Cuando se tiene frente a la lupa del análisis político un conflicto socio-territorial, es conveniente comenzar por separar el rol y la política que los diversos actores, han desplegado en el mismo.
Dentro del tipo de aproximación al conflicto, previamente planteada, nuestro análisis estará centrado en las políticas de “seguridad” que se han desplegado desde los actores estatales, como estrategia de intervención en el conflicto socio-territorial, no en las causas sociales profundas del conflicto, las cuales deben ser motivo de otro análisis.
Los hechos.
Fuentes diversas, apuntan a considerar como detonador político de la ocupación, a una promesa “electoral” adelantada del macrismo o de los punteros prohijados por el.
El Jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández presenta una versión de los hechos que precedieron a la toma, en su blog personal.
El funcionario aseguró que la toma se originó luego de que el Pro diera origen "a su campaña electoral anunciando la entrega de los títulos de propiedad de los terrenos sobre los que se habían construido casas en villas como Piletones, Villa 20, Villa 1-11-14 y las Villas 3, 6, 17, 19 y 21-14". "Con este objetivo los diputados Enzo Pagani y Cristian Ritondo presentaron un proyecto en la Legislatura para reformar el Código de Planeamiento Urbano. Cuando este proyecto fue anunciado con efusividad electoralista, lo primero que se provocó fue que una banda organizada atacara el obrador que tienen las Madres de Plaza de Mayo en Los Piletones, con 400 casas casi terminadas. Ese grupo fue rechazado por los trabajadores del obrador, pero alentados por esas promesas de inicio de campaña electoral, la gente de las villas se lanzó a ocupar el predio del Parque Indoamericano", continuó. El jefe de Gabinete mencionó que en la primera noche de ocupación "comenzó la violencia con el resultado de dos muertos" y que fue la Policía Federal "la que desalojó el predio y se lo entregó a la Policía Metropolitana que, insólitamente, permitió que los grupos que lo habían ocupado, volvieran a hacerlo por segunda vez, con mucha más gente".
Sobre este escenario, construido por la suma de ineficacia en la gestión pública y una estrategia política territorial conciente del gobierno de la ciudad, actuaron, con diferentes métodos y objetivos, y cierta autonomía, tanto punteros macristas, como militantes sociales y políticos identificados con el kirchnerismo, así como otras fuerzas territoriales, ubicadas más a la izquierda del espectro político, entre ellas la Corriente Clasista y Combativa (CCC), liderada por Carlos Alderete.
Punteros y militantes territoriales en Lugano-Soldati.
El macrismo.
La relación del macrismo con los habitantes de asentamientos y villas, está mediada por un sistema de punteros desideologizados, lumpenes, sicarios de la política, que trabajan en el control social de los territorios para el gobierno que los financie. En este caso el de Macri.
Generalmente estos punteros se caracterizan por su relación estrecha con el tráfico de drogas, la manipulación de bandas de menores y la policía, sea esta federal o metropolitana.
Su pertenencia a las barras de futbol, la delincuencia menor, las patotas territoriales, y aún a la plantilla de personal del gobierno de la ciudad, no es un secreto para nadie. Tampoco lo puede ser para Macri.
La característica fundamental de esta “red territorial de control” es que no se ha presentado en la superficie durante el desarrollo del conflicto, su acción estuvo determinada por el anonimato, sólo burlado por las cámaras de la televisión, la investigación periodística y las denuncias de ocupantes y vecinos. No actuaron como organización política, sino como banda urbana clandestina. (1)
El kirchnerismo.
La irrupción pública del dirigente barrial, Alejandro “pitu” Salvatierra, puso de manifiesto la importancia de la organización política territorial en la gestión de los conflictos sociales.
Salvatierra, emparentado con la corriente kirchnerista que lidera en capital, Francisco “Tito” Nenna, y de buena articulación con Sergio Shocklender (Asociación Madres de Plaza de Mayo) en el territorio de la Villa 20, resultó central al momento de negociar la desocupación pacífica del predio, sin tener que recurrir a la fuerza pública.
Fue la acción política concertada, y no la fuerza pública, la que recupero el predio y comenzó a pergeñar una salida posible a los ocupantes en sus demandas.
La existencia de militantes territoriales con representatividad de base, liderazgo organizativo y capacidad de negociación política, es más efectiva, como política preventiva del orden público que la acción policial, ya sea esta de la federal, la metropolitana, la prefectura o la gendarmería.
El gobierno nacional debería tener en cuenta que la única manera de desplazar en el control territorial del área metropolitana buenos aires (AMBA), a la “liga” constituida por, el jefe de gobierno de la CABA + intendentes del conurbano (oficialistas y opositores por igual) + corporaciones policiales y de seguridad, es impulsar el desarrollo de la organización política popular de base en dichos territorios, asumiendo los riesgos que ello implica, fundamentalmente el malestar que ello traería en el dispositivo político-electoral pejotista, ajeno a los objetivos estratégicos de transformación social, de contenido nacional-popular del kirchnerismo.
Macrismo y ocupación: la intencionalidad política de la toma.
De lo visto, pueden interpretarse algunos objetivos políticos perseguidos por el macrismo o sus punteros, o el duhaldismo vía Macri.
Estos objetivos, razonados y presentados a manera de hipótesis, (no podemos comprobarlos), podrían ser:
*Instalar un conflicto socio-territorial de grandes dimensiones en la única jurisdicción importante donde la responsabilidad directa de la seguridad, y sobre todo del orden público, esta en manos del gobierno nacional. Enfrentando de esta manera, al poder ejecutivo nacional, con la gestión concreta del uso de la fuerza pública sobre los conflictos sociales, con una policía federal autogobernada y reacia a subordinarse a las instrucciones de la política, como por otra parte son todas las policías y fuerzas de seguridad del país.
*Desplegar y despertar el miedo latente, en importantes sectores del electorado macrista, hacia la inmigración latinoamericana pobre asentada en la ciudad de buenos aires, poniendo en acto esa “amenaza” latente, que genera y sustenta el miedo de esos sectores.
De esta manera Macri pudo tener la “escenografía” adecuada para instalar su discurso racista y xenófobo, que esta dirigido al núcleo duro de su electorado, “demostrando” la “inacción” policial del gobierno nacional ante las ocupaciones.
*Extender y consolidar la capitalización política a su favor, hacia sectores populares y de clase media baja, de Lugano, Villa Soldati y otros barrios aledaños, utilizando para ello el miedo a “la amenaza boliviana, paraguaya y peruana”.
Mediante el acto de ocupación y sus efectos, estos sectores populares suelen cambiar el orden de prioridad en su agenda de preocupaciones y demandas a plantearle al gobierno de la ciudad.
Producido el hecho y desatados los fantasmas ideológicos de las consecuencias supuestas de esa ocupación, los problemas derivados de la acción de los “okupas” inmigrantes, suelen desplazar de la agenda vecinal, a los problemas suscitados por la falta de inversión pública, en infraestructura, mobiliario y equipamiento urbano, salud y educación.
Se pasa así a discutir cuanta “seguridad” es la necesaria, para prevenir o reprimir, supuestos delitos potenciales que puedan protagonizar los “usurpadores”.
Este eje de discusión, dentro de un proceso electoral que ya ha comenzado en los hechos, favorece la agenda de discusión favorita de Macri: un cóctel de inseguridad, xenofobia y racismo.
El gobierno nacional.
Muchos creen que ayudarlo es no criticarlo, haciendo que políticas disfuncionales a los objetivos planteados para garantizar la profundización del modelo, perduren y no sean superadas.
El gobierno nacional tiene algunos problemas a resolver en el plano del orden público.
Carencia de una política de anticipación en el conflicto social.
Prueba de eso es que la derecha macrista territorial creo las condiciones de utilización políticas de importantes sectores sociales sumergidos, sin que hubiera respuesta política preventiva y anticipatoria de parte del gobierno de Cristina.
Estamos hablando de acciones políticas de contención y contra-organización social, en base a la información, las cuales son las únicas eficaces para neutralizar estas operaciones, sin tener que recurrir a la fuerza pública. (2)
La inacción gubernamental favoreció al macrismo.
El programa televisivo “Duro de Domar”, expuso el encadenamiento de hechos delictivos que entornaron la ocupación de las tierras y que involucraban al macrismo, a través de sus punteros y barras bravas de Boca, Huracán y otros.
Estas bandas acosaron, hirieron y apalearon, a los ocupantes del predio del Indoamericano. Dejarlas actuar libremente, retirando la fuerza policial federal, porque no se la podía manejar desde el gobierno (esa es la realidad), equivale (aunque esa no sea la intención), a liberar la zona para que las bandas macristas actúen a su arbitrio contra los “indeseables” bolivianos, paraguayos y peruanos, según su discurso.
Esta, no parece ser una política muy eficaz para la defensa de los DD.HH de nuestros hermanos latinoamericanos, manipulados primero y luego apaleados por el macrismo, ante la ausencia de una fuerza pública federal, democrática, subordinada al poder político y técnicamente eficaz para evitarlo.
No estamos hablando de una generalizada carga antidisturbios de la guardia de infantería, sino de la acción quirúrgica de grupos especiales de la policía, entrenados para tal fin, ejerciendo la violencia legítima, contra grupos armados de la derecha lumpenizada.
Además estos grupos para-estatales de la derecha macrista, como aseguró Sergio Schocklender, tienen relaciones estrechas con la policía metropolitana, y el narcotráfico, nosotros podemos agregar a la lista de sus relaciones a la policía federal.
Estos grupos armados, no pueden ser tratados con una acción policial equivalente, a la utilizada para con los sectores sociales demandantes.
La negociación.
Incorporar a la gestión del conflicto y su negociación al Jefe de Gobierno de la Ciudad, implica pretender que el causante sea parte de la solución. Macri es el problema, no la solución.
El gobierno nacional manifiesta que fue a pedido de los ocupantes del predio que se lo convocó a Macri a la reunión y que el poder ejecutivo, sólo oficio de mediador.
Sea cual fuera la circunstancia de la participación de Macri, hacerlo formar parte de la solución del conflicto, es un error que tarde o temprano se pagará políticamente, si la decisión se mantiene en el tiempo.
La participación en las negociaciones del Jefe de gobierno de la ciudad, no ayuda a que la opinión pública visualice con facilidad a los actores del conflicto y sus diferentes políticas de gestión del mismo: por un lado a quién provocó o no supo manejar la ocupación (Macri), y por otro, a quienes comenzaron a gestionar el conflicto y encontrarle una salida a la ocupación (el gobierno nacional).
Las consecuencias de esa negociación.
Macri agradeció y elogio la decisión del gobierno nacional de destacar al lugar a la Gendarmería Nacional y a la Prefectura Naval. Y tenía razón, no podía menos que agradecer, había forzado con el accionar de sus bandas la militarización (prefectura y gendarmería son policías militarizadas), del territorio, y provocado una mini-crisis en el gabinete nacional con el desplazamiento de los hombres de Aníbal Fernández del área de seguridad.
Después de ser invitado a la negociación por parte del gobierno nacional, este último comenzó a tender un cerco “sanitario” de gendarmes y prefectos, y un poco más allá, policías federales, (potenciales responsables de las dos primeras muertes en asociación con la metropolitana), alrededor del Indoamericano.
La función de las fuerzas federales era claro, servir de contención y límite a la posible continuidad del accionar de bandas armadas. Pero no era menor a la primera, la función de consolidar el aislamiento político territorial de los ocupantes para forzarlos a una negociación. Se trataba de la vieja y consabida estrategia del sitio, donde el tiempo obra en contra del más débil y aislado.
En ese contexto se entiende el bloqueo y represión, a cargo de la policía federal, con ayuda de las otras fuerzas de seguridad, al paso de la columna de manifestantes de izquierda que se acercó al parque intentando romper el aislamiento político y geográfico de los ocupantes.
A todo esto las bandas de Macri, que asolaron el parque la noche anterior, estaban bien tranquilas por cierto y su jefe legitimado al ser invitado a participar en la negociación por el gobierno nacional. Esto más allá de las críticas a Macri de parte de Aníbal Fernández y de las amenazas potenciales a los vándalos macristas de ser judicializados a futuro.
Por último, Macri obtuvo fondos nacionales para resolver aquello que su pésima política de vivienda social en la ciudad causó. Además se llevó de regalo un repertorio de medidas de “represión administrativa y económica” sobre los pobres (que manipulados o no), ocupen predios públicos o privados.
Por el contrario a estas medidas coactivas anunciadas, que hacen centro en los demandantes de tierras, de lo que se trata es de terminar con las redes de punteros manipuladores, y no presionar a las víctimas para que se resistan por sí mismas a ser utilizadas en su desesperación.
Los sectores populares.
Con respecto a la reacción de los sectores populares ante la política de orden público del gobierno nacional, en el diario “Página 12” del domingo 12 de diciembre de 2010, el periodista Mario Wainfeld, decía:
“En verdad, se ha producido un resquebrajamiento respecto de una encomiable línea maestra del kirchnerismo, eficaz y virtuosa en los primeros años: no reprimir la protesta. Los actores le han tomado la mano, tiran de la soga a niveles extremos, la recurrencia del obrar estatal subleva a otros ciudadanos. En menos de dos meses, colmo de colmos, han muerto cinco personas en movilizaciones, lo que habla de una pérdida sensible de eficacia”.
Al referirse a cinco muertos Wainfeld suma los tres del Indoamericano, a los dos (parece que ya olvidados), de la comunidad qom (tobas) de Formosa, también víctimas de la represión de un conflicto social, a manos de la policía de Gildo Infrans, un gobernador aliado del gobierno nacional.
Quedar atrapados entre las intensificadas formas de lucha de los que demandan (generalmente trabajadores y pobres urbanos), y la reacción de los que protestan contra lo que entienden como inacción del estado (generalmente clases medias y medias bajas), es el peor escenario que el gobierno puede tener que enfrentar durante el 2011.
Igualmente, hay que ser claros, la política de orden público del gobierno nacional tiene un alcance territorial que abarca una porción mínima del país. Sólo tiene jurisdicción en las políticas de orden público de la capital federal, en las rutas nacionales y en aquellas instalaciones federales ubicadas en los territorios de las provincias. El resto del país se encuentra bajo la jurisdicción policial de los gobernadores (oficialistas y opositores), los cuales, han dejado claro en sus acciones durante estos años, que no adhieren a los principios sustentados por el gobierno federal en el tema de los procedimientos a ser aplicados en la intervención policial en conflictos sociales que alteren el orden público.
Hasta ahora ha actuado un cierto principio no escrito, el de descentralización de las políticas de orden público. Esto permite a los gobernadores seguir sosteniendo la acción de sus policías represoras (Formosa es un ejemplo), fuera del escenario mediático de la ciudad autónoma de buenos aires. Esto se completa con una generalizada criminalización de la protesta social a través de los poderes judiciales provinciales, los cuales se encuentran fuertemente feudalizados, y carentes de la independencia mínima ante el poder político local. Para este tema, nuestro grupo de reflexión política, a producido un pequeño “paper” titulado, “Conflicto social y orden público”, al cual nos remitimos.
La respuesta democrática al conflicto social debería transitar otro camino, el de una articulación eficaz que comprenda: acción de grupos especializados y previamente seleccionados de las fuerzas de seguridad; organización política territorial capaz de contener y canalizar las demandas hacia la negociación; y recursos presupuestarios, así como regulaciones normativas, para intervenir sobre las causas profundas que movilizan a los sectores populares.
El Ministerio de Seguridad: ¿una solución?
Todos sabemos, que la sola creación de una nueva estructura de gobierno, no garantiza en sí y de por sí, ninguna solución.
Pero aún así, la decisión de dotar al área de seguridad de una orgánica propia, con recursos específicos, misiones, funciones y competencias claramente delimitadas, y otra conducción política que la actual, merece ser considerada como un intento, en primera instancia positivo, de parte del gobierno nacional.
Aunque debamos tener en cuenta que la creación, ya hace algunos años, del Ministerio de Seguridad Bonaerense, no modificó sustancialmente la situación de inseguridad de la provincia y de autogobierno policial crónico.
Si la perspectiva “doctrinaria” es la misma que la aplicada en ciertos programas de Defensa, la “solución” de primera instancia (la creación del Ministerio de Seguridad), puede devenir en problema estructural y estratégico, en el mediano y el largo plazo.
Esta perspectiva doctrinaria y sus políticas correspondientes, llevadas adelante por Garre en el área de Defensa, con nulo debate público, están desarrollados en nuestro “paper” de opinión, titulado: “Haití: fuerzas armadas, seguridad interior y misiones de las Naciones Unidas”, y son al menos inquietantes cuando uno las analiza detenidamente.
La política de seguridad, y sobre todo la de orden público del nuevo equipo ministerial deberá enfrentarse, en lo que resta del 2010 y en todo el año “electoral” del 2011, a una situación signada por la relación entre carestía de los alimentos, especulación inmobiliaria (alza de los precios de alquileres, tierras e inmuebles) y la consiguiente ocupación de espacios públicos y privados, como una de las válvulas de escape a esta situación por parte de los sectores populares más postergados.
Para terminar.
La resolución, siempre transitoria y precaria, del conflicto social requiere de gestión de estado, pero sobre todo de una organización política territorial propia y no tan sólo de un dispositivo electoral despolitizado como el pejotista, el cual el kirchnerismo ha comprado, hasta ahora al menos, llave en mano y sin beneficio de inventario.
Cuando ambas (gestión y organización política), han fracasado o se encuentran ausentes, sólo resta aplicar la opción de la Gendarmería y la Prefectura, fuerzas federales de seguridad militarizadas, que no son otra cosa que policías militares para nombrarlas sin tantos eufemismos.
El anuncio, todavía no ejecutado, de enviar 6000 gendarmes al conurbano, no parecería interpelar a la concepción de seguridad y orden público de la derecha, sino confirmarla. Este discurso es el que sostiene que los problemas de seguridad se solucionan con más policía, en este caso militarizada y con mayor poder de fuego.
Generalmente los sectores progresistas le agregan a este accionar de saturación policial de los territorios, la palabra mágica de “acción preventiva”, con la cual parecen querer exorcizar de derechismo explícito a la misma.
A pesar de la palabra “preventiva”, la acción real es la militarización de los llamados territorios calientes, que coinciden con los barrios populares de capital y gran buenos aires en este caso.
Esta última opción es coherente y consecuente con la concepción macrista sobre la “resolución” del conflicto social y la represión de la delincuencia común. Como opción política de un proyecto nacional y popular, parece ser, cuanto menos, inadecuada.
Notas.
(1). “Uno de ellos es el actual presidente del bloque PRO en la Legislatura, Cristian Ritondo, quien recorrió toda la zona sur en compañía de una vieja amiga: Esther “Niti” Iglesias, ex directora de la Corporación del Sur, el organismo estatal que administra la mayoría de los predios vacíos de la zona, quien radicó la denuncia ante la justicia contravencional para desalojar el predio. Su nombre fue confiado a Tiempo Argentino por distintos referentes villeros de la zona, quienes indicaron que Iglesias convocó a los barras. Junto a ella, estuvo Eva Ferraro, otra macrista de paladar negro que, desde el Centro de Gestión y Participación 8, también se sumó al pedido. Ambas provienen del riñón de Ritondo, y por su intermedio, mantienen estrechos vínculos con el peronismo disidente, es decir, con las huestes porteñas del duhaldismo. Para el macrismo, esa vinculación no existe. Sin embargo, las pruebas que demuestran lo contrario son los nombres de los barrabravas y punteros que ya fueron identificados gracias al aporte de vecinos, organizaciones sociales y periodistas de todos los medios nacionales. Entre ellos, se destacan: Julio Capella, alias “El Cabezón”: trabaja en la obra social de los trabajadores del estado porteño (OSBA) que depende del sindicato municipal (SUTECBA), conducido por Amadeo Genta y Genaro Trovato, actual tesorero del gremio. Su seguridad personal está a cargo de Capella, hincha de Huracán y cuñado de Pablo Respinis, uno de los jefes de la barra de ese equipo. El periodista Gustavo Grabia, de Clarín, reveló que su tío es el que tiene peso en el gremio. Alejandro Pastore: según el semanario Miradas al Sur, también trabaja en la OSBA y vive, junto a su mujer, en el 19A del complejo ubicado en Olivera y Directorio. Desde ese edificio, junto a los de Castañares al 4200 que construyó el Sutecba con financiamiento de la Corporación del Sur y el Instituto de la Vivienda. Eduardo “Manzana” Santoro: el matutino Página/12 reveló que preside hace cinco años el club Nueva Estrella, ubicado a pocas cuadras del Indoamericano. Es hermano de Miguel “Manzanita”, que fue condenado junto a José Barrita, de la 12, a 20 años de prisión por los asesinatos de dos hinchas de River. Luis/Daniel: estaba a cargo de la coordinación de los ataques y reportaba a Santoro. Juan Carlos “Gutiérrez”: tiene 50 años y su imagen fue revelada por este diario en su edición de ayer. Trascendió que su apellido podría ser Salerno. Se hace llamar Juan Carlos Gutiérrez y apareció durante los incidentes provocados en el parque y en el club Albariños. Miguel Ángel Rodríguez, “El Comandante”: reporta al diputado PRO Enzo Pagani y a su esposa Karina Leguizamón, dos redactores del proyecto para escriturar terrenos en villas que presentaron junto a Ritondo. Fue director de Tránsito de Carlos Grosso y estuvo tres años preso por vender licencias de taxis truchas. Hace dos años maneja dos cooperativas que proveen de servicios a la Corporación Buenos Aires Sur y al IVC. Marcelo Chancalay: ex boxeador que regenteó la villa 20 en nombre del ibarrismo y desde 2007 trabaja para el PRO. Reconoce como su jefe político a Omar Abboud, actual titular del Instituto de la Vivienda porteño (IVC). Todos ellos, forman parte del ADN electoral del macrismo, una cadena de relaciones que conecta al gobierno porteño, sus negocios en el sur y a los hombres del PJ capitalino que, desde siempre, reportaron a Eduardo Duhalde y, ahora, a Mauricio Macri, el jefe de gobierno que debería explicar cómo se relacionó con ellos”. (Fuente: “Tiempo Argentino” 15 de diciembre de 2010).
Completando la información de “Tiempo Argentino” (el diario no la da), es sugestivo que Alejandro Amor, operador político de confianza de Amadeo Genta en las 62 organizaciones de capital, asista asiduamente a reuniones y actos del progresismo kirchnerista capitalino, incluso codo a codo con ministros del gabinete nacional. Esto grupos del progresismo kirchnerista porteño, ¿pedirán explicaciones sobre la participación denunciada de los militantes del SUTECBA en los acontecimientos de Villa Lugano y Soldati?, o callarán en beneficio de no favorecer la acción antigubernamental de la “derecha”.
(2). Por otra parte, y en el plano de la inteligencia propiamente dicha, el aparato de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE), que debe abastecer a la presidenta de información “sensible”, se encuentra en manos de gente de la “casa”.
Este eufemismo quiere decir, que tanto su director general de operaciones, como todos sus directores de áreas operativas, entre ellos la fundamental de contrainteligencia, ingresaron y se formaron durante la dictadura militar.
Cualquiera que conozca el tema, aunque más no sea medianamente, sabe que nunca los funcionarios políticos de turno, que ocupan la secretaria y las subsecretarias del área de inteligencia, estuvieron, ni están, en condiciones técnicas y operativas, de establecer un control a tiempo real sobre la planta permanente de la “casa”, y que el director general de operaciones es quién en realidad dirige al servicio de inteligencia.
La gente de la “casa”, no sólo no ha retrocedido desde 2003, sino que por el contrario se ha consolidado en su poder interno en la secretaría y por su origen y trayectoria, sus perfiles político-ideológicos, se asimilan más a los del macrismo que a los del kirchnerismo.
A este aparato se suma otro sin control el de inteligencia de la policía federal. Por Decreto-Ley 9.021/63 se instituyó la “Orgánica del Cuerpo de informaciones de la Policía Federal Argentina”, siendo su reglamentación aprobada por Decreto 2.322/67.
Dice al respecto Marcelo Saín: “mediante estas normas se conformó y puso en funcionamiento un verdadero servicio paraestatal de informaciones e inteligencia no sujeto a ningún tipo de control administrativo, judicial y parlamentario más allá que el ejercido por algunos pocos miembros del Comisariato superior de la fuerza. Ese cuerpo está compuesto por “agentes secretos” abocados a las tareas específicas de la “especialidad de informaciones” y cuyos cargos “no son incompatibles con otro empleo de la administración pública nacional, provincial, municipal y privados”, es decir, estos agentes del recontraespionaje se pueden infiltrar en cualquier organismo público y privado (…), aquel cuerpo policial de informaciones cuenta con casi 1000 espías que se dividen en dos categorías “superior” y “subalterno”, cada una de las cuales tienen sus propias jerarquías”.
Esto demuestra que la falta de control democrático no mejora la acción de la inteligencia policial, que siempre argumenta que esta atada de manos por la leyes restrictivas de su operatividad. La ausencia, la de la inteligencia policial preventiva, en el caso de la ocupación del Parque Indoamericano, como soporte informativo de políticas preventivas de anticipación y neutralización del conflicto, así lo demuestran.
