La pulseada
para imponer un “aporte solidario y extraordinario” a las grandes fortunas personales
está lejos de cerrarse, ya que el privilegio rechaza siquiera un roce a sus intereses
y pretende cerrar el camino a cualquier intento de reforma fiscal progresiva e
integral.
En
estos días quedo nuevamente en evidencia la mezquindad del establishment local,
virtudes y vacilaciones de un gobierno heterogéneo y las limitaciones que
enfrenta el propio movimiento nacional y popular.
El Estado
busca obtener a futuro unos 300.000 millones de pesos, modesto ingreso que lejos
está de compensar los fuertes gastos que ya realizó en medio de una abrupta caída
de sus recursos por la atroz pandemia mundial, la que agravó la destrucción económica
que dejaron cuatro años de neoliberalismo macrista.
A la inversión
en asistencia social o la destinada a recuperar y adecuar el demolido sistema
de salud, se sumaron $ 490.000 millones que completaron parte del salario de
los trabajadores de unas 200 mil empresas mediante los ATP ((Asistencia de
Emergencia para el Trabajo y la Producción), y cubrir necesidades de los más
postergados con el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia).
Cuando
la mentira es la verdad
La avaricia
del bloque dominante es alabada sin originalidad ni vergüenza por el coro de sus
voceros mediáticos, adulación de la que en Diputados se hizo cargo el
bloque de Juntos por el Cambio, con inusuales dosis de falsedad e hipocresía.
Allí, repitieron
textualmente falacias aportadas por las entidades que agrupan a las grandes corporaciones,
según la cual nos esperan múltiples desgracias si 10 mil de los 45 millones de argentinos
resignan una modesta cuota de sus riquezas.
Nada tendrá
que aportar el 99, 88% de los argentinos, pero la exigencia al restante 0.02% provoca
la indignación de la oposición política y mediática, sensibilidad ausente ante
el drama de 21 millones de compatriotas sumergidos en la pobreza.
Argumentan
que la contribución implica “doble imposición”, pese a que no se trata de un
nuevo impuesto, y amenazan con frenarla por ser “confiscatoria”, aunque apenas pagarán
entre el 2% y el 3,5% del patrimonio declarado por ellos mismos.
¿Confiscatorio
que lo paguen por única vez los diez residentes que en el país tienen fortunas
que van de los 920 a los 5.400 millones de dólares? Confiscatorio es que a los
trabajadores se le retenga el 21% de todos sus consumos, nada menos que $10.500
pesos mensuales, en el hipotético caso de que su salario llegue a $50.000.
Absurdo
es que para llegar a los meritocráticos 5.400 millones de dólares que acumula
la familia Bulgheroni, ese mismo trabajador debería poder ahorrar el total de
su salario, sin gastar un peso, durante 12.000 siglos. Si, doce mil siglos ¿Hay
algo más injusto e irracional?
Jamás podrían
probar en tribunales la confiscación y doble imposición que prohíbe nuestra Constitución
Nacional, mucho menos que le produzca el “daño irreparable” que exige el
derecho. En cambio, es cierto y comprobable
el desconocimiento por décadas de los derechos consagrados en su artículo 14
bis, ese que nunca citan y que dispone la participación de los trabajadores
en la ganancia de las empresas.
Al
borde del delito, amenazan con una “rebelión fiscal” y se escandalizan ante la “discriminación”
a los capitales en el exterior. Silencian que esos son activos financieros, mayoritariamente
constituidos por ilegal plata negra que en su momento fugaron, y que solo tendrán
una alícuota superior si rechazan repatriar un 30% de lo que tienen en el
extranjero.
Afirman
que se trata de un “castigo a la producción y al empleo”, que se obligará a “vender
maquinarias y desprenderse de inmuebles” o incluso que se “fundirá a las Pymes”,
pero fue su gobierno el ya fundió a 25.000 de ellas, castigó tanto a la producción
como al empleo y obligó a rematar inmuebles.
Mienten
a sabiendas. Este gravamen no se aplicará a ninguna empresa, ya que está destinado
a los magnates, no a sus compañías. Y se calculará sobre el patrimonio neto, es
decir del que resulta de descontar cualquier deuda, dentro del cual los inmuebles
se consideran a su valuación fiscal, es decir aproximadamente el 10% de su valor
real de mercado.
Ocultan
que solo el 5% del patrimonio de esta elite corresponde a inversiones en las
empresas, como lo ponen en evidencia sus propias declaraciones juradas. La
mayor parte del 95% restante está dolarizado y nada tiene que ver con la producción:
está invertido en bonos, sobre todo del tesoro estadounidense, acciones en compañías
extranjeras que trabajan en el exterior, o depositado en cuentas off shore.
Vaticinan
que se “ahuyentará las inversiones”, cuando fue durante su gobierno que las
extranjeras retrocedieron a niveles del año 2000. Pese a la baja de impuestos al
patrimonio, la apertura a las importaciones, la desregulación del mercado de capitales
y el endeudamiento externo, hubo sequía en lugar de lluvia, y los capitales se
fugaron masivamente.
Aducen que “no se aplican en ninguna
parte del mundo” y que “son parte de un pasado superado”, cuando este tipo de
medidas están hoy en pleno debate internacional, particularmente en los países más
desarrollados; cuando las promueven estudiosos, grandes empresarios y organismos
multilaterales, incluido el propio FMI, a cuya derecha se sitúan cómodamente.
Es sabido, pero silenciado, que
Europa grava las rentas individuales con tasas de entre el 40 y el 55%, muy por
encima de las argentinas y que los tributos extraordinarios se impusieron más
de una vez en su historia. También que se proponen en Brasil o Chile, mientras
Joe Biden planteó que EE. UU eleve al 39,6% la alícuota anual en concepto de
ingresos personales.
La encrucijada
del gobierno
La miseria
en Argentina no surge de la pobreza de millones, sino que es consecuencia de un
modelo de renta y rapiña, que a costa del sufrimiento de muchos permite la obscena
riqueza de unos pocos.
El actual
rechazo del establishment excede la propuesta en análisis, para
convertirse en una muestra de hasta donde están dispuestos a llegar si se concreta
la promesa de una reforma tributaria, que recaude donde corresponde lo que hay
que recaudar, y de forma regular y permanente.
El fin
de la decadencia tiene como uno de sus prerrequisitos terminar con el regresivo
sistema tributario actual, que lejos de diferenciar las distintas capacidades económicas
(y por lo tanto contributivas de individuos y empresas) esquilma a los que
menos tienen: el 30,5% del total de los ingresos del fisco proviene del IVA,
un impuesto al consumo, mientras menos del 1% proviene del único impuesto nacional
que existe sobre el patrimonio, Bienes Personales.
Es alentador
que el gobierno avance con este proyecto en medio de la crisis y los estragos de
la pandemia. Y que lo haga luego que el violento desalojo de las familias que reclamaban
una tierra para vivir en Guernica.
Algunos
interpretaron ese día como un punto de inflexión en la confianza de parte de su
propia militancia, preocupada ante el retroceso en la expropiación a los estafadores
de Vicentin, el incremento de apenas 7% a trabajadores estatales que vienen de
perder un 37, 2% con el macrismo, o una fórmula de movilidad jubilatoria que se
aplicará sin actualizar la mínima por encima de la línea de pobreza y la
posibilidad de acceder a una canasta básica de subsistencia.
El maltratado
concepto de solidaridad, que se aplica indistintamente a un mínimo aporte de
los multimillonarios como a recortar beneficios de los que están un poco menos
mal, para compensar a los que están peor, expresa algo más grave: incomprensión
de quien, y cómo, debe pagar el costo de la crisis; o lo que es peor, la
fortaleza del pensamiento liberal en el propio gobierno.
Es el
caso de una inaceptable definición del ministro de Trabajo, según el cual “sueldo
digno es el que estemos en condiciones de pagar y sostener”, dejando de lado la
discusión acerca de donde provienen los recursos para conjugar ambos verbos. Claudio
Moroni elude encarar el tema desde cualquier concepto de justicia social,
incluido el que sostuvo la decisión de Juan Perón de instituir el “salario mínimo,
vital y móvil”, pero también exhibe deprecio por el papel del salario como dinamizador
del mercado interno, único motor virtuoso de la recuperación económica.
Sin
despejar sombras, con el “aporte solidario” se retoma una dinámica y una agenda
que incluye las iniciativas parlamentarias para impedir el deterioro ambiental
y la especulación con la quema de campos, la prohibición de endeudar al país para
financiar gastos corrientes, o de legalización de la interrupción voluntaria del
embarazo.
Ante
esta compleja encrucijada, y en medio de una pulseada que lejos está de
definirse, todavía cabe preguntar si ¿se cree, o se confía, en que la actual relación
de fuerzas se puede mejorar limitándose a búsqueda de acuerdos
superestructurales o de mayorías en las cámaras legislativas?
La desfavorable
relación de fuerzas, que pese al triunfo electoral se mantiene a favor del
bloque dominante, solo puede modificarse con protagonismo y organización del
pueblo en defensa de sus derechos y la demanda un modelo de país realmente
inclusivo.
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