domingo, 29 de abril de 2012

Vivir como un Sibarita



Seguimos con nuestra selección dominical de Tres mil historias de frases y palabras que decimos a cada rato, de Héctor Zimmerman, Editorial Aguilar.
 
Suele ser llamada sibarita la persona que no se priva de lujos ni placeres y que goza de ellos con fruición de entendido. La expresión se remonta a siete siglos antes de Cristo, cuando los griegos fundaron, en el golfo de Tarento, en el sur de Italia, la colonia Sybaris.
Irrigada por dos caudalosos ríos, toda la región era extraordinariamente fértil. Abundaba la mano de obra de los siervos campesinos, de modo que pronto surgió allí una clase próspera que en poco tiempo reunió enormes fortunas.
La vida fácil y fastuosa que se llevaba en Sybaris despertó la envidia del resto de los griegos, quienes inventaron toda clase de historias para burlarse de esa “vida sibarítica”. En una de ellas se habla de un poderoso señor que dormía en un lecho acolchado con rosas. Cierta mañana, agrega la malévola, leyenda, el hombre se levantó quejándose de haber pasado una mala noche porque sus sirvientes, al tender la cama, habían dejado… algunos pétalos doblados.
El término sibarita ha perdurado para designar a quien lleva una existencia regalada. Alguien experto en todas las artes del dolce far niente; un consumado maestro en los sabores, fragancias y caricias de la mejor de las vidas.

martes, 24 de abril de 2012

YPF, energía y transporte

“La experiencia de los noventa tendría que servir para no volver a repetir errores. El concepto de utilidad pública debería plantear la necesidad de definir un programa energético total, tomándolo como una cuestión de Estado. El precio del petróleo en nuestro país no puede ser el mismo que el de mercado. Esto lleva a pensar en las inversiones que tendrá que hacer el Estado para asegurar el aumento de la producción y el tipo de asociaciones que se establezcan con el sector privado. También es necesario avanzar en la refinación, transporte, distribución del hidrocarburo, en inversiones y en fijación de precios, y para eso se debe avanzar en las industrias que están en la cadena petrolera. Debiera tomarse en cuenta que toda la matriz energética es de utilidad pública. A mí no me caben dudas de que esta estrategia sirve también para el tema del transporte, para hacerlo más equilibrado. Ya está la experiencia de Aerolíneas Argentinas. Pero hay que replantear el ferrocarril como un instrumento en sí mismo de desarrollo, barato y eficiente. Este sector es además un comprador neto en el mercado local: material rodante, vías, señalización, entre otros. Una vez que estas dos matrices estén funcionando, energía y transporte, se van a dar las condiciones para financiar ambos proyectos a futuro. El ahorro popular puede tener una participación importante, reforzando el concepto de utilidad pública". (Hector Valle, Presidente FIDE).

domingo, 22 de abril de 2012

Poner en tela de juicio




 Seguimos con nuestra selección dominical de Tres mil historias de frases y palabras que decimos a cada rato, de Héctor Zimmerman, Editorial Aguilar.

 Expresa, como es sabido, la acción de dudar de algo, dejarlo entre paréntesis, a la espera de examinar lo que se dice y someterlo a prueba.
Aunque nos viene de los tribunales, el dicho se remonta a la época de los caballeros medievales, y nada tiene que ver con la industria textil.
La tela que aquí se menciona –plural del latín telum, dardo palo de una valla– era la empalizada que en los torneos separaba a los rivales que combatían a caballo.
Algunas de esas lides se realizaban para someterse al llamado juicio de Dios, mediante el cual se dirimía un derecho. “Poner en tela de juicio” era, entonces, llevar a la palestra (un sinónimo de tela) muchos de los pleitos que, en los tiempos que corren habitualmente, se ventilarían en un juzgado.
Hoy en día la frase ha perdido su sabor guerrero. Al oírla, nadie piensa en lanzas ni cabalgaduras. En cuanto a los individuos que sistemáticamente ponen todo en tela de juicio, son desconfiados crónicos. Seres que llevan cuanto no les suena familiar a la palestra de la incredulidad y la sospecha.

jueves, 19 de abril de 2012

YPF: los mecanismos del colonialismo mediático


Mientras anoche se definia que la aprobaciòn en el Senado será casi por unanimidd el miércoles 25 de la ley que recupera YPF para los argentinos, Cynthia Ottaviano,realiza un análisis de la cobertura del anuncio presidencial para alcanzar la soberanía hidrocarburífera del 16 de abril pasado, que permite evidenciar que los diarios de Bartolomé Mitre y Héctor Magnetto se alinean más en sintonía con los diarios españoles que con los intereses argentinos.

Soberanía hidrocarburífera, nacionalización, control y manejo energético, recuperación histórica, autoabastecimiento, desarrollo económico con inclusión social y declaración de interés público son ideas y principios que ayer no estuvieron presentes en las tapas de los diarios Clarín ni La Nación. Por el contrario, el análisis de la cobertura del anuncio presidencial para alcanzar la soberanía hidrocarburífera del 16 de abril pasado permite establecer cinco mecanismos que evidencian el coloniaje mediático de los diarios de Bartolomé Mitre y Héctor Magnetto, más en sintonía con los diarios españoles que con los intereses argentinos.

MECANISMO 1. “Poner en pie de igualdad a un Estado soberano con una empresa privada.” El título principal de La Nación de ayer así lo demuestra: “Expropiarán el 51% de YPF y España amenaza con represalias”, amén de que el sujeto que determina la expropiación no está enunciado –cuando no es menor, ya que estuvo en manos de la presidenta de la Nación y tendrá que ser acompañado por el Congreso Nacional–, lo que aquí se puso en pie de igualdad es al sujeto tácito, es el Estado, que toma una decisión: la expropiación, con las consecuencias planteadas a partir de la supuesta pérdida de una empresa privada, ya que se plantea la falsa idea de que es una cuestión entre estados, cuando en realidad, se trata de un derecho del Estado argentino soberano y el interés económico de una empresa privada española (denunciada por incumplimiento de sus obligaciones y hasta de vaciamiento) apoyada por el gobierno español.
MECANISMO 2. “Asociar la medida al autoritarismo”: las palabras más usadas tanto en los títulos de Clarín y La Nación, como en sus volantas, copetes y textos de tapa son “intervención”, con sus variantes, “intervino” e “interventores” y “expropiación” con sus posibles “expropiar”, “expropian”, “expropiada”, “expropiarán” –mencionadas 12 veces sólo en las dos tapas–. Ponen en juego descripciones superficiales para evitar las razones profundas. Eluden detallar “la declaración de interés público con el objetivo prioritario de lograr el autoabastecimiento para garantizar el desarrollo económico con inclusión social”, como se informó, o de un empoderamiento del Estado, de todos, y lo describen como “una toma compulsiva de acciones” o como “un portazo al mundo” y hasta “una declaración de guerra del kirchnerismo contra España”, como definió Joaquín Morales Solá, muy cerca del concepto único que llevó el título del diario de la corona española, el ABC: “Expolio”, que significa “quitar una cosa con violencia o de forma injusta o ilegal”, cuyo sinónimo más certero para este caso desde la óptica del otro lado del Atlántico monárquico es “saquear o robar”.
MECANISMO 3. “Se trata de una decisión de Cristina Fernández tomada en soledad.” En la nota del diario La Nación se insiste en varios pasajes que no se trata de una decisión consensuada, del Estado soberano, sino que se personaliza la toma de la decisión, ahogándola en la individualidad, en “su voluntad de expropiar”, “su decisión”, realizada “a su juicio”.

MECANISMO 4. “Fortalecer a Repsol transformándola en España e incluso la Unión Europea.” Además del mencionado título en el que se pretende igualar la decisión de un Estado con el de una empresa, apoyada por un gobierno, a lo largo de toda la crónica se informa casi en exclusividad que se trata de un anuncio que “puso en alerta máxima al gobierno de España”, es su canciller, José Manuel García-Margallo, quien advirtió “represalias claras y contundentes”, es el “gobierno de Mariano Rajoy” el que convoca, o la Unión Europea la que “consideró grave la expropiación y podría tomar represalias”. Esa misma línea siguieron los medios españoles, en manos de la élite dominante, donde no se incluyó el punto de vista de Izquierda Unida, por ejemplo, donde con claridad consideró que no se trata de un “ataque a España”, ya que Repsol es una empresa privada de “distintas nacionalidades” (no sólo española) y que por esto “es una vergüenza” que se la haya defendido.

MECANISMO 5. “Inocular miedo para que nada cambie.” Se sabe, el miedo se usa como un gran disciplinador social. La intención concreta es paralizar, para que reine el statu quo ante el terror de las consecuencias enunciadas o directamente aplicadas en el pasado. Se recurre a palabras como “amenaza”, “represalias”, “alerta máxima” y “ruptura”, se mencionan “víctimas” y “juicios múltiples y diseminados por diversas capitales importantes”, plasmando siempre el punto de vista español y soslayando el argentino, el único que aquí cuenta, ya que aquello que los españoles desean para nosotros no es lo mismo que lo que desean para ellos mismos: en el artículo 128 establecen que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cuando fuere su titularidad está subordinada al interés general” y “se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general”. Además de la doble moral del gobierno español, lo que aquí cuenta es el alto grado de coloniaje mediático “made in Argentina”.

domingo, 15 de abril de 2012

Los Músicos del Titanic


Seguimos con nuestra selección dominical de Tres mil historias de frases y palabras que decimos a cada rato, de Héctor Zimmerman, Editorial Aguilar.

Cuando una catástrofe amenaza a un grupo de personas que no hacen nada por impedirla, se dice a veces, en forma irónica, que se comportan como los músicos del Titanic.

La expresión evoca el hundimiento de esa gigantesca y lujosa nave de pasajeros, ocurrido en las primeras horas del 15 de abril de 1912. Proclamado por sus armadores como un barco que “ni el mismo Dios podría hundir”, el Titanic rozó un témpano y se fue a pique en poco tiempo. Mientras el pasaje trataba desesperadamente de encontrar lugar en los insuficientes botes salvavidas, la orquesta de a bordo continuó tocando como lo había hecho durante el baile previo al accidente. Y no paró de ejecutar música ligera hasta que el oleaje cubrió la cubierta.

La frase “actuar como los músicos del Titanic” ha quedado como metáfora para calificar la conducta heroica, pero obstinada y sin sentido, de quienes persisten en algo que es urgente abandonar. Señala, de paso, una actitud de caprichosa negación de la realidad: empeñarse en prologar la despreocupación o el pasatiempo mientras todo muestra a las claras que la situación es muy grave.

miércoles, 11 de abril de 2012

Democracia estadounidense


Los Marlins es el nombre del equipo emblemático de Miami en las grandes ligas de béisbol, y Ozzie Guillén, de origen venezolano, es su carismático entrenador. Hace unos días, Ozzie olvidó en qué ciudad vivía y le dijo a la revista Time que “amo a Fidel Castro. Le respeto. ¿Sabes por qué? Mucha gente ha tratado de matarlo en los últimos 60 años, pero ese hijo de puta todavía está ahí”. El exilio cubano estalló y lo obligó a retractarse. “Pido perdón de rodillas”, dijo en su tercera aparición sobre el tema. No alcanzó: su propio equipo lo suspendió por cinco fechas.

domingo, 8 de abril de 2012

Un Elefante Blanco


Seguimos con nuestra selección dominical de Tres mil historias de frases y palabras que decimos a cada rato, de Héctor Zimmerman, Editorial Aguilar.

Los elefantes albinos constituyen una verdadera rareza, al punto de que, en el antiguo reino de Siam, se los consideraba sagrados. Como requerían mayores cuidados y mejor alimentación que sus congéneres de color amarronado, iban a parar al palacio de los potentados.

La frase “Más costoso que un elefante blanco” comenzó a circular en Occidente cuando el empresario estadounidense Phineas Barnum incorporó uno de esos animales a sus célebres espectáculos de circo en 1870. Lo pagó a precio de oro, costeó el largo transporte y gastó muchos dólares en su manutención. Pero el show del paquidermo resultó un fracaso de boletería.

La frase “un elefante blanco” se aplica actualmente a cualquier bien que, por sus dimensiones y su lujo, confiere prestigio. Pero que, como un elefante blanco, consume vorazmente cualquier cuenta bancaria.

miércoles, 4 de abril de 2012

La Militancia juvenil: de Lanusse a Cámpora; de Videla a Alfonsín


Mi compañero Francisco Giardineri acaba de publicar, en el sitio de LA CHE, una foto de la primera marcha de las juventudes políticas: en 1982, cuando agonizaba la dictadura, fecha de la que en pocos días se cumplirán 30 años.

La imagen me sacude… Brotan furiosos, incontrolables, los recuerdos de aquellos jóvenes; muchos hace tiempo sonriéndonos o frunciéndonos el ceño “desde arriba”, según si nuestra vida se ha correspondido con el compromiso asumido en aquellos años de debates y acciones, donde todo –todo– se entregaba sin aspirar más que a ganar un futuro mejor para la Patria y nuestro pueblo.

Años, turbulentos, magníficos, aterradores, heroicos, irrepetibles.

La historia viene de antes de la foto que ilustra esta nota –la del recién nacido Movimiento Juventudes Políticas (MoJuPo)– y la evoco desde el corazón; sin apuntes, ni consultas, ni google...

Comienza en la década del 70 –meses después de que Lanusse se pusiera al frente de la Junta– cuando las juventudes de los partidos políticos populares –principalmente JP, FJC y JR– participaron de la llamada Marcha contra el Hambre: una batalla campal en las calles de Buenos Aires, convocada por la Intersindical (con Agustín Tosco a la cabeza), para repudiar a la dictadura. Dos años después, las juventudes volvieron a confluir para liberar a los presos en Devoto, luego del triunfo de Cámpora, aquella madrugada del 26 de mayo de 1973.

Hasta aquel momento la unidad –salvo en acciones concretas– de peronistas, radicales, comunistas, socialistas, intransigentes y democristianos era un imposible. Y mirada con más que mala cara por las dirigencias "adultas", en la mayoría de los casos, por temor, sectarismo y conservadorismo.

Con la llegada de la primavera camporista se produjo una explosión de masas a partir de las actividades de las JP Regionales. En conjunto con la Fede y otras fuerzas movilizaban entre 50 y 100 mil personas, como por ejemplo, para el repudio al golpe de Estado contra Salvador Allende, o las modificaciones al Código Penal durante el gobierno del propio Perón.

Los carteles conjuntos JP/FJC no son una casualidad, ni están armados a gusto del fotógrafo: expresan la voluntad de unidad acuñada en el trabajo de años –1971 a 1976–, cortado a sangre y fuego, primero, por la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) y luego con el recrudecimiento del terrorismo de Estado con la última dictadura.

Pocas semanas después de concretado el golpe, un grupo de dirigentes de las juventudes de los principales partidos (sectores de la diezmada JP, JR, FJC, socialistas –"unificados" y "auténticos"–, democristianos de izquierda y la firme presencia de la Juventud Intransigente – que convocó a muchos perseguidos y les dio cobijo político) comenzamos una "loca" (dados el momento y las condiciones) escalada de reuniones clandestinas o semipúblicas (algunas en embajadas, otras en locales partidarios), que tuvieron en algunos casos graves consecuencias para los que participamos, pero en las que se lograron plasmar pronunciamientos conjuntos: el repudio al plan económico de Martínez de Hoz; la adhesión a la Central Única de Trabajadores Argentinos (CUTA); la libertad de los presos y el esclarecimiento de la situación de los desaparecidos.

Esa coordinación de juventudes fue el núcleo dirigente del impulso al renacer de los reclamos de los jóvenes productores (como se evidenció en los Encuentros de la Juventud de la Federación Agraria con centenares de delegados); de los obreros, protagonistas de los trabajos "a tristeza" en las automotrices o en el ferrocarril; de las revistas estudiantiles de los colegios secundario –de las que llegaron a distribuirse 4.000 sólo en la Capital Federal; de la reorganización de los centros estudiantiles, enfrentando a Moyano Llerena; de la destacada resistencia al cierre de la Universidad de Luján; y de las actividades en los clubes de barrio.

En 1979, se constituyó la inusitada Confluencia Multisectorial Juvenil por la Paz en el Beagle –con León Gieco cantando “Solo le pido a Dios” en Vélez, en el acto de cierre– cuando las dictaduras nos pusieron al borde de la guerra.

Las juventudes también organizaron marchas conjuntas por San Cayetano, con el movimiento obrero (la CUTA, los 25, la CGT de Ubaldini) por "Pan, Paz y Trabajo", enfrentando la represión militar en minibatallas por todo el barrio de Liniers; la impresionante movilización con la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con miles de personas desafiando los Falcon, las fotos y las amenazas, en Avenida de Mayo al 760. Se formularon miles de denuncias, luego de formar centenares de comités partidarios de "recepción de denuncia y apoyo a los familiares", y de que las juventudes políticas entregaran un documento conjunto y denuncias puntuales.

Ya antes, en 1978, se había constituido el Seminario Juvenil de la ADPH, que acuño la inmortal consigna-denuncia acerca de "el delito de ser joven", pues los estudios realizados en plena dictadura demostraron que más del 80% de los desaparecidos eran jóvenes; la mayoría trabajadores, seguidos por los estudiantes.

Fuerzas conjuntas de dirigentes juveniles acompañaron, asimismo, a las Madres en sus primeras movilizaciones, recibiendo los gases con los que inútilmente pretendieron ahogar a las mujeres del pañuelo blanco. Luego, la movilización de la CGT a la Plaza el 30 de marzo de 1982, las banderas por "Malvinas sí, dictadura no" – producto de la marcha acordada en decenas comités conformados con reclamos y banderas propias en colegios, universidades, barrios, que fueron los mismos que concurrieron a repudiar al régimen luego de la derrota.

Sólo este recorrido explica el renacer del MoJuPo en 1982. Con algunos personajes que ahora pueden parecer sacados de otra historia, pero que eran los más jóvenes que surgían tras seis años de combate cotidiano; de la lucha de otros centenares de jóvenes militantes y dirigentes. Éstos últimos entraron a la dictadura con al consigna "Liberación o Dependencia". La nueva generación relanzó el MoJuPo con esa misma bandera.

¿Era la apropiada? Son otras historias y requieren otras reflexiones. Hoy, ahora, sólo quiero recordar y saludar el casi desconocido heroísmo de la militancia cotidiana que compartimos en esos años terribles, sublimes, turbulentos, inolvidables, magníficos y aterradores. Irrepetibles.

Salud compañeros. A los que están y los que no están. A los que siguen adelante con las mismas convicciones, y aún a los que defeccionaron: yo los recuerdo a todos como eran. Como éramos. Más viejos; no necesariamente más sabios, pero con las convicciones intactas.

Asignaturas pendientes en las causas por crímenes de lesa humanidad


El fiscal Jorge Auat y el coordinador Pablo Parenti, de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, destacan un proceso consolidado y con logros significativos, aunque con ciertas dilaciones y una serie de bastiones de impunidad sobre los que aún queda mucho por avanzar. Así podría describirse el escenario actual de los juicios por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura, en un reportaje de Manuel Barrientos, en la revista Debate. Imprescindible.

Luego del emblemático Juicio a las Juntas implementado durante la presidencia de Raúl Alfonsín, de las contramarchas que representaron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en los ochenta y de los posteriores indultos otorgados en los años noventa, la impunidad que protegía a los represores comenzó a revertirse en los primeros años del nuevo siglo. Primero, el juez Gabriel Cavallo dictaminó, en marzo de 2001, la inconstitucionalidad e invalidez de las leyes dictadas durante el alfonsinismo. Luego, el Congreso de la Nación declaró la nulidad de esas normativas en setiembre de 2003. Y, finalmente, la Corte Suprema de Justicia confirmó la inconstitucionalidad de ambas leyes en junio de 2005.
Desde la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, creada en la órbita de la Procuración General en 2007, el fiscal Jorge Auat y el coordinador Pablo Parenti destacan que se puede observar una “consolidación” del proceso de juzgamiento en todo el país. “Institucionalmente hay un verbo común en cuanto los juicios se consolidan como política de Estado”, señala Auat.
De acuerdo al último informe de la Unidad , se registra un total de 843 personas respecto de las cuales se dictó al menos un auto de procesamiento. De estas 843 personas procesadas, 449 ya cuentan con una o más causas elevadas a juicio y otras 141 tienen alguna causa en la que la fiscalía solicitó la elevación a juicio. Así, cerca del setenta por ciento (590) de los 843 procesados actuales, ya tiene alguna causa en etapa de juicio o cuenta con requerimiento fiscal de elevación a juicio. Además, más del treinta por ciento del total de las elevaciones ya ingresó a la etapa de juicio propiamente dicha y se encuentra próximo a obtener una sentencia definitiva a su respecto. Hasta 2008 se había condenado a 68 personas. En diciembre de 2011, esa cifra llegó a 266. Se observa, entonces, que entre 2008 y 2011 la cantidad de condenados prácticamente se cuadruplicó.
A este listado deben sumarse las recientes condenas dispuestas en el marco de la causa por el asesinato del abogado laboralista Carlos Alberto Moreno, que finalizó la semana última en la ciudad bonaerense de Tandil. Allí, el Tribunal Oral en lo Criminal de Mar del Plata sentenció a prisión perpetua a los ex militares Julio Alberto Tomassi, Roque Papalardo y José Luis Ojeda y dispuso una pena de 15 y 11 años, respectivamente, a los civiles Felipe y Julio Méndez. Los jueces también pidieron que se investigue el rol de ex integrantes del directorio de la cementera Loma Negra, de dos ex ministros de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y del ex ministro de gobierno, James Smart.
De todas formas, en la Unidad Fiscal prevén que “los resultados más contundentes” de la política de acumulación de casos para la concreción de “juicios significativos” se empezarán a evidenciar aun con mayor claridad durante el resto del año. En los tribunales federales de Paraná, esta semana comenzó el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en las ciudades de Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, en el que hay nueve inculpados, treinta víctimas y 199 testigos. Los principales imputados son el ex ministro del Interior, Albano Harguindeguy, y Ramón Díaz Bessone, ex jefe del II Cuerpo de Ejército. También se inició el cuarto juicio en Misiones, en el que se juzgarán a ex miembros de la cúpula de la policía provincial.
Además, se deberían concretar dos juicios muy importantes para la provincia de Córdoba, en los que se investiga el accionar de los centros clandestinos que funcionaban en La Perla y en el Departamento de Informaciones de la policía provincial (también conocido como D2). Ambos juicios involucran en conjunto a 48 procesados en relación con 404 víctimas. En la provincia de Tucumán, está pautado que se eleven las causas de la Jefatura de Policía y la del ex Arsenal Miguel de Azcuénaga, en el que funcionó un centro clandestino de detención y acaban de hallarse los restos del ex senador peronista Damián Márquez, quien fue secuestrado la noche del 13 de enero de 1977. También se esperan avances en la megacausa ESMA (en el primer tramo se juzgaron delitos contra 85 víctimas) y Campo de Mayo, entre otros procesos judiciales.

APURAR EL PASO
Sin embargo, desde el Ministerio Público Fiscal advierten que “de ningún modo se puede pensar que esta consolidación del proceso de juzgamiento no exija un control y una suerte de custodia permanente. Los logros no nos deben confundir ni hacernos pensar que ya está todo avanzado”. Respecto de la cantidad de personas condenadas, aclaran que de los 266 condenados que existen hasta el momento, sólo 43 de ellos registran condenas firmes.
En ese sentido, muestran su preocupación por las demoras que se vienen registrando en el ámbito de la Cámara Nacional de Casación Penal para la revisión de las sentencias de los tribunales orales. Durante 2011, la Cámara de Casación revisó seis sentencias en relación con 13 imputados. Esa cifra, según la Unidad Fiscal , no muestra cambios relevantes en su actividad si se toma en cuenta que durante 2010 revisó cinco sentencias respecto de 12 imputados. También observan una “excesiva demora” en el lapso que va desde la elevación a juicio hasta la concreción de las audiencias de debate.
En esa línea, la Cámara Federal de Casación Penal dispuso, en febrero último, un conjunto de “reglas prácticas” que apuntan a evitar la repetición de pruebas de un juicio a otro, la exposición reiterada de los testigos y la reedición de discusiones ya saldadas sobre hechos indiscutidos. También incluyen advertencias para que los jueces no generen dilaciones con ardides legales, proponen un acuerdo entre las partes para fijar una frecuencia razonable de audiencias, reducir la lectura de la acusación y lograr alegatos acotados. Y establecen pautas para proteger a las víctimas que deben testimoniar y resguardarlas de la “revictimización”.
El fiscal general Auat valora las reglas dictadas por la Cámara de Casación, pero advierte que “no resuelve la patología que describimos”. Y luego explica: “El problema no es la falta de instrumentos, sino la voluntad institucional de avanzar con los juicios. Todavía hay vastos sectores del Poder Judicial en los que encontramos tremendos obstáculos, como en las provincias de Jujuy, Salta, Santiago del Estero o Mendoza, en la que incluso hay un juez prófugo”. Se refiere, claro, al suspendido camarista federal de Mendoza, Roque Otilio Romano, quien escapó a Chile, y es acusado de omitir la investigación de 103 casos de delitos como secuestros, torturas y robos de bienes a secuestrados entre 1975 y 1983, cuando fue primero fiscal federal y después juez subrogante en Mendoza.
“Hace falta un crecimiento en la gestión judicial, que no depende de reglas del código procesal. Que se celebren sólo una o dos audiencias por semana, o que no se hagan los juicios porque no hay salas, lleva a una dilación de los juicios. Y, a veces, son excusas, porque no siempre faltan salas. Necesitamos que alguien tome un control de esto”, señala Parenti.

¿Qué estrategias se plantearon desde la Unidad Fiscal para agilizar las causas y evitar su atomización?
Parenti: Hay una resolución del procurador general, Esteban Righi, que marca como pauta central el pedido de acumulación de las causas, aunque no siempre logramos la decisión judicial que solicitamos. Se lograron muchos avances, aunque no todo lo que quisiéramos, ni en un ritmo similar en cada una de las provincias.
Auat: Hay un hecho muy emblemático que permite entender que aún queda mucho por hacer, aunque el proceso esté consolidado. A nueve años de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final por parte del Poder Legislativo, las reglas prácticas dictadas por la Cámara de Casación Penal tienen escasamente un mes. Es decir, todavía queda mucho por hacer y es imperativo terminar con ciertas discusiones que tienen como único objetivo la demora de las causas.

¿En qué aspectos es necesario avanzar con mayor fuerza?
P: Debemos seguir investigando los casos por apropiación de menores y, con ese objetivo, se creó un equipo que está específicamente dedicado a esa tarea. También se debe mejorar la respuesta respecto de los delitos sexuales cometidos durante el terrorismo de Estado. Hay que ofrecerles a los testigos las condiciones adecuadas para que puedan declarar este tipo de delitos, y para que sean calificados como delitos sexuales y no queden desdibujados dentro del concepto genérico como tormentos. También hay que avanzar con respecto a la actuación de los funcionarios judiciales, que requiere un trabajo importante de revisión de archivos, habeas corpus y expedientes de la época.
A: Fue muy importante instalar en el propio sistema judicial la cuestión relativa a los delitos de violencia sexual, porque es uno de los crímenes que mayor trauma causa en la víctima y su invisibilización marcaba un cerco de impunidad. Por otra parte, también hay que analizar los confines de la complicidad civil, para determinar hasta dónde llegaba.

¿Qué sectores civiles aún deben investigarse?

P: En especial, la participación de los empresarios y el rol de los propios funcionarios judiciales. También queda un aspecto de la estructura represiva que es difícil de investigar y que está vinculada a los agentes de inteligencia. Hay muchos imputados, pero porque son reconocidos o porque se los pudo vincular a través de algún documento. Pero es muy compleja la tarea de reconstruir el papel de los agentes de inteligencia.
A: Existen dificultades probatorias. No es fácil descubrir una cantera probatoria que permita imputar al personal de inteligencia. De hecho, la investigación de los más de dos mil setecientos “vuelos de la muerte” realizados entre 1976 y 1978 requirió de un trabajo exhaustivo, observando planilla por planilla. Aunque, claro, si no fuese así, no estaríamos hablando de terrorismo de Estado.

¿Por qué?
A: Siempre cito el caso de la masacre de Margarita Belén, en el que fraguaron un enfrentamiento armado, e incluso trasladaron cadáveres a otros lugares del país y los entregaron en otras provincias. Es decir, esas coartadas estaban facilitadas por el manejo de todos los recursos de los que dispone una estructura como la del Estado. Por eso, la mecánica criminal de la última dictadura era muy compleja y sofisticada. Pero el gran desafío es seguir investigando, porque las dificultades probatorias tienen que ver con esa complejidad de la trama criminal.
P: Por otro lado, hay que tener en cuenta la destrucción de las pruebas, que nos obliga a trabajar en los resquicios que quedaron.

ECUACIONES Y DESAFIOS

¿Cuáles son los ejes centrales que se planteó la Unidad Fiscal para este año?
Parenti: La prioridad es encontrar respuestas dentro de la propia administración de justicia para que los juicios puedan concretarse. Hay una gran cantidad de causas, en muchas se avanzó, pero observamos una inercia peligrosa. Hoy, no cierra la ecuación entre la velocidad actual, el tiempo que tenemos y lo que queda por hacer. Por eso, creemos que hay que apurar el paso. Pero ese avance no puede estar librado al azar, hace falta un paso más en cuanto a la gestión judicial.
Auat: Es un déficit que tiene cronicidad. Y no queremos legitimar el discurso perverso del propio sistema que señala que faltan herramientas idóneas. Los instrumentos están. Recibimos con beneplácito cualquier herramienta que mejore el sistema que, sin dudas, es perfectible. Pero es un discurso invocado para legitimar las dilaciones.
P: Se formaron unidades especiales, como la de la Corte , la nuestra, o la Comisión Interpoderes. Ahora Casación dictó las reglas prácticas. Y todos hablan de la demora y de las dificultades, pero aún ningún juez fue sancionado ni echado de la justicia por demorar estas causas.


martes, 3 de abril de 2012

Tráfico y narcotráfico: dos caminos que se bifurcan


Norberto Emmerich, Lic. en RRII y doctor en Ciencia Política viene realizando aportes sustanciales para una Teoría Política del Narcotráfico, trabajo que --como amigo-- espero nos ofrezca en un cuerpo único y desarrollado en poco tiempo. Esta distinción,entre tráfico y narcotráfico, contiene sorprendentes revelaciones y opiniones, que como tales pueden compartirse o no, pero esenciales, cuando este año se dara un debate sobre la actual ley de Estupafacientes, para lo cual el senador Aníbal Fernàndez presentó un proyecto de cambio integral, y hay propuestas de modificaciones por parte de varios legisladores en la Camara de Diputados.

Ningún país considera al narcotráfico como figura jurídica y ningún país tipifica al narcotráfico como delito. Todos los países en su legislación penal y en su jurisprudencia denominan y tipifican a lo que habitualmente se llama narcotráfico como tráfico de drogas, tráfico de estupefacientes, etc. Algunos países penalizan la actividad, otros la tratan como asuntos de salud pública. Ningún país lo trata como problema político, pero todos politizan el problema.

Esta identificación entre narcotráfico y tráfico de drogas, no toma en cuenta que el narcotráfico:

1. es mucho más que tráfico, ya que incluye lavado de dinero, precursores químicos, producción, refinamiento, comercialización, militarización, información, inteligencia, logística, tecnología, organización y sistematicidad de la violencia, redes de abastecimiento, soborno, extorsión, secuestro, inversiones, etc.

2. tiene relación con e incidencia en muchos ámbitos de la sociedad nacional: fuerzas de seguridad, control territorial, crimen organizado, economía ilegal, reparto ilegal de la renta, acumulación primitiva de capital, fronteras, puertos y aeropuertos, exclusión social, maltrato y abuso infantil y adolescente, crímenes predatorios, fraude, evasión fiscal, etc.

3. abarca una cadena de actividades, sectores sociales y geografías nacionales muy amplia:

a. Actividades: cosecha de coca, raspado de la hoja, pisaderos, laboratorios, equipamiento, instrucción militar, transporte, bagayeo, tecnología, etc.

b. Sectores sociales: campesinado indígena, adolescentes marginales, graduados universitarios, migrantes, obreros desocupados, choferes, etc.

c. Geografías nacionales: el Putumayo colombiano, el Chapare boliviano y el Alto Huallaga peruano para la producción. Los puertos del norte colombiano, la línea norte (10 ciudades) de México, el puerto de Buenos Aires y las fronteras lábiles en general (frontera norte argentina) para el tránsito externo. Los corredores mexicanos y colombianos de tránsito interno, etc.

4. El narcotráfico tiene capacidad para dar significado social a geografías inviables, o sea “crear” geografías: las triples fronteras[1] son particularmente sensibles a este fenómeno: Mexicali, Califonia y Arizona[2] entre Estados Unidos y México. Leticia, Tabatinga, Santa Rosa entre Colombia, Brasil y Perú. En Leticia y Tabatinga, Colombia y Brasil están separadas por una calle que se cruza sin mostrar pasaporte[3]. Tacna es la parte peruana de una triple frontera entre Perú, Chile y Bolivia. Lo mismo sucede con los llamados “espacios vacíos” o “territorios sin ley”, como el Petén mexicano, el Darién panameño o Salvador Mazza en el norte argentino.

5. La diversidad del universo del narcotráfico permite que no todas sus actividades estén relacionadas con drogas. Es el caso del lavado de dinero y los precursores químicos, más una larga serie de “servicios” que el narcotráfico utiliza (por ejemplo, los halcones, menores de edad que “vigilan” e informan a los jefes).

El concepto de tráfico de drogas entiende que todo el proceso tiene como eje central y destino final el consumo de drogas mientras al mismo tiempo debate sobre la tipificación del consumo como delito penal o como problema de salud pública. Expresado de esta manera el concepto de tráfico de drogas encierra tres contradicciones:

1. Se debate sobre la legalidad del consumo, entendido como actividad de la esfera privada que no daña a terceros[4], mientras se sigue sosteniendo su judicialización, entendida como eslabón débil de la cadena del tráfico y como un problema de salud pública.

2. Se promueve el pase del consumo de la esfera penal a la esfera civil mientras se sigue sosteniendo por definición que el tráfico de drogas es esencialmente un problema de adicción, toxicomanía o consumo de estupefacientes. En este punto las drogas se comparan con el alcohol o el tabaco, que son de consumo legal y un problema de salud pública. Sin embargo y llamativamente las drogas no son legales[5].

Estas dos primeras contradicciones plantean un escenario donde el consumo privado es legal, posiblemente un problema de salud pública no reprimible penalmente, mientras se propone aumentar las penas al tráfico de drogas[6]. El consumo legal de una sustancia ilegal no hace más que aumentar la tendencia hacia el fortalecimiento de la red de abastecimiento, porque la mezcla de prohibicionismo y tolerancia puede debilitar la demanda, pero seguramente fortalece la oferta.

3. Se desconoce o subestima el hecho de que el consumo de drogas constituye el más político de los mercados del narcotráfico. Aunque la aproximación liberal tipifica al consumo de drogas como una transacción establecida libremente entre un comprador voluntario y un vendedor de un bien ilegal, en realidad el consumo de drogas:

a. Ante todo constituye un mercado, no una sumatoria de transacciones individuales libres.

b. Se da un territorio social y geográfico previamente configurado y controlado, no libre. En un gran porcentaje, sobre todo en los estratos sociales más bajos, quien consumo se convierte en vasallo político de un señor.

c. El mercado de consumo establece leyes y valores que son ajenos, extraños, sustitutivos y a veces contradictorios con el todo social circundante inmediato, no con el mediato. No existe ningún caso en que el desafío haya llegado al Estado nacional.

d. Contrariamente a lo que se afirma el narcotráfico prefiere entornos estables y no violentos, dentro de los cuales establece y garantiza la existencia de áreas de estandarización del crimen, en acuerdo con las fuerzas policiales.

Convertir el tráfico de drogas en sinónimo de narcotráfico permite que los delitos del universo llamado “narcotráfico” sean tomados por separado, donde se juzgan conductas individuales y no se construye una “historia” que permita ver el ejercicio de una criminalidad específica que tiene cuatro características:

1. Son hechos producidos por una organización, lo que en consecuencia hace que el narcotráfico cumpla con las leyes de la teoría organizacional. Las políticas de “descabezamiento” de las organizaciones criminales debe tener en cuenta este punto porque suelen convertirse en un proceso de rotación de liderazgos y no de desmantelamiento de la organización. Y por otro lado las organizaciones del narcotráfico se adaptan a rutinas organizacionales, las que deben ser detectadas por los organismos policiales antes de intervenir.

2. Se desarrollan como “parte” de una conducta organizacional criminal y en consecuencia no se trata de “elecciones” o “decisiones” personales aisladas. El marco analítico de rational choice es inadecuado para comprender la dinámica criminal en el narcotráfico.

3. Tienen como objetivo último la ganancia económica, pero se desarrollan mediante instrumentos y en ámbitos no económicos, sino políticos. Por este motivo una guerra contra el narcotráfico potencia el comportamiento político del narcotráfico, que en circunstancias normales sólo se comporta como acumulador ilegal.

4. El delito de narcotráfico es “invisible”, no se constituye como tal hasta que las conductas individuales o particulares hayan sido involucradas en una totalidad ética y orgánica específica que da sentido y organicidad a las acciones celulares. Por eso es imprescindible el seguimiento, cuantificación y diagnóstico de los delitos presuntamente “predatorios”.

Narcotráfico y drogas

Mientras el tráfico de drogas necesariamente se refiere a una sola actividad, siempre con drogas, el narcotráfico no necesariamente tiene vinculación con las drogas[7]y no necesariamente implica sólo a las drogas.

Este “desenganche” puede manifestarse de dos maneras:

1. Hay un punto en el cual el narcotráfico, elevándose en su desarrollo, se desprende de la producción, comercialización y tránsito de drogas y se queda solo con las ganancias del negocio dispuesto a transformarse en acumulación normal. Es un proceso predecible y necesario en el tiempo, novedoso porque recién a fines de los 90s se da el proceso por el cual algunos narcotraficantes abandonan la acumulación primitiva y se involucran en la acumulación normal. Colombia es la máxima expresión de este proceso, donde los narcotraficantes se han transformado en terratenientes y sus ganancias tributan al fisco nacional y forman parte de la acumulación normal. Han abandonado la producción, comercialización y tránsito de drogas en manos de lugartenientes menores, ya que es más importante el resultado del proceso (ganancias invertibles) que el proceso mismo. Incluso algunos de ellos abandonaron totalmente el mercado de drogas. Por más llamativo que pueda resultar, no se trata de un fenómeno novedoso en el desarrollo civilizatorio ya que así se originó la acumulación económica.

2. La ruptura de los tradicionales procesos de cartelización del narcotráfico configura una pirámide criminal tan extensa que las jefaturas quedan desdibujadas y se habla de microemprendimientos o entrepreneurismo criminal. Entre estos diversos grupos muchos no trabajan con drogas sino que abastecen de recursos (militares, información, transporte) a los otros grupos centrados en el tráfico. Pero lo hacen desde “afuera” del núcleo traficante, formando una “joint-venture” o una UTE cambiante y de equilibrio inestable.

Que el narcotráfico no sólo se dedique a las drogas significa que cada vez más se relaciona con el resto de actividades que componen el crimen organizado. Esta vinculación del narcotráfico con el crimen organizado tiene tres características:

1. Los grupos narcos se dedican a una serie de diversas actividades. El analista mexicano Edgardo Buscaglia sostiene que el crimen organizado incluye 22 actividades delictivas. En casi todas ellas podemos encontrar involucrados a grupos de narcotráfico.

2. Los grupos del narcotráfico que se dedican a actividades de crimen organizado, las utilizan, dependiendo del nivel de desarrollo de la organización, para financiar su actividad central de tráfico de drogas. Entre las actividades del crimen organizado hay una jerarquía de interés y tasa de ganancia, como en cualquier inversión de capital. El nivel de cooptación acelerada del narcotráfico mexicano implica grandes gastos de inversión de los grandes carteles (Sinaloa, Los Zetas) en el sostenimiento de grupos más pequeños, algunos de los cuales ni siquiera se dedican al narcotráfico (el actual cartel de Tijuana, prácticamente paralizado).

3. El narcotráfico es la única actividad que por sus características tiene capacidad de convertirse en organizador de todo el crimen organizado. El control territorial, la economía de la violencia, el flujo de capital, la movilidad y la alta politicidad de su comportamiento, permiten al narcotráfico entrar y salir del crimen organizado sin afectar su núcleo original de acumulación. No parecen ser sensatas las afirmaciones de los especialistas que sostienen que la palabra carteles es inadecuada porque éstos se han convertido en parte del crimen organizado. Es a la inversa, la expansión a que obliga la guerra contra el narcotráfico deja a los carteles con una capacidad organizacional ociosa que es utilizada para extender actividades.

Narcotráfico y Estado nacional

Se dice que el narcotráfico penetra y corrompe al Estado. En el caso mexicano se dice que la debilidad del Estado mexicano favorece su dilución en manos del narcotráfico, avalando la hipótesis de un narcoestado o una narcodemocracia. La capacidad de invisibilidad del narcotráfico hace que el Estado se muestre corrompido y en su afán por evitarlo, como ha quedado demostrado en el caso colombiano, es más bien el Estado quien coopta al narcotráfico y no al contrario. Los acuerdos de Santa Fe de Ralito y el discurso del jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño, en el Congreso Nacional dan prueba del proceso de cooptación ejercido desde el poder ejecutivo a los narcotraficantes colombianos. Las denuncias preventivas del presidente mexicano Felipe Calderón Hinojosa contra los “acuerdos” del PRI con el narcotráfico expresan la existencia de esa política.

Esta “legalización” del narcotráfico implica la transformación de los narcotraficantes en agentes económicos y el abandono de sus actividades ilegales, pasando de la acumulación primitiva a la acumulación normal. En el caso colombiano la mayoría de los narcotraficantes “cooptados” se convirtieron en terratenientes mediante la compra de amplias extensiones de tierra en el oriente colombiano, previa recuperación del control territorial por parte del Estado, en aras de la “soberanía nacional”.

Esto también es parte del proceso tradicional de formación del Estado nacional en nuestros países latinoamericanos en la segunda mitad del siglo XIX, a partir de la resolución de la disputa entre oligarquías competitivas que convienen en negociar un acuerdo de integración al nuevo Estado a partir del reparto de esferas económicas con el sector burgués triunfante en las guerras civiles y el reconocimiento de un “centro” de poder. No todos los sectores entran en el acuerdo de conformación del Estado nacional, algunos son eliminados físicamente, como fue el caso de las montoneras argentinas en el siglo XIX, representantes de burguesías interiores de bajo desarrollo económico.

Definiciones del mercado de consumo

1. Crímenes predatorios:

Se llama crímenes predatorios a los crímenes que las organizaciones del narcotráfico llevan adelante como parte del control territorial inicial para establecer su actividad en una zona determinada. Es comparable a la definición weberiana del Estado y su monopolio de la violencia sobre un territorio determinado.

Al contrario de la violencia política tradicional en la cual mediante la guerra el Estado busca establecer un diálogo que construya poder, o sea reclamando obediencia y reconocimiento de autoridad a un oponente ocasional, los crímenes predatorios buscan la eliminación física del adversario sin establecer ningún diálogo. En ese sentido se trata de violencia originaria, la que construye naciones, de ahí su peligrosidad política y su nivel de violencia. Con el aditamento de que la amenaza de extinción suele prolongar el período de asentamiento y los crímenes predatorios porque el conflicto sólo termina con la muerte de uno de los oponentes.

Parte indispensable de la inteligencia criminal son los homicidios callejeros, las heridas con arma blanca, las disputas nocturnas y los homicidios en riña. Los episodios deben sumarse por zona y debe seguirse una lógica situacional.


2. Control territorial:

El mercado de consumo, último mercado del narcotráfico, es el más político de los mercados del narcotráfico porque necesita ser territorial, porque la venta de droga es monopólica, porque es ilegal. Solo puede haber un vendedor, con control territorial, control que no se comparte, que respeta reglas de autoridad y jerarquía. Este control territorial debe ser exitoso, con un control de la violencia también exitoso. Al igual que el Estado que reclama para sí con éxito el monopolio legítimo de la violencia, igual sucede con el narcotráfico, que puede ser ilegal o no, pero no puede perder el monopolio de la violencia ni el control del territorio sobre el cual la ejerce.

El monopolio de la violencia sobre un territorio determinado es el principal instrumento del Estado para obtener su soberanía, ejercido por la policía. Y el narcotráfico ejerce su monopolio territorial mediante sus bandas armadas. Ambos monopolios tienen dos alternativas: o chocan o acuerdan recursos y conductas. Si ambos son actores políticos, lo más probable es que haya un acuerdo y una congruencia. En este sentido las políticas de seguridad que “delegan” la cuestión en las autoridades policiales, crean en el mejor de los casos un sistema de estandarización regulada de la seguridad. El narcotráfico es el principal beneficiario de estos acuerdos de estandarización porque es quien puede ejecutarlos con mejor margen de negociación y sobrevivencia. De esta manera, en determinados territorios, el narcotráfico le garantiza seguridad al Estado.

Una consecuencia de política exterior[8]

Un mercado de consumo territorial implica un acuerdo entre monopolios de la violencia e implica una cogestión de determinados territorios geográficos y sociales. Una de las consecuencias de política exterior de este análisis es que, dado que los mercados de consumo están en Europa y Estados Unidos, los Estados fallidos están allá y no acá. La idea de que el narcotráfico es un problema latinoamericano se basa en dos factores:

- la acumulación normal en estos países es muy alta y por lo tanto no son tan dependientes del capital global (al contrario son exportadores de capital) y no necesitan mucha acumulación primitiva. La crisis mundial hizo que esto cambie y el sur norteamericano se volvió fácil de penetrar, diluyendo la frontera política.

- La gran capacidad de exportación de la política exterior norteamericana que, claramente en el caso del narcotráfico, ha logrado convertirlo en eje político para varios países latinoamericanos, como actualmente sucede en México, Guatemala, Colombia y Honduras y antes en Perú y Bolivia.



[1] No se menciona la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina porque su geografía, estrictamente hablando, no permite el surgimiento de un significado social apto para el narcotráfico.

[2] El federalismo norteamericano hace que Arizona y California tengan legislaciones penales diferentes, lo que es aprovechado por las bandas narcos en ambos países.

[3] En Leticia hay que dirigirse voluntariamente al aeropuerto a sellar el pasaporte. En Tabatinga hay que acercarse a la comisaría local.

[4] Esta es la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fallo Arriola.

[5] Sean parte del fuero penal o del fuero civil, las drogas siguen siendo consideradas ilegales

[6] La pregunta de por qué utilizar drogas ilegales pudiendo hacerlo mediante mecanismos legales desnuda involuntariamente las limitaciones que plantea esta contradicción.

[7] El sicariato es una institución (no una organización) que no trafica drogas como actividad principal y sin embargo es un núcleo central del narcotráfico. Estos mercenarios del crimen organizado, como La Línea (que trabaja para el Cartel de Juárez) o Los Zetas en sus comienzos, trabajando como brazo armado del Cartel del Golfo, pueden cobrar sus servicios con droga pero no necesariamente es así. La guerra contra el narcotráfico en México ha llevado a un proceso de asociación de grupos, una fuerte cooptación de Los Zetas o Sinaloa sobre los demás grupos menores.

[8] Un análisis políticamente detallado del narcotráfico adopta implicancias para todos los órdenes de la vida social.