Una reflexion de Julio Gambina, presidente de la Fundaciòn de Investigaciones Sociales y Políticas (FISYP).
El centro de la atención sobre la cuestión
económica se concentró en la semana en torno al conflicto bonaerense por la
decisión del gobernador Daniel Scioli de pago escalonado del medio aguinaldo a
los trabajadores estatales, nada menos que 550.000 personas.
No solo apareció el enfrentamiento político con el
ejecutivo nacional, sino que la Justicia ordenó el pago inmediato, agravado con
la decisión de pagar, ya materializada por parte del poder judicial y legislativo
provincial, este último liderado (nada menos) por el vice gobernador de Buenos
Aires.
Es evidente el debate político, que bien puede
calificar como una crisis en el marco del mismo proyecto, pero devela también
dificultades muy concretas con relación a la situación fiscal de las provincias
argentinas.
Santa
Fe
Hace poco fue noticia el gobernador santafesino,
el socialista Antonio Bonfatti, cuando afirmó a fines de Junio pasado que “Estamos
rascando la olla porque la Nación no nos paga lo que nos debe”.
Fueron declaraciones en momentos en que se
discutía una reforma tributaria, que ahora tiene media sanción con la
aprobación del Senado de la Provincia del litoral.
Las expectativas del gobierno provincial eran de
recaudar luego de la reforma impositiva, principalmente concentrada en el
inmobiliario rural y urbano, unos 1.800 millones de pesos, cifra similar que
reclaman a la Nación de deuda de estos últimos años.
Con la corrección realizada por los legisladores
que responden al gobierno nacional y por ende son oposición al gobierno
socialista, se estima una recaudación extra de unos 800 millones de pesos, algo
menos de lo previsto pero a tono con las necesidades inmediatas para hacer
frente, especialmente al tema sueldos de los estatales provinciales.
Es para pensar como intervienen las distintas
lógicas políticas, puesto que en Buenos Aires, la discusión se da en el marco
de la misma identidad partidaria: el PJ y el Frente para la Victoria; mientras
que en Santa Fe, un gobierno opositor al proyecto nacional, recibe más
comprensión de sus opositores, a la sazón, oficialistas del proyecto nacional.
Pese a ser oposición, el peronismo santafesino
otorgó el mecanismo legal para incrementar la recaudación tributaria a un
gobernador opositor en el marco nacional.
Córdoba
La provincia de Córdoba salió a buscar deuda por
50 millones de dólares para obra pública, especialmente en autopistas, y
terminó la semana pasada aceptando ofertas por 105,5 millones de dólares, a un
año de plazo y a una tasa de interés del 9,5%.
De ese modo, optimizó la situación fiscal ante una
menor expectativa de crecimiento de la recaudación tributaria para el 2012,
lo que permitirá al gobierno provincial hacer frente a los pagos de sueldos y
aguinaldos de los estatales.
El camino del endeudamiento “se suma a las
emisiones que realizaron la provincia Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en mayo y diciembre pasado”.
La operación cordobesa es festejada por la
obtención de una tasa de un dígito, muy elevada en el marco de la situación
mundial, que afecta y condiciona seriamente el presupuesto de la Provincia.
La operación de crédito asegura cancelaciones en
pesos a los acreedores (inversores), actualizados según la variación del dólar.
Es una forma de estimular colocaciones financieras en pesos ante las
restricciones a la compra de divisas.
A veces no se sabe a ciencia cierta si se pretende
eliminar la especulación financiera, o si el propio oficialismo (provincial en
este caso) estimula mecanismos de especulación financiera, tal como difunde la
propaganda del gobernador peronista cordobés, José Manuel De la Sota.
Estado,
empleo público e impuestos
Los tres estados provinciales más grandes, Buenos
Aires, Santa Fe y Córdoba, cada uno a su manera y con relatos diferenciados,
expresan las dificultades para el financiamiento de su aparato estatal,
especialmente en materia de salario.
Las tres provincias tienen la menor relación de
empleados públicos con relación a la totalidad de población en las Provincias
argentinas. Son distritos donde la proporción de empleo público es menor a la
de otros donde el empleo público es el mecanismo que evita mayores tasas de
desempleo.
En todas las provincias, y en el Estado nacional
se verifica un crecimiento del empleo en la última década, donde un tercio de
esa expansión se realizó con diferentes grados de precariedad laboral.
La realidad es que las provincias soportan una
institucionalidad regresiva derivada de la descentralización de servicios y
personal ocurrida en lo 90´sin que se aseguraran los recursos suficientes.
No solo viene demorada la discusión sobre la
coparticipación federal, exigida por la reforma constitucional de 1994, que
exigía un nuevo régimen hacia 1996. Ya son 16 años de mora en un debate
sustancial que supone debatir el modelo de desarrollo en el país y donde
concentrar los recursos tributarios.
Más aún, significa discutir el perfil impositivo
del país, que confirma un 30% de recaudación en el regresivo IVA, y donde la
innovación recaudadora proviene de las retenciones al comercio exterior,
animado por una continua alza de los precios internacionales de exportación,
especialmente de la soja, la que ocupa el 50% de la acrecentada cosecha
agraria.
Las retenciones explican unos 8.500 millones de
dólares de ingresos anuales, de los cuales se coparticipan para obra pública en
los municipios un 30%. La cifra expresa un poco más del 30% de lo recaudado por
el IVA.
Muchas provincias lanzaron procesos de aumentos de
tasas en sus tributos, y algunos procesos de reforma tributaria, especialmente
en el inmobiliario rural y urbano, los ingresos brutos y sellos, principales
fuentes de recaudación impositiva.
El tema se asocia a la disminución de la
recaudación por un menor nivel de actividad económica y una proporción menor en
la rendición de la coparticipación federal de impuestos. Adicionalmente, en
varias provincias se habilitaron moratorias impositivas que apuntan a mejorar
la recaudación, previendo problemas fiscales, especialmente el compromiso
mensual en salarios.
Adicionemos que poco y nada se habla de la evasión
fiscal, ni en el ámbito nacional ni en las provincias.
Son todas razones que imponen la discusión sobre
el régimen tributario, sus beneficiarios y perjudicados; el régimen de
coparticipación, tanto como los condicionantes estructurales derivados de la
reforma reaccionaria del Estado en los años 90´, y que subsisten sin que se
incluyan en ninguna agenda de discusión.
Convengamos que no solo se trata de gestar una
discusión sobre el régimen impositivo, sino que se trata de discutir el propio
Estado, nacional, provincial o municipal.
En definitiva: ¿Quién financia el Estado? ¿Para
qué proyecto y en beneficio de quién?
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