La situación ha llegado a un
límite insostenible con la nueva oleada de brutales aumentos del transporte, la
luz, el gas y el agua, que se suman a cifras dramáticas de pobreza e
indigencia, endeudamiento externo, recesión económica e inflación
descontrolada, con pretensión de imponer un techo a las paritarias.
Ante esta realidad, que se fue
agravando día tras día desde diciembre de 2015, fuera del oficialismo explícito
hay una parte de la dirigencia política burguesa que es cómplice y otra que se
reivindica opositora, pero facilitó gran parte de los atropellos de la derecha
neoconservadora.
Los dirigentes surgidos del
campo nacional y popular han cometido –a mi juicio, claro-- dos errores, que no
son nuevos:
1) No convocan –los que tienen
autoridad y poder para hacerlo-- en forma permanente a la lucha organizada del
pueblo. Piensan que, con la crítica, aún la más enérgica, se cumple con el
papel opositor, y que ese rol se agota en la difícil tarea de presentar una
alternativa electoral para 2019.
2) Como NO conciben la
construcción de poder popular en los territorios, los establecimientos
educativos y de trabajo, causa fundamental que limitó las indudables conquistas
de 12 años de gobierno y contribuyó a la derrota en 2015, creen que el armado
del frente nacional se reduce a los acuerdos superestructurales, aún los
mejores que se puedan lograr. Esos acuerdos son imprescindibles, sin duda, pero
totalmente limitados, y hasta con perniciosos condicionamientos, si carecen del
acompañamiento del más amplio protagonismo popular.
Es absurdo enojarse con la
supuesta “indiferencia”, de una porción importante de nuestro pueblo, entre
ellos los principales afectados por este gobierno, si los que hoy son
objetivamente la dirigencia opositora no convocaron desde la política a
resistir desde el primero al último intento de avasallar derechos y conquistas,
lo que se hizo muy parcialmente, y fundamentalmente desde el sindicalismo
combativo y las organizaciones sociales.
No se hizo, y lo que es más
grave, no se ha producido un planteo político concreto que impida, o frene tanta
brutalidad, con lo que de hecho se llamó, y se llama, a esperar un triunfo
electoral en 2019, y hasta entonces se resignan a la destrucción del país y el
empobrecimiento del pueblo, que se agravó con cada día de la actual gestión y
se agravará aún más en cada día que nos queda hasta esa fecha.
No pretendo, al margen de mis
ideales, concretar una revolución, o las peregrinas ideas de todo o nada que
plantean los que los medios denominan como “la izquierda”. Sencillamente porque
no es posible.
Nuestra Constitución
Nacional, concebida al igual que la estadounidense bajo el concepto de que
“El pueblo no delibera ni Gobierna, sino a través de sus representantes”,
expresamente formulado para impedir la participación popular, no permite
mecanismos de democracia directa como si lo hace la Constitución de la
Ciudad De Buenos Aires, que habilita en su artículo 67 la “Revocatoria de
Mandato”. La condición es que el Supremo Tribunal Electoral declare la
razonabilidad del pedido y habilite planillas especiales para sumar una cifra
equivalente al 20% del padrón electoral del distrito (unas 500.000 firmas), con
lo cual se convoca a un referéndum, que si gana en las urnas desplaza por
voluntad popular al Jefe de Gobierno y/o los funcionarios cuestionados.
Claro que el PRO lo oculta,
pero con intencionada demora en su decisión, la justicia electoral admitió ya
avanzado 2014 la “razonabilidad” del pedido de revocatoria para Macri y Vidal,
fundamentada en la brutal represión en el Borda, las muertes y destrucción de
las inundaciones en Saavedra y la violación de la legislación vigente por el
abuso de los decretos de necesidad y urgencia. En poco tiempo, se obtuvieron
130.000 firmas, sin el apoyo de ninguno de los partidos de la oposición, ni
siquiera del Frente para la Victoria porteño, pese a que éramos
referentes de ese espacio los que impulsamos esa iniciativa, que debió
interrumpirse cuando en 2015 comenzaron a regir los plazos previos a las
elecciones nacionales.
¿Qué hubiera pasado si la
oposición se unía, si entre todos los que bien sabíamos quiénes son Macri y
Vidal obteníamos el respaldo suficiente, y llegábamos al referéndum?
Aun perdiendo, que era
previsible por la conducta del electorado porteño, el debate y esclarecimiento
en todo el país en torno a la gestión y las responsabilidades de Macri y Vidal no
dudo que hubieran hecho imposible su estrecho triunfo, en el balotaje, a nivel
nacional.
Ya dijimos, la Constitución
Nacional no habilita estos mecanismos de democracia directa, pero si
permite que los legisladores reclamen el juicio político a Macri y sus
funcionarios sobre la base de su mala gestión, el injustificable endeudamiento
externo, su intencionada desprotección de la población en salud, educación o
vivienda.
Concretamente, el artículo 53
confiere la potestad a la Cámara de Diputados de acusar ante el Senado
"...al presidente, vicepresidente, jefe de gabinete de ministros,
ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de
responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en
el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes...". En el caso de
que el Senado decida por la mayoría de dos tercios de votos sobre todos los
cargos, o sobre alguno de ellos, se declarará al acusado incurso en la
destitución de su empleo, según lo establece el artículo 60.
