Graciela, ahora y siempre

GRACIELA PANE tenía 23 años y estaba embarazada cuando fue secuestrada, torturada y asesinada el 3 de octubre de 1975, por el grupo parapolicial Alianza Anticomunista Argentina (las “Tres A”). Dirigente estudiantil y militante de la Federación Juvenil Comunista (FJC).

Graciela tenía 23 años e iba a ser madre; Liliana, 20 recién cumplidos soñaba con lo que, finalmente,  sería una carrera de cantante profesional.   Con su hermana tocaban piano y guitarra, y componían canciones. El 2 de octubre de 1975 una patota arrancó a la mayor de las hermanas Pane de su casa en Sarandí y al día siguiente fue asesinada.

Aquel octubre de 1975, en medio de un verdadero baño de sangre, de una multitud de crímenes, secuestros y atentados con bombas de todo tipo, un grupo de tareas secuestró a Graciela de las puertas de su casa en Sarandí, la torturó con saña a pesar de su embarazo, la asesinó y la arrojó cerca de las piletas de Ezeiza. Graciela era estudiante de ingeniería química de la Facultad Regional Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional, delegada de su curso, militante del Centro de Estudiantes y de la Federación Juvenil Comunista.

Ese mismo día, un jueves como hoy, la noticia cayó como una bomba en Agüero 833, el edificio sede del Comité Central de la FJC.  Casi 50 compañeros, en distintas tareas y reuniones acatamos inmediatamente las indicaciones de los distintos responsables para mover cielo y tierra, encontrar a Graciela y salvarla: viaje a los princípiales regionales a movilizar a la Fede y al partido, teléfono para avisar a todos los comités provinciales del país. Sabíamos que cada minuto contaba.  Lo habíamos logrado antes con la movilización, a veces acompañada con informaciones reservadas de anónimos miembros del partido o la Fede en los lugares más inverosímiles. También ya a esa altura nos habían asesinado a muchos camaradas, muchos, demasiados para nuestra paciencia juvenil.  Creo que muy poco tiempo atrás habían ametrallado el frente del local de la Fede en Devoto, en la calle Bahía Blanca, pero la respuesta de los compañeros de la guardia, anónimos cuidadores de nuestras reuniones y destinos, los obligó a llevarse, en medio de un fuerte cruce, al menos uno de sus secuaces que había quedado tendido al lado del vehículo que los transportaba.

Entonces trabajaba como periodista y militaba en la Comisión de Relaciones Políticas, en las Juventudes Políticas Argentinas (JPA), las que inmediatamente nos hicieron llegar su solidaridad y apoyo: la JP, terriblemente castigada por secuestros y asesinatos; la Juventud Radical, la Intransigente, socialista, democristiana. Casi todos vinieron inmediatamente a dar su apoyo personalmente.  Pero ese trabajo quedó en manos de Echegaray, Enrique Dratman y otros. Internacionalmente Francisco “Cacho” Álvarez se comunicaba con las organizaciones internacionales para que exijan al gobierno su rápida acción. Lamentablemente, era una rutina memorizada por todos en aquellos días.

Por mi profesión,  lo más indicado era redactar el comunicado de condena y la exigencia de su aparición haciendo responsable al gobierno,  en particular al ministro del Interior, entonces  Ángel Robledo, y a la propia Presidente, María Estela Martínez, alias “Isabel”. Me llevó pocos minutos, las teclas subían y bajaban al latido de mi corazón, algunos datos acerca de Graciela, su edad, la misma que la mía. Hablé personalmente con algunos amigos en los medios, como siempre poco propensos a publicar “denuncias”, y una decena de compañeros salieron en tres coches a repartir los comunicados artesanales, en épocas en las que no existían mails, ni internet, ni fax, ni siquiera fotocopias, mientras los gigantescos  y negros teléfonos de línea respondían, generalmente mal, según un humor incomprensible.

Ninguno durmió esa noche en Agüero, y creo que pocos en todos los locales –muchos entonces—de la zona sur del Gran Buenos Aires; delegaciones, entrevistas, reclamos, recorridas por comisarías y oficinas públicas: miles de jóvenes comunistas haciendo lo posible, desde pintadas a volantes, “habladas” en colegios y universidades.

Por la mañana del viernes 3 de octubre, mi  indignación fue inmensa cuando los principales matutinos no publicaron una línea del secuestro de Graciela.

La noticia de la muerte, y en qué condiciones me la dieron Jorge Pereyra y Patricio Echegaray, entonces, respectivamente, secretario de la Fede y responsable del trabajo con las JPA.  La inmediata convocatoria era previsible, como tantas otras veces mi “oficio” me condenaba a no llorar y escribir. Escribir el repudio por el asesinato de Graciela, la condena a las bandas parapoliciales, la condena a los que impulsaban ese clima de terror para paralizar a los luchadores, y preparar un baño de sangre mediante un nuevo golpe de Estado. A muchos amigos de otras fuerzas les parecía exagerado, algunos incluso creían que “el golpe ya se dio” con Isabel y las bandas.

Ahora sí, el morbo de la mano de la política, la foto de su cuerpo torturado, hallado en los bosques de Ezeiza fue publicada por los diarios, y el rector de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), a la que concurría Graciela, hizo un discurso en el que exaltó la acción “pacificadora” de la “Misión Ivanissevich” (el  fascista interventor universitario designado por “Isabel” Martínez) y alertó que los estudiantes que no lo comprendieran así “sufrirán las consecuencias”. 

Graciela estudiaba Biología en la UTN, era dirigente estudiantil y militaba en la Federación Juvenil Comunista. Había recibido amenazas de muerte por parte de los matones del decanato, al igual que su hermana, que trabajaba en un quiosco del centro de estudiantes. En su denuncia judicial, impulsada por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, su hermana, hoy la cantante Lina Avellaneda, explicó que tanto ella como su hermana recibieron “amenazas de muerte en los días anteriores al 2 de octubre de 1975, de parte de un individuo conocido como Carlos Alberto Polo, quien presumiblemente se desempeñaba como jefe de Seguridad de la UTN de Avellaneda, y también por parte del propio rector de la referida universidad, Agustín Monteagudo, y su colaborador Raúl Bronzzini”.

Estos fueron denunciados penalmente ante la policía provincial y el Juzgado de Instrucción Nº 5 de Lomas de Zamora, a cargo del doctor Mario Moldes, quedó en la nada. Por entonces, también se abrió una causa federal contra los responsables de la Triple A, pero tampoco prosperó. Luego vino la dictadura y recién al retirarse los militares, alguien se acordó de que López Rega estaba en un exilio dorado en los EE.UU. y lo trajeron, pero al morir éste, la causa volvió al sueño de la injusticia. Por la vinculación entre esas intimidaciones y el posterior secuestro y asesinato de Graciela Pane declararon Florentino Narváez, dirigente del centro de estudiantes que fue detenido junto con Graciela por la policía bonaerense días antes de su asesinato, y el actual decano de la UTN de Avellaneda, Jorge Omar Del Gener. Por esos días, las noticias sobre los asesinatos de la Triple A aparecían en los medios, por lo que este hecho tuvo repercusión nacional y a nivel local, en Avellaneda, donde el Concejo Deliberante se solidarizó con la familia Pane.

José Schulman, entonces dirigente de la Fede de Santa Fe, y actual secretario de la Liga Argentina por los Derechos del hombre (LADH) recuerda que recién a finales de 2006 que al ser capturados en España los jefes policiales Morales y Almirón, el juez Oyarbide «encontró» en un armario de su despacho la causa dormida desde 1975, fue entonces que los familiares de Graciela, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y su partido nos presentamos ante el juez a reclamar que incorpore su caso a la causa. Fue entonces que los defensores de los represores adujeron caducidad de ésta porque consideraban que matar a una muchacha embarazada, como parte de un plan de exterminio de una cultura política de rebeldía y resistencia al capitalismo, no constituye un «crimen de lesa humanidad», luego de eso, el camarista doctor Freiler creyó estar inhibido de actuar por haber presentado en algún momento un  escrito sobre no sé qué cuestión de la causa…. y ese aparente “equívoco” demoró la causa otros catorce meses, hasta que sí, la Cámara Federal de Buenos Aires votó dos a uno que eran crímenes de lesa humanidad y que correspondía investigar. Fue entonces, prosigue Schulman, que “el fiscal Taiano se tomó todo el tiempo del mundo para elaborar un dictamen que presentó a finales del 2008 consintiendo investigar. Pero igual la causa sigue inmóvil. Paro. Yo no sé cómo contar estas chicanas jurídicas absolutamente delirantes e inentendibles para cualquiera que no pertenezca al mundo de los Tribunales Federales, así que opto por algo parecido a la ironía para decir que estoy harto, harto hasta al hartazgo, de la hipocresía y la falsedad de los que convalidan la impunidad con caras de «yo no fui ni lo volveré a hacer»” (…). Porque Graciela estaba ahí, vivita y coleando, con un niño en sus entrañas y un poema en su  mirada, con sus temores y sus alegrías -como todos los de esa época-, y la mataron. Y su crimen está impune”.