcotráfico se adaptan a rutinas organizacionales, las que deben ser detectadas por los organismos policiales antes de intervenir.

2. Se desarrollan como “parte” de una conducta organizacional criminal y en consecuencia no se trata de “elecciones” o “decisiones” personales aisladas. El marco analítico de rational choice es inadecuado para comprender la dinámica criminal en el narcotráfico.

3. Tienen como objetivo último la ganancia económica, pero se desarrollan mediante instrumentos y en ámbitos no económicos, sino políticos. Por este motivo una guerra contra el narcotráfico potencia el comportamiento político del narcotráfico, que en circunstancias normales sólo se comporta como acumulador ilegal.

4. El delito de narcotráfico es “invisible”, no se constituye como tal hasta que las conductas individuales o particulares hayan sido involucradas en una totalidad ética y orgánica específica que da sentido y organicidad a las acciones celulares. Por eso es imprescindible el seguimiento, cuantificación y diagnóstico de los delitos presuntamente “predatorios”.

Narcotráfico y drogas

Mientras el tráfico de drogas necesariamente se refiere a una sola actividad, siempre con drogas, el narcotráfico no necesariamente tiene vinculación con las drogas[7]y no necesariamente implica sólo a las drogas.

Este “desenganche” puede manifestarse de dos maneras:

1. Hay un punto en el cual el narcotráfico, elevándose en su desarrollo, se desprende de la producción, comercialización y tránsito de drogas y se queda solo con las ganancias del negocio dispuesto a transformarse en acumulación normal. Es un proceso predecible y necesario en el tiempo, novedoso porque recién a fines de los 90s se da el proceso por el cual algunos narcotraficantes abandonan la acumulación primitiva y se involucran en la acumulación normal. Colombia es la máxima expresión de este proceso, donde los narcotraficantes se han transformado en terratenientes y sus ganancias tributan al fisco nacional y forman parte de la acumulación normal. Han abandonado la producción, comercialización y tránsito de drogas en manos de lugartenientes menores, ya que es más importante el resultado del proceso (ganancias invertibles) que el proceso mismo. Incluso algunos de ellos abandonaron totalmente el mercado de drogas. Por más llamativo que pueda resultar, no se trata de un fenómeno novedoso en el desarrollo civilizatorio ya que así se originó la acumulación económica.

2. La ruptura de los tradicionales procesos de cartelización del narcotráfico configura una pirámide criminal tan extensa que las jefaturas quedan desdibujadas y se habla de microemprendimientos o entrepreneurismo criminal. Entre estos diversos grupos muchos no trabajan con drogas sino que abastecen de recursos (militares, información, transporte) a los otros grupos centrados en el tráfico. Pero lo hacen desde “afuera” del núcleo traficante, formando una “joint-venture” o una UTE cambiante y de equilibrio inestable.

Que el narcotráfico no sólo se dedique a las drogas significa que cada vez más se relaciona con el resto de actividades que componen el crimen organizado. Esta vinculación del narcotráfico con el crimen organizado tiene tres características:

1. Los grupos narcos se dedican a una serie de diversas actividades. El analista mexicano Edgardo Buscaglia sostiene que el crimen organizado incluye 22 actividades delictivas. En casi todas ellas podemos encontrar involucrados a grupos de narcotráfico.

2. Los grupos del narcotráfico que se dedican a actividades de crimen organizado, las utilizan, dependiendo del nivel de desarrollo de la organización, para financiar su actividad central de tráfico de drogas. Entre las actividades del crimen organizado hay una jerarquía de interés y tasa de ganancia, como en cualquier inversión de capital. El nivel de cooptación acelerada del narcotráfico mexicano implica grandes gastos de inversión de los grandes carteles (Sinaloa, Los Zetas) en el sostenimiento de grupos más pequeños, algunos de los cuales ni siquiera se dedican al narcotráfico (el actual cartel de Tijuana, prácticamente paralizado).

3. El narcotráfico es la única actividad que por sus características tiene capacidad de convertirse en organizador de todo el crimen organizado. El control territorial, la economía de la violencia, el flujo de capital, la movilidad y la alta politicidad de su comportamiento, permiten al narcotráfico entrar y salir del crimen organizado sin afectar su núcleo original de acumulación. No parecen ser sensatas las afirmaciones de los especialistas que sostienen que la palabra carteles es inadecuada porque éstos se han convertido en parte del crimen organizado. Es a la inversa, la expansión a que obliga la guerra contra el narcotráfico deja a los carteles con una capacidad organizacional ociosa que es utilizada para extender actividades.

Narcotráfico y Estado nacional

Se dice que el narcotráfico penetra y corrompe al Estado. En el caso mexicano se dice que la debilidad del Estado mexicano favorece su dilución en manos del narcotráfico, avalando la hipótesis de un narcoestado o una narcodemocracia. La capacidad de invisibilidad del narcotráfico hace que el Estado se muestre corrompido y en su afán por evitarlo, como ha quedado demostrado en el caso colombiano, es más bien el Estado quien coopta al narcotráfico y no al contrario. Los acuerdos de Santa Fe de Ralito y el discurso del jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño, en el Congreso Nacional dan prueba del proceso de cooptación ejercido desde el poder ejecutivo a los narcotraficantes colombianos. Las denuncias preventivas del presidente mexicano Felipe Calderón Hinojosa contra los “acuerdos” del PRI con el narcotráfico expresan la existencia de esa política.

Esta “legalización” del narcotráfico implica la transformación de los narcotraficantes en agentes económicos y el abandono de sus actividades ilegales, pasando de la acumulación primitiva a la acumulación normal. En el caso colombiano la mayoría de los narcotraficantes “cooptados” se convirtieron en terratenientes mediante la compra de amplias extensiones de tierra en el oriente colombiano, previa recuperación del control territorial por parte del Estado, en aras de la “soberanía nacional”.

Esto también es parte del proceso tradicional de formación del Estado nacional en nuestros países latinoamericanos en la segunda mitad del siglo XIX, a partir de la resolución de la disputa entre oligarquías competitivas que convienen en negociar un acuerdo de integración al nuevo Estado a partir del reparto de esferas económicas con el sector burgués triunfante en las guerras civiles y el reconocimiento de un “centro” de poder. No todos los sectores entran en el acuerdo de conformación del Estado nacional, algunos son eliminados físicamente, como fue el caso de las montoneras argentinas en el siglo XIX, representantes de burguesías interiores de bajo desarrollo económico.

Definiciones del mercado de consumo

1. Crímenes predatorios:

Se llama crímenes predatorios a los crímenes que las organizaciones del narcotráfico llevan adelante como parte del control territorial inicial para establecer su actividad en una zona determinada. Es comparable a la definición weberiana del Estado y su monopolio de la violencia sobre un territorio determinado.

Al contrario de la violencia política tradicional en la cual mediante la guerra el Estado busca establecer un diálogo que construya poder, o sea reclamando obediencia y reconocimiento de autoridad a un oponente ocasional, los crímenes predatorios buscan la eliminación física del adversario sin establecer ningún diálogo. En ese sentido se trata de violencia originaria, la que construye naciones, de ahí su peligrosidad política y su nivel de violencia. Con el aditamento de que la amenaza de extinción suele prolongar el período de asentamiento y los crímenes predatorios porque el conflicto sólo termina con la muerte de uno de los oponentes.

Parte indispensable de la inteligencia criminal son los homicidios callejeros, las heridas con arma blanca, las disputas nocturnas y los homicidios en riña. Los episodios deben sumarse por zona y debe seguirse una lógica situacional.

2. Control territorial:

El mercado de consumo, último mercado del narcotráfico, es el más político de los mercados del narcotráfico porque necesita ser territorial, porque la venta de droga es monopólica, porque es ilegal. Solo puede haber un vendedor, con control territorial, control que no se comparte, que respeta reglas de autoridad y jerarquía. Este control territorial debe ser exitoso, con un control de la violencia también exitoso. Al igual que el Estado que reclama para sí con éxito el monopolio legítimo de la violencia, igual sucede con el narcotráfico, que puede ser ilegal o no, pero no puede perder el monopolio de la violencia ni el control del territorio sobre el cual la ejerce.

El monopolio de la violencia sobre un territorio determinado es el principal instrumento del Estado para obtener su soberanía, ejercido por la policía. Y el narcotráfico ejerce su monopolio territorial mediante sus bandas armadas. Ambos monopolios tienen dos alternativas: o chocan o acuerdan recursos y conductas. Si ambos son actores políticos, lo más probable es que haya un acuerdo y una congruencia. En este sentido las políticas de seguridad que “delegan” la cuestión en las autoridades policiales, crean en el mejor de los casos un sistema de estandarización regulada de la seguridad. El narcotráfico es el principal beneficiario de estos acuerdos de estandarización porque es quien puede ejecutarlos con mejor margen de negociación y sobrevivencia. De esta manera, en determinados territorios, el narcotráfico le garantiza seguridad al Estado.

Una consecuencia de política exterior[8]

Un mercado de consumo territorial implica un acuerdo entre monopolios de la violencia e implica una cogestión de determinados territorios geográficos y sociales. Una de las consecuencias de política exterior de este análisis es que, dado que los mercados de consumo están en Europa y Estados Unidos, los Estados fallidos están allá y no acá. La idea de que el narcotráfico es un problema latinoamericano se basa en dos factores:

- la acumulación normal en estos países es muy alta y por lo tanto no son tan dependientes del capital global (al contrario son exportadores de capital) y no necesitan mucha acumulación primitiva. La crisis mundial hizo que esto cambie y el sur norteamericano se volvió fácil de penetrar, diluyendo la frontera política.

- La gran capacidad de exportación de la política exterior norteamericana que, claramente en el caso del narcotráfico, ha logrado convertirlo en eje político para varios países latinoamericanos, como actualmente sucede en México, Guatemala, Colombia y Honduras y antes en Perú y Bolivia.

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[1] No se menciona la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina porque su geografía, estrictamente hablando, no permite el surgimiento de un significado social apto para el narcotráfico.

[2] El federalismo norteamericano hace que Arizona y California tengan legislaciones penales diferentes, lo que es aprovechado por las bandas narcos en ambos países.

[3] En Leticia hay que dirigirse voluntariamente al aeropuerto a sellar el pasaporte. En Tabatinga hay que acercarse a la comisaría local.

[4] Esta es la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fallo Arriola.

[5] Sean parte del fuero penal o del fuero civil, las drogas siguen siendo consideradas ilegales

[6] La pregunta de por qué utilizar drogas ilegales pudiendo hacerlo mediante mecanismos legales desnuda involuntariamente las limitaciones que plantea esta contradicción.

[7] El sicariato es una institución (no una organización) que no trafica drogas como actividad principal y sin embargo es un núcleo central del narcotráfico. Estos mercenarios del crimen organizado, como La Línea (que trabaja para el Cartel de Juárez) o Los Zetas en sus comienzos, trabajando como brazo armado del Cartel del Golfo, pueden cobrar sus servicios con droga pero no necesariamente es así. La guerra contra el narcotráfico en México ha llevado a un proceso de asociación de grupos, una fuerte cooptación de Los Zetas o Sinaloa sobre los demás grupos menores.

[8] Un análisis políticamente detallado del narcotráfico adopta implicancias para todos los órdenes de la vida social.

El debate no debe reducirse a las importaciones

La noticia alude a la denuncia de Argentina por “proteccionismo” comercial en un documento difundido en la última reunión de la OMC. El texto fue impulsado por EEUU, la Europa Unida y a otras 12 naciones, que acusan a la Argentina de obstaculizar el “libre comercio”, es decir, la capacidad de esos países para colocar parte de su producción en el mercado interno de la Argentina.

Sin embargo, los datos publicados por el Ministerio de Economía revelan un crecimiento importante de las importaciones argentinas en los últimos años, con una evolución desde los 38.786 millones de dólares (m.d.) en 2009, a 56.501 m.d. en 2010, y 73.922 m.d. en 2011.

La denuncia existe pese a este importante crecimiento de las importaciones y al déficit comercial bilateral entre nuestro país y EEUU que durante el año pasado superó los 3.500 millones de dólares. Por el contrario, con la Unión Europea el superávit comercial alcanzó 2.147 millones, si bien en diciembre pasado se reconoce un déficit de 148 millones.

En rigor, la denuncia se presenta por las restricciones impulsadas por la Secretaría de Comercio en los últimos meses, las que apuntan a sostener el superávit comercial declinante en los últimos años.

Los registros indican una reducción del saldo favorable del comercio exterior argentino desde los 16.886 m.d en 2009, a 11.632 m.d. en 2010 y de 8.034 m.d. en 2011.

Con lo cual, crecen las importaciones, pero también las exportaciones, que pasaron de 55.672 m.d. en 2009, a 68.134 m.d. en 2010 y a 81.956 m.d. en 2011.

La cuestión asume importancia pues el superávit comercial es el principal medio que tiene el país para hacerse de divisas ante las dificultades para endeudarse o ser destino de las inversiones externas.

¿Para qué se necesitan las divisas? Principalmente para hacer frente a los compromisos de pagos, especialmente la gravosa deuda pública. El giro normal del comercio internacional, con las tendencias declinantes del saldo favorable hace imposible el cumplimiento regular de las cancelaciones de deuda.

La defensa oficial

El gobierno acusa a los denunciantes de pretender trasladar al país la crisis de sus economías nacionales, efecto directo de la crisis mundial del capitalismo.

Recordemos en ese sentido la reciente declaración de la recesión española, con amenaza de constituirse en europea, y con clara desaceleración de la economía en el conjunto de los países capitalistas desarrollados.

Un argumento adicional a favor del razonamiento oficial es que otros socios importantes del comercio exterior de Argentina, especialmente China, Brasil y buena parte de la región nuestramericana no suscribieron la denuncia.

Hay que reconocer que estos países también protestan ante las restricciones impuestas a las importaciones, aunque esos reclamos se realizan en el marco de la negociación política, sin denuncia explícita en foros globales, porque aún con límites a la venta de su producción, mantienen un saldo superavitario en el comercio bilateral con la Argentina.

Durante el 2011 y según informaciones del Ministerio de Economía, el déficit comercial local con China y con Brasil alcanzó los 4.550 millones de dólares para cada país.

El problema pasa por la inserción internacional

La esencia del tema es el condicionante de la deuda externa pública y la subordinación del comercio internacional al orden mundial capitalista (en crisis) y al modelo productivo hegemónico.

Argentina se está transformando en plataforma industrial exportadora de ensamblado, junto a la provisión internacional de productos primarios y algo de manufacturas de origen agropecuario.

Si las exportaciones industriales suman el 35% del total, las ventas restantes al exterior, del orden del 65% son productos primarios con o sin elaboración, más combustibles y electricidad; mientras que del lado de las importaciones se destaca la compra de bienes de capital y sus accesorios representando el 40% del total, a lo que debemos sumar bienes intermediarios por 29%, imprescindibles para el proceso productivo local, ascendiendo así al 69% de las compras externas, lo que define la dependencia productiva del país.

La Argentina es dependiente en el comercio internacional, no solo por el tipo de producción que genera, sino por la escasa incidencia del país en la fijación de los precios internacionales de la intermediación comercial.

El mecanismo de competitividad está dado por la dotación de recursos naturales y la baratura de la fuerza de trabajo con relación a salarios pagados en el capitalismo desarrollado.

Aparece entonces la necesidad de discutir la inserción internacional de la Argentina, no solo por lo que se vende y se compra, sino reconsiderando con qué países se realiza el intercambio.

Es una discusión de inserción internacional, incluso en la coyuntura, pensando en cuáles son los países que denuncian a la Argentina y cuáles los que discuten políticamente las políticas nacionales.

Pensar más allá de la coyuntura

Quizá se requiera ir más allá de un “pensamiento nacional”, para considerar la pertenencia “nuestramericana” de la Argentina, y organizar la producción local articuladamente con la región y el sur del mundo.

Ello supone ir más allá del orden capitalista, al tiempo que se discute y construye otro orden productivo local, regional y mundial.

Julio C. Gambina

Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP

Hogar, Dulce Hogar

Seguimos con nuestra selección dominical de Tres mil historias de frases y palabras que decimos a cada rato, de Héctor Zimmerman, Editorial Aguilar.

La frase –Home Sweet Home, en el original– es parte de una canción cuya versión española sería: “Por más que crucemos/ la tierra y el mar/ siempre extrañaremos tan bello lugar: ¡Hogar, dulce hogar!”. Pertenece a una pieza teatral estrenada en Londres en 1823. Su autor, John Howard Payne, fue un excelente dramaturgo y actor estadounidense que vivió en Europa.

De Payne también es la letra de esa canción, que prendió en los corazones ingleses en una época en la que las conquistas del Imperio Británico obligaban a muchos a dejar su patria para residir en las colonias.

Desde hace 170 años la expresión se repite en todo el mundo. A veces como ironía, cuando la casa se alborota demasiado. Y, con mayor frecuencia, para resumir nuestra añoranza, al sentirnos lejos de la familia y de los objetos queridos. O al volver a ellos.