
Pascual Manganiello es secretario general de Izquierda Democrática, que presido. En su vida --secuestrado y torturado en 1975, en lo que se conocería como El Vesubio,  a los 15 años, por la Alianza Anticomunista Argentina y luego preso, en 1987, ya en democracia por falsas acusaciones-- nunca ha sido manso en sus opiniones. Esta, con la convicción del  pleno apoyo al proyecto nacional y popular en marcha, tampoco lo es. Aconsejo su lectura detenida, aunque moleste a ciertos compañeros que opinan que para empujar y apoyar hay que callar. Y en el profundo error de ese concepto tengo, lamentablemente, bastante expeirencia, luego de años de ejercerlo.
Cuando  se tiene frente a la lupa del análisis político un conflicto  socio-territorial, es conveniente comenzar por separar el rol y la  política que los diversos actores, han desplegado en el mismo.
Dentro  del tipo de aproximación al conflicto, previamente planteada, nuestro  análisis estará centrado en las políticas de “seguridad” que se han  desplegado desde los actores estatales, como estrategia de intervención  en el conflicto socio-territorial, no en las causas sociales profundas  del conflicto, las cuales deben ser motivo de otro análisis.
 Los hechos.
 Fuentes  diversas, apuntan a considerar como detonador político de la ocupación,  a una promesa “electoral” adelantada del macrismo o de los punteros  prohijados por el.
El Jefe de Gabinete de Ministros,  Aníbal Fernández presenta una versión de los hechos que precedieron a la  toma, en su blog personal.
El funcionario aseguró que la toma se originó luego de que el Pro diera origen "a  su campaña electoral anunciando la entrega de los títulos de propiedad  de los terrenos sobre los que se habían construido casas en villas como  Piletones, Villa 20, Villa 1-11-14 y las Villas 3, 6, 17, 19 y 21-14".  "Con este objetivo los diputados Enzo Pagani y Cristian Ritondo  presentaron un proyecto en la Legislatura para reformar el Código de  Planeamiento Urbano. Cuando este  proyecto fue anunciado con efusividad electoralista, lo primero que se  provocó fue que una banda organizada atacara el obrador que tienen las  Madres de Plaza de Mayo en Los Piletones, con 400 casas casi terminadas. Ese grupo fue rechazado por los  trabajadores del obrador, pero alentados por esas promesas de inicio de  campaña electoral, la gente de las villas se lanzó a ocupar el predio del Parque Indoamericano", continuó. El jefe de Gabinete mencionó que en la primera noche de ocupación "comenzó la violencia con el resultado de dos muertos" y que fue la Policía Federal "la  que desalojó el predio y se lo entregó a la Policía Metropolitana que,  insólitamente, permitió que los grupos que lo habían ocupado, volvieran a  hacerlo por segunda vez, con mucha más gente". 
Sobre este escenario, construido por la suma de ineficacia en la gestión pública y una estrategia política territorial conciente del gobierno de la ciudad,  actuaron, con diferentes métodos y objetivos, y cierta autonomía, tanto  punteros macristas, como militantes sociales y políticos identificados  con el kirchnerismo, así como otras fuerzas territoriales, ubicadas más a  la izquierda del espectro político, entre ellas la Corriente Clasista y  Combativa (CCC), liderada por Carlos Alderete.
 Punteros y militantes territoriales en Lugano-Soldati.
 El macrismo.
La  relación del macrismo con los habitantes de asentamientos y villas,  está mediada por un sistema de punteros desideologizados, lumpenes,  sicarios de la política, que trabajan en el control social de los  territorios para el gobierno que los financie.  En este caso el de  Macri.
Generalmente estos punteros se caracterizan por su  relación estrecha con el tráfico de drogas, la manipulación de bandas de  menores y la policía, sea esta federal o metropolitana.
Su  pertenencia a las barras de futbol, la delincuencia menor, las patotas  territoriales, y aún a la plantilla de personal del gobierno de la  ciudad, no es un secreto para nadie. Tampoco lo puede ser para Macri.
La  característica fundamental de esta “red territorial de control” es que  no se ha presentado en la superficie durante el desarrollo del  conflicto, su acción estuvo determinada por el anonimato, sólo burlado  por las cámaras de la televisión, la investigación periodística y las  denuncias de ocupantes y vecinos. No actuaron como organización  política, sino como banda urbana clandestina. (1) 
El kirchnerismo.
La irrupción pública del dirigente barrial, Alejandro “pitu”  Salvatierra, puso de manifiesto la importancia de la organización  política territorial en la gestión de los conflictos sociales.
Salvatierra,  emparentado con la corriente kirchnerista que lidera en capital,  Francisco “Tito” Nenna, y de buena articulación con Sergio Shocklender  (Asociación Madres de Plaza de Mayo) en el territorio de la Villa 20,  resultó central al momento de negociar la desocupación pacífica del  predio, sin tener que recurrir a la fuerza pública.
Fue la  acción política concertada, y no la fuerza pública, la que recupero el  predio y comenzó a pergeñar una salida posible a los ocupantes en sus  demandas.
La existencia de militantes territoriales con  representatividad de base, liderazgo organizativo y capacidad de  negociación política, es más efectiva, como política preventiva del  orden público que la acción policial, ya sea esta de la federal, la  metropolitana, la prefectura o la gendarmería.
El gobierno  nacional debería tener en cuenta que la única manera de desplazar en el  control territorial del área metropolitana buenos aires (AMBA), a la  “liga” constituida por, el jefe de gobierno de la CABA + intendentes del conurbano (oficialistas y opositores por igual) + corporaciones policiales y de seguridad,  es impulsar el desarrollo de la organización política popular de base  en dichos territorios, asumiendo los riesgos que ello implica,  fundamentalmente el malestar que ello traería en el dispositivo  político-electoral pejotista, ajeno a los objetivos estratégicos de  transformación social, de contenido nacional-popular del kirchnerismo.
Macrismo y ocupación: la intencionalidad política de la toma.
De  lo visto, pueden interpretarse algunos objetivos políticos perseguidos  por el macrismo o sus punteros, o el duhaldismo vía Macri.
Estos objetivos, razonados y presentados a manera de hipótesis, (no podemos comprobarlos), podrían ser:
*Instalar  un conflicto socio-territorial de grandes dimensiones en la única  jurisdicción importante donde la responsabilidad directa de la  seguridad, y sobre todo del orden público, esta en manos del gobierno  nacional. Enfrentando de esta manera, al poder ejecutivo nacional, con  la gestión concreta del uso de la fuerza pública sobre los conflictos  sociales, con una policía federal autogobernada y reacia a subordinarse a  las instrucciones de la política, como por otra parte son todas las  policías y fuerzas de seguridad del país.
*Desplegar y  despertar el miedo latente, en importantes sectores del electorado  macrista, hacia la inmigración latinoamericana pobre asentada en la  ciudad de buenos aires, poniendo en acto esa “amenaza” latente, que  genera y sustenta el miedo de esos sectores.
De esta manera Macri  pudo tener la “escenografía” adecuada para instalar su discurso racista y  xenófobo, que esta dirigido al núcleo duro de su electorado,  “demostrando” la “inacción” policial del gobierno nacional ante las  ocupaciones.
*Extender y consolidar la capitalización  política a su favor, hacia sectores populares y de clase media baja, de  Lugano, Villa Soldati y otros barrios aledaños, utilizando para ello el  miedo a “la amenaza boliviana, paraguaya y peruana”.
Mediante  el acto de ocupación y sus efectos, estos sectores populares suelen  cambiar el orden de prioridad en su agenda de preocupaciones y demandas a  plantearle al gobierno de la ciudad.
Producido el hecho y  desatados los fantasmas ideológicos de las consecuencias supuestas de  esa ocupación, los problemas derivados de la acción de los “okupas”  inmigrantes, suelen desplazar de la agenda vecinal, a los problemas  suscitados por la falta de inversión pública, en infraestructura,  mobiliario y equipamiento urbano, salud y educación.
Se  pasa así a discutir cuanta “seguridad” es  la necesaria, para prevenir o  reprimir, supuestos delitos potenciales que puedan protagonizar los  “usurpadores”.
Este eje de discusión, dentro de un proceso  electoral que ya ha comenzado en los hechos, favorece la agenda de  discusión favorita de  Macri: un cóctel de inseguridad, xenofobia y  racismo.
El gobierno nacional.
Muchos  creen que ayudarlo es no criticarlo, haciendo que políticas  disfuncionales a los objetivos planteados para garantizar la  profundización del modelo, perduren y no sean superadas.
El gobierno nacional tiene algunos problemas a resolver en el plano del orden público.
Carencia de una política de anticipación en el conflicto social.
Prueba  de eso es que la derecha macrista territorial creo las condiciones de  utilización políticas de importantes sectores sociales sumergidos, sin   que hubiera respuesta política preventiva y anticipatoria de parte del  gobierno de Cristina.
Estamos hablando de acciones  políticas de contención y contra-organización social, en base a la  información, las cuales son las únicas eficaces para neutralizar estas  operaciones, sin tener que recurrir a la fuerza pública. (2)
La inacción gubernamental favoreció al macrismo.
El  programa televisivo “Duro de Domar”, expuso el encadenamiento de hechos  delictivos que entornaron la ocupación de las tierras y que  involucraban al macrismo, a través de sus punteros y barras bravas de  Boca, Huracán y otros.
Estas bandas acosaron, hirieron y  apalearon, a los ocupantes del predio del Indoamericano. Dejarlas actuar  libremente, retirando la fuerza policial federal, porque no se la podía  manejar desde el gobierno (esa es la realidad), equivale (aunque esa no  sea la intención), a liberar la zona para que las bandas macristas  actúen a su arbitrio contra los “indeseables” bolivianos, paraguayos y  peruanos, según su discurso.
Esta, no parece ser una  política muy eficaz para la defensa de los DD.HH de nuestros hermanos  latinoamericanos, manipulados primero y luego apaleados por el macrismo,  ante la ausencia de una fuerza pública federal, democrática,  subordinada al poder político y técnicamente eficaz para evitarlo.
No  estamos hablando de una  generalizada carga antidisturbios de la  guardia de infantería, sino de la acción quirúrgica de grupos especiales  de la policía, entrenados para tal fin, ejerciendo la violencia  legítima, contra grupos armados de la derecha lumpenizada.
Además  estos grupos para-estatales de la derecha macrista, como aseguró Sergio  Schocklender, tienen relaciones estrechas con la policía metropolitana,  y el narcotráfico, nosotros podemos agregar a la lista de sus  relaciones a la policía federal.
Estos grupos armados, no  pueden ser tratados con una acción policial equivalente, a la utilizada  para con los sectores sociales demandantes.
La negociación.
Incorporar  a la gestión del conflicto y su negociación al Jefe de Gobierno de la  Ciudad, implica pretender que el causante sea parte de la solución.  Macri es el problema, no la solución.
El gobierno nacional  manifiesta que fue a pedido de los ocupantes del predio que se lo  convocó a Macri a la reunión y que el poder ejecutivo, sólo oficio de  mediador.
Sea cual fuera la circunstancia de la  participación de Macri, hacerlo formar parte de la solución del  conflicto, es un error que tarde o temprano se pagará políticamente, si  la decisión se mantiene en el tiempo.
La participación en  las negociaciones del Jefe de gobierno de la ciudad, no ayuda a que la  opinión pública visualice con facilidad a los actores del conflicto y  sus diferentes políticas de gestión del mismo: por un lado a quién  provocó o no supo manejar la ocupación (Macri), y por otro, a  quienes  comenzaron a gestionar el conflicto y encontrarle una salida a la  ocupación (el gobierno nacional).
Las consecuencias de esa negociación. 
Macri  agradeció y elogio la decisión del gobierno nacional de destacar al  lugar a la Gendarmería Nacional y a la Prefectura Naval. Y tenía razón,  no podía menos que agradecer, había forzado con el accionar de sus  bandas la militarización (prefectura y gendarmería son policías  militarizadas), del territorio, y provocado una mini-crisis en el  gabinete nacional con el desplazamiento de los hombres de Aníbal  Fernández del área de seguridad.
Después de ser invitado a  la negociación por parte del gobierno nacional, este último comenzó a  tender un cerco “sanitario” de gendarmes y prefectos, y un poco más  allá, policías federales, (potenciales responsables de las dos primeras  muertes en asociación con la metropolitana), alrededor del  Indoamericano.
La función de las fuerzas federales era  claro, servir de contención y límite a la posible continuidad del  accionar de bandas armadas. Pero no era menor a la primera, la función  de consolidar el aislamiento político territorial de los ocupantes para  forzarlos a una negociación. Se trataba de la vieja y consabida  estrategia del sitio, donde el tiempo obra en contra del más débil y  aislado.
En ese contexto se entiende el bloqueo y  represión, a cargo de la policía federal, con ayuda de las otras fuerzas  de seguridad, al paso de la columna de manifestantes de izquierda que  se acercó al parque intentando romper el aislamiento político y  geográfico de los ocupantes.
A todo esto las bandas de  Macri, que asolaron el parque la noche anterior, estaban bien tranquilas  por cierto y su jefe legitimado al ser invitado a participar en la  negociación por el gobierno nacional. Esto más allá de las críticas a  Macri de parte de Aníbal Fernández y de las amenazas potenciales a los  vándalos macristas de ser judicializados a futuro.
Por  último, Macri obtuvo fondos nacionales para resolver aquello que su  pésima política de vivienda social en la ciudad causó. Además se llevó  de regalo un repertorio de medidas de “represión administrativa y  económica” sobre los pobres (que manipulados o no), ocupen predios  públicos o privados.
Por el contrario a estas medidas  coactivas anunciadas, que hacen centro en  los demandantes de tierras,  de lo que se trata es de terminar con las redes de punteros  manipuladores, y no presionar a las víctimas para que se resistan por sí  mismas a ser utilizadas en su desesperación.
Los sectores populares.
Con  respecto a la reacción de los sectores populares ante la política de  orden público del gobierno nacional, en el diario “Página 12” del  domingo 12 de diciembre de 2010, el periodista Mario Wainfeld, decía:
“En  verdad, se ha producido un resquebrajamiento respecto de una encomiable  línea maestra del kirchnerismo, eficaz y virtuosa en los primeros años:  no reprimir la protesta. Los actores le han tomado la mano, tiran de la  soga a niveles extremos, la recurrencia del obrar estatal subleva a  otros ciudadanos. En menos de dos meses, colmo de colmos, han muerto  cinco personas en movilizaciones, lo que habla de una pérdida sensible  de eficacia”. 
Al referirse a cinco muertos Wainfeld suma los  tres del Indoamericano, a los dos (parece que ya olvidados), de la  comunidad qom (tobas) de Formosa, también víctimas de la represión de un  conflicto social, a manos de la policía de Gildo Infrans, un gobernador  aliado del gobierno nacional.
Quedar atrapados entre las  intensificadas formas de lucha de los que demandan (generalmente  trabajadores y pobres urbanos), y la reacción de los que protestan  contra lo que entienden como inacción del estado (generalmente clases  medias y medias bajas), es el peor escenario que el gobierno puede tener  que enfrentar durante el 2011.
Igualmente, hay que ser claros, la política de orden público del gobierno nacional tiene un alcance territorial que abarca una porción mínima del país.  Sólo tiene jurisdicción en las políticas de orden público de la capital  federal, en las rutas nacionales y en aquellas instalaciones federales  ubicadas en los territorios de las provincias. El resto del país se  encuentra bajo la jurisdicción policial de los gobernadores  (oficialistas y opositores), los cuales, han dejado claro en sus  acciones durante estos años, que no adhieren a los principios  sustentados por el gobierno federal en el tema de los procedimientos a  ser aplicados en la intervención policial en conflictos sociales que  alteren el orden público.
Hasta ahora ha actuado un cierto  principio no escrito, el de descentralización de las políticas de orden  público. Esto permite a los gobernadores seguir sosteniendo la acción de  sus policías represoras (Formosa es un ejemplo), fuera del escenario  mediático de la ciudad autónoma de buenos aires. Esto se completa con  una generalizada criminalización de la protesta social a través de los  poderes judiciales provinciales, los cuales se encuentran fuertemente  feudalizados, y carentes de la independencia mínima ante el poder  político local. Para este tema, nuestro grupo de reflexión política, a  producido un pequeño “paper” titulado, “Conflicto social y orden público”, al cual nos remitimos.
La respuesta democrática al conflicto social debería transitar otro camino, el de una articulación eficaz que comprenda: acción  de grupos especializados y previamente seleccionados de las fuerzas de  seguridad; organización política territorial capaz de contener y  canalizar las demandas hacia la negociación; y recursos presupuestarios,  así como regulaciones normativas, para intervenir sobre las causas  profundas que movilizan a los sectores populares.
El Ministerio de Seguridad: ¿una solución?
Todos sabemos, que la sola creación de una nueva estructura de gobierno, no garantiza en sí y de por sí, ninguna solución.
Pero  aún así, la decisión de dotar al área de seguridad de una orgánica  propia, con recursos específicos, misiones, funciones y competencias  claramente delimitadas, y otra conducción política que la actual, merece  ser considerada como un intento, en primera instancia positivo, de  parte del gobierno nacional.
Aunque debamos tener en  cuenta que la creación, ya hace algunos años, del Ministerio de  Seguridad Bonaerense, no modificó sustancialmente la situación de  inseguridad de la provincia y de autogobierno policial crónico.
Si  la perspectiva “doctrinaria” es la misma que la aplicada en ciertos  programas de Defensa, la “solución” de primera instancia (la creación  del Ministerio de Seguridad), puede devenir en problema estructural y  estratégico, en el mediano y el largo plazo.
Esta  perspectiva doctrinaria y sus políticas correspondientes, llevadas  adelante por Garre en el área de Defensa, con nulo debate público, están  desarrollados en nuestro “paper” de opinión, titulado: “Haití: fuerzas armadas, seguridad interior y misiones de las Naciones Unidas”, y son al menos inquietantes cuando uno las analiza detenidamente.
La  política de seguridad, y sobre todo la de orden público del nuevo  equipo ministerial deberá enfrentarse, en lo que resta del 2010 y en  todo el año “electoral” del 2011, a una situación signada por la  relación entre carestía de los alimentos, especulación inmobiliaria  (alza de los precios de alquileres, tierras e inmuebles) y la  consiguiente ocupación de espacios públicos y privados, como una de las  válvulas de escape a esta situación por parte de los sectores populares  más postergados.
Para terminar.
La  resolución, siempre transitoria y precaria, del conflicto social  requiere de gestión de estado, pero sobre todo de una organización  política territorial propia y no tan sólo de un dispositivo electoral  despolitizado como el pejotista, el cual el kirchnerismo ha comprado,  hasta ahora al menos, llave en mano y sin beneficio de inventario.
Cuando  ambas (gestión y organización política), han fracasado o se encuentran  ausentes, sólo resta aplicar la opción de la Gendarmería y la  Prefectura, fuerzas federales de seguridad militarizadas, que no son  otra cosa que policías militares para nombrarlas sin tantos eufemismos.
El  anuncio, todavía no ejecutado, de enviar 6000 gendarmes al conurbano,  no parecería interpelar a la concepción de seguridad y orden público de  la derecha, sino confirmarla. Este discurso es el que sostiene que los  problemas de seguridad se solucionan con más policía, en este caso  militarizada y con mayor poder de fuego.
Generalmente los  sectores progresistas le agregan a este accionar de saturación policial  de los territorios, la palabra mágica de “acción preventiva”, con la  cual parecen querer exorcizar de derechismo explícito a la misma.
A  pesar de la palabra “preventiva”, la acción real es la militarización  de los llamados territorios calientes, que coinciden con los barrios  populares de capital y gran buenos aires en este caso.
Esta  última opción es coherente y consecuente con la concepción macrista  sobre la “resolución” del conflicto social y la represión de la  delincuencia común. Como opción política de un proyecto nacional y  popular, parece ser, cuanto menos, inadecuada.
Notas.
(1). “Uno  de ellos es el actual presidente del bloque PRO en la Legislatura,  Cristian Ritondo, quien recorrió toda la zona sur en compañía de una  vieja amiga: Esther “Niti” Iglesias, ex directora de la Corporación del  Sur, el organismo estatal que administra la mayoría de los predios  vacíos de la zona, quien radicó la denuncia ante la justicia  contravencional para desalojar el predio. Su nombre fue confiado a  Tiempo Argentino por distintos referentes villeros de la zona, quienes  indicaron que Iglesias convocó a los barras. Junto a ella, estuvo Eva  Ferraro, otra macrista de paladar negro que, desde el Centro de Gestión y  Participación 8, también se sumó al pedido. Ambas provienen del riñón  de Ritondo, y por su intermedio, mantienen estrechos vínculos con el  peronismo disidente, es decir, con las huestes porteñas del duhaldismo.  Para el macrismo, esa vinculación no existe. Sin embargo, las pruebas  que demuestran lo contrario son los nombres de los barrabravas y  punteros que ya fueron identificados gracias al aporte de vecinos,  organizaciones sociales y periodistas de todos los medios nacionales.  Entre ellos, se destacan: Julio Capella, alias “El Cabezón”: trabaja en  la obra social de los trabajadores del estado porteño (OSBA) que depende  del sindicato municipal (SUTECBA), conducido por Amadeo Genta y Genaro  Trovato, actual tesorero del gremio. Su seguridad personal está a cargo  de Capella, hincha de Huracán y cuñado de Pablo Respinis, uno de los  jefes de la barra de ese equipo. El periodista Gustavo Grabia, de  Clarín, reveló que su tío es el que tiene peso en el gremio. Alejandro  Pastore: según el semanario Miradas al Sur, también trabaja en la OSBA y  vive, junto a su mujer, en el 19A del complejo ubicado en Olivera y  Directorio. Desde ese edificio, junto a los de Castañares al 4200 que  construyó el Sutecba con financiamiento de la Corporación del Sur y el  Instituto de la Vivienda. Eduardo “Manzana” Santoro: el matutino  Página/12 reveló que preside hace cinco años el club Nueva Estrella,  ubicado a pocas cuadras del Indoamericano. Es hermano de Miguel  “Manzanita”, que fue condenado junto a José Barrita, de la 12, a 20 años  de prisión por los asesinatos de dos hinchas de River. Luis/Daniel:  estaba a cargo de la coordinación de los ataques y reportaba a Santoro.  Juan Carlos “Gutiérrez”: tiene 50 años y su imagen fue revelada por este  diario en su edición de ayer. Trascendió que su apellido podría ser  Salerno. Se hace llamar Juan Carlos Gutiérrez y apareció durante los  incidentes provocados en el parque y en el club Albariños. Miguel Ángel  Rodríguez, “El Comandante”: reporta al diputado PRO Enzo Pagani y a su  esposa Karina Leguizamón, dos redactores del proyecto para escriturar  terrenos en villas que presentaron junto a Ritondo. Fue director de  Tránsito de Carlos Grosso y estuvo tres años preso por vender licencias  de taxis truchas. Hace dos años maneja dos cooperativas que proveen de  servicios a la Corporación Buenos Aires Sur y al IVC. Marcelo Chancalay:  ex boxeador que regenteó la villa 20 en nombre del ibarrismo y desde  2007 trabaja para el PRO. Reconoce como su jefe político a Omar Abboud,  actual titular del Instituto de la Vivienda porteño (IVC). Todos ellos,  forman parte del ADN electoral del macrismo, una cadena de relaciones  que conecta al gobierno porteño, sus negocios en el sur y a los hombres  del PJ capitalino que, desde siempre, reportaron a Eduardo Duhalde y,  ahora, a Mauricio Macri, el jefe de gobierno que debería explicar cómo  se relacionó con ellos”. (Fuente: “Tiempo Argentino” 15 de diciembre de 2010).
Completando  la información de “Tiempo Argentino” (el diario no la da), es sugestivo  que Alejandro Amor, operador político de confianza de Amadeo Genta en  las 62 organizaciones de capital, asista asiduamente a reuniones y actos  del progresismo kirchnerista capitalino, incluso codo a codo con  ministros del gabinete nacional. Esto grupos del progresismo  kirchnerista porteño, ¿pedirán explicaciones sobre la participación  denunciada de los militantes del SUTECBA en los acontecimientos de Villa  Lugano y Soldati?, o callarán en beneficio de no favorecer la acción  antigubernamental de la “derecha”.
(2). Por otra  parte, y en el plano de la inteligencia propiamente dicha, el aparato de  la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE), que debe abastecer a la  presidenta de información “sensible”, se encuentra en manos de gente de  la “casa”.
Este eufemismo quiere decir, que tanto  su director general de operaciones, como todos sus directores de áreas  operativas, entre ellos la fundamental de contrainteligencia, ingresaron  y se formaron durante la dictadura militar. 
Cualquiera  que conozca el tema, aunque más no sea medianamente, sabe que nunca los  funcionarios políticos de turno, que ocupan la secretaria y las  subsecretarias del área de inteligencia, estuvieron, ni están, en  condiciones técnicas y operativas, de establecer un control a tiempo  real sobre la planta permanente de la “casa”, y que el director general  de operaciones es quién en realidad dirige al servicio de inteligencia.
La  gente de la “casa”, no sólo no ha retrocedido desde 2003, sino que por  el contrario se ha consolidado en su poder interno en la secretaría y  por su origen y trayectoria, sus perfiles político-ideológicos, se  asimilan más a los del macrismo que a los del kirchnerismo.
A  este aparato se suma otro sin control el de inteligencia de la policía  federal. Por Decreto-Ley 9.021/63 se instituyó la “Orgánica del Cuerpo  de informaciones de la Policía Federal Argentina”, siendo su  reglamentación aprobada por Decreto 2.322/67. 
Dice al respecto Marcelo Saín: “mediante  estas normas se conformó y puso en funcionamiento un verdadero servicio  paraestatal de informaciones e inteligencia no sujeto a ningún tipo de  control administrativo, judicial y parlamentario más allá que el  ejercido por algunos pocos miembros del Comisariato superior de la  fuerza. Ese cuerpo está compuesto por “agentes secretos” abocados a las  tareas específicas de la “especialidad de informaciones” y cuyos cargos  “no son incompatibles con otro empleo de la administración pública  nacional, provincial, municipal y privados”, es decir, estos agentes del  recontraespionaje se pueden infiltrar en cualquier organismo público y  privado (…), aquel cuerpo policial de informaciones cuenta con casi 1000  espías que se dividen en dos categorías “superior” y “subalterno”, cada  una de las cuales tienen sus propias jerarquías”.
Esto  demuestra que la falta de control democrático no mejora la acción de la  inteligencia policial, que siempre argumenta que esta atada de manos  por la leyes restrictivas de su operatividad. La ausencia, la de la  inteligencia policial preventiva, en el caso de la ocupación del Parque  Indoamericano, como soporte informativo de políticas preventivas de  anticipación y neutralización del conflicto, así lo demuestran.